Un telestado sin control y privatizado

El telestado de Rajoy comienza a sintonizarse. La vicetodo Santamaría ha anunciado que no habrá Consejo Audiovisual (CEMA) y que posiblemente se integrará con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El desmantelamiento de las televisiones autonómicas comienza con la posibilidad de externalizar y convertir en privados los informativos y otros contenidos hasta ahora de servicio público. Ahorro y eficiencia por un lado y no tan claro por el otro.
Soroya Sáenz de Santamaría citó la no creación del Consejo Audiovisual como fórmula para ahorrar siete millones de euros presupuestados para este año. Pero el CEMA hace más falta que nunca cuando la convergencia de televisión y banda ancha anuncia la era de la televisión conectada y el gobierno plantea la reforma del telestado con la reducción de la financiación de RTVE, la reforma de las autonómicas, el duopolio de Telecinco y Antena 3 en la televisión en abierto y el crecimiento de la televisión de pago con la mayoría de los derechos de los programas más demandados en unas pocas manos: el cine en Prisa y el fútbol en Mediapro. Una situación de oligopolio y atípica en Europa.
Repensar el telestado, reformar y hacer más eficaz y sostenible el servicio público (si es que sigue existiendo), crear las condiciones para aumentar la oferta multimedia de la convergencia y promover la industria de la producción y los contenidos, son trabajo bastante.
La CMT ya lo advirtió en su informe de 2009 sobre la Ley Audiovisual. Entonces se fijaba el ahorro en 34 millones de euros, más cercano a la realidad y a los costes de otros reguladores europeos. Ahorrar dinero y hacer un regulador para la convergencia son objetivos compatibles.
El plan de privatización de las televisiones autonómicas comienza eliminando los límites a la producción privada. Informativos de producción privada y fin de las limitaciones del servicio público a la programación externalizada. El objetivo fundamental es rebajar el coste de las plantillas de las públicas. Pero esa medida provocará más paro y pagar con dinero público los recortes de personal.
La mayoría de las televisiones públicas, de RTVE a las autonómicas, ya externalizan en grandes productoras como Vértice 360, Mediapro o Secuoya gran parte de sus operaciones informativas y muchos programas. La desaparición de las limitaciones debería ser compatible con la promoción y fortalecimiento de la industria de la producción, no concentrar en exceso los contratos y asegurar la calidad e independencia de los programas de servicio público.
Repensar los contenidos públicos con un nuevo servicio audiovisual, reorganizar las frecuencias de la burbuja de la TDT –como ha pedido Uteca- y mejorar la coordinación y colaboración entre las televisiones públicas, merecen una autoridad independiente.
Garantizar esos objetivos es tarea suficiente para un regulador profesional y no sujeto a intereses políticos ni económicos.

Columna en Estrella Digital

El maldito Consejo Audiovisual

Al frustrado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) no le iban a faltar tareas en la era de la convergencia, cuando el audiovisual llena todas las pantallas, coloniza internet y los móviles y acapara el consumo de los espectadores y la publicidad. Pero nació maldito, mal definido con una Ley Audiovisual impropia de la era digital, y seguirá penando antes de nacer.
El miedo a otra disputa con la oposición por la televisión, uno de los principales elementos de poder en plena etapa preelectoral. La hipersensibilidad de algunos ministros y asesores a los columnistas airados, denunciantes del CEMA como un órgano censor de contenidos e ignorantes de que la mayoría de su responsabilidad regulatoria es técnica, de competencia y transparencia del mercado. Y la indecisión sobre qué hacer con la Subdirección General de Medios Audiovisuales del Ministerio de Industria son algunas de las causas de la renuncia a modificar una Ley Audiovisual aprobada sin un plan claro para la televisión del futuro.

Columna completa en Estrella Digital

Hacia un consejo audiovisual para la convergencia

El Gobierno dará marcha atrás en la Ley Audiovisual para crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), el nuevo regulador de la televisión, integrado con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Un regulador convergente en la era de la televisión multiplataforma que contará con seis consejeros y el mismo presidente que la CMT. Un modelo rechazado por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, defensora de un organismo autónomo con poco futuro y muy condicionado por intereses políticos y de los grandes de la televisión, centrados en conseguir una RTVE sin publicidad y en demorar la aplicación de la legislación audiovisual por un regulador.
El cambio de gobierno, la presión de la crisis y el asentimiento de la opinión de la patronal televisiva Uteca -donde Sogecable era el principal enemigo del consejo convergente- permitirán al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, incluir una enmienda en el Senado en la Ley de Economía Sostenible para poner en marcha una autoridad visual integrada que no distinga entre las pantallas de televisión convencional y las nuevas de ordenadores, móviles o tabletas tipo iPad.

Columna completa en Estrella Digital

Sin plan para la televisión del futuro

La televisión ya está conectada a internet. Le guste o no a las cadenas que intentan alargar el máximo de tiempo posible la rentabilidad de sus licencias. Pero todo acaba. Primero llegó la TDT con su despliegue de canales, los más espabilados conectan la videoconsola para llevar internet a la tele y ahora los fabricantes de televisores se han cansado de esperar y lanzan por su cuenta televisores conectadas para disfrutar de la televisión convencional y el audiovisual en la Red sin barreras. ¿Para qué entonces una ley audiovisual que nace obsoleta, donde no se dibuja el modelo futuro de la televisión? ¿Por qué cambiar la financiación de RTVE para implantar un modelo insostenible, injusto, perjudicial para los anunciantes y arriesgarse a una reprimenda europea por hacer pagar a las telefónicas?
La solución está en los designios de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el empuje del lobby de las televisiones privadas, tan efectivo que hasta sus directivos reconocen estar sorprendidos de su éxito. Expertos del audiovisual y responsables del proceso de transición a la TDT como Eladio Gutiérrez, ex presidente de Impulsa TDT, la encargada del despliegue digital, se preguntaban ayer en la presentación de un estudio de la revista Telos (Fundación Telefónica) por qué no se ha aprovechado para diseñar un futuro sostenible para la televisión. Un futuro donde la alta definición y la televisión por internet permitan más calidad e interactivdad para los espectadores, además de ayudar a ordenar un mercado incapaz de soportar 40 canales en abierto y de pago.
La respuesta está en el cajón de la vicepresidenta y en la falta de acuerdo de las televisiones para diseñar un futuro, ocupadas en acaparar la publicidad perdida de RTVE y de la rentabilidad de corto plazo. Resultado: una televisión de la redundancia de contenidos en manos de unos pocos.
Los expertos apuestan por una televisión híbrida. Televisión generalista concentrada en grandes eventos (como los deportivos) y la poca programación que supera el 15% de audiencia, junto a una parrilla de temáticos donde la televisión bajo demanda por internet irá sustituyendo a los canales, convertidos en contenedores de lanzamiento de programas y con una interactividad apoyada en redes sociales que amplíe la experiencia social de la televisión. Hablar sobre la televisión siempre ha sido imprescindible y ahora la conversación digital supera las plazas del sofá o el límite de ruido soportable en los bares.
Lo que nadie sabe es cómo será esa transición con una ley audiovisual del pasado y un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) donde muchos empujan para ocupar unos sillones que se repartirán este otoño. Si no lo remedia la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), dispuesta a lanzar otro ataque para conseguir un consejo integrado para la convergencia audiovisual, el modelo de referencia en Europa y que el gobierno ya rechazó. Quizá esta vez los apretones de la crisis hagan tener en cuenta los 34 millones de euros anuales que la CMT calcula ahorrar si se crea un solo consejo para la convergencia. Menos sillones a repartir, eso sí, y quizá algo más de sensatez para un futuro inapelable cuando las pantallas se unen.

Artículo en Estrella Digital

La televisión por internet y la banda ancha crecen

Las televisiones respiraron el último trimestre de 2009. Sus ingresos descendieron sólo un 1,54% (1.715,16 millones de euros) frente a una caída del 15,4% el trimestre anterior, según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Pero la televisión de pago vuelve a desplomarse con la pérdida de un 31,5% de la facturación de Digital Plus y la reducción de sus abonados en 190.000.
Sólo la televisión por internet (iptv) crece con el empuje de Imagenio de Telefónica y sus ofertas de doble y triple play. Igual que lo hace la nueva televisión en el móvil, que llega ya a 346.500 abonados.

Gol TV, la TDT de pago de Mediapro, alcanza 153.000 abonados a final de año y llega a un millón a través de todas las plataformas de pago, como ya se había anunciado. Una audiencia y una contratación todavía baja que lleva al hundimiento del pago por visión, especialmente de partidos de fútbol: bajan de 3,3 millones de contrataciones a 346.600 respecto a 2008, aunque duplican los del trimestre anterior.
Telefónica consigue 90.000 abonados más a su plataforma de televisión por banda ancha y alcanza ya el 17,3% del mercado de televisión de pago.
También crecen los cables regionales, beneficiados por su exclusión de la financiación de RTVE, lo que les permite sostener tarifas muy competitivas.
Los ingresos por publicidad descendieron un 7,5% hasta 780 millones, lastrados por la reducción de publicidad en RTVE. Las cadenas privadas aumentaron su facturación publicitaria un 2%: 496,7 millones frente a 486 del mismo período de 2008.
Pero lo que ha salvado los números totales es la duplicación de las subvenciones a la televisión pública (especialmente RTVE, pero también las autonómicas) para salvarlas de la crisis: 510 millones de euros en el trimestre frente a 321 en 2008.
El informe trimestral de la CMT vuelve a demostrar que sólo la banda ancha, fija y móvil, es el motor del mercado de telecomunicaciones en época de crisis, pero también por su efecto sustitución sobre otros servicios de telefonía.
El negocio de conexión a internet creció un 1,7% en 2009 y superó los 972,4 millones de euros en el último trimestre del año.
Los accesos de banda ancha fija residencial llegaron a 9,67 millones, un 7,4% más que en 2008.
En el móvil el tráfico de datos superó los 401 millones de euros (un 37,45% más) y es ya la segunda fuente ingresos por encima de los SMS, que bajaron un 13% hasta 391 millones.
El empuje de los smartphones y el uso del correo electrónico y las redes sociales va sustituyendo a los mensajes poco a poco.
Los resultados de fin de año en el sector muestran que el sobreprecio de la apuesta por la TDT y las prisas para ser los primeros en el apagón analógico no son garantía del desarrollo de la sociedad de la información y van en contra de la tendencia de la tecnología y el público, volcados en la banda ancha y la convergencia de internet, telefonía y audiovisual.
Por eso la nueva Ley Audiovisual nace obsoleta tras muchos años de retraso y con grandes deficiencias regulatorias, además de crear un nuevo Consejo Audiovisual cojo e inútil en la era de la convergencia.
Y los datos y la evolución del mercado también ayudan a entender la ofensiva de Telefónica, apoyada por el gobierno, contra la neutralidad de la red para convertir internet en un gran remedo de la televisión de pago. Una internet de peaje donde tanto los usuarios como los negocios de internet estén obligados a pagar a quienes más se llevan históricamente del pastel: las telefónicas y las televisiones, en ambos casos acostumbradas a operar en un negocio con un régimen de monopolio y licencias vinculadas a la política y el poder.

Un consejo audiovisual con futuro

Otra vez el retraso. Este país lleva tiempo desoyendo las regulaciones internacionales sobre la televisión. Resultado: barra libre para las cadenas con frecuentes violaciones de las reglas sobre protección de menores, publicidad, servicio público o cumplimiento de horarios. El control político domina las televisiones públicas y los partidos tejen sus alianzas con los dueños de las cadenas. Ahora, cuando la nueva ley audiovisual propone un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, corremos el riesgo de volver a administrar el pasado con una propuesta ajena a internet, las telecomunicaciones y la preferencia de los ciudadanos por las ofertas de paquetes de banda ancha y móvil.
La televisión del futuro es la multiplicación de canales y la oferta por banda ancha, fija y móvil. Una regulación de la televisión ajena a la convergencia y sus efectos en las empresas y el público no es realista. No se puede regular la televisión de las ondas y las licencias gubernamentales, que pierde audiencia y mercado, y dejar a un lado el cable, la televisión bajo demanda, por internet y en el móvil.
Por eso muchos defienden una autoridad visual integrada con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y en coordinación real con los consejos autonómicos ya existentes (Cataluña, Navarra, Andalucía) y los que se crearán en el futuro, como en Alemania, por ejemplo.
Una autoridad audiovisual con miembros independientes elegidos por el Parlamento, la industria y las organizaciones sociales. Con autonomía económica garantizada con las tasas sobre las plataformas audiovisuales, sin dependencia de presupuestos gubernamentales.
La propuesta del Gobierno no garantiza la independencia ni fija con claridad las funciones, como exige Europa. La confusión es tal que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, responde al apoyo del PP de un consejo convergente afirmando que las competencias coinciden con las del ministerio y sus recursos serán transferidos. La herencia gubernamental condena a la nueva autoridad.

Columna en los medios de Vocento

RTVE externalizada, ¿y el servicio público?

Música: Mulatu Astatke

Datos de CC OO

Los sindicatos están que trinan contra la dirección de RTVE y la huelga amenaza. Alberto Oliart se enfrenta a su primer gran desafío como presidente de la nueva RTVE sin publicidad.
Los sindicatos vuelven a denunciar la abusiva producción externa, con la que se ha forjado más de una fortuna, y no hay química del presidente con unos consejeros que todavía no se han renovado por la incapacidad de PSOE y PP para ponerse de acuerdo en casi nada.
Sólo hubo consenso para nombrar presidente de la Corporación RTVE a Oliart tras la constación de que el modelo competitivo de Luis Fernández no resistiría la televisión estatal sin publicidad.
RTVE es líder sin publicidad, pero sus problemas muestran los errores y los fallos de decisiones políticas que sólo contentan a las televisiones privadas y no resuelven la cuestión principal:
¿Cuál es el servicio público audiovisual del siglo XXI?
Muchos contestan que ninguno. Otros piensan que el telestado articula el estado del bienestar casi tanto como las pensiones o la Seguridad Social. Pero ni la nueva RTVE ni la ley audiovisual en proceso contestan la pregunta.
El ratio de producción propia de RTVE es bajo y 53 productoras acaparan los grandes espacios, tanto de ficción, como de entretenimiento y magazines. Y lo hacen además a menudo utilizando equipos y recursos de RTVE, denuncian reiteradamente los sindicatos. Sólo los telediarios están excluidos.
Pero también hay que oír las quejas sobre la falta de un nuevo modelo profesional a pesar del ERE, sobre la baja productividad de la plantilla y los equipos de la casa. Su estructura y modelo de trabajo burocrático, sin flexibilidad y con poca capacidad de respuesta es conocida y ha sido denunciada tanto por profesionales como por gestores.
Sin un nuevo modelo organizativo y otro proceso funcional y de producción será difícil ver una radiotelevisión pública más eficiente.
Pero el dislate comienza por el mismo Consejo de Administración, un órgano politizado que cumple funciones de comisariado más que de gobierno de la Corporación.
Pero los partidos se niegana profesionalizarlo para no perder su poder, como ocurre también en las televisiones autonómicas.
Y, sobre todo, ausencia de un consenso sobre el modelo de radiotelevisión pública y del servicio público. Definiciones de las que no se pueden excluir las televisiones autonómicas por mucho que no sean competencia estatal. Es uno de esos pocos asuntos donde un consenso de estado es esencial para no seguir costeando la sangría económica de más de dos mil millones anuales del telestado autonómico.
Unos demandan que RTVE sea competitiva para asegurar su presencia, otros que no reste negocio a las privadas (20 años ya), y los espectadores continúan apoyándolo. Y más ahora que aún tiene dinero para compras y producciones. Veremos la evolución de un modelo de financiación en cuestión y con dudas sobre su sostenibilidad.
Lo urgente es un nuevo modelo de servicio público audiovisual, flácido y etéreo en la propuesta de ley audiovisual.
Un modelo donde los contenidos informativos, culturales, científicos y educativos no sean un lastre sino un objetivo y un sello de calidad.
Un modelo multiplataforma abierto y participativo que supere el viejo concepto de radio televisión para aprovechar las posibilidades interactivas de los nuevos medios digitales. De verdadera participación ciudadana, que no se contente con un espacio de preguntas a los políticos.
Un servicio público y de dominio público, con derechos abiertos para la utilización de las obras financiadas con dinero de todos, su remezcla y la producción de nuevas obras con las mismas garantías.
Con el desarrollo de nuevos medios y plataformas como están experimentando televisiones como la BBC para explotar todas las ventajas de la convergencia.
RTVE es una de las principales pantallas y medios de distribución de contenidos del país. Dentro y fuera del estado. Esa potencia no debería asentarse sólo en un modelo comercial sino en explotar esa ventana para la creación audiovisual, la información, el entretenimiento de calidad y los contenidos de servicio público real.
RTVE podría convertirse en el gran distribuidor y promotor de los artistas y creadores audiovisuales que hoy tienen difícil encontrar espacio en los medios comerciales. Siempre que su calidad e interés esté refrendado por una gestión y dirección realmente profesional y participativa en sus cadenas.
Alejarse de la obsesión del deporte como interés público y explotar esa gran pantalla y sus canales como si fueran bienes públicos serviría para despejar dudas respecto a su papel y financianción.
Pero los políticos no quieren perder poder y, como antes, nadie quiere asumir una pérdida de audiencia para apostar por el interés público y no el de los audímetros.
Cuando RTVE vivía financiada parcialmente por la publicidad el miedo al audímetro estaba justificado. Ahora sólo el apego al poder y una concepción cretácica de la radiotelevisión pública justifica que no se convierta en una red de pantallas y medios digitales ciudadanos y abiertos. Una explosión cambriana de la convergencia audiovisual y un nuevo modelo para el servicio público.

Nuevo control para la TV

Los políticos y la televisión se aman. No pueden vivir el uno sin el otro. Si pensaba que la futura ley audiovisual al fin presentada por el Gobierno romperá vínculos entre ambos, olvídelo. La ley mantiene las buenas relaciones.
La ley para ordenar el caótico sector audiovisual abarca todos los medios, más allá de que gracias a la convergencia con internet y las redes de telecomunicaciones, muchos ya no necesiten del dominio público de las frecuencias radioeléctricas.
Mantiene un enorme telestado con una definición laxa y poco detallada de lo que debe ser la radiotelevisión pública y sólo aleja la publicidad de RTVE: autonomías y ayuntamientos deberán decidir cómo financian sus medios. Pero deja abierta la puerta a la privatización de radios y televisiones públicas.
Crea un nuevo órgano, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, con capacidad de control tanto del mercado audiovisual como de los contenidos, además de custodiar el servicio público. La ley es exquisita con las grandes cadenas, aumenta la duración de las licencias y les otorga derechos preferentes para acaparar nuevos medios y oportunidades.
Pierden quienes esperaban más austeridad, menos control político y mayor pluralidad real en un mercado más atento a las fusiones. Pierden los ciudadanos, cercados por la miríada de televisiones públicas que, a falta de una definición exigente del servicio público, seguirán financiando la mayor maquinaria de propaganda política del país. Pierden la televisión de proximidad y las iniciativas sociales sin ánimo de lucro. Y el nuevo Consejo Audiovisual, otro organismo para el control político y el reparto de canonjías, se crea cuando en los países con más tradición reguladora se unifican funciones con los organismos de telecomunicaciones para abordar con criterio único los desafíos de la sociedad de la información. Pero esta es una ley con demasiadas herencias.

Columna en los medios de Vocento

Una ley audiovisual con agujeros

Habemus proyecto de ley audiovisual. Tras años de retraso y urgencias en un sistema en cambio total, el Gobierno envía al Congreso una norma para regular el audiovisual, de la televisión a los móviles. Y hace dudar si nace muerta o con demasiados agujeros. ¿Es posible una ley sobre televisión cuando el desarrollo de internet y los servicios digitales ocupa todas las pantallas? El proyecto promete adaptación, pero insiste en una regulación de contenidos y empresas similar a las viejas licencias, cuando el espacio radioeléctrico era escaso. Y no adopta una regulación para los servicios no lineales, a demanda o en internet, limitada a garantizar derechos esenciales del público y los menores como la defendida por la Comisión Europea y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La ley regula por primera vez de forma conjunta las televisiones públicas y comerciales estatales, aunque queda pendiente el telestado autonómico. Incluye la TDT, la televisión de pago, en el móvil y la alta definición, además de extender la regulación a nuevas plataformas audiovisuales aunque no necesiten licencia.
No habrá autoridad única para la convergencia digital, una batalla aún pendiente. El Gobierno quiere crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como los autonómicos de Cataluña, Navarra y Andalucía, criticados a menudo por sus injerencias en los contenidos. Una fórmula superada en países con tradición de autoridades audiovisuales como Gran Bretaña, Italia o Austria, a favor de consejos de televisión y telecomunicaciones con mínima regulación de contenidos.
Es la propuesta hecha por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para solucionar con un solo criterio los problemas de la convergencia digital que afectan a televisiones y telecos. Es difícil entender que la CMT mantenga competencias audiovisuales y recaude las tasas a televisiones y telefónicas para financiar RTVE pero no participe en su regulación. El control de la televisión sigue tentando a los políticos y quieren una nueva institución estatal sin aprovechar los recursos humanos y materiales ya disponibles en la CMT, cuya reorganización sería más eficiente.
Tampoco hay avances sobre la definición de un servicio público a menudo muy comercial que sólo blinda los derechos de retransmisión de las grandes competiciones deportivas. Esperemos que la interactividad propuesta en la ley sea más real que la participación en su redacción. Los propios consejos audiovisuales autonómicos, las empresas tecnológicas o los medios comunitarios sin ánimo de lucro se han quejado de no ser escuchados por la vicepresidenta Fernández de la Vega ni los redactores del proyecto.

Columna en Público

La segunda revolución audiovisual de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha tenido un ojo en la televisión. El candidato a la reelección a presidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura su segunda revolución audiovisual tras la concesión de licencias a nuevas cadenas en 2005 y la reforma de RTVE. El apagón analógico se hará en abril de 2010, sin dilación, y se aprobará la largamente demorada ley general audiovisual para regular la nueva televisión.
Zapatero no se olvidó de la sociedad de la información en su discurso. Las promesas para la nueva legislatura son continuar con el Plan Avanza para promover internet y las nuevas tecnologías hasta final de legislatura, mantener la fecha del apagón analógico o "encendido digital", como prefiere llamarlo el presidente, y aprobar la ley general audiovisual.

Más en Sociedad Cableada