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Monday, March 25, 2013

Cinismo contra las descargas

De la ley Sinde a la ley Lassalle contra las descargas y continúa la ceguera. Acabar con las descargas es imposible. Controlar los enlaces de internet también, además del peligro de la censura. Un canon digital pagado con dinero público es un escarnio cuando se limita la copia privada. Igual con el uso de textos educativos cuando la mayoría los pagamos apriori con sueldos y ayudas públicas a docentes e investigadores. El gobierno se ufana de proteger los derechos de autor, pero olvida aumentar el negocio, animar la cultura y proteger a los consumidores.

El Ministerio de Cultura alude en su anteproyecto al impacto digital sobre el entretenimiento y la cultura para proteger “los derechos de propiedad intelectual”. Ese no es el problema. La clave es ofrecer más contenidos en todas las plataformas y dispositivos, a mejor precio y cuando desean los consumidores. Reducir barreras comerciales y animar un mercado más abierto. Sin monopolio de las grandes productoras y distribuidoras de música o cine o de las editoriales dominantes. Sufrimos el absurdo de no poder vender o alquilar, pagando derechos, lo ya visto gratis en televisión.

La propuesta avanza en perseguir el dinero, no a la gente. Pero en lugar de bloquear la publicidad en las webs de descargas debería cobrar por ellas. Internet no dinamita los derechos de autor sino la distribución por ventanas (tiempo y canal) y precios controlados por la gran industria. Cuando una copia está disponible debería poderse distribuir, alquilar o vender libremente por cualquier canal remunerando con precio de mercado, no como ahora fijado oligopólicamente, a sus propietarios. La llamada doctrina de la primera venta y la flexibilización del mercado que se busca en la Unión Europea. Aumentaría la oferta legal, rebajaría precios y fomentaría el consumo. Es el objetivo de gigantes como Amazon, Google, YouTube o Netflix.

No seamos tan tercos con ciertos derechos y ganemos con un negocio más abierto y justo para todos antes que nuevos dueños sustituyan a viejos monopolios.

Columna en los diarios de Vocento

Friday, March 22, 2013

De la ley Sinde a una mala ley Lassalle

El gobierno Rajoy aprueba la ley Lassalle, el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad intelectual que sustituye a la contestada y criticada ley Sinde. Mejora algunos aspectos y otros los empeora, pero sobre todo pierde una oportunidad para repensar la propiedad intelectual y los derechos de autor en la era digital y con más consenso de todos. La enorme contestación de casi todos los sectores augura una ley frágil y caduca antes de nacer porque no recoge algunos elementos clave para el negocio y el consumo digital.

Según el texto conocido hasta ahora, la propuesta empeora algunos derechos como la copia privada (ahora sólo temporal y más restrictiva) y sanciona un canon digital que pagan todos los ciudadanos, más injusto que el anterior.
Además reduce el derecho de cita en la educación al excluir a los libros de texto y obliga a las universidades a pagar un canon por los materiales de la enseñanza que amplía los actuales.

Entre las mejoras está el mayor control y supervisión de las sociedades de gestión de derechos de autor, obligadas a mayor transparencia en su actividad, para evitar escándalos como el de la SGAE.
La supervisión de las tarifas y licencias de derechos de autor trata de evitar el abuso actual de las gestoras, pero no plantea un mercado dinámico, abierto y transparente. La regulación de tarifas no garantiza una oferta más adecuada si no se hace por un organismo autónomo y con criterios de mercado y promoción de nuevos negocios. Una supervisión para la que sería necesario una autoridad de la competencia independiente, como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el fenecido Consejo Audiovisual (CEMA), no un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

La ley Lassalle mejora la persecución contra las webs de descargas no autorizadas y permite perseguir los enlaces aunque los contenidos estén alojados por otras páginas y servidores cuando hay elementos objetivos de que se dedican a difundir y comercializar contenidos protegidos y cuya difusión no está autorizada.
Entre las novedades destacan las herramientas para cortar el negocio de las descargas. La intención es perseguir el dinero, no a la gente, bloqueando la publicidad y los pagos. Para que esa medida sea efectiva debería adoptarse una interpretación liberal de la doctrina de first sale o primera venta (como la que acaba de efectuar el Tribunal Supremo de Estados Unidos).
De esa forma se diferenciarían las copias no autorizadas de las licencias de uso y permitirá cobrar una licencia universal para todas las copias. Un mercado secundario para las descargas no autorizadas que permita cobrar a quienes las distribuyan con el fin de recuperar ingresos para los autores y acercar el mercado irregular al comercial.
Mejor cobrar derechos de las descargas que seguir persiguiendo lo imparable y enredándose en procesos administrativos y judiciales que no impulsan la creación de un mercado legal más atractivo ni cambian los hábitos de muchos internautas.
La intención de bloquear la publicidad en las webs de descargas es bastante inútil tal como funciona el mercado de la publicidad digital, con muchos mayoristas, contratación indirecta y automatizada (el que más crece), sin relación directa entre anunciantes y soportes, como explica Julio Alonso.

Los buscadores, la cita y los enlaces privados o sin ánimo de distribución masiva o intencionada de descargas no autorizadas quedan fuera de la persecución de la Comisión de la Propiedad Intelectual. A pesar de las excepciones, el problema es de garantías.
La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual sustituye la garantía de los jueces por un procedimiento administrativo. Los integrantes de la comisión pertenecen a cuatro ministerios (Educación y Cultura, Economía, Industria y Presidencia), sin representantes de los consumidores ni del sector, pero sin constituirse como una autoridad independiente, como menciono arriba.
Las garantías, los derechos y la interpretación de una ley con muchas lagunas queda en manos del poder ejecutivo. Un nuevo error y una erosión de derechos cuando se puede recabar información de las operadoras de telecomunicaciones sobre las webs y páginas denunciadas, y cuando los procedimientos de sanción y defensa no son claros y garantistas.

La reforma de la propiedad intelectual aún tiene recorrido en el Congreso, pero no hay muchas esperanzas de mejora sustancial cuando se analizan las posiciones pasadas de los grupos políticos. Como en tantos otros temas, la realidad, la audiencia y la evolución del negocio va mucho más rápido que las leyes.

Monday, January 21, 2013

Mega, cifrado para la privacidad



Mega, una capa de cifrado para los contenidos privados. Con la clave en poder del usuario junto al poder y la responsabilidad de compartir el contenido.
Cloud computing y codificación para la seguridad/opacidad desde el navegador (Chrome).
Cortesía de Robin Hood Kim Dotcom contra el extremismo del copyright.

Wednesday, January 09, 2013

La guerra de la prensa contra la economía del enlace

Los diarios irlandeses avanzan en la batalla contra la economía del enlace con su pretensión de cobrar por enlazar sus contenidos. Un paso más en la lucha de la prensa por rentabilizar sus contenidos en internet. Los editores españoles intentan crear una SGAE para la información mientras Francia, Alemania o Brasil luchan por implantar una tasa Google para cobrar a buscadores y agregadores. En Bélgica hay acuerdo entre prensa y Google para que todo siga igual. Suena la alarma contra el derecho al enlace, la base de la web, como ha explicado su fundador Tim Berners-Lee. El problema es quién es el propietario de la información. Cómo se rentabiliza la obra periodística cuando sólo lo que se enlaza y comparte tiene auténtico valor informativo, democrático, social y económico. Es el impacto de la economía del enlace y del poder del usuario -de la demanda- en el mercado digital. Una economía y un negocio opuesto al control del acceso y de la publicación propia de los medios tradicionales. Una batalla en la que pierden los usuarios y la sociedad de la información.

A la denuncia de intentar destruir la naturaleza de la web por cobrar el enlace a sus contenidos (desde 300 euros en adelante), los diarios agrupados en National Newspapers of Ireland (NNI) responden que sólo reclaman remuneración por la utilización comercial de los enlaces. "Los miembros de NNI nunca se han opuesto a que el contenido de los diarios sea utilizado por otros para el uso personal", señalan. Los periódicos irlandeses "aceptan que el enlace para uso personal es parte de la comunicación online de los inviduos y no tenemos objeción".

La prensa da un paso más en la guerra de la propiedad del copyright e intenta no sólo cobrar por la copia o la cita, sino por el enlace a sus contenidos -la práctica conocida como deep linking: enlace directo. Un privilegio todavía no permitido en la legislación irlandesa ni en la europea. Incluido ya en las condiciones legales de algunos medios, pero no en las licencias de Newspaper Licensing Ireland Limited, la sociedad de gestión de derechos de los editores, similar a la que se quiere implantar en España.

En una reciente consulta legislativa para reformar la propiedad intelectual (pdf), la prensa irlandesa intentó abortar la práctica del uso justo (fair use) del copyright norteamericano que ampara el derecho de enlace. En España los editores reclaman una compensación por copia privada como la de la música, la televisión o el cine.

Los diarios irlandeses rechazan la neutralidad de los enlaces y se aferran a una sentencia británica que reconoce la propiedad de los contenidos periodísticos y a los titulares y sumarios de las noticias (los snippets de Google, por ejemplo) como obras con derechos de autor.

Muchos periodistas creen que los editores perdieron la batalla contra los buscadores y agregadores cuando dejaron enlazar sus contenidos y permitieron la aparición de sumarios. Esos resúmenes ofrecen cada vez más información al incorporar fotos, vídeos, microdatos, música, datos útiles, etc. Ya no sólo los utiliza Google, son habituales en las principales redes sociales como Facebook, Linkedin o Twitter, donde los editores pueden elegir cómo publicarlos.

Los medios se debaten entre la necesidad de ganar audiencia y relevancia con la optimización en buscadores (SEO) y el marketing viral en las redes sociales frente a la presión de hacer rentables los contenidos cuando una gran parte de los usuarios no pasan de esos títulos o extractos para llegar a la fuente de la información.

Es la maldición de la pirámide invertida: cuando lo más relevante de las noticias está en el título y en el primer párrafo, para muchos es suficiente en la era de la abundancia. El estilo que los periodistas crearon para hacer más comprensible y rápido el acceso a la información se vuelve en su contra en la era digital.

La lucha de la prensa contra el enlace y la cita amenaza el propio derecho a la información y a su titular: las personas. La posibilidad real de publicar, enlazar, compartir, comentar, editar, recomendar o republicar contenidos conseguido con internet es el triunfo de la democratización de la información nacido con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reconocido desde entonces por casi todas las legislaciones democráticas, como en el artículo 20 de la Constitución Española (1978).

El periodismo hace su negocio con una riqueza que no le pertenece: la información es del público y sólo el interés público legitima el ejercicio periodístico. Es un servicio que aporta valor añadido e inteligencia al relato de la realidad más que una creación. En eso se parece a los buscadores, agregadores y redes sociales que ofrecen a los usuarios espacio digital y capacidad de publicar, comentar, compartir, ordenar y distribuir contenidos propios o ajenos.

La Declaración de Derechos Humanos cierra la etapa de la propiedad de la información por los editores, como antes había sido de los reyes y de la Iglesia que permitían licencias para imprimir y publicar. Cuando los periodistas comenzaron a reivindicar con fuerza sus derechos de autor sobre la información les sobrepasó el asalto ciudadano a la información y los contenidos. Desde entonces los editores luchan para mantener el control de la propiedad de la información contra las propias redacciones y contra los derechos humanos.

No es difícil reconocer la propiedad y el derecho a la explotación comercial del artículo, el periódico, la revista o un telediario (obras derivadas de la información, en jerga jurídica) pero es más complejo marcar los límites del derecho de cita, enlace o comentario que hacen real ese derecho a la información.

Editores y periodistas tienen derechos sobre el producto, pero la información es de todos. En ese derecho se ampara la cita, la copia privada, la parodia o la reutilización de partes del contenido como reconoce la legislación europea y española. Los nuevos medios de internet han encontrado cómo aprovechar y ampliar ese derecho a la información. Unos añadiendo valor y funcionalidades para los usuarios, otros sólo copiando y esquilmando los contenidos ajenos.

El problema del negocio del periodismo no está en diseñar complejas barreras para cobrar a los aprovechados, sino en recuperar el valor de la información original y su reconocimiento por ese público que hoy se contenta con el esqueleto más breve de la noticia o con los enlaces y citas de quienes ofrecen más acceso a los contenidos sin aportar criterio, inteligencia o más información.

Artículo en ElDiario.es

Sunday, December 16, 2012

Google vuelve a ganar a la prensa


La realidad vuelve a ganar a los diarios. Google vence a la prensa belga y marca el rumbo para su disputa con los editores españoles, franceses o alemanes. Aunque los diarios belgas anuncian una victoria pírrica en su batalla de seis años por cobrar al Gran Buscador, el resultado es inapelable. Google no pagará y sólo se compromete a hacer lo que ya hace, con la prensa y el resto de la web: ampliar su negocio publicitario y vincular más a los diarios con servicios como Google+.

Caras largas entre los defensores de la tasa Google: el canon por citar y enlazar contenidos. El buscador sólo pagará los costes legales y anunciará sus productos en los diarios, como ya hace en revistas y otros medios. Alrededor de cinco millones de euros frente a los 49 millones solicitados por Copiepresse, la sociedad de gestión de derechos de los editores como la que quiere imitar la española Aede. Una idea resistida por el gobierno y donde las disputas entre editores limitan su capacidad de presión. Nada que ver con la bien organizada Uteca, la patronal de la televisión, dominada por Mediaset y Antena 3, y siempre mimada por los políticos.

El acuerdo de Google con los periódicos belgas muestra un fracaso en entender cómo funciona el mercado digital y agudiza las diferencias entre la televisión –con control de la distribución y sus derechos de propiedad intelectual- frente a la desguarnecida prensa.

Imaginemos que los diarios quisieran cobrar a los kioscos por mostrar sus portadas. Eso es Google. Antes la gente llegaba al diario a través del kiosco y la prensa se devana los sesos para conseguir más puntos de venta: más oportunidades de mercado, atención y contacto con la audiencia y los lectores. Ahora la información se consume en gran parte a través de Google (30 a 50% de las visitas) y las redes sociales. No aprovechar los nuevos canales es seguir perdiendo audiencia y relevancia. Por eso los editores siempre amenazan sólo con salir de Google News, un canal casi irrelevante a pesar de su utilidad para los superconsumidores de información.

Cuando los diarios reivindican la tasa Google reconocen su incapacidad para dominar el nuevo mercado y negocio de los medios cuando no controlan el soporte y la distribución. Se preocupan por unos magros derechos de reproducción cuando la publicidad se escapa a raudales hacia los medios y soportes digitales. Cada vez tiene menos contenidos de calidad única por los que valga la pena pagar y el resto tienen baja capacidad comercial. Ese es el gran problema.

Google y los diarios se parecen, ambos trabajan con contenido ajeno. Los diarios, con la información, que es de todos. El periodismo crea productos –esos sí de editores y periodistas- con información pública. Hasta hace poco era el mejor lugar para la publicidad junto a la televisión.

Google hace su negocio con enlaces, contenidos de otros convertidos en un nuevo producto y canal –las búsquedas- al que suma su inventario y comercialización de publicidad en cualquier medio digital. La mitad de la publicidad digital ya es suya y arrebata esa riqueza sobre todo a la prensa.

El viejo código de los diarios -los artículos, las páginas, el periódico- superado por el código digital que cambia los algoritmos periodísticos por el page rank y la publicidad de Google.

La única protección para los diarios es retirar sus contenidos tras un muro de pago. Una opción analizada por los editores españoles con poco acuerdo. Pero sobre todo generar un nuevo mercado publicitario no sometido a un CPM de precio bajo y subastado en tiempo real, como hace Google y ahora cada vez más publicidad digital (ad exchanges, RTB, programmatic buying…).

La tasa Google no es la solución. Lo saben los diarios aunque no lo confiesen. Google, también. Por eso puede seguir resistiéndose a pagar por lo que cada vez se valora menos.

Artículo en ElDiario.es

Saturday, December 08, 2012

Canon digital estatal y pagado por todos

El canon digital ya no es sólo injusto e indiscriminado porque lo pagan los consumidores de electrónica:  ahora lo pagan todos los contribuyentes con sus impuestos vía Presupuestos del Estado. Un Gobierno liberal empeñado en liberalizaciones y privatizaciones estataliza y convierte en tasa pública y universal lo que hasta ahora era un impuesto privado de autores y creadores. El canon Lassalle, secretario de Estado de Cultura, está dictado por un estudioso del liberalismo sin buscar el compromiso cívico y económico que ha defendido en sus libros.

José María Lassalle y el ministro José Ignacio Wert, aislados como los ratoncitos ciegos, imponen una compensación por copia privada que perjudica a todos, no satisface a nadie y no soluciona los desafíos de la propiedad intelectual en la era digital.

Cultura pagará cinco millones este año a las sociedades de autores frente a los 115 millones recaudados en 2011. El coste lo asumen unos Presupuestos repletos de recortes en servicios públicos básicos como sanidad y educación. Las sociedades de autores y editores (SGAE, Cedro, Egeda, AIE, Aisge, Dama, Vegap, etc.) pierden uno de sus poderes y principal fuente de financiación.

Los autores perderán ingresos y los ciudadanos pueden vivir la irrealidad de no estar pagando por lo que antes veían en la factura de sus compras. En la doctrina del PP, lo que no se ve no existe.

El canon Lassalle es la renuncia a repensar la propiedad intelectual en el mercado digital, con las autoridades europeas y de la competencia reclamando una reforma a fondo de las sociedades de gestión, los derechos de autor, la copia privada y los nuevos negocios de contenidos digitales para aumentar el mercado y proteger tanto a autores como a consumidores, como explicaba esta semana el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier.

El nuevo canon no impone una tasa a los grandes distribuidores digitales como las telefónicas o las multinacionales de internet. Una propuesta alentada por los gobiernos alemán y francés para crear la llamada tasa Google: cobrar el canon por derechos de autor a las grandes empresas y plataformas. Las sociedades de derechos publicaron un manifiesto en noviembre alertando de lo que consideran una discriminación que los castiga.

La promesa de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, avejentada por las nuevas tecnologías tras 25 años de vigencia, se retrasa. Unos dicen que a la espera de Bruselas, otros que a mejor momento político.

El PP siempre ha utilizado propagandísticamente el canon digital. Ahora convierte en permanente el apaño de suspenderlo al poco de llegar al poder para contentar a los internautas.

Pero la puesta en marcha de la ley Sinde-Wert contra las descargas y el nuevo canon universal revela un Ministerio de Educación y Cultura sin visión del mercado, con responsables que prácticamente no se hablan, vigilados por la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría y donde tanto Industria como Hacienda intentan imponer los intereses de la industria y del fisco a toro pasado, cuando las decisiones ya han sido tomadas sin su conocimiento.

Consumidores y autores tendrán que volver a esperar ideas y consenso de un Congreso incapaz de consensuar un nuevo marco jurídico o seguir confiando en el mercado único de contenidos digitales propuesto por Bruselas. Otros harán uso intensivo de una copia privada que ahora parece justificarlo todo.

Análisis en ElDiario.es

Wednesday, December 05, 2012

Diarios contra Google: pelea por el negocio de la información

Los editores de diarios españoles se suman a la propuesta de Alemania o Francia de imponer una tasa Google: cobrar a las grandes empresas digitales por el uso de los contenidos de los periódicos. La batalla se dará en la discusión de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LDI), una promesa del gobierno aún incumplida. Los editores quieren rentabilizar sus contenidos frente a la migración de la publicidad y la audiencia a internet aumentando los precios del contenido: es la táctica seguida con el aumento del precio de venta de los diarios y se busca con los derechos de autor, los únicos que continúan subiendo en el mercado de contenidos gracias al control de las sociedades de gestión

La pretensión de los editores choca con algunos derechos ciudadanos, con los hábitos de la audiencia y con los intereses de la industria digital, pero no evitará la crisis de la prensa: más debilitada en el negocio que en la audiencia y los contenidos.



Algunos apuntes y reflexiones sobre las demandas de los editores y la naturaleza de la crisis real de la prensa.

Los editores reclaman una remuneración por derecho de cita. No reclaman sólo cobrar a Google, sino tener los mismos derechos de recaudación de copia privada que otros autores y contenidos como los libros, la música, el audiovisual, etc. Muy parecido también a las patentes de Google y las que sigue comprando. 
La reclamación se basa en los artículos 3233 de la LPI, donde se recoge el derecho a percibir una compensación por acuerdo o equitativa.

La pretensión de los editores no rompe la red ni la estructura del enlace, como no lo hace el canon sobre copia privada que ya se paga sobre contenidos audiovisuales, música, libros, etc.  La propuesta demanda derechos sólo sobre otros productos y usos comerciales, excluye a las citas no comerciales y a los trabajos protegidos por Creative Commons y otros modelos de propiedad intelectual. Eso es lo que se está debatiendo en varios países europeos y a instancias de la Comisión Europea.
Otra cosa es la dificultad para implementarla y la difícil separación en parte del ecosistema digital entre productos comerciales y no comerciales.

La propuesta española es distinta de la alemana y francesa porque no plantea una tasa, sino la compensación por copia privada. Las diversas propuestas de licencias universales para los contenidos en los mercados secundarios (más allá del objetivo y alcance de su publicación) es un intento de evitar este problema. Tiene muchos defensores en varios campos, pero no es la que se está debatiendo por el momento, sino la remuneración de la cita de trabajos de actualidad.

Lo que se busca no es cobrar por el enlace, sino por el snippet (lead, resumen) de Google y el resto de buscadores, agregadores, etc. Esto tiene algunos problemas respecto a la extensión del derecho de cita y el alcance de la copia privada.

Los robots.txt y la exclusión de los diarios digitales de los buscadores no valen a los demandantes de la nueva opción: se quiere adoptar para la información los derechos de copia privada, no impedir el acceso ni reducir la audiencia aportada por los buscadores, aunque sea pequeña en el caso de Google News (alrededor del 5%), pero mucho mayor desde Google: por encima del 30% en la mayoría de medios.

El problema es profundo: ¿tienen los editores y periodistas derechos de autor sobre la información y, por tanto, a extender la copia privada?
Aquí está en mi opinión el gran problema conceptual. La ley reconoce la obra periodística como obra colectiva y se ha ido extendiendo el derecho de autor de los periodistas. 
Los periodistas y editores trabajan sobre material público: eso y no otra cosa es la información, un derecho y propiedad de los ciudadanos, no del periodismo ni de la prensa.
El problema es de quién es la información y cómo se separa su naturaleza pública del producto periodístico comercial y privado.
En esa naturaleza se ancla la defensa de Google, de las empresas de press clipping y de los agregadores: si la información es un derecho de los ciudadanos, no puede ser restringida por sus explotadores comerciales.
Los defensores de los derechos de autor de la información aceptan la propiedad pública de la información pero reivindican su explotación comercial.




Hasta aquí un relato de los hechos, pero insuficiente para entender la crisis real del periodismo y su negocio. Algunas reflexiones.

Es una guerra entre intereses comerciales, no entre buenos y malos. Las partes son gente y empresas que buscan y defienden su negocio. 
Personalmente no defiendo una interpretación restrictiva del derecho de copia privada sobre la información porque sigo creyendo que la información es del público, no de los periodistas ni de los editores. El derecho de autor de los periodistas sobre la información es muy cuestionable y tiene limitaciones por el interés público. 
Otra cosa es el derecho de crear obras derivadas e intelectuales sobre la materia pública de la información, los datos, etc. Los productos periodísticos -el diario, el telediario, el magazine, etc.- son propiedad de sus editores y periodistas, no la información. Esa distinción es importante para fijar los límites del derecho de cita y reproducción.

Periodistas, editores, Google, agregadores, etc. coinciden en trabajar y crear obras, negocio y productos sobre una materia que no es suya, sino de la ciudadanía: la información y los contenidos, en el caso de la información que nos ocupa, distinto a la ficción y el entrentenimiento.
El enlace también es de naturaleza pública. Por eso restringirlo es peligroso, tanto como restringir la información.
Tampoco es cierto que Google y el resto de empresas de internet que trabajan con contenido ajeno no creen negocio con los contenidos, como responden algunos. Por supuesto que lo hacen, indirectamente a través de la audiencia, el consumo y uso de los buscadores. 
Ahora, el inventario comercialmente más rentable no está en la información de actualidad, sino en la comercial.

El núcleo del problema es el negocio, no la información. La clave no está en las búsquedas ni en el snippet (el resumen de la información en los buscadores: título y entradilla o lead), a pesar de la incorporación progresiva de más elementos del producto.

¿El snippet reduce negocio informativo, como defienden los editores? Las dos cosas: a la vez lo reduce y lo crea, como está pasando también con las recomendaciones en las redes sociales, que cada vez se leen más sin entrar en el contenido original (y así se dice lo que se dice, con perdón).
Dice Arcadi Espada que con el snippet o sumario de Google la prensa ha perdido lo único que tenía para vender en internet. El periodismo lo sabe desde siempre. El 90% de la información publicada carece de valor e interés más allá de la entradilla, sumario, lead o snippet. Cuanto mejor hecha, menor interés en el resto: la maldición de la pirámide invertida.
Esta es una parte del problema: la migración o el cambio de comportamiento de la audiencia. Google, como las redes sociales, trabajan a favor y en contra de los medios. Cada uno hará su balance en función del contenido e información que publica.

El problema es el inventario comercial y su comercialización: el negocio. Antes el inventario se controlaba directamente y era propiedad del editor y del producto (prensa, televisión, radio, etc.). Con internet y el ecosistema digital gran parte del inventario pasó a ser común, infinito, comercializado indirectamente y en mercados secundarios y automatizados. 
Ahí está el problema de negocio de los medios: el fin del monopolio del inventario y el cambio de un modelo de fijación directa (asimétrica) de precios y condiciones de comercialización a la subasta automatizada y con condiciones variables: en mercados simétricos con igual poder de oferta y demanda, pero creciente a favor de esta, porque hemos vuelto a la economía de la demanda. Hoy avanzamos hacia un mercado de real-time bidding (RTB), contratación automatizada (programmatic buying), etc.

Google es el campeón de esa revolución. El inventario y la comercialización no habían cambiado tan radicalmente ni tan aceleradamente nunca en cinco siglos. La pelea de Google con GoTo.com, Overture y Yahoo hizo avanzar más el mercado que los 70 años que más o menos llevábamos de mercado publicitario de masas.
Ahí es donde está el crack del negocio de la prensa. La televisión y el cine lo han conseguido mantener mucho mejor por su control de los contenidos y el inventario audiovisual de calidad.

Los diarios digitales no pierden audiencia con Google ni con las redes sociales. Pero pierden consumo: tiempo, atención e inventario, además de impacto y eficiencia. Este es un problema esencialmente de negocio.
Al primero se le aborda con contenido. Al segundo, con un nuevo negocio que tiene características y elementos totalmente diferentes al tradicional.

Cuando Google reinventó el inventario con PageRank, AdWords y AdSense cambió radicalmente el escenario comercial de los contenidos. Convirtió en infinito el inventario y encontró una fórmula para rentabilizar el contenido más allá del soporte.
Cuando amplía su actividad en la publicación de contenido y se convierte en una plataforma, el mercado, la distribución y la relación con los medios y con los usuarios vuelve a cambiar.
Si los grandes de internet ahora son plataformas donde se controla inventario, comercialización, acceso a los contenidos, datos y el propio uso (navegación de los usuarios o posición de la publicidad) el escenario vuelve a cambiar y su colisión con los intereses de los editores de contenidos aumenta al tiempo que se generan nuevas oportunidades de negocio.

Monday, November 05, 2012

Monopolios de autor

Todo baja con la crisis excepto dos cosas: la audiencia de los medios gratuitos y los derechos de autor y de imagen de los contenidos. Las radios se han puesto en pie contra las sociedades de gestión de derechos de autor porque quieren aumentar unilateralmente entre un 70 y un 200% el canon que se debe pagar por la música en la radio convencional o en internet. Junto a los costes crecientes de los derechos deportivos y el control de las grandes distribuidoras de Hollywood sobre el cine crecen las dificultades para hacer llegar contenido de calidad a la audiencia cuando la publicidad ha vuelto a caer casi un 17% en la primera mitad del año.
La audiencia tiene más medios para consumir, pero los contenidos más deseados siguen en manos de unos pocos. Los medios crecen exponencialmente con la explosión digital. Hay más gente que nunca dispuesta a pagar por la música, el cine y otros contenidos a través de más soportes y pantallas, pero los precios y el sistema de ventanas de exhibición (calendario) siguen siendo el cepo que atenaza a los consumidores y a los medios.
Con tanta fanfarria sobre la liberalización de mercados y el aumento de elección para el consumidor cuesta entender porqué continúa el monopolio de las entidades de gestión de derechos sin que se reforme un mercado opaco e injusto. Cómo gobiernos, autoridades de competencia y empresas son incapaces de conseguir mercados y sistemas de licencias más abiertos y flexibles para mejorar y abaratar la oferta.
Hace casi tres años que la Comisión de la Competencia denunció el monopolio de los derechos de autor y los abusos de las entidades de gestión. La Comisión Europea lleva años luchando por un mercado único de contenidos y el gobierno de Rajoy prometió reformar la propiedad intelectual para promover el mercado y licencias más adecuadas para los nuevos medios. Pero cada paso topa con el control de un mercado que sólo beneficia a unos pocos, eso sí muy poderosos y acomodados en el inmovilismo que premia a los grandes y perjudica al resto.

Columna en los diarios de Vocento

Friday, October 26, 2012

¿Pueden abandonar Google los diarios? Un negocio para la fragmentación del mercado


Los diarios brasileños han abandonado Google News en protesta por la falta de acuerdo comercial con Google. Francia y Alemania preparan una tasa para obligar al buscador a pagar por ley a los editores. Una demanda apoyada por los editores españoles. El gobierno francés incluso ha bajado el poder de Google a tierra para recordarle que una empresa no debería amenazar a un gobierno democrático.
El abandono de Google News por los diarios tiene bajo coste. El problema es abandonar del todo Google y el impacto en el tráfico: entre el 30 y el 50% en la mayoría de los diarios. El crecimiento de las recomendaciones y el tráfico procedente de las redes sociales no compensa la pérdida de Google para los diarios pero además puede producir tres efectos importantes para el mercado y el consumo de información:
  1. El crecimiento del tráfico de medios nativos de internet y blogs, que reciben una proporción mayor de su tráfico de las redes sociales;
  2. El aumento del control de las nuevas plataformas de aplicaciones sobre el acceso y la distribución de contenidos;
  3. La pérdida de relevancia de los diarios en un mercado de abundancia informativa, aunque no de calidad, cuando la circulación de la edición impresa desciende en todos los mercados desarrollados.
El tráfico en los diarios brasileños ha descendido sólo un 5% en los primeros días del boicot a Google News, más o menos la audiencia que la mayoría de diarios reciben del buscador de noticias, mucho menos relevante que los resultados en Google, el buscador generalista y el verdadero motor de público para la información.
Los diarios brasileños decidieron dejar Google Noticias después de que problemas técnicos impidieran mostrar sólo el titular, como se había acordado con el buscador.
Google News nunca ha conseguido gran relevancia fuera de Estados Unidos y es utilizado sólo por una minoría de público divido prácticamente en dos mitades: los grandes consumidores de información, que también acceden a las webs de los diarios por otros métodos, y por los propio periodistas y profesionales de la comunicación para un uso profesional de la información.
En su carta al gobierno francés, Google protesta contra la anunciada tasa porque sería como "cobrar a un taxista por llevar un cliente a un restaurante" e indica que el 40% del tráfico de los medios franceses llega de Google, con un 28,4% proveniente de los términos de búsqueda. Google pone el ejemplo de la caída de tráfico de The Times al abandonar Google tras cerrar sus contenidos tras un sistema de pago.
Cumplidos diez años de existencia, Google News rastrea 50.000 medios en 30 lenguas y se publica en 72 ediciones y consigue 1.000 millones de clics cada mes, una cuarta parte de los 4.000 millones de clics que Google redirige mensualmente a los medios.
Google también recuerda que en 2011 pagó a los medios 6.500 millones de dólares por la publicidad de AdSense en 2011. Una publicidad de la que Google recibe el 27% de sus ingresos.
Esas cifras son la medida de la economía de la abundancia, pero también del deterioro de su valor. El coste por clic (CPC) de Google ha descendido un 15% en el último trimestre y empeora el ya bajo precio de su publicidad.
Para los medios el principal problema no es si Google o Facebook viven de sus contenidos o se quedan una parte de su audiencia -cada vez más porque crece el número de usuarios que no hacen clic en los enlaces- sino el deterioro de los contenidos y del valor de la publicidad.
Dos problemas completamente diferentes.

Google ha hecho crecer como nadie el mercado de la abundancia, donde ha sido líder indiscutido hasta la aparición de Facebook, aún muy lejos del buscador. Esa disrupción del tradicional mercado de la escasez ha empujado a muchos medios a trabajar y producir información para Google con objeto de maximizar el retorno de tráfico a sus páginas. Resultado: la información como commodity, redundante entre todos los medios y de muy bajo valor informativo y comercial.
Los medios han reducido recursos de la información de calidad para centrarse en la producción de volumen y contenido SEO, atractivo en los buscadores. Una tabloidización general del ecosistema informativo con grandes dosis de sensacionalismo y pérdida de valor.
El resultado es contenido de bajo coste para audiencia y productos de todavía menor valor.
Los sucesivos intentos de mejorar el algoritmo de Google News para premiar la información original, las exclusivas, etc. han sido su peor fracaso y han desvelado las deficiencias de la tecnología para ajustar el criterio de la información.
Las nuevas generaciones de agregadores, web semántica y aplicaciones basadas en la recomendación social empiezan a sustituir a Google News como descubridores y selectores de información de valor para el público.
En las recomendaciones y el acceso a través de aplicaciones más inteligentes o personalizadas con criterio social está el nuevo modelo de acceso a los contenidos, especialmente para el público más interesado en la información.

El precio de la publicidad masiva continúa devaluándose. El CPM baja y baja. Y lo seguirá haciendo por el continuo crecimiento del inventario. Sólo los medios, soportes y formatos más efectivos retienen un precio premium. El desafío de los medios es aumentar su inventario premium tanto por marca, contenidos y perfil de público como por efectividad comercial.
Apple es el antiGoogle. Su propuesta desde el lanzamiento de las aplicaciones es recortar el mercado de la abundancia. Cuando la navegación y la economía del enlace se reduce con las aplicaciones y los soportes móviles, crece el acceso directo a los medios o por recomendación. Esos dos tipos de consumo producen mayor valor, más calidad de público y más efectividad publicitaria que la procedente de los buscadores, pero también tienen sus problemas como el control y el coste de las nuevas plataformas.

La distribución y el modo de acceso a los contenidos es clave para el negocio y para definir los contenidos en función del consumo del público. Google ha sido disruptor al romper el paquete de los medios y facilitar el acceso directo a los artículos y contenidos. Frente a esa ruptura del producto informativo tradicional con la economía y la cultura del enlace, los nuevos soportes como los móviles y el iPad se han convertido en el nuevo kiosco de los medios. Vuelta al control de la distribución por los editores -compartido con las plataformas- y resurrección del paquete de producto. Ambos efectos mejoran la efectividad y el valor de la publicidad.
Las nuevas aplicaciones de agregación y recomendación social son otro paso en el que el control de la distribución es clave, sobre todo porque por ahora no han generado nuevo negocio (como si hizo Google), sino que explotan la misma cartera publicitaria y objetivos de los medios.

El problema para los medios no es sólo la fragmentación de audiencia, sino la fragmentación del mercado, de las pantallas y los soportes. Por eso los medios deben ser contextuales: adaptados a cada usuario, soporte, tipo de acceso y momento e interés de consumo.
Esa es la gran oportunidad del mercado de la abundancia.
El gran problema de los medios no es la migración del negocio tradicional a los nuevos soportes y mercados, sino desarrollar nuevos modelos de negocio que aprovechen la fragmentación de los mercados: tanto el de la abundancia (masivo, bajo coste, commodity), como el de aplicaciones (segmentado, acceso directo), el de agregadores (distribución tercerizada), y el de las redes sociales (desagregado, atomizado).
La clave no es abandonar Google ni cobrar una tasa con todos los problemas de reparto y la insuficiencia con la que nacerá.
El desafío es desarrollar modelos de negocio, precios y comercialización flexibles para los distintos mercados de los contenidos. Y maximizar el retorno (ROI) en cada uno de ellos para diseñar estructuras de costes adecuadas.
Un nuevo modelo de negocio flexible, por capas, modular e híbrido: con diferente oferta, precios, formatos, estilos y contenidos para cada canal basado en una estrategia freemium y multiproducto.

Thursday, February 16, 2012

Empresas contra la ley SindeWert, ¿y la LPI?

Adigital y la Red de Empresas de Internet (Rei) recurren la ley SindeWert ante el Supremo. Las empresas de internet se quejan de la inseguridad jurídica que crea la potestad de la Comisión de la Propiedad Intelectual para perseguir y cerrar webs sin tutela judicial efectiva. Una protesta reiterada desde el inicio de la discusión de la ley, desarrollada por el gobierno de Rajoy con una entusiasta defensa del ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert.
Las empresas digitales denuncian que la ley antidescargas "lejos de pretender la defensa de los intereses generales, tanto de las empresas como de los ciudadanos, lo que hace es auspiciar los intereses particulares de un grupo reducido, dando respuesta así a las peticiones de determinados grupos de presión".
Una realidad que está impidiendo un acuerdo para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, imprescindible para acabar con una disputa que seguirá enojando a los internautas, no acabará con los problemas de la vieja industria de contenidos y amenaza a los nuevos medios.
Desde la tramitación de la ley Sinde, el entonces diputado y ahora secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, prometió una reforma pospuesta ya por los gobiernos de Zapatero pese a las demandas de varios sectores tanto del Ministerio de Industria como del propio PSOE.
Rubalcaba se olvidó de quienes defendían la reforma en el Partido Socialista y Mariano Rajoy enarboló la bandera anti canon digital en su programa junto a la promesa de modelos de retribución "más justos y equitativos, basados en el uso efectivo de las obras" y derechos de propiedad intelectual que favorezcan nuevos modelos de negocio. Lo mismo piden Adigital, REI y otros.
Pero la irrupción de un inesperado ministro Wert como fuerza de choque de Rajoy para las primeras decisiones duras de un Ministerio con duros recortes y cambios políticos como el ataque a Educación para la Ciudadanía o los cambios en el sistema de becas y financiación educativa y cultural parece haber frenado el ímpetu reformador. Como en otras decisiones, el gobierno del PP parece más empeñado en recortar e imponer una política conservadora en lugar de promover la nueva economía.
La disputa sobre las descargas no tiene solución con la amenaza a los derechos de los ciudadanos ni con medidas que sólo aumentan la inseguridad jurídica y económica. Como demuestra el caso Megaupload o la oposición a las leyes SOPA, PIPA o ACTA, la solución pasa por reformar el mercado de contenidos digitales y convertir las descargas no autorizadas en un negocio.
Perseguir el dinero, no a la gente. Para eso es necesario ajustar precios, tanto de las licencias de uso y comercialización como del producto final, dejar de perseguir los enlaces y desregularizar la copia de obras digitales.
El futuro de los contenidos pasa por rentabilizar todas las copias y descargas tanto en un mercado primario: el de los servicios comerciales de descarga y streaming de calidad, que pagan sus licencias comerciales; y crear un mercado secundario -como defienden algunos miembros y asesores del gobierno- para las descargas no autorizadas. Una licencia universal a aplicar sobre todas las copias. Asegurar el derecho de participación de los autores gracias a los tribunales mercantiles y a los reguladores del mercado como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que asumirá también las competencias del no nacido Consejo Audiovisual.

Columna en Estrella Digital

Friday, January 20, 2012

Lecciones de Megaupload

El FBI ha cerrado Megaupload, la mayor web de descargas directas del mundo. La discusión vuelve a internet y las redes sociales entre defensores y acusadores. Pero el cierre de la web de descargas, su modelo de negocio, los reclamos de la industria, el uso que hacían sus usuarios y la decisión de un gran jurado de Estados Unidos dejan muchas lecciones para superar las guerras del copyright. En resumen: lo importante es perseguir al dinero, proteger a los usuarios y a los creadores, y aceptar la innovación y los cambios en el mercado para crear una oferta competitiva.

Megaupload se lucraba con contenidos protegidos por copyright subidos por los usuarios, a los que se premiaba para subir más contenidos. Una estimación (siempre dudosa) de pérdidas de 500 millones de dólares para la industria de contenidos y 175 millones sólo en su persecución legal. Tenía 150 millones de usuarios registrados y 50 millones de usuarios diarios.

Megaupload no es una red P2P (peer to peer), funcionaba con sus propios servidores para alojar los archivos y cobraba por descargas rápidas o por streaming (contenidos sin descarga). Los pagos de los usuarios y la publicidad son sus ingresos. Un negocio importante al no pagar a los dueños de los contenidos. Además premiaba a los usuarios que subieran más archivos y los enlazasen y promocionasen en internet.

Pero el servicio también se utilizaba para alojar documentos y archivos legales o sin restricciones de derechos de autor. Un precursor de los servicios de alojamiento en la nube actuales. La nota del FBI y de Departamento de Justicia explica que desincentivaba a los usuarios de contenidos legales al borrar los archivos poco descargados.

El gobierno norteamericano y todos los que hayan usado Megaupload saben que la voluntad de lucro con material no autorizado era evidente y expresa. Pero muchos usuarios no distinguen entre los propósitos legítimos o no de las herramientas y las usan sin discriminación.

Por último, además de las pruebas sobre el conocimiento de las actividades ilegales, que habrá que demostrar en los tribunales, el FBI acusa a los responsables de la web de no retirar los contenidos denunciados por sus dueños legítimos (como en YouTube y tantos sitios), sino sólo cambiar los enlaces.

El cierre de Megaupload se produce tras la gran jornada de luto contra las leyes SOPA y PIPA que pretenden endurecer la lucha contra las descargas y dotan a los demandantes de poderes de control y censura de la propia arquitectura de internet. Anonymus respondió al cierre atacando las webs del gobierno norteamericano en una escalada ciberbélica preocupante.

Algunas lecciones:

El mercado de los contenidos debe adoptar la innovación tecnológica y de negocio digital.
Está obligado a cambiar aumentando la oferta digital, acortando las ventanas de exhibición actuales para ofrecer los contenidos cuando concentran el interés de los consumidores y en un mercado de acceso total a través de varias plataformas y aparatos, de la televisión a los móviles.
Un mercado donde la propiedad ya no importa, lo valorado es el acceso y el uso.

Los consumidores buscan precios más baratos y más ajustados a su consumo. Hasta el punto de resignarse a peor calidad, esfuerzos y limitaciones técnicos o simplemente poder pagar suscripciones (como en el streaming legal) en lugar de micropagos y al revés, elegir sólo canciones (la revolución de iTunes) en lugar de álbumes completos.
La industria debe repensar la saturación de contenidos actual y cómo los comercializa.

La obra es la primera copia digital, mejor comercializarla. Cuando una obra está digitalizada no se puede detener su distribución. Mejor aprovechar la doctrina de la primera venta (first sale) y reconocer que es ineficaz restringir la distribución de contenidos y es mejor aumentar sus métodos y canales de distribución. Más derecho de participación (droit de suite) y menos exclusividad de explotación, ineficaz contra la distribución no autorizada.

Del canon digital a una licencia universal para rentabilizar los contenidos digitales.
La compensación equitativa a los autores de nuestras leyes condena a los ciudadanos a pagar indiscriminadamente por soportes u obras, o crea un impuesto privado que las gestoras de contenidos cobran a todos los ciudadanos, como ahora cuando el canon digital se paga con los Presupuestos del Estado.
 Al desregular la copia y aceptar la imposibilidad de controlar la distribución es mejor aplicar una licencia universal sobre los contenidos a pagar por todos los comercializadores y distribuidores de las obras. Exigir ese pago debe ser la tarea de las autoridades, no amenazar con leyes sin suficientes garantías (ley Sinde, SOPA, etc.) que colisionan con los derechos fundamentales.
La penalización legal en ese escenario se aplicaría a quienes se lucren de mala fe sin someterse a un mercado abierto y sin más restricción que la debida compensación a cada eslabón de la cadena de valor.

Un pacto de honestidad entre autores, industria y consumidores.
Si se eliminan las barreras de distribución, se abre el acceso a todas las plataformas y dispositivos técnicamente preparados, se establece un sistema de licencias universal con precios competitivos -más competencia y arbitraje, más acceso a redes y contenidos, menos oligopolios y restricciones lo aseguran, como ha ocurrido en la telefonía móvil, por ejemplo- nadie debería violar esas condiciones de buena fe.
Por tanto los intereses de unos y otros coincidirían en un mercado abierto, sin posición de dominio excesiva de nadie. Los consumidores tendrían mejor información y más opciones para sus necesidades sin buscar atajos ni sumarse a una cultura de la irresponsabilidad que sólo conduce al abuso y la confusión.

Thursday, January 19, 2012

Internet de luto

Internet se viste de negro. De la Wikipedia a Google, los sitios más representativos de internet protestaron con un bloqueo de sus páginas contra las leyes SOPA y PIPA norteamericanas, impulsadas por Hollywood y los grandes de los contenidos para bloquear webs en defensa de la propiedad. Un cerco que corre el peligro de atacar la misma estructura de internet y de ser arbitrario e injusto.
Internet de luto. Un duelo continuo en una guerra estéril, eterna y convertida en mal crónico de la sociedad de la información. Las empresas de la era industrial, con su enfoque de hiperoferta consumista y su dominio de los mercados, intentan frenar a la nueva industria digital, el intercambio entre usuarios y a quienes se aprovechan para irrumpir disruptivamente en el negocio o para lucrarse con prácticas deshonestas o delictivas.
De luto, las víctimas: ciudadanos atrapados en el frenesí de un acceso a la cultura, la información y el entretenimiento mayor y más barato que nunca a través de multitud de dispositivos y servicios. Al clic de un dedo en una pantalla. De luto la innovación, acosada por la crisis y la resistencia de lo viejo (mercados y leyes). Luto entre los creadores con los bolsillos rotos de los derechos de autor. Luto en el juicio ciego de los legisladores.
Contra SOPA/PIPA se ha pronunciado la Casa Blanca de Obama y un grupo de legisladores impulsa Open Act, una propuesta que cambia la batalla: de los derechos fundamentales a los comerciales, asegurar la libertad y crear herramientas para evitar el fraude y asegurar la compensación de los derechos de autor. Una idea sobre la que insistimos en la discusión de la ley Sinde.
La piratería no se para con un estado de sitio digital. Ni persiguiendo o amenazando a los usuarios ni sus derechos. Tampoco con un canon universal como el impuesto en España. Mejor promover la oferta competitiva y perseguir el dinero para bloquear los ingresos de los infractores manteniendo los derechos de copia privada y libertad de información. Eso defiende Open Act, como la gente y empresas alérgicas al luto y a las guerras baldías.

Columna en los diarios de Vocento

Wednesday, January 18, 2012

Perseguir al dinero, no a la gente

Sam Spade y Philip Marlowe lo sabían. Sigue al dinero y tendrás la respuesta oculta tras un halcón maltés en un sueño eterno. Para pesadilla, la de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Los grandes de internet cerraron sus páginas con un fundido en negro para protestar contra dos proyectos de ley contra las descargas: la Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect Intellectual Property Act (PIPA). Si son aprobadas abrirán la puerta a una censura digital sin precedentes. Las autoridades norteamericanas podrían bloquear webs extranjeras con menos pruebas y más discrecionalidad que las empleadas dentro de Estados Unidos por la Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
La ley ataca a la misma arquitectura de la red bloqueando los dominios (el código que identifica cada sitio) de los denunciados, impidiendo su acceso a través de los proveedores de internet o eliminando sus páginas de los buscadores. Un gran agujero negro en internet o la gran muralla digital norteamericana.
Parece un conflicto de derechos, pero no lo es. Es una gran pelea por el negocio entre dos mundos, dos economías, dos culturas. Una es una industria cercada por sus propios pecados, sus abusos, un mercado saturado y donde las novedades pasan más rápido que lo que se tarda en degustarlas. La otra, disruptiva, innovadora, basada en una tecnología y una economía que ofrece el mayor acceso a los contenidos y la información de la historia al menor precio.
La máquina del hiperconsumo se ha hecho tan perfecta que amenaza sus propios fundamentos. Los internautas no pueden parar de consumir, incapaces de gestionar y renunciar a la abundancia. Los contenidos se hacen parte de su identidad compartida en las redes sociales, la identidad de dominio público. Enlazan y publican lo que les gusta y muchos descargan todo lo que no están seguros de querer pagar o lo que quieren tanto que no están dispuestos a esperar a las ventanas de exhibición y los tiempos de un mercado obsoleto y cuando la propiedad ya no importa en la era del acceso inmediato y ubicuo, a un toque de dedo en una pantalla.
Ante la falta de oferta competitiva y a precios de mercado, como bien recuerda el editor Tim O’Reilly, descargas. Las iniciativas legislativas como las norteamericanas o la ley Sinde sancionada por el gobierno Rajoy son los estertores de una industria y un mercado obligados a reinventarse.
Contra SOPA y PIPA ha aparecido una nueva iniciativa llamada Open Act que intenta poner el problema donde muchos pensamos que está: en el dinero, no en la gente. Open Act diseña un sistema con garantías a los derechos fundamentales para evitar que quienes quieren lucrarse con el comercio de obras no autorizadas por sus creadores y distribuidores puedan hacerlo.
Le falta la reforma de las licencias de contenidos para hacerlas más flexibles y baratas, como prometió el PP en su programa electoral y por ahora no cumple. Como suele explicar el dueño de Amazon, Jeff Bezos, la clave del mercado digital es ofrecer productos premium (de alto valor) a precios bajos. Sólo unos pocos como Apple pueden mantener la fascinación del consumidor por sus productos, a cambio de otra clave: un diseño, simplicidad y funcionalidades que convierten el consumo en una experiencia única. Un frenesí.
La clave para evitar el entuerto es perseguir el dinero: evitar el lucro de actividades comerciales ilegales manteniendo los derechos y con supervisión de autoridades independientes y no perseguir a los usuarios que sólo quieren compartir y recomendar su deseo y su placer. Y nada como el público para hacer el mejor marketing, como ya están demostrando las redes sociales.
Por cierto, perseguir el dinero es hacer pagar lo justo y equitativo a quienes se lucran de las obras de los demás. No vale esconderlo, como ha hecho el Ministerio de Cultura con el nuevo canon digital, que ha pasado de injusto por indiscriminado a universal y más injusto al ser pagado (aún no se sabe cómo) por todos –usuarios de descargas o no, internautas o no, honestos o arteros- vía Presupuestos del Estado. Perseguir el dinero, no esconderlo. O los derechos de autor acabarán como esas televisiones públicas que ahora tanto cuesta reformar.

Columna en Estrella Digital

Stop #SOPA y #PIPA

Este blog tiene actualmente 388 artículos bloqueados por la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Google los ha retirado para no sufrir el castigo de esa ley de defensa del copyright. Está en curso mi protesta y mi escrito de defensa para volver a publicar esos artículos sin castigo ni para su autor ni para el servicio que los aloja.
Pero la justicia es lenta y la ley norteamericana primero castiga y luego revisa, sin mucha defensa para el usuario.
Quienes soy lectores del blog sabéis de sobra que aquí no hay enlaces comerciales ni material que viole ningún derecho de autor o comercial. ¿Cuál es el pecado de esos 388 artículos? Enlazar sitios sospechosos, entendiendo por tales sólo los que pueda alojar la mente de un paranoico, reproducir algún vídeo de YouTube o citar marcas comerciales sin permiso.
De la libertad de información y opinión y el derecho de cita, ni las autoridades norteamericanas ni Google (de rodillas débiles ante el abuso) quieren saber nada. Los defiendo con argumentos y las leyes españolas y europeas que garantizan los derechos citados. Por ahora, sordo Google, sorda la justicia norteamericana.
 Es un ejemplo sencillo de todo lo que puede empeorar si las leyes Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect Intellectual Property Act (PIPA) son aprobadas.
Las dos permiten el bloqueo de sitios de internet sólo con la denuncia de los presuntos perjudicados y con una interpretación del copyright sonrojante. Ni una ni otra pararán la piratería -de existir, cosa no probada en el mundo digital- porque no hay muro que pueda con el poder del futuro.
Me alegra coincidir con el enfoque de Open Act, la propuesta legislativa alternativa a SOPA y PIPA. Su enfoque es seguir el dinero, como en el género policíaco: follow the money. Cambiar el enfoque de una guerra de derechos a un conflicto comercial y económico es un paso fundamental que ya defendí hace tiempo, resumido en Una propuesta para el canon y la ley Sinde.
Algunas ideas más de SOPA como el mecanismo de defensa ante las denuncias falsas o abusivas también las expusimos un grupo de personas que nos reunimos en si día con el Ministerio de Cultura en busca de garantías para los derechos y libertades.
Mañana continúo esas reflexiones en Internet de luto, el artículo que he escrito para los medios de Vocento.
Persigue al dinero, no a la gente. Penaliza siempre al lucro irregular, no a quienes comparten con honestidad.
Es más fácil de lo que a veces parece.

Para todos los interesados en estos temas, una recopilación de enlaces interesantes (personal y no exhaustiva) sobre Stop SOPA.
BBC | Qué son estas leyes
Motion Picture Association of America, impulsores de las leyes | Artículos en defensa de SOPA y su posición sobre el copyright
EFF | Cómo violan derechos fundamentales cómo la libertad de expresión y la innovación
Proteger la innovación | Carta de los grandes de internet norteamericanos a los legisladores
Google | Resumen anti SOPA y PIPA
Wikipedia | Por qué un boicot
Casa Blanca | Respuesta a la iniciativa popular en contra de estas leyes
Tim O'Reilly | Las falacias de la piratería y cómo no se solucionan
Comisión Europea | Principios para una internet abierta
OCDE | Defensa de una internet abierta
Jonathan Zittrain | Análisis jurídico de SOPA
Harvard Business Review | The Real SOPA Battle: Innovators vs. Goliath
ProPublica | Base de datos con las contribuciones de la industria de los contenidos e internet a los legisladores de SOPA y PIPA
Peter Gabriel y su petición contra las leyes

Open Act | La alternativa apoyada por las grandes empresas de internet
Wikipedia explica Open Act
EFF | Lo bueno y lo malo de esta alternativa
Ars Technica | Lo mejor de Open Act y cómo mejorarla

Sunday, January 01, 2012

Marianazo a RTVE y al canon digital

El marianazo es un recorte del gasto público y un aumento de impuestos como nunca se ha conocido. El presidente se ocultó tras sus ministros económicos y su vicepresidenta para no presentarse ante un país que aún tiene frescas sus promesas de no subir impuestos. Junto a las medidas generales, tres con impacto en la sociedad de la información: la aprobación del reglamento de la ley Sinde, una reforma del canon digital que nos obliga a pagarlo a todos a través de los Presupuestos del Estado y un recorte de 200 millones en la financiación de RTVE que entrega definitivamente el mercado audiovisual al duopolio Telecinco/Antena 3.

La aprobación de la ley Sinde estaba anunciada por el ministro José Ignacio Wert. El gobierno se ha apresurado a ponerla en marcha (BOE) sin cumplir sus promesas electorales de proteger una propiedad intelectual que “permita la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio”. Esos nuevos negocios digitales están ahogados por los abusos de las grandes distribuidoras, las gestoras de derechos y una trama empresarial y jurídica que convierte en una hazaña terriblemente burocrática y cara la adquisición de derechos, como se queja la Comisión Europea.

El gobierno reforma también el canon digital, obligado por la justicia europea y nacional. El PP siempre ha flirteado con la oposición al canon y prometía en su programa modelos de retribución “más justos y equitativos, basado en el uso efectivo de las obras”. Pero como en los tributos, las promesas se desvanecen. A falta de desarrollo reglamentario, por ahora el canon digital desaparece y se establece un “pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado” (Disposición Adicional Décima del Decreto de medidas urgentes).

Si antes el canon era injusto por indiscriminado, ahora lo será más porque lo pagamos todos, seamos consumidores o no de esas obras. Si antes se aplicaba a los soportes sin distinguir contenidos y de quién eran, ahora se cobrará a todos los ciudadanos.

¿Es este el modelo de retribución “más justo y equitativo, basado en el uso efectivo de las obras” prometido? Más bien todo lo contrario. Todos pagamos a unos pocos, seamos o no consumidores de copias privadas.

El hachazo de un 36,5% a la financiación estatal de RTVE se temía. El PP tiene muchas cuentas contra la televisión pública. El telestado de Rajoy se apoya en el duopolio Telecinco/Antena 3, dominador del mercado y la audiencia por el mal dibujo del mapa audiovisual de Zapatero y sus gobiernos.

La reducción repentina del presupuesto de RTVE a cifras de antes del apagón analógico obligará a un drástica reestructuración que sólo podrá hacerse rebajando producción externa, canales temáticos y servicios digitales. Cuando la mayoría del presupuesto de la radiotelevisión pública es para nóminas y gastos corrientes, sólo renunciar a derechos de programas y retransmisiones deportivas, reducir personal contratado, apagar canales y rebajar la oferta digital permitirá mantener una cadena fuerte como La 1, aunque debilitada.

El impacto en la producción audiovisual será importante cuando las autonómicas ya han rebajado su gasto en programas y se espera el prometido fin de la obligación de las cadenas privadas de financiar el cine con un cinco por ciento de sus ingresos.

El PP tampoco tiene un plan para el servicio público en la era digital. Por ahora, recortes y todo el mercado para las grandes privadas. Marianazo a la sociedad de la información.

Columna en Estrella Digital

Friday, December 30, 2011

Europa al rescate de Wert

Europa puede acudir al rescate del ministro José Ignacio Wert. La Comisión Europea planea para la primavera de 2012 un mercado único de contenidos digitales más simple y con licencias más baratas para los nuevos medios y negocios de contenidos. Son los objetivos de la Agenda Digital como la reforma de las sociedades de derechos de autor –tan urgente como muestra el escándalo de la SGAE- y la recuperación de las obras huérfanas (sin autor conocido). Wert ha sido contundente en anunciar la protección de la propiedad intelectual contra las descargas, pero sin una sola propuesta de cómo defender los derechos de todos junto a los de los creadores, productores y distribuidores. Parte de la respuesta está en el propio programa electoral del PP y en los planes europeos.

Columna completa en Estrella Digital

Saturday, December 03, 2011

La ley Sinde espera al PP

El reglamento que desarrolla la ley Sinde contra las descargas se ha vuelto a quedar en un cajón. Otro esperpento de un gobierno sin rumbo. Una vez más, el ejecutivo de Zapatero llega en el tiempo de descuento y con una descoordinación política sólo superada por su torpeza comunicativa. Muchos de sus cada vez más escasos seguidores ven cómo se apuran decisiones que parecen limpiar el camino a Rajoy en temas polémicos. El enfrentamiento en el Consejo de Ministros entre partidarios de aprobarla y detractores escarmentados y temerosos de la protesta en las redes sociales volvió a dejar inactiva la ley. El absurdo es mantener una norma tan controvertida e ineficaz cuando crece la oferta legal de contenidos digitales, necesitados de nuevas licencias y un mejor reparto de derechos de autor. Lo peor es que en el PP tampoco hay claridad para desarrollar una nueva ley de propiedad intelectual adecuada a la tecnología y los hábitos de consumo.

Columna completa en Estrella Digital

Tuesday, November 22, 2011

El beso de Rajoy


Mariano Rajoy celebró su victoria electoral con un beso a su mujer Elvira Fernández. El hombre tranquilo revela su emoción. Inaudito. La prensa nacional de derechas no se ha atrevido con semejante exceso en sus portadas a pesar de que editores y directores hacen cola y ofrecen su mano y su mejilla al nuevo presidente. A Rajoy no le quedarán besos para TVE ni para las autonómicas. En Efe se espera una integración que algunos creen el fin de la agencia, el cine ya está movilizado para encontrar financiación alternativa a las televisiones y en la sociedad de la información se espera el fin del canon digital y la prometida reflexión sobre el agotado modelo de propiedad intelectual.

Columna completa en Estrella Digital

Thursday, July 07, 2011

Piratas en la SGAE

El entramado pirata de la SGAE tiene su centro en la sDae, la Sociedad Digital de Autores y Editores. Ironía digital: los piratas estaban en casa. Teddy Bautista y su socio Rodríguez Neri tienen mucho que explicar ante el juez, los autores y los ciudadanos. Sólo unos pocos como Luis Cobo se atrevieron a denunciar la trama del poder acumulado por el presidente y sus cómplices.

El Ministerio de Cultura se embanderó en la ley Sinde, abandonó su deber de control y desoyó los reclamos de algunos socios, la Comisión de la Competencia, expertos y ciudadanos. Cultura ha apoyado siempre a la SGAE, no sólo a favor de una concepción monolítica de los derechos de autor, contra las descargas o con un canon digital injusto, como ha sentenciado Europa, sino también contra empresas e instituciones obligadas a aceptar las decisiones unilaterales de la sociedad de gestión en un mercado férreo, con licencias caras e inservibles para los nuevos negocios digitales.

A través de las subvenciones, el control de los derechos de autor y el respaldo de Cultura e Industria, la SGAE ha construido un poder absoluto. Con un sistema de reparto y elección de representantes nepotista, sin vías eficientes de reclamación ni arbitraje para los ciudadanos o una industria atónita ante una gestora que dificultaba el negocio ajeno mientras lo explotaba en beneficio de unos pocos.

La reivindicación de los derechos de autor justifica todo y ha creado una burbuja donde los cientos de millones anuales de recaudación repartidos con gran opacidad han sido la tapadera. El coro de Bautista no ha dejado de entonar el salmo de su defensa con el conjuro mágico de la palabra cultura.

Ese poder absoluto, falto de control, ha topado con la justicia como hace unos meses chocó con la sentencia contra el canon y con la Comisión Europea, defensora de un mercado único de derechos con competencia entre gestoras y de licencias adecuadas para los nuevos medios. La cultura, sus creadores, los consumidores y las arcas públicas, saqueados por sus más fieros defensores. Un libreto digno de una tragedia clásica.

Columna en los diarios de Vocento