Paradojas: el gobierno más esquivo, con el presidente más silencioso, el que más gobierna por decreto ley y desoye al Parlamento, el que antes ha incumplido sus promesas electorales, el que ha cambiado radicalmente sus políticas sin cumplir un solo año aprueba la primera ley de transparencia de la democracia. Toda una reflexión del fracaso de los anteriores, especialmente el de Zapatero, culpable de posponer indefinidamente una ley imprescindible para una democracia real y participativa.
Pero el gobierno Rajoy persiste en su sordera. Ni el Consejo de Estado, presidido por el ex ministro Romay Beccaría, ha conseguido que se oigan sus críticas. Antes el ejecutivo ignoró a la comisión de expertos creada al efecto, a los organismos internacionales y a los propios ciudadanos, de los que sólo incorporó algunas ideas de una consulta pública sin transparencia sobre las propuestas realizadas.
La primera ley de transparencia y buen gobierno es una burla. Todas las críticas coinciden en la excesiva discrecionalidad de las administraciones, la escasa garantía del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y el excesivo control que otorga al gobierno central sobre el resto de administraciones. Más que una ley de acceso a la información es un instrumento para reforzar el poder sordo y silencioso del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Bienvenida la primera ley de transparencia y los controles sobre las administraciones y cargos públicos para evitar despilfarros y mala gestión. Pero la transparencia y el buen gobierno son más que una ley, son una cultura, como la propia vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
La partitocracia es opaca y esta ley se ha gestionado sin debate y con opacidad. La tramitación parlamentaria y su implementación por todas las administraciones públicas deberían servir para limpiarla de las malas prácticas de su gestación contra natura. Una democracia sin participación y control ciudadano es el peor escenario para el buen gobierno, la probidad y el límite al poder de los partidos que tanto necesitamos.
Columna en Estrella Digital
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Saturday, July 28, 2012
Monday, May 21, 2012
Transparencia sin confianza
La ley de transparencia y buen gobierno ya está lista para su envío a las Cortes. El Consejo de Ministros publicaba los cambios recogidos de la consulta pública junto a los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, “un auténtico pacto de Estado” para reducir el déficit, según la triunfante declaración de la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría. Pero poco más tarde se conocía que Madrid, Valencia y Castilla y León incumplían el déficit comprometido. El déficit del Estado pasa del 8,5 al 8,9% del PIB pese a lo anunciado hasta entonces.
A los responsables de la mala gestión y del ocultamiento de los datos no se les podrán aplicar las sanciones previstas en la nueva ley de transparencia, pero gobierno y PP vuelven a demostrar que la transparencia sin confianza no es suficiente.
Este es el gobierno de la desconfianza. Empezó acusando al ejecutivo anterior de todos los males del país y mantiene el discurso de la catastrófica “herencia recibida” con un curioso juicio selectivo. La desviación de los ingresos es ocultamiento para el gobierno de Zapatero y las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, pero no cuando gobierna Esperanza Aguirre o el PP de la Comunidad Valenciana.
La ley de transparencia se presenta sin fiarse del comité de expertos formado para asesorar sobre el proyecto. El gobierno se apresura a cerrar trámites cuando sólo se ha celebrado una reunión de ese comité y antes de recibir sus recomendaciones.
Algo más se han fiado de la consulta pública sobre la ley. Pero no lo suficiente para publicar las 3.700 recomendaciones realizadas. Tampoco para recoger sugerencias como reconocer el acceso a la información pública como derecho fundamental, incluir a la Casa Real en la transparencia, el proceso legislativo, la actividad y contactos de los cargos públicos o las cuentas de todos los financiados con dinero público: partidos políticos, sindicatos y demás instituciones.
Rajoy y sus ministros no se fían de la oposición. Obstaculizan su trabajo legislativo gobernando permanentemente por decreto ley y acusan a cualquiera que se oponga a sus designios de poner en riesgo la recuperación económica.
El gobierno desconfía del apoyo europeo y no se fía siquiera de los ciudadanos, a los que intenta reducir su derecho a protestar criminalizando y descalificando cualquier disensión. Rajoy y su gobierno no se fían ni de los suyos. En el texto de la ley de transparencia anida una visión restrictiva del derecho a la información, que comparte con el frustrado proyecto del gobierno Zapatero, y un código de buen gobierno demasiado aferrado a la urgencia de la crisis y a los dogmas de una política económica que no es la única posible, por mucho que la propaganda instale esa falsa certeza.
Aguirre, Fabra o Herrera no serán sancionados por la desviación presupuestaria ni por el ocultamiento de los datos. Que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, presuma de transparencia después de apretar a Asturias o Andalucía en el Consejo Fiscal y no hacerlo con las comunidades del PP incumplidoras es una desfachatez. Más viniendo del que ha sido responsable de la cuentas madrileñas.
A pesar de la permanente alusión de Rajoy, su gobierno y los líderes del PP a su seriedad y supuesta confianza, su conducta y acciones muestran porqué sospecha Europa y los ciudadanos recelan cada vez más de un gobierno que siempre acusa y hace de la desconfianza un principio de su política.
Columna en Estrella Digital
A los responsables de la mala gestión y del ocultamiento de los datos no se les podrán aplicar las sanciones previstas en la nueva ley de transparencia, pero gobierno y PP vuelven a demostrar que la transparencia sin confianza no es suficiente.
Este es el gobierno de la desconfianza. Empezó acusando al ejecutivo anterior de todos los males del país y mantiene el discurso de la catastrófica “herencia recibida” con un curioso juicio selectivo. La desviación de los ingresos es ocultamiento para el gobierno de Zapatero y las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, pero no cuando gobierna Esperanza Aguirre o el PP de la Comunidad Valenciana.
La ley de transparencia se presenta sin fiarse del comité de expertos formado para asesorar sobre el proyecto. El gobierno se apresura a cerrar trámites cuando sólo se ha celebrado una reunión de ese comité y antes de recibir sus recomendaciones.
Algo más se han fiado de la consulta pública sobre la ley. Pero no lo suficiente para publicar las 3.700 recomendaciones realizadas. Tampoco para recoger sugerencias como reconocer el acceso a la información pública como derecho fundamental, incluir a la Casa Real en la transparencia, el proceso legislativo, la actividad y contactos de los cargos públicos o las cuentas de todos los financiados con dinero público: partidos políticos, sindicatos y demás instituciones.
Rajoy y sus ministros no se fían de la oposición. Obstaculizan su trabajo legislativo gobernando permanentemente por decreto ley y acusan a cualquiera que se oponga a sus designios de poner en riesgo la recuperación económica.
El gobierno desconfía del apoyo europeo y no se fía siquiera de los ciudadanos, a los que intenta reducir su derecho a protestar criminalizando y descalificando cualquier disensión. Rajoy y su gobierno no se fían ni de los suyos. En el texto de la ley de transparencia anida una visión restrictiva del derecho a la información, que comparte con el frustrado proyecto del gobierno Zapatero, y un código de buen gobierno demasiado aferrado a la urgencia de la crisis y a los dogmas de una política económica que no es la única posible, por mucho que la propaganda instale esa falsa certeza.
Aguirre, Fabra o Herrera no serán sancionados por la desviación presupuestaria ni por el ocultamiento de los datos. Que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, presuma de transparencia después de apretar a Asturias o Andalucía en el Consejo Fiscal y no hacerlo con las comunidades del PP incumplidoras es una desfachatez. Más viniendo del que ha sido responsable de la cuentas madrileñas.
A pesar de la permanente alusión de Rajoy, su gobierno y los líderes del PP a su seriedad y supuesta confianza, su conducta y acciones muestran porqué sospecha Europa y los ciudadanos recelan cada vez más de un gobierno que siempre acusa y hace de la desconfianza un principio de su política.
Columna en Estrella Digital
Tuesday, March 27, 2012
Una ley de transparencia para blindar los recortes
Rajoy ha encontrado cómo blindar el dogma del equilibrio fiscal y fortalecer la imagen de probidad de su gobierno. Lo hace sabiendo que no puede fiarse ni de los suyos. El anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ata a políticos y administraciones a cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria y financiera impuestas por el gobierno para atajar la deuda pública y calmar a los mercados.
La anhelada ley de acceso a la información pública restringe el acceso a datos que puedan perjudicar la política económica y monetaria (art.10.1.d) e intenta frenar a los políticos derrochadores con el control público de sus actos y el sometimiento a un código que más de buen gobierno es una imposición ideológica y producto de las presiones de los mercados.
Columna completa en Estrella Digital
La anhelada ley de acceso a la información pública restringe el acceso a datos que puedan perjudicar la política económica y monetaria (art.10.1.d) e intenta frenar a los políticos derrochadores con el control público de sus actos y el sometimiento a un código que más de buen gobierno es una imposición ideológica y producto de las presiones de los mercados.
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Friday, December 16, 2011
Medios hiperpersonalizados
Diarios y revistas confían en los móviles y las tabletas como nuevos soportes para la lectura. Al fin aparatos que permiten concentrar la atención y escapar de la abundancia y la navegación ultrarrápida de la web, enemiga de la lectura atenta y de la atracción de la publicidad.
Pero los usuarios y la tecnología cambian más rápido que los medios. Agregadores como Flipboard o Zite se unen a redes de microblogging como Twitter para plantear nuevos medios hiperpersonalizados donde los usuarios eligen y descubren qué leer, ver o escuchar apoyados en otros usuarios, su localización, el flujo social, las fuentes que ya siguen y el tiempo real.
El poder de la demanda y la recomendación se impone al viejo dominio de los medios y la oferta. Las claves son la elección de contenidos basados en la influencia y gustos de otros usuarios, el descubrimiento de nuevas alternativas y sobre todo el poder del usuario para elegir y demandar contenidos personalizados y abiertos en lugar de aceptar la selección profesional y cerrada de los medios.
Flipboard y Zite son agregadores de contenidos. Nacieron para el iPad y acaban de extender su oferta al teléfono iPhone. Flipboard crea una revista basada en la cuenta del usuario en Twitter o en sus suscripciones (RSS) a diversos medios. Zite utiliza esas fuentes para crear una revista para cada usuario gracias sus algoritmos de personalización. Los dos optimizan la presentación en el interfaz de las pantallas táctiles y eliminan o reducen el impacto de la publicidad. Twitter se rediseña para incluir más contenidos y todos incluyen a las marcas como fuentes, sustituyendo la publicidad convencional por la oferta de información especializada para sus consumidores.
Para los usuarios las ventajas son claras: leen lo que quieren y lo que recomiendan la gente con la que comparten intereses. Tanto esa edición social como la tecnológica de los algoritmos les descubren lo inesperado. La sorpresa anima el consumo y aumenta el interés. La lectura se hace más fácil a través de cualquier soporte y la publicidad menos incómoda e intrusiva.
Para los medios es un nuevo desafío. Aumenta el poder de los usuarios y obliga a las fuentes a cuidar sus contenidos, su marca y su personalidad en las redes sociales para rentabilizar sus amigos y fans. Los medios deben ser sociales, pero además aprender a olvidar su paquete y forma tradicionales para convertirse en contenidos distribuidos a través de varios servicios, plataformas e interfaces con diferentes diseños y funcionalidades.
Otro desafío para el negocio, basado en rentabilizar al mismo tiempo marca, soporte, contenidos y formato. Ahora los medios deben ser contextuales, distribuidos, diseñados para el consumo en diferentes plataformas, compartidos y con distintos formatos en función de la actitud y pantalla del usuario.
Junto al cambio en la rentabilización se ahonda la crisis en el periodismo tradicional, enfrentado a la necesidad de crear y mantener un público que se reconozca en los contenidos y los medios como plataformas: espacios atractivos y críticos donde encontrar respuestas a su demanda. Un público al que hay que ganar a cada instante cuando el poder está a un toque de dedos sobre la pantalla y reconocerse con otros al compartir es tan importante como la propia información.
En definitiva, volver a crear públicos y comunidades, no sólo clientes y compradores. Y convencer a los anunciantes de que deben participar en esa creación de valor para un público exigente, selectivo y volátil.
Columna para Estrella Digital
Pero los usuarios y la tecnología cambian más rápido que los medios. Agregadores como Flipboard o Zite se unen a redes de microblogging como Twitter para plantear nuevos medios hiperpersonalizados donde los usuarios eligen y descubren qué leer, ver o escuchar apoyados en otros usuarios, su localización, el flujo social, las fuentes que ya siguen y el tiempo real.
El poder de la demanda y la recomendación se impone al viejo dominio de los medios y la oferta. Las claves son la elección de contenidos basados en la influencia y gustos de otros usuarios, el descubrimiento de nuevas alternativas y sobre todo el poder del usuario para elegir y demandar contenidos personalizados y abiertos en lugar de aceptar la selección profesional y cerrada de los medios.
Flipboard y Zite son agregadores de contenidos. Nacieron para el iPad y acaban de extender su oferta al teléfono iPhone. Flipboard crea una revista basada en la cuenta del usuario en Twitter o en sus suscripciones (RSS) a diversos medios. Zite utiliza esas fuentes para crear una revista para cada usuario gracias sus algoritmos de personalización. Los dos optimizan la presentación en el interfaz de las pantallas táctiles y eliminan o reducen el impacto de la publicidad. Twitter se rediseña para incluir más contenidos y todos incluyen a las marcas como fuentes, sustituyendo la publicidad convencional por la oferta de información especializada para sus consumidores.
Para los usuarios las ventajas son claras: leen lo que quieren y lo que recomiendan la gente con la que comparten intereses. Tanto esa edición social como la tecnológica de los algoritmos les descubren lo inesperado. La sorpresa anima el consumo y aumenta el interés. La lectura se hace más fácil a través de cualquier soporte y la publicidad menos incómoda e intrusiva.
Para los medios es un nuevo desafío. Aumenta el poder de los usuarios y obliga a las fuentes a cuidar sus contenidos, su marca y su personalidad en las redes sociales para rentabilizar sus amigos y fans. Los medios deben ser sociales, pero además aprender a olvidar su paquete y forma tradicionales para convertirse en contenidos distribuidos a través de varios servicios, plataformas e interfaces con diferentes diseños y funcionalidades.
Otro desafío para el negocio, basado en rentabilizar al mismo tiempo marca, soporte, contenidos y formato. Ahora los medios deben ser contextuales, distribuidos, diseñados para el consumo en diferentes plataformas, compartidos y con distintos formatos en función de la actitud y pantalla del usuario.
Junto al cambio en la rentabilización se ahonda la crisis en el periodismo tradicional, enfrentado a la necesidad de crear y mantener un público que se reconozca en los contenidos y los medios como plataformas: espacios atractivos y críticos donde encontrar respuestas a su demanda. Un público al que hay que ganar a cada instante cuando el poder está a un toque de dedos sobre la pantalla y reconocerse con otros al compartir es tan importante como la propia información.
En definitiva, volver a crear públicos y comunidades, no sólo clientes y compradores. Y convencer a los anunciantes de que deben participar en esa creación de valor para un público exigente, selectivo y volátil.
Columna para Estrella Digital
Thursday, March 17, 2011
El gobierno decidirá en un mes la ley de acceso
El futuro de la ley de transparencia y acceso a la información pública se decidirá en un mes. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se ha comprometido hoy ante la Coalición Pro Acceso a decidir en un mes si la arrumbada ley que garantizaría a los ciudadanos el derecho de acceso a la información de las administraciones se tramitará en esta legislatura.
Jáuregui justificó el retraso de la ley promovida por la ex vicepresidenta De la Vega por "la extrema gravedad de otros asuntos de gobierno".
Aseguró que no está aparcada pero fuentes del gobierno indican que la Administración no está preparada para responder con eficiencia a las reclamaciones de los ciudadanos.
Varios ministerios y administraciones han pedido más tiempo para agilizar sus procesos y burocracia ante el peligro político de aprobar una ley que no se podría cumplir.
El ministro ha retomado el contacto con los defensores de la ley tras la ciberprotesta de la semana pasada en Twitter, secundada por cientos de internautas.
Jáuregui justificó el retraso de la ley promovida por la ex vicepresidenta De la Vega por "la extrema gravedad de otros asuntos de gobierno".
Aseguró que no está aparcada pero fuentes del gobierno indican que la Administración no está preparada para responder con eficiencia a las reclamaciones de los ciudadanos.
Varios ministerios y administraciones han pedido más tiempo para agilizar sus procesos y burocracia ante el peligro político de aprobar una ley que no se podría cumplir.
El ministro ha retomado el contacto con los defensores de la ley tras la ciberprotesta de la semana pasada en Twitter, secundada por cientos de internautas.
Wednesday, March 09, 2011
La ciberprotesta resucita la ley de acceso
Inundado en Twitter. Así se encontró el Ministerio de Presidencia con una avalancha de ciudadanos reclamando una ley de acceso a la información pública, un anteproyecto paralizado en los cajones del gobierno por el temor de no poder responder a las demandas de los ciudadanos. Pero también por la secular resistencia de la administración pública a perder el control de la información y los datos.
El apoyo ciudadano a la campaña #preguntaalgobierno ha forzado al ministro Ramón Jáuregui a reemprender el diálogo con la Coalición Pro Acceso y convocar una reunión para la próxima semana.
En Pro Acceso están sorprendidos de la respuesta. Confiesan que no esperaban un apoyo tan amplio ni una respuesta tan inmediata. Pero irán a la reunión sin optimismo.
Análisis completo en Estrella Digital
El apoyo ciudadano a la campaña #preguntaalgobierno ha forzado al ministro Ramón Jáuregui a reemprender el diálogo con la Coalición Pro Acceso y convocar una reunión para la próxima semana.
En Pro Acceso están sorprendidos de la respuesta. Confiesan que no esperaban un apoyo tan amplio ni una respuesta tan inmediata. Pero irán a la reunión sin optimismo.
Análisis completo en Estrella Digital
Friday, January 14, 2011
La olvidada ley de acceso a la información
La ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública duerme en los cajones del gobierno. La norma, imprescindible para desarrollar el gobierno abierto y aumentar la transparencia administrativa y política, ha quedado arrumbada ante otras urgencias políticas, la discusión de la reforma del canon digital y la recuperación de la ley Sinde contra las descargas con mayor consenso parlamentario.
El acceso a la información pública es indispensable para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, proteger sus libertades, defenderse del abuso y control de sus datos por las administraciones públicas y construir una sociedad más abierta. Obliga a los poderes públicos a responder a los ciudadanos, facilitar información sobre sus actos y ser transparentes y responsables. Una ley para dotar a la democracia de la información necesaria para una sociedad participativa y crítica.
Un enorme cambio de cultura en la administración, la forma de gobernar y el manejo del poder. Una pérdida del control tradicional de políticos y funcionarios para poner la información y los datos en poder de sus legítimos dueños: los ciudadanos. Un desafío ausente de las prioridades de la nueva política de la sociedad de la información que capitanean el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y José Enrique Serrano, jefe de gabinete del presidente Zapatero.
Columna completa en Estrella Digital
El acceso a la información pública es indispensable para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, proteger sus libertades, defenderse del abuso y control de sus datos por las administraciones públicas y construir una sociedad más abierta. Obliga a los poderes públicos a responder a los ciudadanos, facilitar información sobre sus actos y ser transparentes y responsables. Una ley para dotar a la democracia de la información necesaria para una sociedad participativa y crítica.
Un enorme cambio de cultura en la administración, la forma de gobernar y el manejo del poder. Una pérdida del control tradicional de políticos y funcionarios para poner la información y los datos en poder de sus legítimos dueños: los ciudadanos. Un desafío ausente de las prioridades de la nueva política de la sociedad de la información que capitanean el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y José Enrique Serrano, jefe de gabinete del presidente Zapatero.
Columna completa en Estrella Digital
Wednesday, September 22, 2010
Un ley de acceso a la información coja
En lo positivo aplica por primera vez a la Administración del Estado el principio de publicidad activa, la obligación de los poderes públicos de facilitar, "preferentemente por medios electrónicos" la información pública. Un cambio importante de cultura para una administración más abierta y transparente.
El anteproyecto define en su artículo 2 el ámbito de transparencia a la información pública "elaborada o aquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones" y excluye "las notas borradores, opiniones, resúmenes y todo documento interno sin carácter oficial".
Además en el artículo 5 se limita el derecho de acceso por seguridad nacional y las relaciones exteriores; la seguridad pública; las investigaciones penales, administrativas o disciplinarias, además de la vigilancia, inspección y control de la Administración; los interese económicos y comerciales públicos; los procesos y la tutela judicial; la confidencialidad y el secreto de los procesos de toma de decisión; los derechos constitucionales, incluido el secreto profesional y la propiedad intelectual; además de la vida privada y los intereses particulares legítimos.
Un enfoque restrictivo sobre los límites propuestos por el Consejo de Europa y que en muchos casos no permitirán a los ciudadanos conocer por qué y cómo se toman determinadas decisiones. Elementos fundamentales para defender los derechos individuales y luchar contra la arbitrariedad y la corrupción en las administraciones públicas.
Los poderes legislativos (Congreso y Senado) y judicial quedan al margen de la ley, regidos por sus propias normas, igual que el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Pero se extiende sobre todos los que ejerzan potestades administrativas o servicios públicos.
Se pierde la ocasión para introducir un proceso legislativo más abierto y participativo al excluir a la elaboración de las leyes del derecho de transparencia.
La Agencia de Protección de Datos será la encargada de garantizar estos derechos.
Además de los elementos ya analizados cuando se filtró el anteproyecto, llama la atención la falta de empuje para crear un gran repositorio de contenidos públicos abiertos y gratuitos por las limitaciones de propiedad intelectual en información adquirida por los poderes públicos o la exclusión del acceso gratuito a archivos, bibliotecas y museos (art.16.2).
Todavía no hay conciencia y visión para superar el servicio público de radiotelevisión y sustituirlo por un auténtico servicio público de contenidos digitales.
Anteproyecto_Ley_Transparencia
Thursday, August 19, 2010
Democracia abierta
El derecho a saber es clave para evitar la corrupción, aumentar la eficacia de la administración y proteger los derechos individuales. El Gobierno anuncia al fin una ley para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todo lo que los políticos y la Administración saben. La información es poder, pero ese poder es de los ciudadanos, no de quienes retienen y controlan la información en su propio beneficio o para no rendir cuentas. Es una ley largamente esperada para hacer la democracia más transparente, responsable e informada. Pero en pleno siglo XXI la transparencia debe ser activa y no esperar a las demandas de los ciudadanos. Las herramientas digitales permiten publicar los datos y la información pública de forma accesible, facilitar su reutilización para lograr un gobierno abierto y una democracia aumentada con la vinculación de los datos con la realidad a través de diversas herramientas como los teléfonos móviles.
Después de tanto esperar (somos el último gran país de la Unión Europea en adoptarla), la ley debe ser ambiciosa y no conformarse con trasladar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales. El borrador conocido es todavía más restrictivo. Una ley de acceso a la información debe ser hoy una ley de gobierno abierto y democracia transparente. Eso significa garantizar el mayor acceso a la información, cambiar la cultura política y de la función pública para hacer que administraciones y poderes sean activos para publicar y ofrecer la información pública en tiempo real o lo más actualizada posible; con datos en formatos abiertos y reutilizables, sin excepciones ni opacidades, y excluyendo sólo la información que afecta a los derechos de terceros, como los datos personales, de seguridad o los que puedan perjudicar intereses fundamentales.
La norma debe obligar a todos los poderes y administraciones, sin excusas. Es un cambio en la cultura política y democrática que culmina el pluralismo de la Transición y la descentralización democrática. Un proyecto para no arredrarse y ser ambiciosos.
Columna en los medios de Vocento
Monday, August 16, 2010
Al fin una ley de acceso a la información
El País adelanta que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la prometida ley de acceso a la información pública. Una promesa de 2004 repetida en 2008 que al fin se hará realidad. Pero no somos pioneros ni avanzados. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes sin ley de acceso a la información y uno de los últimos en aplicar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales.
Para el periodismo y los medios informativos, la aprobación de esta ley abre una gran oportunidad para hacer mejor información y mejor periodismo de investigación. Sobre todo de los asuntos cotidianos. Una oportunidad una obligación que periodistas y medios estarán obligados a cumplir para satisfacer una obligación de información y transparencia que aumenta la exigencia sobre el periodismo.
La apertura de la información pública permitirá a los ciudadanos investigar y publicar información más elaborada de la que hoy pueden ofrecer cuando no son profesionales y no cuentan con los recursos y tiempo necesarios. Más competencia para los periodistas y más oportunidades para la información ciudadana.
La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b), pero las administraciones públicas y los gobiernos (tanto estatal como autonómicos y locales) son opacos y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información para garantizar el control y el poder. Una falta de transparencia que encubre la corrupción, los abusos y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad.
Pero el poder y la información son de los ciudadanos en un estado democrático. El acceso a la información es clave para garantizar los derechos individuales y públicos, controlar a los poderes y exigir su responsabilidad, vigilar el funcionamiento de las administraciones y avanzar hacia un gobierno abierto para mejorar la democracia y la participación de los ciudadanos en la vida pública.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública deberá servir primero para que los ciudadanos sepan qué información poseen las administraciones sobre ellos y sus actividades.
Segundo, para acceder a toda la información pública de forma gratuita y sin tener que justificar sus razones. Una solicitud que las administraciones deben tramitar obligatoriamente con prontitud.
Tercero, para hacer transparentes los actos de los poderes públicos, de manera que se evite un alto grado de opacidad y posibilidades de corrupción, cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes.
Cuarto, para hacer efectivo el poder soberano de los ciudadanos frente a los abusos de la administración y de esta forma aumentar la responsabilidad y transparencia públicas.
Pero la ley debe ir más allá y convertirse en la llave del gobierno abierto, la gran oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías e internet para aumentar la participación ciudadana, la responsabilidad democrática y la transparencia. El anteproyecto recoge esa intención al afirmar que "los poderes públicos facilitarán la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad". Un acceso realizado "preferentemente por medios electrónicos".
De esta forma se podrá seguir la senda de gobiernos como el de Obama en Estados Unidos y sus diferentes iniciativas para el acceso y el control público a los datos y presupuestos gubernamentales, la publicación de datos públicos en Gran Bretaña que ha permitido la creación de varias herramientas de acceso y control para los ciudadanos por instituciones y particulares, o la senda abierta por el gobierno de Patxi López en Euskadi.
Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política. Es la ecuación de la democracia 3.0 sólo posible con la transparencia y el acceso a los datos.
El acceso a los datos y a la información pública permitirá ejercer mejor los derechos ciudadanos y crear una serie de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público.
Las administraciones poseen una gran cantidad de datos, de los registros públicos a las contrataciones, que permiten etiquetar el entorno y enriquecerlo con la información para convertir la realidad aumentada en un auténtico servicio público.
Para el periodismo y los medios informativos, la aprobación de esta ley abre una gran oportunidad para hacer mejor información y mejor periodismo de investigación. Sobre todo de los asuntos cotidianos. Una oportunidad una obligación que periodistas y medios estarán obligados a cumplir para satisfacer una obligación de información y transparencia que aumenta la exigencia sobre el periodismo.
La apertura de la información pública permitirá a los ciudadanos investigar y publicar información más elaborada de la que hoy pueden ofrecer cuando no son profesionales y no cuentan con los recursos y tiempo necesarios. Más competencia para los periodistas y más oportunidades para la información ciudadana.
Habrá que estar atentos a las limitaciones de la ley que el Consejo de Ministros planea aprobar este viernes. Los primeros datos indican una ley restrictiva. Los nueve principios propuestos por la Coalición Pro Acceso no se cumplen en su totalidad y algunos organismos e instituciones importantes como el Congreso y el Senado -supongo que también los parlamentos autonómicos- quedan excluidos de una ley que debería afectar a todos.
Los plazos son más largos, en el texto conocido hay dudas sobre las obligaciones de las administraciones autonómicas y locales, así como en la justicia. No se conocen todavía las obligaciones de las administraciones de ayudar a los solicitantes, un cambio de cultura importante en los poderes y los servicios públicos. Y la lista de excepciones sobrepasa los límites recomendados por el Consejo de Europa (pdf, Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales, art. 3).
Entre las excepciones avanzadas por El País se cita la propiedad intelectual, los intereses públicos económicos o comerciales o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La primera hace temer una falta de reforma pública y transparente del actual sistema de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, con las restricciones, abusos y opacidad actuales. La definición de intereses económicos y comerciales deberá ser muy precisa para no limitar la transparencia de los concursos, contratos y gestión pública de los datos y la información. El secreto en los procesos de toma de decisión parece una enmienda a la totalidad de los principios de libertad de acceso, igualdad ante la ley y las administraciones y gobierno abierto. Habrá que esperar al articulado final y su tramitación en el Parlamento para evaluar las restricciones.
La discusión sobre la institución garante del derecho al acceso a la información entre el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (AEDP) se ha resuelto al final a favor de la institución dirigida por Artemi Rallo, un organismo con cada vez mayor poder e influencia.
Del Defensor del Pueblo se desconfiaba por la descentralización autonómica de sus funciones y por la propia actividad de este organismo en los últimos tiempos.
Respecto a la ejemplaridad de las leyes, es inquietante que la elaboración de la ley no siga un proceso transparente y abierto y que su primer borrador tenga que ser conocido por la filtración a un diario. Parece que tampoco habrá consulta pública. Ojalá la tramitación a partir de ahora sea más transparente y los largos años de retraso en la promesa de su impulso sirvan para redactar una ley mejor y más avanzada. Orientada a los desafíos de la ciberdemocracia y la política en la era de las redes sociales.
Pero al fin se da un paso adelante indispensable. Ojalá no volvamos a envidiar a los norteamericanos cuando oímos hablar de la Freedom of Information Act y esta nueva ley se convierta en la llave de la obligación del gobierno abierto y de la puerta a una mejor, más informada y responsable democracia.
Entre las excepciones avanzadas por El País se cita la propiedad intelectual, los intereses públicos económicos o comerciales o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La primera hace temer una falta de reforma pública y transparente del actual sistema de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, con las restricciones, abusos y opacidad actuales. La definición de intereses económicos y comerciales deberá ser muy precisa para no limitar la transparencia de los concursos, contratos y gestión pública de los datos y la información. El secreto en los procesos de toma de decisión parece una enmienda a la totalidad de los principios de libertad de acceso, igualdad ante la ley y las administraciones y gobierno abierto. Habrá que esperar al articulado final y su tramitación en el Parlamento para evaluar las restricciones.
La discusión sobre la institución garante del derecho al acceso a la información entre el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (AEDP) se ha resuelto al final a favor de la institución dirigida por Artemi Rallo, un organismo con cada vez mayor poder e influencia.
Del Defensor del Pueblo se desconfiaba por la descentralización autonómica de sus funciones y por la propia actividad de este organismo en los últimos tiempos.
Respecto a la ejemplaridad de las leyes, es inquietante que la elaboración de la ley no siga un proceso transparente y abierto y que su primer borrador tenga que ser conocido por la filtración a un diario. Parece que tampoco habrá consulta pública. Ojalá la tramitación a partir de ahora sea más transparente y los largos años de retraso en la promesa de su impulso sirvan para redactar una ley mejor y más avanzada. Orientada a los desafíos de la ciberdemocracia y la política en la era de las redes sociales.
Pero al fin se da un paso adelante indispensable. Ojalá no volvamos a envidiar a los norteamericanos cuando oímos hablar de la Freedom of Information Act y esta nueva ley se convierta en la llave de la obligación del gobierno abierto y de la puerta a una mejor, más informada y responsable democracia.
Tuesday, December 15, 2009
Información para un gobierno abierto
La información es imprescindible en democracia, pero conseguir información oficial sigue siendo una pesadilla. La vieja burocracia de los legajos y la opacidad condena a los ciudadanos a un martirio para acceder a los datos de la Administración. Ese secuestro oficial de la información es una de las principales causas de la falta de transparencia y la corrupción. El presidente Zapatero prometió hace algo más de un año acabar con el silencio administrativo y devolver a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. Ahora el Gobierno reitera que esa ley, adoptada ya por 22 de los 25 países de la Unión Europea, estará lista el año próximo. ¿Será el principio de un gobierno abierto con más tecnología para mejorar la democracia?
El acceso a la información pública es uno de los pilares del egobierno junto a la posibilidad de reutilizar esos datos y una administración electrónica tan eficaz en prestar servicios como en recaudar. Una ley trasladó en 2007, con cuatro años de retraso, la directiva europea sobre el uso de documentos oficiales, como promueve el Proyecto Aporta, pero persisten demasiadas barreras legales, culturales y tecnológicas para un gobierno abierto (ogov), una administración pública transparente, con mayor poder y más participación de los ciudadanos gracias a la tecnología.
Una senda explorada en los últimos tiempos por la Casa Blanca de Barack Obama y su directiva de gobierno abierto, Gran Bretaña y sus planes para una sociedad digital y un gobierno inteligente, o el compromiso de la Unión Europa para fomentar el egobierno. Sólo con más transparencia y acceso a la información de las administraciones es posible mejorar la democracia y el uso que los ciudadanos pueden hacer de la información pública.
Gracias al acceso a datos públicos los norteamericanos pueden vigilar los planes para recuperar la economía en la web Recovery.org o saber en qué gasta el dinero el gobierno y qué empresas contrata en USASpending.org. En Inglaterra, TheyWorkForYou permite vigilar el trabajo de los políticos, en FixMyStreet se denuncian problemas en las calles y se comprueba si las administraciones los arreglan, o también se puede ver la evolución de los servicios públicos en gráficos.
Son necesarios los 9 principios de la Coalición Pro Acceso. Pero también disponer de los datos completos, originales, actualizados, accesibles, procesables, sin discriminación tecnológica ni sujetos a formatos propietarios o a limitaciones de derechos. Sólo de esa forma es posible crear una plataforma pública a la que se pueda acceder para crear aplicaciones, bases de datos, herramientas de comunicación o incluso sistemas de realidad aumentada donde los ciudadanos puedan ejercer con mayor facilidad sus derechos.
Columna en el diario Público
Tuesday, January 27, 2009
España, lejos del gobierno abierto
Propuestas para un gobierno abierto y una Administración pública más transparente en mi columna en Público
La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b) pero la Administración es opaca. Lejano está el gobierno abierto, que empieza a andar en Estados Unidos con la presidencia de Obama o en ciertos ayuntamientos con los presupuestos participativos. Internet y las nuevas tecnologías permiten una democracia más participativa, pero los políticos las adoptan más para la propaganda que para la gobernanza.
Los principales partidos reconocen que la sociedad de la información debe cambiar la política. María González Veracruz, secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE, defiende los logros del Plan Avanza y pone como ejemplo de ciberdemocracia la web del Plan E, donde Zapatero explica sus medidas económicas y el secretario de Hacienda ha celebrado un chat con ciudadanos. José Luis Ayllón, diputado del PP y responsable de campañas, reconoce el atraso en ciberdemocracia a pesar de que la Red "está cambiando la política, la vida de los partidos y de los políticos, que deben estar permanentemente conectados".
La ley garantiza la transparencia y participación con los ciudadanos. Pero los estudios de la Unión Europea sobre eGobierno revelan que la Administración es más eficiente para recaudar que para compartir. Zapatero puede seguir respondiendo preguntas en televisión, pero los ciudadanos aguardan su promesa de una ley de acceso a la información pública como la existente en otros países.
¿Qué principios debería respetar un gobierno abierto?
Comunicación. Usar las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, tanto en procedimientos administrativos como de otra índole, con canales de diálogo permanente.
Transparencia. Acceso con las menores restricciones legales a los datos, informes y decisiones de la Administración.
Participación. Hacer accesibles y reutilizables los datos públicos a través de portales y herramientas digitales fáciles de usar: un Google de la Administración, como defiende Obama, muy necesario en el Estado autonómico.
Dominio público. Devolver a los ciudadanos lo que es suyo. Liberar de derechos de propiedad la información pública y los contenidos de todo tipo pagados con fondos públicos.
Responsabilidad y servicio público. Los ciudadanos deben poder identificar a los funcionarios públicos y exigir su responsabilidad informativa.
Rendición de cuentas. Publicación y acceso a las cuentas públicas y cómo se gestionan.
Debate legislativo. Permitir el debate y voto consultivo de los ciudadanos a proyectos de ley antes de su tramitación parlamentaria.
Accesibilidad y neutralidad tecnológica. Eliminar las barreras para acceder y compartir la información pública.
Queda camino.
La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b) pero la Administración es opaca. Lejano está el gobierno abierto, que empieza a andar en Estados Unidos con la presidencia de Obama o en ciertos ayuntamientos con los presupuestos participativos. Internet y las nuevas tecnologías permiten una democracia más participativa, pero los políticos las adoptan más para la propaganda que para la gobernanza.
Los principales partidos reconocen que la sociedad de la información debe cambiar la política. María González Veracruz, secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE, defiende los logros del Plan Avanza y pone como ejemplo de ciberdemocracia la web del Plan E, donde Zapatero explica sus medidas económicas y el secretario de Hacienda ha celebrado un chat con ciudadanos. José Luis Ayllón, diputado del PP y responsable de campañas, reconoce el atraso en ciberdemocracia a pesar de que la Red "está cambiando la política, la vida de los partidos y de los políticos, que deben estar permanentemente conectados".
La ley garantiza la transparencia y participación con los ciudadanos. Pero los estudios de la Unión Europea sobre eGobierno revelan que la Administración es más eficiente para recaudar que para compartir. Zapatero puede seguir respondiendo preguntas en televisión, pero los ciudadanos aguardan su promesa de una ley de acceso a la información pública como la existente en otros países.
¿Qué principios debería respetar un gobierno abierto?
Comunicación. Usar las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, tanto en procedimientos administrativos como de otra índole, con canales de diálogo permanente.
Transparencia. Acceso con las menores restricciones legales a los datos, informes y decisiones de la Administración.
Participación. Hacer accesibles y reutilizables los datos públicos a través de portales y herramientas digitales fáciles de usar: un Google de la Administración, como defiende Obama, muy necesario en el Estado autonómico.
Dominio público. Devolver a los ciudadanos lo que es suyo. Liberar de derechos de propiedad la información pública y los contenidos de todo tipo pagados con fondos públicos.
Responsabilidad y servicio público. Los ciudadanos deben poder identificar a los funcionarios públicos y exigir su responsabilidad informativa.
Rendición de cuentas. Publicación y acceso a las cuentas públicas y cómo se gestionan.
Debate legislativo. Permitir el debate y voto consultivo de los ciudadanos a proyectos de ley antes de su tramitación parlamentaria.
Accesibilidad y neutralidad tecnológica. Eliminar las barreras para acceder y compartir la información pública.
Queda camino.
Thursday, October 09, 2008
Información 3.0
Sin respuesta. Silencio administrativo. Es la contestación más habitual de las administraciones públicas a los ciudadanos. Una democracia no funciona sin transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer y exigir la información. Por eso ya es hora de tener una ley de acceso a la información pública como la que acaba de anunciar el presidente Zapatero. Una demanda todavía más importante en la sociedad de la información, cuando la ciudadanía digital y el e-gobierno amplían y el valor de los datos y la participación.
España es uno de los pocos países europeos sin una ley para garantizar el acceso a los datos y actividad de las administraciones. Una falta de transparencia denunciada repetidamente. Manda la propaganda frente a la información sobre qué hacen los cargos públicos, con quién y a dónde va el dinero de los contribuyentes.
Según el último informe sobre la transparencia informativa en España, el 78% de las solicitudes de información a la administración no se contestan adecuadamente. La administración digital avanza, pero más enfocada a facilitar trámites administrativos que a ampliar la ciberdemocracia.
En Gran Bretaña el gobierno estudia un plan para publicar toda su información en webs donde los ciudadanos puedan participar y utilizar esos datos para cualquier actividad. Barack Obama defiende en Estados Unidos la publicación en internet de todos los actos administrativos y la creación de una especie de Google para el gobierno, un buscador para controlar el dinero público.
En España será necesario vigilar de cerca la ley para no repetir los problemas y limitaciones sufridos hasta ahora. Una buena ley de acceso a la información debe garantizar el derecho de reclamar información de forma sencilla, rápida y gratuitamente sin que se pregunte al ciudadano para qué quiere conocer la información. El rechazo debe ser motivado y recurrible ante un órgano independiente. Y si la información de las administraciones vuelve al dominio público a través de fuentes abiertas y participativas, la ciudadanía 3.0 empezará a ser real.
La calidad de la democracia va en ello.
Columna en los diarios de Vocento
España es uno de los pocos países europeos sin una ley para garantizar el acceso a los datos y actividad de las administraciones. Una falta de transparencia denunciada repetidamente. Manda la propaganda frente a la información sobre qué hacen los cargos públicos, con quién y a dónde va el dinero de los contribuyentes.
Según el último informe sobre la transparencia informativa en España, el 78% de las solicitudes de información a la administración no se contestan adecuadamente. La administración digital avanza, pero más enfocada a facilitar trámites administrativos que a ampliar la ciberdemocracia.
En Gran Bretaña el gobierno estudia un plan para publicar toda su información en webs donde los ciudadanos puedan participar y utilizar esos datos para cualquier actividad. Barack Obama defiende en Estados Unidos la publicación en internet de todos los actos administrativos y la creación de una especie de Google para el gobierno, un buscador para controlar el dinero público.
En España será necesario vigilar de cerca la ley para no repetir los problemas y limitaciones sufridos hasta ahora. Una buena ley de acceso a la información debe garantizar el derecho de reclamar información de forma sencilla, rápida y gratuitamente sin que se pregunte al ciudadano para qué quiere conocer la información. El rechazo debe ser motivado y recurrible ante un órgano independiente. Y si la información de las administraciones vuelve al dominio público a través de fuentes abiertas y participativas, la ciudadanía 3.0 empezará a ser real.
La calidad de la democracia va en ello.
Columna en los diarios de Vocento
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