La Comisión Europea paraliza el nuevo sistema de financiación de RTVE. El ejecutivo europeo duda de la legalidad de las nuevas tasas sobre los ingresos de las telecomunicaciones (0,9%), las cadenas privadas (3%) y las de pago (1,5%), siempre que no sean autonómicas o locales, además del 80% de las tasas de ocupación del espectro radioeléctrico.
La Comisión teme restricciones a la competencia, distorsiones en el mercado, además de falta de control y proporcionalidad de la financiación del servicio público de radiotelevisión.
Quejas ya enviadas al gobierno por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en su informe sobre la nueva financiación, donde además propuso un sistema alternativo basado en la tasa del espacio radioeléctrico y la aportación de las televisiones. Un sistema que liberaría más frecuencias para los nuevos servicios digitales de la sociedad de la información (el llamado dividendo digital) y sería más justo al gravar sólo a las empresas que compiten en el mismo mercado y utilizan el mismo dominio público.
Tanto la industria de las telecomunicaciones como la CMT fueron desoídas. La Comisión Europea recoge sus quejas en su decisión de ayer (pdf).
Europa prefiere que España financie los 1.200 millones de coste de RTVE sin publicidad directamente de los presupuestos del Estado. Sin crear nuevas ayudas ni impuestos perniciosos para la competencia y que desdibujan el coste de la radiotelevisión pública para los ciudadanos.
Y vuelve a recordar que las leyes europeas sólo permiten financiar el servicio público. Una definición imprecisa y laxa con las leyes anteriores, en la nueva RTVE y también en la futura ley audiovisual.
A los políticos les cuesta definir y controlar el servicio público de radiotelevisión. No es de extrañar con un telestado -estatal y autonómico- de enorme rendimiento político, a pesar de su ruina para los ciudadanos: más de dos mil millones de euros anuales, 1.200 de ellos en subvenciones.
El poder se asienta en la tele y el dinero público.
Al debate sobre la financiación de la televisión pública se suma ahora el sostenimiento de la vieja industria audiovisual con gravámenes sobre internet y los nuevos medios. Nicolas Sarkozy es el adelantado en Francia con su propuesta de un nuevo impuesto sobre los grandes de internet para financiar la vieja industria mediática y cultural, como ya hizo con su plan para la prensa y la televisión.
La pregunta es qué hay que salvar: ¿los medios? ¿los medios públicos? ¿los contenidos? ¿la información? ¿a la industria? ¿a los periodistas?
Subvencionar empresas inadaptadas al mercado y la realidad no tiene mucho sentido. Tampoco sostener las ganancias de directivos ni accionistas. Errores ya vistos en otros salvamentos públicos como los de la banca, el sector automovilístico y otros.
Lo valioso es la información, los contenidos, la pluralidad, el empleo, el servicio público, el patrimonio común y esa democracia sólo posible con una ciudadanía bien informada.
Para eso se necesita independencia, profesionales cualificados, contenidos de calidad, plataformas tecnológicas adecuadas, acceso para los ciudadanos, más espacio público, más diversidad, nuevos modelos de negocio. Pero también transparencia pública, administrativa y responsabilidad política.
¿Por qué la solución es siempre aumentar la concentración y socializar pérdidas de negocios millonarios durante muchos años en lugar de estimular los nuevos medios y proyectos?
Cuando los ciudadanos tienen cada vez más posibilidades de acceso a la abundancia de contenidos de la era digital, lo importante no son los medios, sino los contenidos y las plataformas de acceso. Promover contenidos de calidad, enriquecedores, plataformas abiertas de acceso a contenidos de dominio público y en el caso del servicio público, que efectivamente sirva a la ciudadanía.
Vale la pena pensar en un nuevo servicio público digital abierto, plural y participativo en lugar de seguir sosteniendo el telestado del falso bienestar de los medios de masas.
Financiarlo con transparencia, gestión responsable y un sistema justo y adecuado a los contenidos y servicios que se garantizan.
