El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Ganan las tesis de los autores y las sociedades de gestión defendidas por el Ministerio de Cultura y pierde el de Industria.
Ayer mismo el ministro José Montilla prometía a su comisión asesora luchar hasta el último minuto para evitar las amenazas contra la sociedad de la información. Tiempo agotado casi antes de la digestión del almuerzo en el ministerio ocupado por un político en retirada para ser candidato a la Generalitat.
La nueva ley consagra el canon digital (al final proporcional, no fijo) pese a las protestas de comerciantes, fabricantes y usuarios, rompe el monopolio de las gestoras con un órgano de arbitraje reclamado por los medios (especialmente televisiones) y permite los resúmenes de prensa (press clippings) con compensación económica para las fuentes.
El lobby de gestoras y autores pierde algunas aspiraciones, aunque los derechos de los ciudadanos y la dinamización de la sociedad de la información ha sido sometido a los intereses de una industria en transformación. La ley no se adecúa a un futuro digital que ya es presente.
Sólo Esquerra y el PNV han expresado en el pleno sus dudas sobre la ley y Joan Tardá (ERC) destacó que la norma "no ha sabido encontrar la vía justa para equilibrar el derecho de los autores con el de la ciudadanía a la cultura" (las negritas son mías).
Los grupos mayoritarios, PSOE y PP, apoyaron las tesis de los autores y gestoras. Antón Louro (PSOE) la llamó con precisión "un instrumento básico para el desarrollo del ecosistema cultural español favoreciendo más derechos y reconocimientos para los autores y productores culturales".
Beatriz Rodríguez-Salmones (PP) no ha podido ser más explícita sobre los fundamentos y objetivos de la ley, se ha intentado "mantener el equilibrio indispensable en toda la cadena que va desde los productores culturales hasta los ciudadanos pero dando prioridad a la defensa de esta propiedad, muy difícil de entender aún en España y sujeta a mucha demagogia".
Los derechos de todos los ciudadanos sometidos a los de unos pocos sin avance en el desarrollo tecnológico y los cambios que produce en la producción cultural, en el acceso a las obras, en el mercado y en los hábitos culturales y de ocio. Quieran o no las sociedades de gestión, los autores o los legisladores.
El futuro no para y hay leyes ya obsoletas al nacer.
La presión de los lobbies frente a los ciudadanos. Por eso es imprescindible la unión para luchar por una cultura más libre sin amenaza para los autores.
Reacciones en los blogs
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