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Wednesday, November 14, 2012

El saqueo digital de Google, Amazon, Apple o Facebook


Ya no son sólo los diarios, los gobiernos se levantan contra las grandes corporaciones tecnológicas que se aprovechan de las leyes aprobadas por esos mismos políticos para evadir impuestos y pagar menos a las haciendas de los países donde actúan. La innovación tecnológica, la globalización y la vibrante economía de inversión que catapulta a esas empresas en Estados Unidos amenaza en convertirlas en los grandes depredadores de las riquezas intelectuales, inmateriales, de contenidos y económicas ajenas. La cuestión es si lo que aportan a la sociedad de la información justifica semejante privilegio o amenazan con convertirse en grandes empresas extractivas, explotadoras de las riquezas de otros, para seguir la terminología de Daron Acemoglu y James Robinson.

Hacienda vigila a Google, Facebook o Apple por dejar de ingresar mill millones de euros al fisco cada año a pesar de dominar sus respectivos mercados. Sólo Google acapara más de la mitad de la economía de internet en España -casi 450 millones de euros- a pesar de declarar pérdidas de casi 75.000 euros en 2001 y de 640.000 en 2010.

En Francia, donde los editores de prensa del mercado más regulado y cerrado de Europa, encabezan la cruzada contra Google por los derechos de las informaciones, se prepara una multa de más de cien millones de euros por no declarar sus ganancias correctamente entre 2008 y 2012 al facturar desde Irlanda, como en el resto de Europa. En el mismo casos están Amazon y otras compañías digitales.

En Alemania también se prepara una ley para proteger la propiedad intelectual de los editores, en muchos casos no reconocida a los periodistas al considerarse los diarios obras colectivas, como ocurre en España.
Y al fin el escándalo del saqueo tecnológico ha llegado a Gran Bretaña, donde su insularidad europea, el poder de la City y la exclusiva relación con Estados Unidos han convertido al viejo imperio en la cabeza de puente de la ofensiva europea de las multinacionales digitales norteamericanas.

Google desde Irlanda o Amazon desde Luxemburgo son tan diestros en aprovechar los resquicios fiscales internacionales como en las búsquedas o el comercio electrónico. Ambos siempre han defendido la cultura de aumentar su oferta y productos con la menor inversión posible en todo lo que no sea innovación y tecnología.

Google facturó 3.144 millones de euros en 2011 y pagó sólo un 0,4%: 4,24 millones de euros. Amazon sólo cotizó el año pasado un 2,5% de sus ventas de más de 4.100 millones de euros y consiguió rebajar el IVA de los ebooks de un 20% legal para pagar sólo un 3%. Apple paga menos de un 2% de impuestos en Reino Unido y Facebook no llegó a 300.000 euros a pesar de ser uno de los grandes comercializadores de publicidad gráfica.

Además de aprovechar los agujeros legales como el resto de grandes empresas multinacionales, ¿tienen las ganancias de estos grandes innovadores y creadores de riqueza digital algún derecho especial por su contribución a la sociedad de la información?

La residencia fiscal en países con menores impuestos y acuerdos de doble imposición como Irlanda y el uso abusivo de los precios de transferencia: lo que las propias subsidiarias de las compañías pagan por sus productos y servicios. Las grandes consultoras ayudan en esas técnicas y alertan del endurecimiento de la regulación fiscal en casos como España.

Google no cumple su mandato de no ser dañino, el famoso Don´t Be Evil, ni el de servir a los usuarios y menos el de la responsabilidad fiscal. Y lo mismo el resto de grandes digitales.

En el caso de España el saqueo fiscal digital es especialmente grave porque la economía digital alcanza un porcentaje muy pequeño del PIB: Google lo calculó en el 2,2%, una cifra que se mantiene, debido a la baja innovación, la escasa inversión y la baja productividad. Una economía más volcada al consumo digital que a la producción y la innovación.

No somos una sociedad de la información sino más bien hemos multiplicado la sociedad de consumo a los productos digitales con una innovación muy baja, la persistencia de una legislación económica y de propiedad intelectual que desanima a la nueva economía y los emprendedores, y con una sostenida situación de oligopolios -en telecomunicaciones, redes, distribución, derechos de contenidos, comercialización, etc.- que son lastres para el crecimiento.

Google, Amazon, Apple, Facebook se han convertido en negocios extractivos en lugar de ser todo lo inclusivos que las nuevas tecnologías, la interactividad, la participación ciudadana y su condiciones de plataformas -de usuarios, negocios, aplicaciones, etc.- permiten.

Se han unido a las élites extractivas no por el inmovilismo que caracteriza a muchos viejos monopolios -entre ellos gran parte del sector público- sino por lo su posición de poder, la maldición de convertirse en demasiado grandes para caer (too big to fail) como el sector financiero que ha provocado la grave crisis que vivimos.

El retorno de su actividad y de su generación de riqueza no es suficiente para todos porque está aumentando la desigualdad, tanto entre diferentes negocios -como la prensa- que alimentan el suyo, sino por la desigual distribución de la riqueza que crean. Vuelven a concentrarla en un sólo país y en unas pocas manos.

Como explican Acemoglu y Robinson en su libro, las instituciones (negocios) extractivas acaparan el trabajo de muchos para beneficiar a unos pocos, desprotegen los derechos de propiedad de los demás y tienden a convertirse en monopolios.

Es el retrato de cualquiera de estas compañías con algunos matices nuevos, principalmente dos: su apuesta por la innovación y el conocimiento frente a los monopolios anteriores que los erosionaban y su carácter de plataformas, sistemas donde se desarrolla la innovación, el trabajo y el negocio de otros (dejamos para otra discusión si con un reparto sostenible).

Las élites extractivas no son sólo la clase política del capitalismo castizo, como ha dicho César Molinas. También las compañías más innovadoras ejercen ese nefasto papel cuando olvidan su compromiso con sus usuarios, que son consumidores y productores, como relata toda la teoría de los prosumidores (prosumers).

Ese es el principal error de empresas como Facebook, que posiblemente se habrían librado de sus males en bolsa, si hubieran convertido en accionistas a sus usuarios, en una auténtica estrategia de economía participativa.

Pero el mal de las élites extractivas anida en los bonus, las acciones de sus directivos que se venden a grandes precios y en la presión del mercado y los resultados para ser cada vez más grandes, más fuertes, más globales, más rentables.

Como en el caso de Google y los diarios -el gráfico de arriba, tan famoso estos días, es inadecuado porque compara mercados que no son equiparables: publicidad en papel en EE UU con publicidad digital en todo el mundo, mucha creada por la propia innovación de Google- el problema es que más allá de sus propios activos (inmateriales o materiales) la economía digital se basa en la comunidad, en la actividad de los usuarios y sus lazos y relaciones -el procomún-, además de en sus propios contenidos en gran parte.

Google, Facebook y los diarios se parecen en que su riqueza no es suya, sino el resultado de la actividad social y el espacio público o el privado que se decide compartir: los hechos noticiosos en el caso de los diarios, la economía del enlace a los contenidos ajenos en Google o la vida publicada y los contenidos compartidos de los usuarios en Facebook.

La nueva economía con las reglas de buena voluntad y oportunidades que nos enseñó Kevin Kelly se convierte en tan injusta como cualquier otro capitalismo extractivo cuando quienes se hacen dueños del mercado no redistribuyen adecuadamente los beneficios.

Pagar impuestos justos que revierten en toda la sociedad es mejor que pagar tasas para una sola parte de los contenidos, la industria, los usuarios y el espacio público. Ninguna nueva y sectorial tasa Google -Facebook, Apple, etc.- sería tan justa como pagar los impuestos como otra empresa y ciudadano más sin retorcer en exceso las ventajas fiscales de las grandes empresas.

Otra cosa es si se debe pagar por el snippet de Google a la prensa o no: materia de otro artículo.

Don´t be evil, pagad, dueños de la economía digital (y también los del resto).

Wednesday, June 13, 2012

Modelos para la televisión pública

Con la televisión pública en plena revisión, parte de las autonómicas privatizándose y RTVE ajustando presupuesto y renovando su presidente y Consejo de Administración es un momento clave para proponer nuevos modelos para el servicio público de radiotelevisión ahora que todavía no conocemos cuál es el del gobierno del PP.
La Asociación de la Prensa de Madrid nos propuso esa reflexión a un grupo de profesionales para Cuadernos de Periodistas, la revista profesional de la APM que unos cuantos profesionales encabezados por Fernando González-Urbaneja y Julio Alonso fundamos en 2004, y que aprovecha ahora para renovarse.
Las opiniones sobre la televisión pública se dividen fundamentalmente en dos: quienes creen que es innecesaria e irrelevante en tiempos de abundancia de contenidos y los que defienden una televisión más independiente, sostenible, de calidad y no competitiva con la oferta privada comercial.
En mi aportación me sitúo en una tercera línea: la que propone el cambio de la televisión de servicio público a la de una plataforma digital de dominio público. Un nuevo servicio público digital para garantizar el acceso de la ciudadanía a los contenidos procomunes (de dominio público o financiados con dinero público) y que crea un espacio digital abierto e independiente de las grandes empresas que dominan los nuevos servicios digitales.

Mi propuesta se asienta en siete principios:
1. Convergencia.
2. Independencia.
3. Sostenibilidad.
4. Red pública: producción y servicio público en red.
5. Contenidos públicos multipantalla.
6. Social y socializada.
7. Innovación e I+D en contenidos, tecnología y social.

El artículo con las propuestas del Consejo de Informativos de RTVE, Luis Ángel de la Viuda, Jorge del Corral, Rafael Díaz Arias, Diego Carcedo, Fernando González-Urbaneja, Manuel Martín Ferrand, Felipe Sahagún, Antonio San José y yo.

Tuesday, May 22, 2012

Facebook olvida a sus usuarios como accionistas


Las acciones de Facebook se desploman el segundo día de su cotización en el Nasdaq y los analistas dudan de que su valor vuelva a alcanzar los 38 dólares de su salida al mercado. El recelo sobre su capacidad de seguir creciendo y de generar suficientes beneficios para sostener su valoración de más 104 miles de millones de dólares aumenta. Facebook ha apostado el mercado convencional y se ha olvidado de su especial relación social con sus usuarios para impulsar una disrupción financiera en la economía de la abundancia. Cuando todos trabajamos para Facebook, convertir a los usuarios en accionistas y promotores de la compañía quizá hubiera asegurado un mejor futuro y un cambio tan radical en el negocio digital el que las redes sociales han impuesto en la identidad, la comunicación y las relaciones.

Al precio de salida a bolsa, cada usuario de Facebook vale 116 dólares, por debajo de los 200 de Google pero muy por encima de los 83 de YouTube o los 57 de Twitter. La red social de Mark Zuckerberg sólo consigue por ahora 3,79 dólares por usuario al año, sus ingresos han bajado en el primer trimestre de este año un 6,5% frente al anterior, con un crecimiento de un 45% en un año pero muy por debajo del ritmo anterior.

Con la valoración de 34 dólares por acción de cierre ayer, Facebook tiene un ratio de precio por ingresos (PER) de 85, muy superior a compañías con más facturación como Google, con un PER de 13.


Lo peor para los accionistas es que la red social está invirtiendo mucho dinero en sostener los centros de datos necesarios para mantener las relaciones y contenidos en tiempo real de sus más de 900 millones de usuarios.


Facebook no vale tanto como su valoración bursátil, dicen los expertos. En el primer trimestre de 2012, la red social ha conseguido ingresos de 1,21 dólares por usuario, un poco más de los 90 céntimos facturados en España frente a una media en Europa de 1,40 dólares y de 2,86 en Estados Unidos, su mercado más rentable. Los ingresos caen en Asia (0,53 dólares) y el resto del mundo (0,37).

Facebook puede haber perdido la gran oportunidad de poner precio no a la empresa, sino a la privacidad, la atención, los contenidos y relaciones de los usuarios. Ese es su verdadero patrimonio y sobre el que se funda cualquier modelo de negocio. El compromiso hacker de Mark Zuckerberg le llevó a retrasar la salida a bolsa de la compañía y afirmar que la economía de las redes sociales se basa en la gente y lo que comparten. De ahí su compromiso para mejorar los servicios y no de primar los resultados trimestrales.

Faltó un último paso: refundar la economía y el capitalismo convirtiendo a los prosumidores (usuarios productores y consumidores a la vez) en socios y beneficiarios de la red social, comprometidos con su valor y su futuro.

Poner precio al valor de los contenidos y relaciones de los usuarios en la red social es un sueño perseguido por la nueva economía digital. El World Economic Forum de Davos bautizó el año pasado a los datos personales como una nueva clase de activo, la base para un nuevo crecimiento económico y para extender los beneficios sociales de la economía de la atención, el mayor mercado de la abundancia, basado en las relaciones, la tecnología y la comunicación.

Académicos, expertos y empresas buscan cómo crear un mercado de datos personales y de la identidad digital. Una herramienta para gestionar la privacidad y para obtener beneficios económicos de los datos que los usuarios permitan conocer a las empresas a través de las cookies, las redes sociales, las bases de datos, etc. Un mercado para que los usuarios obtengan más beneficios que los servicios y contenidos gratuitos sufragados por la publicidad y los grandes consumidores de datos: marketing, promociones y ofertas, etc.

Investigadores del Social Computing Research de HP Labs acaban de publicar una investigación (A Market for Unbiased Private Data, pdf) sobre cómo evaluar y poner precio a los datos de los usuarios en función de cuánta privacidad están dispuestos a compartir. Una horquilla que varía entre diez dólares para usuarios muy valiosos y celosos de su privacidad, y de cincuenta centavos para quienes comparten sus intereses, contenidos y relaciones sin demasiadas reservas.

Facebook podría haber realizado un pago justo a sus usuarios. Seguramente no en dinero, pero sí en una clase de acciones que se pudieran capitalizar. Esa patrimonialización seguramente hubiera aumentado la afectividad y el engagement entre los usuarios y la red social. De esa forma, algunas dudas sobre el futuro de Facebook como si la gente va a seguir compartiendo su vida y contenidos, en qué redes cuando aumenta la competencia, en qué dispositivos, etc. podrían resolverse con esa mayor implicación entre empresa y usuarios/accionistas. Una vinculación mayor a través de un capitalismo popular digital favorable a la reinvención de los modelos de negocio.

Habrá que esperar. El futuro sigue estando mal distribuido, como alertaba William Gibson hace ya años. La economía de la atención y la abundancia crece, pero los modelos económicos y de negocio siguen siendo obsoletos y no se adecúan a los activos y capitales de una nueva economía donde las plataformas –políticas, sociales o económicas- deben ser creadoras y facilitadoras de oportunidades para individuos, grupos, comunidades y empresas. Espacios y mercados donde compartir procomunes, innovación y esfuerzos para mejorar la vida de todos y crear valor: económico, social, político, tecnológico, etc.

Capitalizando la identidad digital y los contenidos de los usuarios podría empezar a superarse la dicotomía entre las economías de la abundancia y de la escasez. Un sistema para evitar la devaluación producida por la inteligencia, la producción y el consumo colaborativo, como ha explicado Michael Bauwens.

Una oportunidad perdida por Facebook para cambiar la economía y el negocio, sin convertirse en una empresa más.

Wednesday, May 02, 2012

Un espacio multipantalla público

Un espacio donde todo el mundo pueda disfrutar de la cultura y el arte. Una puerta multipantalla, accesible en ordenadores, tabletas, móviles inteligentes y televisores conectados a internet. Es The Space, una iniciativa de la BBC y el Arts Council británico que enseña hacia dónde va el servicio público digital, evolución del servicio público de radiotelevisión para convertirlo en un YouTube de lo público.
La clave: ofrecer los mejores contenidos públicos (financiados con dinero público) en cualquier pantalla y convertirse en el mejor promotor del trabajo de artistas, instituciones, editores y productores para presentar su trabajo al mundo en las nuevas plataformas digitales.

Columna completa en Estrella Digital

Tuesday, October 11, 2011

La BBC explora un nuevo servicio público digital

La BBC comienza a explorar el sueño de un nuevo servicio público digital basado en el procomún y su distribución abierta a toda la sociedad. El Digital Public Space es un esfuerzo filosófico y técnico para hacer accesibles a los ciudadanos todos los contenidos sociales y culturales protegidos o financiados con dinero público o por instituciones como la Biblioteca Británica, el Museo Británico o Europeana, la gran biblioteca europea.
Es la revisión y la superación del viejo servicio público audiovisual, un concepto obsoleto en la sociedad de la información. El nuevo servicio público digital debe ser la base de un nuevo estado de bienestar digital que impacte en el mercado y el espacio público como el estado de bienestar social lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial: creando una red de protección social básica y un acicate para el desarrollo del mercado rebajando la desigualdad (algunas ideas sobre el estado plataforma y una nueva gestión social).
La sociedad no se puede permitir perder la enorme riqueza de contenidos culturales, científicos, técnicos, sociales, etc. financiados con dinero público o a cargo de instituciones públicas, académicas o archivos.
Esa enorme riqueza puede por primera vez ser accesible a los ciudadanos a través de los medios y herramientas digitales. Esa es la visión de la Strategic Content Alliance británica al que el nuevo Espacio Público Digital impulsado desde la BBC intenta dar forma como una iniciativa social, de contenidos y tecnológica.
Es hora de repensar el servicio público para conseguir mayor beneficio social, aprovechar y rentabilizar los contenidos financiados con dinero público, crear un base de conocimiento compartida y abierta a todos los ciudadanos, y avanzar en la innovación tecnológica para construir herramientas y plataformas públicas, independientes de las plataformas comerciales de las grandes empresas de internet.
Un estado del bienestar de la cultura, la ciencia, la innovación y los contenidos. Y una forma de hacer rentable las grandes inversiones que ya sufragan una cantidad de iniciativas dispersas, limitadas al acceso de unos pocos o ocultas al gran público.
En la arquitectura de Bill Thompson, responsable de las alianzas del archivo de la BBC, me parece especialmente interesante esa descripción del proyecto como un gran archivo o repositorio de gestión de la digitalización y los contenidos para después crear diferentes servicios o productos.
Imagina la conversión de los actuales canales públicos audiovisuales en áreas de contenidos y servicios con un enfoque de popularización y descubrimiento en los medios convencionales con sus extensiones o servicios digitales donde llegar a los diferentes contenidos catalogados para su mejor acceso en diferentes áreas en función de su naturaleza y del uso por el público.
Es hora de abandonar las fútiles y agotadoras luchas por el control político y la propaganda en el servicio público audiovisual (estatal o autonómico) para acelerar la digitalización de los contenidos públicos, ampliar el acceso al dominio público y coordinar a instituciones y organismos públicos o con objetivos sociales con un sistema de gestión y distribución que mejore el acceso de los ciudadanos a sus productos o servicios.
El futuro digital y la creación de una nueva economía sostenible depende de iniciativas así, que permitirán crear una base social de conocimiento y tecnología sobre la que mejorar la iniciativa privada.

Monday, January 24, 2011

Una propuesta para el canon y la ley Sinde

El tiempo para aceptar o rechazar la ley Sinde acaba. Ni los partidos ni los implicados se ponen de acuerdo. En el origen del desacuerdo está la obsesión por no reconocer la inevitabilidad del cambio en el acceso a los contenidos digitales; la necesidad de nuevos modelos de negocio y garantías legales para autores, distribuidores, comercializadores y consumidores; y un nuevo contrato entre todos con nuevos derechos y obligaciones que no invada ni pisotee los derechos y libertades fundamentales.

¿Hay solución? Es posible si una perspectiva comercial y de ampliación de derechos sustituye a la obsesión por imponer restricciones de acceso, consumo y negocio superadas por la tecnología, los hábitos y la oferta alternativa.

Los principios deberían ser garantizar el acceso a los contenidos como un bien público (ampliar el procomún), asegurar la compensación y los ingresos de los creadores por su trabajo, evitar abusos sobre los consumidores y no invadir las libertades.

Junto a ellos, dejar de perseguir el enlace, base de la arquitectura de internet y el acceso e intercambio de información, y desregular la copia para centrarse hacer útiles, accesibles y rentables los contenidos cuando están en la nube, en streaming o en servidores P2P.

Para lograrlo es necesario abordar el problema de las descargas y la distribución no autorizada de contenidos como un problema comercial, sin judicialización ni una estrategia punitiva amenazante e inservible, como se ha demostrado hasta ahora.

Una propuesta de solución para discutir puede pasar por:

  • La ampliación de las excepciones (Directiva 2001/29/CE) y límites (LPI) de los derechos de autor para introducir un derecho o licencia de distribución digital que cubra las descargas y el P2P.
  • La reforma del canon digital o compensación por copia privada para eliminarla y sustituirla por una licencia –solución comercial- o tasa –alternativa pública- sobre la distribución, intercambio y descarga de contenidos digitales.
    No sustituye a las licencias comerciales, pero garantiza el cobro por los contenidos subidos por usuarios y con comercialización irregular.
  • Reformar las sociedades de gestión colectiva de derechos para hacerlas transparentes e implementar un sistema de reparto de los derechos recaudados por una agencia estatal en el caso de la solución pública o para la coordinación en la recaudación y reparto de las licencias en la alternativa comercial.
  • Gravar con el canon sobre los contenidos digitales a los distribuidores y comercializadores, tanto servidores de internet (ISP) como proveedores de descargas y webs dedicadas principalmente a la redistribución con ánimo de lucro de esos contenidos en función de sus ingresos y del volumen de contenidos distribuidos.
  • Sustituir el control de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual por la supervisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el futuro Consejo Audiovisual (CEMA) para ejercer una supervisión efectiva del negocio de los contenidos digitales en cualquiera de sus formatos y proveedores, al estilo de la Ofcom británica, sin distinción de audiovisual, internet, telefonía, etc. como tampoco distingue ya el consumo ni el negocio.
    Un control técnico y comercial de la distribución y comercialización de contenidos digitales con los principios de máxima libertad y mínima intervención -light touch- seguidos hasta ahora por los reguladores de telecomunicaciones e impulsados por la Unión Europea.

Para los interesados en ahondar en la discusión y propuestas recomiendo las ideas de William Fisher (explicadas aquí junto a las de Richard Stallman), las propuestas de Bennett Lincoff o las de Neil Netanel, en parte recogidas en la propuesta de licencia voluntaria para las descargas de la Electronic Frontier Foundation.

En Europa destacan la licencia global propuesta por la Alliance Public-Artistes en Francia -basada en un estudio de la Universidad de Nantes-, la idea de licencias colectivas extendidas del Centro para Internet y la Sociedad de la Politécnica de Turín, la contribución creativa francesa alternativa a la ley Hadopi e impulsada por Philippe Aigrain, o la iniciativa de Flattr intentado aprovechar las donaciones y los micropagos.

El objetivo es garantizar el acceso, disponibilidad y rentabilidad de los contenidos digitales en un sistema de distribución descentralizado, social y viral. La demanda por contenidos al instante invalida modelos de negocio anteriores como la explotación con diferencias temporales por ventanas audiovisuales o el sostenimiento de un negocio basado en la venta de copias. Los consumidores quieren los contenidos al instante, en cualquier dispositivo y soporte, y los buscan allá donde los encuentran.

La salvaguarda para la oferta comercial es mejorar la calidad, accesibilidad, funcionalidades y experiencia de usuario, y hacerlo a un precio atractivo y considerado justo por el mercado, tanto por los consumidores finales como por los intermediarios y comercializadores.

Sin persecuciones penales o civiles. Sólo control de quienes negocian con los contenidos para imponer una compensación económica adecuada, igual que se cobra el IVA. Los ciudadanos ampliarán su acceso a los contenidos, aumentará la oferta legal, con calidad y sin engorros de contenidos digitales, y la industria de los contenidos tendrá que abrirse a una transformación obligada e irrefrenable.

El reparto de la recaudación debería hacerse entre las obras protegidas por derechos de autor, y un fondo para la financiación de los contenidos digitales que podría sustituir bastantes de las subvenciones que ahora otorgan gobierno y autonomías. Además de una línea de promoción para las de dominio público.

Seguirá habiendo quien encuentre la forma de burlar al sistema, pero disminuye su atractivo y justificación frente a la oferta legal.

Friday, January 07, 2011

Publicidad sin ánimo de lucro para medios abiertos

ProPublica empezará a incluir publicidad en sus páginas. La organización creada sin ánimo de lucro para financiar y distribuir el periodismo de investigación aumenta sus canales de ingresos para asegurar su "sostenibilidad", como explica su gerente Richard Tofel. Publicidad para un medio sin ánimo de lucro hasta ahora financiado por donaciones -10 millones de dólares en 2010, el 38% recibidos de 1.300 donantes no institucionales-, un desafío para la independencia de ProPublica y un camino para los nuevos medios profesionales de negocio abierto.
ProPublica, creado por Paul Steiger -es director de The Wall Street Journal- y la Fundación Sandler, se ha convertido desde su lanzamiento en un referente del periodismo de calidad con vocación pública y social. Con un innovador concepto de sindicación -distribución externa-, sus reportajes se publican en multitud de medios, tanto de socios permanentes como de cualquiera interesado en una investigación, con el único requisito de una correcta atribución, formal y digital.
El objetivo es financiar el periodismo de investigación y hacer posible que llegue al público cuando la mayoría de los medios carecen de los recursos, la capacidad y la voluntad para mantener equipos y reporteros de investigación ocupados en grandes temas.
Un gran modelo de periodismo de investigación para el siglo XXI donde, además de las historias, se cuida el desarrollo de nuevos formatos e interfaces para mejorar el acceso a la información.
La decisión de comenzar a publicar publicidad es un paso más en la definición de nuevos modelos de negocio híbridos en los medios: con prácticas comerciales pero sin ánimo de lucro. Y el referente de muchas organizaciones profesionales donde periodistas se unen para financiar su trabajo sin depender de las exigencias de beneficios de las empresas mercantiles ni de los accionistas.
Además de ProPublica, otros nuevos medios sin ánimo de lucro publican también publicidad con ciertos límites o sólo como patrocinios. Combinan así la financiación institucional (fundaciones, empresas, etc.) con las donaciones privadas y las suscripciones, además de una estrategia comercial sin menoscabar sus objetivos periodísticos.
Por eso en el caso de ProPublica la publicidad la comercializa National Public Media, una empresa de la radiotelevisión pública norteamericana que mantiene ciertos estándares apropiados para los medios públicos.
La experiencia de ProPublica marca una senda para los nuevos medios profesionales, orientados a sostener el periodismo de calidad y a financiar la actividad y trabajo de sus profesionales, sin más demandas de rentabilidad que la sostenibilidad del proyecto.
Medios de negocio abierto donde la estrategia es conseguir la mayor difusión y acceso a su trabajo para ampliar el dominio público, información con fuerte vocación de servicio público.
Medios abiertos a los ciudadanos, a su público y a las fuentes. Medios como plataformas sociales donde la información sea un procomún, un bien construido entre todos con el mayor valor público posible. Liberado de las ataduras y convenciones de una rentabilización excesiva de los derechos de autor.
Medios de información y negocio distribuido -el modelo de sindicación abierta por otros- donde redacciones pequeñas, eficientes y descentralizadas exploran y se benefician de las posibilidades de la redacción como red social.
Frontera D o Cuarto Poder son algunos de los intentos en España, además de muchos medios especializados y locales, de construir esos nuevos proyectos con menor necesidad de ingresos, redacciones pequeñas y sin exclusividad, aprovechando herramientas de software libre.
Un camino clave para los periodistas emprendedores. Un nuevo modelo de profesional autoempleado en colaboración con otros cuando los medios comerciales son cada vez menos atractivos para muchos periodistas y la oferta de trabajo y opciones disminuye.
Para ese desarrollo de nuevos medios profesionales de negocio abierto falta aquí un mayor tejido de financiación social o institucional, habitual en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, y el desarrollo de una red de medios y comercialización pública que podría agrupar a los medios públicos, comunitarios y sociales. Un elemento importante para el desarrollo de un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales que promoviese los medios abiertos y la conversión de los contenidos y la información en un procomún de dominio público.

Wednesday, October 06, 2010

Un plan de contenidos digitales con nuevo sistema operativo

Juan Junquera, director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Industria, prometió ayer la elaboración de un Plan de Contenidos Digitales ante Asimelec, la asociación de las industrias de las tecnologías de la información, que lleva desde mayo pasado reivindicando la necesidad de ese plan.
Un plan que debe ir más allá de las subvenciones para crear el nuevo sistema operativo de la sociedad de la información con más oferta y ventajas para los ciudadanos.
Cambiar el modelo del estado subvencionador para convertir al gobierno en promotor de una plataforma pública y abierta donde los intereses de la industria y las necesidades y derechos de los ciudadanos encuentren el mejor tejido tecnológico, de infraestructuras y regulatorio para ampliar la oferta de calidad y la innovación.
Un estado plataforma para el desarrollo de nuevas iniciativas, oportunidades, negocio y crecimiento.

Columna completa en Estrella Digital

Saturday, September 25, 2010

Neutralidad de la red en la Ley de Economía Sostenible

Coalición Canaria ha dado el paso que un grupo de ciudadanos han empezado a reclamar hace unos días: garantizar por ley la neutralidad de la red. Además ha introducido otras dos enmiendas para garantizar el derecho de cita, en la línea de lograr un pacto para el enlace, y para la utilización libre de las obras de dominio público y extender así el uso de los procomunes y las obras que son de todos.
Pasos indispensables para proteger los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información.
El partido isleño ha introducido una enmienda a la Ley de Economía Sostenible para modificar el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciomes y ampliar los derechos de los consumidores con la garantía de que "el tráfico de datos generado o recibido no sea bloqueado, interferido, discriminado, entorpecido, manipulado, modificado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera consideración ajena a la propia voluntad de los intervinientes en la comunicación".
La enmienda recoge las garantías necesarias para defender los derechos de los usuarios y la capacidad de desarrollo de los nuevos medios y servicios digitales. Y no supone una merma para los planes de las operadoras de ofrecer plataformas digitales con servicios premium de acceso a internet de alta velocidad con contenidos vinculados.
Otros grupos parlamentarios están también interesados en analizar las posibilidades para garantizar la neutralidad de la red cuando el debate está abierto en todo el mundo, y especialmente en Europa, donde la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública.
La enmienda de Coalición Canaria coincide con varios de los puntos discutidos por el grupo ciudadano formado para la defensa de la neutralidad de la red a través de una iniciativa legislativa popular.
Con estas tres enmiendas de neutralidad, derecho de cita y dominio público, Coalición Canaria sienta las bases para una discusión en el Parlamento sobre los derechos y garantías de la sociedad de la información. En el caso español pasan urgentemente por la reforma de la ley Sinde o ley antidescargas (la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible), enmendada por PP, ICV y ERC para garantizar los derechos individuales; la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, tanto en el artículo 38 como en la definición y alcance del servicio universal, y la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a los nuevos ecosistemas digitales y su evolución con la banda ancha móvil, las aplicaciones y las nuevas plataformas digitales.

Coalición Canaria. Neutralidad red, cita y dominio público

Friday, September 17, 2010

Garantizar por ley la neutralidad de la red

Un grupo de internautas ha creado un debate para impulsar una iniciativa popular y garantizar por ley la neutralidad de la red (como acaba de hacer Chile), uno de los principios originales internet al declarar que todos los bits son iguales y no pueden ser discriminados.
El principio que ha permitido la explosión de la abundancia digital y el desarrollo de multitud de servicios, del vídeo online a la telefonía por internet (VoIP), el P2P o el streaming de música.
Mi propuesta es una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones para incluir el principio de neutralidad de internet dentro de los derechos de los usuarios y las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones. Una ampliación de la Directiva Europea de Servicio Universal, donde está el foco de la Comisión Europea en la consulta pública abierta sobre la neutralidad.
Las amenazas para sostener una internet abierta y sin discriminación están en las exigencias de las operadoras de telecomunicaciones, el nuevo mercado de las aplicaciones y el desarrollo de plataformas digitales vinculadas a los nuevos dispositivos (móviles inteligentes, ebooks, televisores conectados, etc.) y a las redes de nueva generación (NGN, FTTH) que se están comenzando a desplegar, unidas a la multiplicación del tráfico y la demanda de ancho de banda en internet.
Operadores y proveedores tienen derecho a ofrecer a sus clientes redes y plataformas de acceso con mayor capacidad, rapidez y paquetes de contenido premium, como ya se hace en parte. Y también parece razonable la gestión técnica de las redes para aumentar su eficiencia y evitar problemas en el servicio.
Todas esas posibilidades están abiertas y tanto operadoras como aplicaciones y servicios de red las aprovechan desde siempre. En la banda ancha móvil, ni siquiera existe hasta ahora el principio de neutralidad, que propuestas como la de Google y Verizon vuelven a excluir de las condiciones de servicio a los usuarios.
La Federal Communications Commission (FCC) amplió hace un año los principios de neutralidad de la red:
  1. Los usuarios pueden acceder a cualquier contenido legal.
  2. Utilizar cualquier aplicación o servicio de su elección.
  3. Conectar a la red cualquier dispositivo que no dañe la red.
  4. Fomentar la competencia entre proveedores de conexión, aplicaciones, servicios y contenidos.
  5. No discriminación de los contenidos y aplicaciones.
  6. Transparencia en la gestión de las redes.
La Comisión y el Parlamento europeos, como los gobiernos en la Declaración de Granada de este año, rebajan esos principios a la transparencia en la prestación del servicio y los contratos, al mismo tiempo que dejan la regulación en manos de las autoridades nacionales.
La Comisión en los principios a respetar por la neutralidad de la red sólo marca como líneas rojas:
  1. La libertad de expresión es fundamental. No permitir nada que la dañe.
  2. La transparencia entre empresas y usuarios no es negociable.
  3. Promover la inversión, la eficiencia y la competencia en redes abiertas.
  4. Competencia justa y sin discriminación en cualquier paso de la cadena de valor.
  5. Fomentar la innovación en nuevos negocios en internet.
¿Es suficiente?
En mi opinión, no. La neutralidad de internet -no de otras redes dedicadas o especializadas- debería incluirse en el servicio universal de telecomunicaciones para garantizar los derechos individuales -ciudadanos y consumidores- de los internautas, además de los de empresa, competencia y estimular y proteger la innovación.
Además de la neutralidad de la red en un servicio universal de banda ancha -con un mínimo de velocidad que garantice el acceso pero que no cercene la libre oferta y competencia de las operadoras-, lo adecuado sería incluir internet dentro de un estado del bienestar digital con un servicio público digital de contenidos de dominio público.
Una internet abierta y pública con acceso libre y gratuito a los contenidos de dominio público garantizada democráticamente frente a la internet comercial. Esa internet pública debería garantizar el acceso ciudadano a los servicios públicos (urgencias, salud, educación, ciencia y cultura) y de administración electrónica; a las investigaciones y obras científicas y culturales financiadas con fondos públicos; a los contenidos y servicios de la radiotelevisión pública (estatal, autonómica y local) y a todas aquellas iniciativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea ofrecer a los ciudadanos contenidos y servicios de dominio público.
Una red para garantizar todos aquellos contenidos y servicios no interesados en la explotación comercial de pago o en redes dedicadas. Una plataforma pública y un procomún para evitar la brecha digital y garantizar el acceso a la información, la ciencia y la cultura.
Pero esa es otra batalla.

Tuesday, September 07, 2010

Procomunes, innovación social y Estado plataforma

La conferencia completa de mi intervención en la Escuela de Verano de UGT. Propuestas para un nuevo sistema operativo social y económico con refuerzo de los procomunes, recapitalización y mayor innovación social y una democracia 3.0 con el estado como plataforma pública y abierta.
Un Nuevo Sistema Operativo Social y Económico

Sunday, September 05, 2010

Un nuevo sistema operativo social

¿Cuáles son las claves para una economía sostenible? Es el tema principal de la Escuela de Verano de UGT de este año, dedicada a analizar las posibilidades de cambio del modelo productivo. Mañana participaré en la inauguración junto al ex ministro y vicepresidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, y donde también estará Juan López de Uralde, ex director de Greenpeace (programa en pdf).
Mi charla versará sobre las posibilidades y elementos para construir un nuevo sistema operativo económico y social desde la perspectiva de la extensión de la tecnología, el gobierno abierto y el dominio público.
Ideas para construir una democracia 3.0 a partir de un gobierno entendido como plataforma para la innovación social y con los procomunes y un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales como ejes de un nuevo ecosistema para la sociedad de la información.
Una guía con las ideas principales que mañana desarrollaré:

Wednesday, May 26, 2010

Manifiesto de Manchester por una ciencia abierta

La ciencia y sus beneficios para la humanidad están amenazados por una regulación de propiedad intelectual y patentes inadecuada y compleja, que ahoga la investigación y comercializa el saber. Los principios que impulsaron el fortalecimiento de la propiedad intelectual para defender la ciencia son ahora un freno en muchos casos y alejan la investigación del bien público. Es la conclusión del Manifiesto de Manchester titulado ¿Quién es dueño de la ciencia? e impulsado por los premios nobel John Sulston y Joseph Stiglitz.
El manifiesto se ha presentado en la Royal Society de Londres al hilo de la discusión sobre la vida sintética lograda por Craig Venter y su equipo.
Los científicos firmantes del manifiesto creen que los métodos actuales para gestionar la ciencia y la investigación olvidan a menudo el bien público, ahogan la investigación y tiene efectos adversos para la ciudadanía.
Por lo que proponen que la información científica "debe permanecer disponible para la ciencia y esto depende de la comunicación y difusión abierta de la información", de forma que se "añada al cuerpo de conocimiento e inteligencia de la que depende el progreso de la humanidad".
El Manifiesto de Manchester defiende el progreso y la ciencia como bien público. Un recordatorio fundamental del dominio público y los procomunes con sus tres grandes dominios: la naturaleza, lo social y la cultura.
El manifiesto vuelve sobre una idea clásica imprescindible: todos los participantes y creadores de un proceso común como la ciencia, la cultura y el conocimiento, son accionistas de su capital intelectual, y por tanto deben tener acceso al conocimiento necesario para su enriquecimiento y desarrollo.
En los procomunes la propia sociedad es el objetivo fundamental de la ciencia y uno de sus mayores accionistas por los recursos económicos, intelectuales, legales y morales que le dedica.
Una visión abierta y progresista de la ciencia.
Una orientación al bien común que Craig Venter y Daniel Gibson parecen compartir cuando en un artículo en The Wall Street Journal afirman que "la genética sintética puede ofrecer una solución" a los problemas para proveer de recursos a los 6.800 millones de habitantes del planeta.
Pero la senda elegida es distinta a la defendida por el manifiesto. Sus firmantes llaman la atención sobre que "no es sólo el sistema de propiedad intelectual el que restringe la participación en la innovación: también a menudo faltan estrategias para promover la comunicación abierta, la participación en la investigación y para compartir la información y los productos que resultan de la ciencia y la innovación".
El Manifiesto de Manchester propone varios principios y nuevos modelos de innovación para aumentar el progreso científico y su rentabilidad social.
Un documento imprescindible en un debate abierto.

The ManChester Manifesto

Tuesday, May 11, 2010

Responsabilidad política por un canon injusto

El canon digital es injusto e indiscriminado. A las protestas de tantos usuarios, empresas e instituciones se suma ahora la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjak (comunicado en pdf, conclusiones completas).
La abogacía europea, cuyas conclusiones se suelen respetar en un 90% de las ocasiones, deja claro que:
  • La compensación equitativa por copia privada debe aplicarse de forma armonizada en Europa.
  • Debe ser justa con los derechos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y con los de los usuarios.
  • Sólo puede aplicarse a equipos utilizados para la copia de contenidos protegidos.
  • No puede aplicarse a empresas ni para usos profesionales.
  • Si se aplica no puede limitar el derecho a copia privada.
Si el Tribunal de Justicia confirma las conclusiones de la abogacía y las sospechas de la Audiencia Provincial de Barcelona, que elevó el caso denunciado por Ana María Méndez, propietaria de la tienda Traxtore, a la justicia europea, las consecuencias jurídicas y políticas deben ser enormes.
Las jurídicas y económicas porque el monopolio de las entidades de gestión, capitaneadas por SGAE, se han estado lucrando de un impuesto universal, indiscriminado e injusto. Que además quieren expandir y llegar a cobrar por los enlaces.
La responsabilidad política porque el gobierno socialista y algunos partidos de oposición como el PP volvieron a aprovechar este tema como arma electoral sin cuestionar las verdaderas razones de la injusticia y proponer alternativas.
Sólo los partidos minoritarios de izquierda se opusieron con rotundidad.
Pero el canon y la reforma de la ley de propiedad intelectual salió adelante a pesar de que le costó el Ministerio de Industria a José Montilla y con él se llevó por delante a la plana mayor de un departamento que desde entonces no ha dejado de demostrar lo poco que entiende internet y lo demasiado cerca que está de las grandes operadoras de telecomunicaciones. La traca final es el apoyo del ministro Miguel Sebastián a la ofensiva contra la neutralidad de la red.
En el Ministerio de Cultura nunca se ha entendido su deber de proteger más a los ciudadanos que a los consumidores. Y que su labor no es ser un Ministerio de la Propiedad Intelectual y el Negocio del Entretenimiento, sino la de fomentar y proteger la cultura común, el patrimonio de todos, no sólo el negocio de unos pocos.
Es la hora de la responsabilidad política. Es hora de escuchar y debatir ideas con sentido. Es tiempo de no abrir subcomisiones de la Propiedad Intelectual que no sirven para nada y se agotan sin conclusiones prácticas.
No nos podemos permitir otra brecha digital y una internet de pago por la sordera política, la falta de coraje para defender los bienes comunes -culturales, científicos y tecnológicos- y seguir premiando a los monopolios y a la gran industria mientras no se deja de proclamar en el vacío de la falta de ideas que debemos cambiar el modelo económico.
Un sistema operativo económico y social es posible. Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, también. Internet y las herramientas digitales son una oportunidad, de la extensión de la banda ancha a los procomunes.
La amenaza son quienes no quieren cambiar ni innovar, en política, economía o tecnología.

Monday, May 03, 2010

Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales

Es el momento. El Ministerio de Industria tiene que repartir las nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico liberadas por el dividendo digital: las frecuencias aprovechables para otros usos tras el apagón analógico y la migración digital de la televisión.
Es la oportunidad para satisfacer la demanda por un servicio público digital de acceso a internet más allá de la promesa de aumentar el servicio universal de telecomunicaciones a una oferta de un mega por las operadoras en todo el territorio.
La asignación de las nuevas licencias radioeléctricas y el avance en el desarrollo de los nuevos servicios de telecomunicaciones es el momento adecuado para plantear un nuevo sistema operativo social y económico. Garantizar a los ciudadanos el acceso universal a los servicios públicos y comunes de la sociedad de la información y sustituir el viejo servicio público de radiodifusión: la radiotelevisión pública.
Cada vez importa menos tener televisión y radio pública cuando crece la oferta comercial con la TDT y las posibilidades de la televisión móvil y en internet (iptv). El futuro de la radiotelevisión es la convergencia con la banda ancha, donde la oferta será mayor y con menos restricciones de acceso.
Pero, ¿por qué el servicio público debe limitarse al audiovisual y una oferta de información y entretenimiento limitada?
Es hora de plantear un servicio público digital donde se combine un acceso universal y gratuito a internet para evitar la brecha digital con una oferta y desarrollo de contenidos públicos, sociales y de dominio público.
A través de esa red, los ciudadanos deberían tener acceso a todos los servicios públicos (urgencias, salud, educación, ciencia y cultura) y de administración electrónica, a los contenidos y servicios de la radiotelevisión pública (estatal, autonómica y local) y a todas aquellas iniciativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea ofrecer a los ciudadanos contenidos y servicios de dominio público.
Un sistema de acceso y contenidos gestionado como un procomún de la era digital.
Ese nuevo servicio público digital debería sustituir al de radiotelevisión, cambiar el concepto del servicio universal de telecomunicaciones y el uso de las tasas del espectro radioeléctrico, utilizadas ahora para financiar a las administraciones y a RTVE con el cambio en su financiación.
Esas tasas podrían invertirse en enriquecer la propia sociedad de la información, tal como demandan ayuntamientos y otras administraciones desde hace años intentando ofrecer acceso a internet -sobre todo wifi- y reclamando mayor inversión en infraestructuras de telecomunicaciones para evitar una nueva brecha digital.
Un acceso público universal debería reducir el riesgo de dividir la sociedad en ciudadanos premium, los interesados o capaces económicamente de acceder a todos los servicios de la sociedad de la información, y el resto.
El servicio público de contenidos debería ser además el motor de la innovación, la creación y la comunicación de la cultura, la ciencia y los contenidos sociales más allá del interés de las empresas por ellos.
Para las telefónicas puede ser un acicate para mejorar la calidad y oferta de sus redes, tanto en precio como en servicios, como la radiotelevisión pública ejercer ese papel motor del mercado audiovisual.
El futuro de las telecomunicaciones está en la oferta de nuevos servicios y la convergencia audiovisual. Por eso se ha desatado la pelea por la neutralidad de la Red y la apuesta por el acceso a los contenidos a través de aplicaciones móviles, controladas por operadoras o por los desarrolladores de equipos como Apple.
Los nuevos servicios y productos necesitan un ancho de banda y unas prestaciones que las operadoras deben mejorar y desplegar con las redes de nueva generación en los próximos años.
El servicio público digital debería financiarse con las tasas de las nuevas redes y aplicaciones o con servicios prestados por las propias operadores y empresas según las condiciones establecidas por el Estado.
El nuevo plan de banda ancha propuesto por la Federal Communications Commission (FCC) norteamericana recoge algunas ideas similares cuando reclama la disponibilidad de servicios gratuitos o de bajo precio de banda ancha inalámbrica. Y también cuando propone una reserva de espacio radioeléctrico para servicios innovadores de telecomunicaciones. Espacio libre para la innovación.
Es la hora. El dividendo digital se puede gestionar como una reasignación de frecuencias para el uso comercial y el aumento de los ingresos de las administraciones, pero también para repensar los servicios públicos y el acceso de los ciudadanos a la información, la ciencia, la cultura, la educación, los servicios de salud, el egobierno y para asegurar una completa alfabetización digital.

Monday, April 26, 2010

Proteger al consumidor, pero más al ciudadano

El desarrollo de la propiedad intelectual en España limita el conocimiento, la educación y la innovación. Es una repetida conclusión puesta de relieve una vez más por el último informe de Consumers International, una organización internacional de asociaciones de consumidores.
En su Lista de Vigilancia de Propiedad Intelectual 2010 (análisis de la situación en España) se vuelve a poner de manifiesto que el desarrollo de la propiedad intelectual y los derechos de autor afecta especialmente a la educación, el dominio público, el acceso general a la cultura y la ciencia, por ejemplo a través de las universidades, bibliotecas e instituciones culturales.
La lista de Consumers International sitúa a España en una posición intermedia respecto a la propiedad intelectual y los derechos de ciudadanos y consumidores.
Una nota positiva especialmente por el desarrollo legislativo de la copia privada, la libertad en internet, las libertades y garantías de acceso a la información por los periodistas y el acceso a las leyes y documentos públicos.
Muchos encontrarán demasiado benévola la clasificación, pero en el panorama legislativo mundial nuestro país no está en los peores puestos. Pero podemos pasar a encabezarlo por las recientes medidas de la ley de economía sostenible para perseguir las infracciones sin suficiente protección de los derechos y por la ofensiva contra la neutralidad de la red encabezada por el Ministerio de Industria.

El informe reclama algunos derechos y necesidades en los que he insistido mucho aquí:
los derechos de los consumidores pierden frente a las imposiciones de la industria para maximizar su negocio;
no se fomenta la ampliación del dominio público ni de los estándares abiertos y el software libre;
la copia privada no garantiza el uso justo de las obras suficientemente por su limitación para la difusión aunque no exista comunicación pública y su intención no sea comercial;
seguimos sin un acuerdo para el acceso a las obras huérfanas y su puesta a disposición del público;
las bibliotecas viven acosadas por los derechos de autor, el canon por préstamo y las presiones para limitar su desarrollo y convertise en centros de gestión y difusión de la cultura de servicio público para la sociedad de la información;
amenazas y explotación comercial excesiva de la educación, como demuestran los fallos y carencias de plan escuela 2.0 o la presión de Cedro para imponer a las universidades licencias de pago por el uso digital de obras publicadas.

En definitiva: el sistema español de propiedad intelectual protege a la industria y los consumidores más que al desarrollo del conocimiento y la educación.
Resultado: fomento del entretenimiento y el ocio frente a una sociedad culta, educada, innovadora y con una amplia concepción del conocimiento como patrimonio público.
Ese error se repite en la defensa radical de los derechos de autor y propiedad intelectual, y entre quienes los atacan.
Y ese error repetido acaba haciendo estéril la discusión porque no hay puntos de encuentro y las dos partes se enrocan en la defensa de intereses individuales y sectoriales frente a los derechos y libertades de todos.
En ambos lados se sostiene una concepción económica de la propiedad intelectual que hasta medios tan poco sospechosos de antinegocio como The Economist censuran.

Una alternativa para superar el sordo debate actual es proteger la defensa de la cultura, la ciencia, la educación, el patrimonio público, y separar los derechos y libertades de los ciudadanos de la pelea del hiperconsumo.
La redefinición de la propiedad intelectual debe incorporar el concepto y la defensa del procomún: los bienes que pertenecen a todos y cuya gestión social crea una nueva cadena de valor para todos.
Las garantías de acceso a la cultura y la ciencia deben ser más amplias que las actuales y la extensión del uso justo de las obras es imprescindible.
Ese uso justo requiere garantías y compensaciones que en su mayor parte existen ya a través de la financiación pública -directa e indirecta- de la creación, la investigación y el apoyo a las industrias de contenidos.
Reconstruir el consenso para ampliar el derecho de cita y conseguir una ética del enlace y la atribución de fuentes que tan a menudo se olvida.
Redefinir el servicio público de contenidos, acceso y telecomunicaciones para eliminar el conflicto entre intereses privados y públicos, fundamentalmente en el audiovisual pero también en otros ámbitos como la edición o la gestión cultural.

Un ejemplo: las licencias de Cedro para la educación sólo garantizan la reproducción (física o digital de un 10%) de las obras o un artículo como fragmento. Con costes de cinco euros por curso en la universidad por la reproducción digital, 1,90 si es en fotocopias. Para la enseñanza secundaria el precio es de 3,74 euros por curso y en educación primaria de 2,65 euros.
Estas licencias son excesivas por su limitación y cuantía. El uso justo de las obras debería cubrir la mayoría de los usos educativos, tanto para el acceso público a las obras fragmentadas cuando su uso no sea completo o intensivo, pero también porque una mayoría de esos contenidos y materiales proceden de investigación, creación, edición y publicación financiada con recursos públicos a través del propio sistema educativo y de investigación como de las ayudas y financiación de la edición para estos usos.

O se da un paso al frente en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la transparencia en la financiación de los contenidos culturales, científicos y de entretenimiento o la discusión es inagotable.
Separar derechos y patrimonio público de las garantías para los consumidores. Apostar por estimular los nuevos negocios y modos de explotación, y aumentar el acceso a la cultura como un sistema operativo social y económico puede ayudar a desatascar posiciones.

Ipwatchlist 2010 Span

Monday, April 12, 2010

Un paso para el wifi como servicio público

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) pretende acabar la larga disputa con los ayuntamientos por el wifi municipal. Solución: las administraciones públicas podrán ofrecer al público -más allá de la autoprestación en bibliotecas o centros de trabajo- wifi gratis si se limita la navegación a las webs públicas, no se supera una lenta velocidad de 256k y la cobertura no llega a zonas residenciales.
Un paso adelante en la prestación de wifi público pero muy pequeño por lo limitado de la velocidad y el acceso a contenidos.
Pero la apertura de la CMT puede abrir una vía para ampliar la idea de un nuevo servicio público digital de contenidos y acceso. Debería incluir una conexión a internet de banda ancha suficiente, aunque no competitiva con las telefónicas, sometidas a servicio universal (la obligación de prestar el servicio en todo el territorio), pero no público (universal y gratuito).
Y permitir el acceso a todos los servicios públicos, tanto de las administraciones como de contenidos: las webs de radios y televisiones públicas, bibliotecas, centros de estudios e investigación, científicos, museos, archivos, etc.
Ese sería un auténtico servicio público digital más allá de la vieja función de la radiotelevisión pública. Y para su efectividad y motor de la sociedad de la información debería incluir el acceso a toda la población y eliminar la amenaza de una nueva brecha digital entre ciudadanos premium y los desconectados, una alerta de la propia CMT.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya ha prometido un servicio universal de telecomunicaciones de un mega para todos en 2011.
No es suficiente cuando la velocidad media de acceso es de seis megas, el estándar adoptado para la televisión de pago por internet.
En la sociedad de la información es necesaria una redefinición de lo público con acento en los procomunes para ampliar el acceso a la información y el conocimiento de los ciudadanos.
Televisiones, radios y bibliotecas, además de otros equipamientos culturales, no son suficientes. Es hora de que la digitalización alcance a todos los contenidos públicos.
Una conexión pública de un mega -o incluso de algo menos- no debería ser demasiado competitiva para las telefónicas, que juegan la carrera por ofrecer los nuevos servicios de la sociedad de la información.
Tampoco para los medios privados si los medios públicos definen adecuadamente la función de servicio público, una deficiencia de la nueva Ley Audiovisual y de la larga historia del uso de la televisión pública como arma de poder político.
Con esa nueva definición se podría compensar además el déficit en financiación del despliegue de nuevas redes de banda ancha, ahora que la Comisión Europea parece dispuesta a permitir más inversión pública.
A cambio de esa ayuda pública, el servicio universal de telecomunicaciones debería ampliarse para llegar a ser un servicio público real.
Por ahora la propuesta de la CMT es mucho más acotada, pero la espita para la redefinición de lo público en la sociedad conectada está abierta.

Monday, March 01, 2010

El V Congreso de la Lengua se hace virtual

El V Congreso Internacional de la Lengua Española se hace virtual tras la tragedia del terremoto en Chile, donde se iba a celebrar en Valparaíso. Una magnífica decisión que puede abrir una nueva era para este tipo de eventos y para un mejor aprovechamiento, más sostenible, con más accesibilidad para expertos y público, e incluso con posibilidades de hacerse mucho más participativo, abierto e interesante, además convertirse en permanente.
Lo pensé al conocer las noticias del seísmo y hasta hubo quien me recriminó. Pero el paso dado por los organizadores puede ser importante para repensar este tipo de eventos y promover la enseñanza, discusión, presencia y estudio on line de las lenguas y la literatura.
¿Para qué esperar a un congreso presencial cuando todo puede estar en internet?
Tanto el Instituto Cervantes como la Real Academia Española tienen experiencia en internet.
Quizá sea el momento de plantearse si todo ese dinero, esfuerzos, recursos, invitados, protocolo, etc. invertido en estos magnos eventos no sería mejor aprovechado en la promoción de la lengua en internet, la construcción de herramientas abiertas y gratuitas de enseñanza, discusión, intercambio académico, audiovisuales, documentación, wikis colaborativos, redes de expertos e interesados, etc. más allá y para reforzar iniciativas como el Centro Virtual Cervantes.
Y hacerlo de forma que todos sus contenidos promovidos y subvencionados con dinero público reviertan directamente a los ciudadanos, gratis y abiertos para su uso. Porque la lengua es un gran ejemplo de procomún, un bien de todos.
Ojalá la tragedia del terremoto en Chile y la experiencia de este Congreso Virtual de la Lengua sirvan para estimular y hacer repensar una nueva forma de aumentar la capitalización, el valor y difusión de la lengua española en el mundo y en internet.
Porque la lengua está viva, y no se desarrolla sólo con congresos y comunicaciones, sino también promoviendo y ayudando a la expansión de los contenidos de calidad.

Tuesday, February 09, 2010

El Congreso suaviza la patada en el router

Los grupos parlamentarios han aprobado una moción para que sólo los jueces puedan cerrar páginas webs. Una iniciativa del PP apoyada por todos los grupos parlamentarios después de las protestas y la presión de los internautas contra la medida recogida en la ley de economía sostenible.
Habrá que ver cómo se materializa el cambio en la propuesta de ley, que en su última versión requería autorización de la Audiencia Nacional para tomar medidas cautelares. El texto de la moción exige "la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos". Una garantía ya recogida la última propuesta socialista.
Por eso no es de extrañar que todos los grupos se sumen a la moción del PP que cumple con sus promesas a los contrarios a la nueva legislación.
Coincido con las críticas de la diputada Montse Surroca (CiU) cuando se queja de que la moción del PP no aclara nada de una discusión que aún está por abordar en el Congreso. Hasta el PSOE habría prometido que se garantizaría la tutela judicial.
Pero el desafío es eliminar esta disposición de la ley de economía sostenible y abordar un cambio profundo de la legislación de propiedad intelectual, en discusión en estos momentos en la Cámara.
Ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual, tanto la SGAE y otras gestoras de derechos, como los editores de libros y la prensa han reclamado un endurecimiento de las restricciones de acceso y uso de los contenidos inviables y dañinas para la cultura y la ciudadanía digital.
PNV, ERC y BNG han reclamado esa redefinición de unos derechos sobrepasados por la tecnología y que deben adecuarse a la realidad del mercado y el consumo de contenidos en la era digital.
Es hora de un nuevo consenso para enlazar y por el derecho de cita, derechos más abiertos y flexibles para el consumo privado y el uso de las obras sin ánimo de lucro.
Es indispensable acabar con el monopolio de las entidades colectivas de gestión de derechos y hacer más transparente su gestión, además de reformar el canon digital y garantizar el derecho a copia privada de los usuarios.
Pero además es imprescindible una defensa más activa del dominio público y el procomún con una gestión más abierta y participativa, que no excluya la explotación comercial pero garantice el acceso de los ciudadanos a la información, la ciencia y la cultura. Y en especial a todas las obras financiadas con dinero público.
Y, por supuesto, garantizar el secreto de las comunicaciones y el sostenimiento de la neutralidad de la Red para que no sufran limitaciones de acceso por intereses comerciales.
Es hora de repensar en el futuro y la sostenibilidad de un sistema obsoleto.

Tuesday, February 02, 2010

Un pacto para enlazar y por el derecho de cita

Google pide la ampliación del derecho de cita de información y trabajos de actualidad para evitar la persecución de los medios informativos.
Es su respuesta -y la de quienes defendemos una sociedad de la información más abierta y justa- en la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso a las presiones para cobrar por enlazar.
Una ampliación necesaria para acabar con la guerra entre medios, buscadores, agregadores de noticias y servicios de press clipping.

La regla de oro de una nueva ética del enlace debería ser permitir la cita de información cuando amplía los contenidos públicos; reconoce, atribuye y enlaza a la fuente original; y aumenta el valor y el acceso de la información para los ciudadanos: con más contenido, selección o herramientas.

Un pacto para enlazar donde enlazadores y enlazados cumplan los principios del uso justo (en la doctrina del copyright) y el derecho del cita del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Los internautas y las empresas de internet se comprometen por este pacto a no hacer abusiva la cita hasta llegar a la copia, además de reconocer y enlazar siempre a la fuente original de los contenidos.
Los propietarios de los derechos reciben el reconocimiento, la reputación y los usuarios provenientes de la economía del enlace sin renunciar ni a su autoría ni a la propiedad de sus contenidos. Renuncian a una remuneración económica garantizada por la ley a cambio de una contraprestación en atención, público e interés para la publicidad.
De esta forma unas compañías pagan a otras con la misma moneda que todas usan en una economía digital donde la selección entre la abundancia es uno de los mejores valores.
Esa ética o código del enlace se aplica por igual a todos los enlaces y sólo excluye aquellos productos que no cumplan el mismo grado de apertura y acceso a los contenidos. Una condición similar a la de las licencias Creative Commons o copyleft que obliga a respetar las mismas garantías y derechos de la obra original en las obras derivadas (reciprocidad).
Quedan excluidos de este pacto y obligados a pagar las licencias o contraprestaciones correspondientes todos aquellos servicios o contenidos que utilicen contenidos en obras no puestas a disposición del público general: por ejemplo el caso de las revistas de prensa para empresas o políticos.
También las nuevas herramientas como las aplicaciones para móviles o dispositivos de uso personal y que trasladan los contenidos de los medios directamente al usuario. Los modelos de negocio basados en la distribución y comercialización de la información y los contenidos a través de plataformas de acceso. Aplicaciones de iPhone, iPad, Android, Blackberry, etc.
En los fundamentos de esta ética y contraprestación del enlace está la consideración de la información como un procomún. Un bien que pertenece a todos y cuya producción es inviable sin la colaboración y el uso de recursos y bienes públicos. En definitiva, el derecho a la información de todos los ciudadanos consagrado por las leyes, la Constitución (artículo 20) y la Declaración de Derechos Humanos (art. 19).