Europa quiere recuperar las obras huérfanas

La Comisión Europea presenta Arrow -Registros Accesibles de Información de Derechos de Autor y Obras Huérfanas-, un proyecto de Europeana - la gran biblioteca europea- y las principales bibliotecas y sociedades de gestión colectiva de derechos de autor para identificar, hacer accesibles, digitalizar y compensar las obras huérfanas y descatalogadas.
Son uno de los peores agujeros negros de la digitalización y el acceso a la cultura. La Comisión calcula que el 20% de las obras cinematográficas y de los libros son obras huérfanas, de las que no se conocen los propietarios de los derechos.
La Biblioteca Británica estima en un 40% las obras huérfanas en sus colecciones y hasta un millón de horas de los archivos la BBC son inútiles por esta causa.
La Comisión prepara una directiva sobre obras huérfanas, pero confía en el registro Arrow y en la colaboración entre bibliotecas, proyectos de digitalización y sociedades de gestión para hacer accesibles esas obras al público.
El proyecto Arrow comenzó en 2008 y ha sido financiado con 5,1 millones de euros (pdf). La Biblioteca Nacional, la sociedad de gestión Cedro y la Federación de Gremios de Editores de España participan en el proyecto, con un presupuesto de 135.959 euros.
El comité de sabios sobre digitalización del patrimonio europeo recomendó en enero de este año digitalizar las obras huérfanas y descatalogadas para ponerlas al alcance de los ciudadanos.
La recomendación es digitalizar estas obras con fondos públicos y hacerlas accesibles online con una compensación a los propietarios o a través de licencias colectivas como las de las sociedades de gestión.
El grupo de sabios pide dos cambios legislativos importantes en la propiedad intelectual. Mantener una "ventana de oportunidad", el derecho a digitalizar el material huérfano y hacerlo accesible cuando los propietarios no lo explotan privada o colectivamente. Y modificar el Convenio de Berna para evitar más obras públicas en el futuro. La solución está en un registro previo de las obras bajo propiedad intelectual, al contrario que la aplicación automática actual. Una reivindicación de la defensa de los derechos flexibles y abiertos.
A la espera de la nueva directiva europea, el debate sobre las obras huérfanas continúa con tres posturas principales: su paso al dominio público cuando no se identifica a los propietarios, su uso a través de licencias colectivas o mantener la situación actual.
Arrow intenta solucionar algunos de esos problemas con la identificación de los derechos, asegurar la interoperabilidad entre las instituciones públicas, crear estándares de uso y desarrollar una interoperabilidad de negocio que permita explotar esas obras con diferentes modelos en función de si lo hacen instituciones públicas o empresas.

La visión de Cedro:

Cedro obras huérfanas

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Neutralidad de la red en la Ley de Economía Sostenible

Coalición Canaria ha dado el paso que un grupo de ciudadanos han empezado a reclamar hace unos días: garantizar por ley la neutralidad de la red. Además ha introducido otras dos enmiendas para garantizar el derecho de cita, en la línea de lograr un pacto para el enlace, y para la utilización libre de las obras de dominio público y extender así el uso de los procomunes y las obras que son de todos.

Pasos indispensables para proteger los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información.

El partido isleño ha introducido una enmienda a la Ley de Economía Sostenible para modificar el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciomes y ampliar los derechos de los consumidores con la garantía de que "el tráfico de datos generado o recibido no sea bloqueado, interferido, discriminado, entorpecido, manipulado, modificado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera consideración ajena a la propia voluntad de los intervinientes en la comunicación".

La enmienda recoge las garantías necesarias para defender los derechos de los usuarios y la capacidad de desarrollo de los nuevos medios y servicios digitales. Y no supone una merma para los planes de las operadoras de ofrecer plataformas digitales con servicios premium de acceso a internet de alta velocidad con contenidos vinculados.

Otros grupos parlamentarios están también interesados en analizar las posibilidades para garantizar la neutralidad de la red cuando el debate está abierto en todo el mundo, y especialmente en Europa, donde la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública.

La enmienda de Coalición Canaria coincide con varios de los puntos discutidos por el grupo ciudadano formado para la defensa de la neutralidad de la red a través de una iniciativa legislativa popular.

Con estas tres enmiendas de neutralidad, derecho de cita y dominio público, Coalición Canaria sienta las bases para una discusión en el Parlamento sobre los derechos y garantías de la sociedad de la información. En el caso español pasan urgentemente por la reforma de la ley Sinde o ley antidescargas (la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible), enmendada por PP, ICV y ERC para garantizar los derechos individuales; la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, tanto en el artículo 38 como en la definición y alcance del servicio universal, y la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a los nuevos ecosistemas digitales y su evolución con la banda ancha móvil, las aplicaciones y las nuevas plataformas digitales.

Coalición Canaria. Neutralidad red, cita y dominio público

Ministerio de la Propiedad Intelectual

Por favor, señor presidente del gobierno, cambie ya el nombre. Demos a las cosas su nombre justo, el de su función. El Ministerio de Cultura no existe. Hoy es un Ministerio de la Propiedad Intelectual y el Negocio del Entretenimiento. Es cada vez más preocupante. Sobre todo bajo un gobierno que se declara socialista y que parece tener vergüenza de defender lo público.
¿Dónde está lo público en este ministerio? ¿Dónde la defensa de la cultura de todos? ¿Dónde la preocupación constante por el dominio público, por fortalecer e impulsar las nuevas formas de creación y cultura? ¿Dónde la homogeneización, agilización y transparencia de la gestión de derechos? ¿Dónde el mercado común europeo para poder comprar aquí lo que ahora compramos fuera?
El cine y las reclamaciones de una industria aterrada por los cambios tecnológicos, sociales y de consumo son sus grandes preocupaciones.
Leo el programa de las jornadas de digitalización cultural en la Biblioteca Nacional y las crónicas de la reunión y veo intervenciones sobre el negocio de la cultura, la propiedad intelectual de los creadores, la economía del libro o el proyecto Enclave que ha convertido la gran biblioteca de todos en una mala tienda donde su best seller sólo ha vendido 38 descargas.
Ni procomunes, ni ampliación del dominio público, ni una propuesta para las obras huérfanas, ni nuevos modelos de bibliotecas 2.0 (pdf) -como muchas sostenidas por bibliotecarios en lucha con la indiferencia institucional- ni nuevos modelos de propiedad intelectual abierta y flexible (sólo abordada de rebote).
Ni siquiera una invitación a los renovadores del sector editorial, que los hay aunque la miopía del ministerio y la presión de los grandes no les deje levantar la cabeza más de lo que sus fuerzas individuales pueden.
Pero todas las jornadas se inauguran con números, quejas del negocio, los alegatos de siempre de una propiedad intelectual que sólo protege el negocio de algunos y se empeña en no dejar desarrollar nuevos modelos voluntarios, abiertos y flexibles.
Pero lo peor, señora ministra, son sus esfuerzos denodados para resistir la ampliación del dominio público. Y el ministerio no sólo lo consiente, lo anima.
Tanto que su real aportación a la cultura popular es la promoción de las descargas por falta de otras alternativas razonables.
En este ministerio impera una visión economicista de la cultura y su creación. Sólo sabe dar subvenciones, imponer limitaciones a los ciudadanos, apoyar el pensamiento más rancio sobre la industria, primar al entretenimiento sobre la cultura y el conocimiento, despreciar los nuevos experimentos y valores para centrarse en la industria (competencia de otro ministerio), y olvida permanentemente que su función principal es defender la cultura de todos y el acceso de los ciudadanos.
La cultura no se crea sólo con dinero. Hace falta política cultural (sí, aquella invención francesa, sin complejos), apoyo a los nuevos creadores, talleres, formación y distribución para quienes no tienen espacio en lo comercial, promoción: la verdadera razón de un servicio público digital de contenidos y acceso.
Hace falta recuperar las obras huérfanas para todos, ampliar las obras de dominio público, devolver a la ciudadanía todo lo financiado con dinero público a través de licencias abiertas para su uso y disfrute, crear nuevos canales de encuentro entre autores y público, etc.
Lo que sobra es hacer informes de baja calidad, protestados por el propio sector. Transgredir la función principal de las grandes instituciones culturales públicas para convertirlas en malas promotoras del negocio. Perseguir a los ciudadanos sin ofrecerles alternativas adecuadas a sus hábitos y demandas culturales.
Muchos echamos de menos una institución de promoción de la cultura de todos, del patrimonio imprescindible y de lo nuevo que aún no conocemos.
Y sobra tanta demagogia y confusión.
Tony Judt, en los últimos días de una vida que se agota en la parálisis, defiende que lo único que sobrevive de la socialdemocracia es la defensa de lo público. Muchos coincidimos con esa visión y con la necesidad de un sector público eficiente, transparente, activo y volcado a defender lo de todos. Este ministerio hace mucho que no cumple esa función.
Ciérrenlo y devuelvan el dinero.

Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital

El Foro de Cultura Libre se celebra en Barcelona y allí se discute la propuesta de Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital, un documento dirigido a la presidencia española de la Unión Europea y donde se recogen ideas compartidas por muchos de nosotros y que han sido defendidas en este blog y en mis columnas en el diario Público.
Entre todos, con la fuerza de la sociedad civil, lograremos el derecho a ser digitales, pero es necesario tomar conciencia y luchar por las ideas que pueden hacer la sociedad de la información más rica, justa y participativa.
Entre ellas la banda ancha como servicio público universal, la neutralidad de la Red para que ningún servicio pueda ser penalizado, la necesidad de mantener en el dominio público los contenidos subvencionados con dinero de todos, estándares abiertos para la tecnología, el derecho de acceso a la información pública y en definitiva todas las medidas de aumento y protección de los derechos de los ciudadanos digitales en la era del acceso.



El borrador (gracias, Pepe) de la Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital, redactada por la Foundation for a Free Information Estructure.

España desempeñó un papel determinante en octubre de 1990, al presentar un primer texto articulado y motivado sobre la ciudadanía europea. La iniciativa logró entonces el respaldo del Europarlamento.
Finalmente, el Tratado de la UE institucionalizó la ciudadanía europea.

España debe aprovechar la presidencia para desarrollar las medidas necesarias para la preservación de estos derechos en un entorno donde las TIC pueden amenazar cuestiones básicas como la privacidad y el secreto de las comunidaciones e impulsar el acceso de los ciudadanos a la tecnología, la cultura y el conocimiento desarrollado en la esfera pública.
El progreso y la innovación tecnológica modifican los hábitos sociales, políticos y económicos, y es por eso que las normas y leyes deben adaptarse para seguir manteniendo los derechos de los ciudadanos en las nuevas circunstancias.
En este momento, es necesario asegurarse de que en la Era Digital se garantizan las condiciones necesarias, para que los ciudadanos sigan disfrutando de sus derechos fundamentales, sabiendo que una gran parte de sus actividades sociales, profesionales, culturales, comerciales, financieras, políticas o educativas, son realizadas telemáticamente mediante medios digitales y en redes como Internet.
Asegurar el acceso universal a una Internet neutral se ha revelado muy eficaz para paliar la crisis y para lograr un futuro más próspero para toda la población. La Neutralidad de la Red (Net Neutrality) es un gran potenciador de la innovación y del desarrollo económico, además de un estímulo para la competencia pero sobre todo es la
garante de los derechos civiles en el medio telemático.
Es por ello, que instamos al gobierno español a que promueva que en el corpus legal de la UE se declarare explícita y claramente que:

1) Los ciudadanos tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, modificado, bloqueado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera otra consideración ajena a su propia
voluntad.
Ese tráfico se tratará como privado y por lo tanto, secreto y solamente podrá ser secuestrado, espiado, trazado, archivado, o analizado en su contenido ni trayectoria, bajo mandato y tutela judicial, no pudiendo en ningún caso, ser sometido a la censura previa, o al secuestro administrativo de los contenidos (al igual que ocurre con cualquier otra correspondencia o comunicación privada).
[Art 12 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art 17 Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos]

2) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a contenidos, a ejecutar aplicaciones y usar servicios de su elección, así como a conectar dispositivos a la Red, sin más restricción a su interoperabilidad que aquella que establezcan las leyes.

3) Los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal de conexión a Banda Ancha según las normas internacionales (ITU-I 113), a que exista más de un proveedor (público o privado) y a que la oferta de este servicio de Banda Ancha no esté vinculada a la adquisición de otros productos o servicios.
Deben disponer de información veraz y suficiente sobre las condiciones y calidades de las conexiones de datos ofrecidas por los operadores y sus garantías legales.
Los ciudadanos tienen derecho al desglose y la segregación de servicios que tengan distinta facturación o tarificación adicional así como a elegir el modo de pago y a la protección contra el uso inadvertido de los mismos.
Tienen derecho a disponer de una via rápida y efectiva de atención y de reclamanción, a cambiar de operador y a ser indemnizados en caso de interrupción del servicio o degradación de la calidad contratada. Todo ello en un tiempo no superior al empleado en un proceso de alta en el servicio.

4) Los ciudadanos tienen derecho a la libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas, de las que financian, de las que subvenciona y de las que son derechohabientes, para que puedan ser usadas, copiadas, modificadas y redistribuidas, con o sin modificaciones, siempre que la obra derivada se distribuya en estos mismos términos, tal como establece la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL) dado que el fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización, así como la protección contra su apropiación en exclusiva por parte de terceros.
La transferencia tecnológica en estas condiciones, además de ser un acto de justicia social en su propia naturaleza, dado que todos los ciudadanos hemos sufragado estos contenidos científicos, culturales y tecnológicos a través del pago solidario de los impuestos, también supone uno de los mejores instrumentos para mejorar la competitividad de las empresas. De esta forma, las empresas accederían en igualdad de
condiciones a una gran cantidad de herramientas TIC de calidad y a un precio asequible, mitigando la fuga de capitales a través del pago de licencias. Esta transferencia tecnológica, también permite estimular el sector tecnológico y capacitaría a las PyMEs, para acometer los retos de innovación tecnológica y de modernización socioeconómica, que la sociedad del conocimiento libre, de todos y para todos, nos brinda, según pone de manifiesto la Declaración del parlamento europeo a favor del Conocimiento Libre y en la sección 9 del art III-248 del Tratado
de Lisboa.

5) Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos mediante protocolos, interfaces y formatos que sean estándares abiertos teniendo dicha actividad administrativa perfecta validez y seguridad jurídica.
En un Estado de Derecho moderno y democrático, la investigación, o persecución, de un acto presuntamente ilícito, haya sido cometido por el medio que fuere, no puede suponer la conculcación de derechos fundamentales contemplados en las Constituciones, o en la legislación de los Estados, sin la necesaria tutela judicial. Este es un principio básico que también es necesario trasladar y aplicar al espacio real
que es Internet. Se debe evitar así, la creación de ámbitos de actuación humana dominados por los pseudoderechos, o con mecanismos paralegales, en los que todo pueda ser interceptable, accesible, investigable y perseguible, solo en función de la disponibilidad tecnológica, o económica, de los agentes públicos o privados y sin
garantizar las debidas garantías judiciales.

Así lo indican derechos democráticos fundamentales como:
La inviolabilidad del domicilio: no se pueden registrar los equipos informáticos o telemáticos propiedad de los ciudadanos ni los que, aún no siendo propios, estén ubicados en sus casas o posesiones, sin un consentimiento expreso del dueño u orden judicial que lo autorice.
El secreto de las comunicaciones: no se pueden espiar, o conocer los datos que intercambien los ciudadanos sin orden judicial.
El límite a la informática y la tecnología para preservar la intimidad personal o familiar: no se pueden hacer estimaciones estadísticas de tráfico de la Red que permitan conocer la actividad que se está desarrollando en esos equipos informáticos personales sin su correspondiente orden judicial.
El derecho a una comunicación libre: que abarca la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, y el desarrollo de las tareas docentes.
El derecho a la información: a recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, del secuestro administrativo, o de cualquier otra maniobra que dificulte el libre acceso a os avances científicos, la información y a la cultura.
El derecho a que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial.
El derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos públicos, cualquiera que sea su soporte.

En países como España, con una de las legislaciones más avanzadas de la Era Digital:
Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las administraciones públicas para el ejercicio de sus deberes y derechos por medios electrónicos, eligiendo con libertad sus aplicaciones y sistemas operativos, siempre que utilicen estándares abiertos en sus comunicaciones.
Por su parte, las Administraciones Públicas quedan obligadas a asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias con la máxima transparencia y publicidad del procedimiento.
Por tanto, el acceso a universal a redes neutrales es una obligación de los proveedores de servicios de la Sociedad del Conocimiento que los gobiernos deben garantizar. Dicha obligación debe basarse en una escrupulosa observancia y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, dado que ahora estos derechos también se ejercen por medios digitales y a través de redes de telecomunicaciones. Además el
patrimonio intelectual público debe estar a libre disposición de los ciudadanos para su aprovechamiento.

Estado de bienestar digital

¿Por qué los ciudadanos pueden disfrutar de una enorme y gratuita oferta de radiotelevisión pública y no de acceso y contenido similares en internet? Va siendo hora de que leyes y gobiernos se actualicen a la velocidad de sus ciudadanos.
Los servicios de información, cultura, educación, entretenimiento, identidad, pluralismo, participación y fomento de la sociedad de la información que justifican la radiotelevisión pública están en internet. Además son abiertos, participativos y con menos barreras a la publicación y difusión de contenidos. No dejan tanto espacio a la propaganda, así que los políticos no están tan interesados en una sociedad de la información sin su control.

¿Imaginan una red social de ciudadanos para una verdadera política P2P? ¿Y redes cívicas de ciudades, pueblos, autonomías o entre ciudadanos conectados libremente con acceso gratuito e ilimitado en espacios públicos? ¿Y por qué no poder disfrutar de los contenidos de dominio o titularidad pública desde cualquier lugar con cargo a lo que ya pagamos con impuestos?

Es hora de actualizar el manoseado artículo 20 de la Constitución para garantizar de forma efectiva, y hoy posible, la libertad de expresión, creación y comunicación de todos los ciudadanos. Eso implica dotar a la sociedad de la información de plataformas inclusivas y eficientes de acceso y gestión de contenidos públicos a través de acceso universal a la Red.

Animo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ahora que quiere permitir wifi municipal gratuito con limitaciones para no obstaculizar la competencia debería ir más allá y promover una reforma legal para hacer real una sociedad de la información que debe servir a los ciudadanos además de engordar los resultados de las telefónicas.
Animo a sus señorías parlamentarias, especialmente a los devotos de blogs y redes sociales, a reformar el estado del bienestar analógico para promover la conexión entre los ciudadanos y el disfrute abierto y gratuito de los contenidos informativos, culturales o de entretenimiento que justifican las televisiones, las subvenciones al cine, a las artes, la ciencia o los museos. Y para impulsar la transparencia que permiten las herramientas de gobierno abierto y la administración electrónica.

Es efectivo, es barato, es simple, anima a la participación, fortalece la democracia, la cultura, la ciencia y puede acabar con algunas peleas estúpidas sobre subvenciones a unos pocos. Trasladen el estado del bienestar al ciberespacio y aprovechen sus ventajas para crear una sociedad más plural, culta y rica.
Y déjense de propaganda.

Columna semanal en Público

Más contenidos para los ciudadanos

¿Por qué a los políticos les preocupan tanto los derechos de unos pocos y tan poco los de muchos? Siguen empeñados en reducir el acceso a los contenidos digitales, una parte de ellos financiados con fondos públicos (impuestos) que los ciudadanos nunca recuperan.
El Congreso discute una nueva proposición no de ley presentada por el diputado socialista Rafael Simancas para “ordenar la circulación de contenidos en Internet, hacer frente a la piratería cultural, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industria cultural”. Otra apelación invocando los derechos ciudadanos para garantizar el negocio de una obsoleta industria cultural.
Europeana, la nueva gran biblioteca europea duró sólo un ratito. Al poco de estrenarse se suspendió su servicio por la afluencia de internautas en busca de los dos millones de contenidos digitales anunciados, señal indudable del interés por la cultura y su acceso en red en la sociedad de la información y de la falta de previsión de los responsables del proyecto europeo, que después de varios informes de especialistas en los programas i2010 y eContentPlus no ha conseguido mejorar la recuperación de las obras huérfanas (de las que se desconocen los titulares de los derechos de autor), ni de las obras descatalogadas, y mucho menos de las obras con derechos vigentes.
Ni siquiera los que están en poder o son gestionados por instituciones públicas.
La Comisión Europea quiere avanzar hacia la Europa 3.0, pero cada vez que loa la innovación y la participación de los ciudadanos refuerza de inmediato la preservación de los derechos de autor y propiedad intelectual con mayores períodos de vigencia y más restricciones.
Ni siquiera la financiación pública de las obras y de su digitalización revierte en derechos para los ciudadanos ni en una ampliación del dominio público. Y eso pese a las recomendaciones de la OCDE o la propia Comisión sobre el acceso abierto a la cultura y a los datos de las investigaciones financiadas por dinero público: la llamada ciencia abierta. Pero tampoco se cumplen las propias directivas europeas sobre acceso a la información de las administraciones públicas, que en muchos casos siguen sin ser de dominio público.
En 2006 las administraciones españolas gastaron 5.932 millones de euros en cultura, un 0,6% del PIB y más de 135 euros por habitante. La recaudación por derechos de autor fue de 476 millones de euros (511 en 2007). No estaría de más que al menos una parte de la inversión pública en cultura y ciencia revirtiera en un aumento del dominio público y la mejora del acceso a los contenidos de los ciudadanos con el uso de derechos flexibles y una reducción del tiempo y ámbito de explotación de todas las obras financiadas con fondos públicos.

Columna semanal en Público

Actualización: los socialistas enmiendan la proposición no de ley de Simancas. Pero seguimos pasos por detrás de una verdadera concepción social de los contenidos en internet y los procomunes.

Un salón con demasiados pasillos

Ya hay acuerdo entre el alcalde Gallardón y la baronesa Thyssen sobre el llamado Salón del Prado en Madrid.
Los coches volverán a pasar por los dos lados del bulevar central a partir de la Plaza de Neptuno (Cánovas del Castillo) y el Museo Thyssen sólo tendrá dos vías para vehículos más un carril bus frente a los cinco del proyecto anterior.
La baronesa Tita Cervera logra una victoria con pinta de ardid de Gallardón.
El arte puede haber mejorado. Pierde el espacio público.
El discutido Salón del Prado queda en zaguán con circulación por los dos lados, cercando el espacio abierto para los paseantes. El bulevar del Prado seguirá encajonado por el tráfico entre Neptuno y Cibeles. Sólo se salva en parte el frontal del Museo del Prado, con cinco carriles a un lado y un carril bus al otro.
En Madrid lo difícil no es sólo entrar a los museos. Escapar del tráfico es más complicado. Un salón con sólo un pasillo de acceso era un lujo. Apresado entre carriles por todos los lados es sólo un bulevar contaminado y polvoriento más.
Y habrá que ver cómo la nueva estructura de circulación afecta a un Retiro permanentemente amenazado y donde el Ayuntamiento se empeña a fondo en convertirlo cada vez más en un palacio de congresos para favor de amigos y riqueza de las arcas municipales.

Cibeles vuelve a okupar El Retiro

Ahí la tienes, como Ella-la-araña de Tolkien. Cerrando el paso. Achicando el espacio público de los ciudadanos y cerrándolo para negocios privados. Estricta entrada por invitación. En Cibeles sólo entran los del negocio, los políticos que se apegan al glamour y los del canapé eterno.
La Pasarela Cibeles vuelve a ocupar El Retiro y al alcalde Gallardón le importan un bledo los juegos de los niños, la lectura de diarios y libros de los ciudadanos atronados por el ruido de los generadores, los paseos interrumpidos, los patinadores parados.
Es el espectáculo.
Y el dinero. Ifema se lleva Cibeles al Retiro y gana espacio para meter más ferias en el Recinto Ferial. Ese que está en el quinto pino y tan poco gusta a los de la moda.
¿Y los ciudadanos?
Empezaron en septiembre pasado y ya van tres. Y a nadie se le ha ocurrido abrir la pasarela de la moda a la gente, como marca la regulación municipal para eventos en los parques. Una pantalla gigante para los mirones y vía.
Porque la calle es mía y de los negocios que nos gustan, dirá Gallardón, acompañado por la sonrisa de foto de la presidenta Esperanza Aguirre, ambos accionistas y responsables de Ifema como máximos cargos de sus instituciones.
Los ciudadanos, sacrificados por la moda y el negocio. Otra vez.

Jazz en El Retiro

En el Bosque de los Ausentes del Retiro los cipreses de los muertos amarillean. Serán los efectos de la conspiración. A la vera de la montañita del recuerdo a las víctimas del 11-M un grupo de personas se reúne para escuchar jazz.
Tarde de sábado. Resuenan en los aburridos diarios las promesas repetidas de esta campaña sin fin de la política española.
El cuarteto se emplea con Bill Evans.



Alejados de los fastos del Lago de los Cisnes, representado en el gran estanque del parque, sumergido por un macroescenario, la música se entiende con las palabras en mil idiomas prendidas en cartelitos tras los músicos.
Antonio Carlos Jobim.
La cantante tiene tantos registros como distinta es la gente que escucha. A la guitarra un músico desgrana acordes a lo Django Reinhardt.
La audiencia son paseantes atrapados por un swing, grupos de jóvenes en busca de sombra para la cerveza, padres con hijos que juegan alrededor.
Sarah Vaughan.
Aquí no faltaban sillas ni había empujones. Todos cabíamos y podías sentir el retumbar del contrabajo en las láminas de la silla.
En una esquina del Bosque del Recuerdo, donde la planificación afrancesada del alcalde Gallardón se topa con los viejos árboles de un Retiro más abierto, la música encuentra y nos encuentra sin el arficio que a menudo asfalta el parque de trailers y achica un espacio público, ensordecido por tanta fanfarria.
Ella canta. Suena una guitarra. Saluda un amigo.
So nice.



[Poco después llego a casa y me encuentro a la España de la peor copla convirtiendo por la tele a la Pantoja en estandarte de quién sabe qué porque toca en Valladolid mientras sus millones sospechosos también valen para la política del engaño]

copianos.com y la maldición de internet

www.copianos.com es la web que varias gestoras de derechos como la SGAE, Cedro, Egeda, Vegap, AISGE y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes han lanzado el Día de Internet para luchar contra la piratería.
Proponen un Código de Buenas Prácticas en Internet y una sección llamada Algunos riesgos de internet donde vuelven a demonizar la Red y alertan a los padres sobre los peligros de los contenidos violentos y sexuales "que en una gran mayoría proviene de las redes P2P", los riesgos de la copia y sustracción de números y códigos de tarjetas de crédito, las citas peligrosas acordadas por internet, el juego, las drogas, la adición a internet. Puro FUD, publicidad negativa. Un infierno, vamos.
Siguen olvidándose de celebrar el Día de Internet con nuevas iniciativas para cambiar su modelo de negocio y no reconocen lo que tanto repetimos: no somos piratas, sólo queremos una gestión de los derechos individuales adaptada a las nuevas tecnologías y que no impida la creación y la difusión del conocimiento y las artes.

El gráfico de The Economist (Free ideas) muestra cómo se ha extendido la duración de los derechos intelectuales durante los últimos cien años. No cubren ya la vida del autor, sino que los dejan en manos de sus herederos y, sobre todo, de compañías de gestión que viven del trabajo de los autores a costa del público.
En la última edición de Foreign Policy, Lawrence Lessig vuelve a explicar la demanda de muchos ciudadanos: respetemos la propiedad intelectual, pero ampliemos también el espacio de dominio público y creemos nuevas formas de gestionar los derechos, gracias a la tecnología, que permitan la cita, los usos no comerciales, la intertextualidad reconocida e identificada, y etc.
Ellos no lo recuerdan, pero a mí me gusta repasar el punto 26 de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que celebrará su segunda fase el mes que viene en Túnez:

Un dominio público rico es un factor esencial del crecimiento de la Sociedad de la Información, ya que genera ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos,innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. La información del dominio público debe ser fácilmente accesible en apoyo de la Sociedad de la Información, y debe estar protegida de toda apropiación indebida. Habría que fortalecer las instituciones públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario, para promover la preservación de las constancias documentales y el acceso libre y equitativo a la información.

Pero los socios de Cópianos prefieren seguir demonizando la Red. No los copies, no somos piratas.

P21 | Contra la piratería y el enredo
P21 | Los abusos de los autores