La tragedia de las ciudades sin diarios

El Día de Castilla-La Mancha cierra su edición en papel y deja a Cuenca y Guadalajara sin diario local. El fin de la prensa impresa local se acelera y más ciudades y provincias perderán uno de sus principales medios de información junto a la radio, el otro canal informativo importante en las pequeñas ciudades.
La cuestión clave es qué medio informativo local sustituirá a la prensa. ¿Son suficientes los digitales?
Pero la pregunta va más allá: ¿sobrevivirá la información local de calidad en el nuevo ecosistema digital, político y ciudadano?
El multimillonario Warren Buffett explicaba hace unos días a sus inversores su interés en comprar diarios locales (pdf):

"Newspapers continue to reign supreme, however, in the delivery of local news. If you want to know what’s going on in yourtown – whether the news is about the mayor or taxes or high school football – there is no substitute for a local newspaper that is doing its job".
"I believe that papers delivering comprehensive and reliable information to tightly-bound communities and having a sensible Internet strategy will remain viable for a long time. We do not believe that success will come from cutting either the news content or frequency of publication. Indeed, skimpy news coverage will almost certainly lead to skimpy readership. And the less-than-daily publication that is now being tried in some large towns or cities – while it may improve profits in the short term – seems certain to diminish the papers’relevance over time. Our goal is to keep our papers loaded with content of interest to our readers and to be paid appropriately by those who find us useful, whether the product they view is in their hands or on the Internet".

Buffett resume las posibilidades de pervivencia de la prensa local: información local de calidad -"información escasa conduce a escasa audiencia", nunca tan de acuerdo- con una buena estrategia digital, publicación diaria (aunque con diferentes ediciones en contenido y oferta) y un modelo de pago sostenible en papel y dispositivos digitales.
Concuerdo con su dictamen con una enmienda a la defensa del modelo de pago. Para muchos diarios en mercados locales el pago digital no viene principalmente por el producto informativo, sino que se mantiene en papel y se extiende a aplicaciones de alta utilidad y modelo SoLoMo: social, local y móvil.

La sostenibilidad de la prensa local está en mantener la edición impresa y su réplica digital con ingresos de pago, pero sobre todo en ampliar su mercado publicitario y en abrir nuevos negocios tanto comunitarios como digitales: aplicaciones donde la información local, los servicios de proximidad, el comercio electrónico, los descuentos y la pertenencia a una comunidad se unan.
La otra estrategia clave es convertir al diario en un club de lectores y ciudadanos. Un club que permite crear una base de datos valiosa tanto para la información como para el negocio, sostener la difusión y los ingresos de pago, y aumentar las oportunidades publicitarias y de marketing.
Sólo con una estrategia de negocio rentable es posible sostener un medio informativo independiente y de calidad.
Los medios sin ánimo de lucro no pueden cumplir esa misión en la mayoría de los casos, sobre todo en países como España donde la sociedad civil no está preparada ni es lo suficientemente fuerte ni comprometida para sostener las plataformas colaborativas y financieras necesarias. Muy al contrario que en países como Estados Unidos, donde esa tradición existe desde su fundación.

La debilidad de la sociedad civil contribuye a la fragilidad de la prensa local. ¿Cuántos ateneos o liceos que no sean una reliquia o un centro de día para mayores subsisten? ¿Cuántos círculos de artesanos o comerciantes? ¿Cuántas asociaciones culturales y cívicas con suficientes socios y recursos creativos y financieros?
En Ponferrada no hay diario. El líder en la prensa provincial es Diario de León, comprado hace años por el empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel, para ganar influencia y difusión para sus amigos políticos, con los que hace negocios siempre bajo sospecha. De ahí su permanente apoyo a quienes mandan en las ciudades de León.
Ulibarri y su extinto Grupo Begar extendieron su trama mediática a las televisiones locales, como tantos otros, en busca de los réditos de la prensa de ladrillo, una de las herramientas preferidas de los impulsores de la burbuja política, social y económica que vamos a pagar muchos años.

En muchas ciudades, provincias y hasta autonomías enteras se ha vivido estos años un secuestro de la información local por personas y grupos con intereses muy ajenos al bien común. Un secuestro del periodismo del que periodistas y ciudadanos también somos responsables, además de ser las principales víctimas tanto laborales como de la estafa de los señores del ladrillo y la información.
El escándalo de Ponferrada es un buen espejo de los males de una sociedad donde la información y el periodismo han sido secuestrados por los corruptos y los grupos de interés sin la defensa democrática de una sociedad civil fuerte y unida contra la rapiña de lo público.

La crisis de la prensa local es una tragedia para las ciudades y la democracia activa, responsable y participativa. Primero lo ha sido por la aquiescencia o la entrega a los intereses bastardos de unos pocos por no pocas cabeceras, emisoras de radio y canales de televisión (con la complicidad del gobierno central, los autonómicos y las diputaciones). Después por una crisis donde la debilidad del producto y el negocio informativo local no es capaz de sostener medios rigurosos, críticos e independientes.
En muy pocos lugares se sostienen medios hiperlocales capaces de proveer a una ciudadanía activa de la información necesaria para controlar a los poderes locales y evitar los abusos y la corrupción.

Urge una reconstrucción del modelo de información local para sostener los atributos de rigor, independencia y calidad de la información, pero también para ayudar a crear o fortalecer una ciudadanía activa y crítica con las herramientas imprescindibles para la democracia y el control de los poderes.
Las redes sociales no cumplen esa función, pero ayudan si se utilizan como herramientas de comunidad e informativas con objetivos periodísticos.
La crisis de la información local es una tragedia para todos, no sólo para sus editores y periodistas.

Agenda digital coja

El gobierno ya tiene plan para cumplir con la Agenda Digital europea, pero la confusión sigue. Ni rastro del mercado único, el principal objetivo europeo para los contenidos digitales y el comercio electrónico, ni de la prometida reforma de la propiedad intelectual para el impulso de una oferta amplia, a precios bajos y accesibles en todos los dispositivos, del móvil a las televisiones conectadas, que ayuden a paliar el déficit crónico de pago por productos digitales.

El nuevo plan del gobierno se aprueba, con retraso, cuando ha acabado 2012, el primer año de caída de la telefonía móvil -un 5% menos- mientras continúa el abandono del teléfono fijo y sólo la conexión a banda ancha, tanto fija como móvil, resiste la crisis.

Los españoles somos los mayores usuarios de móviles inteligentes de Europa, pero en comercio electrónico y contenidos digitales andamos por detrás. Como nuestras empresas, con menos inversión en innovación y negocio digital que en el resto de grandes países europeos.

La agenda digital española sigue al reparto del dividendo digital –la asignación de frecuencias liberadas por la televisión- que no se ha aprovechado para racionalizar un mercado saturado de canales en abierto pero dominado por el mayor duopolio privado de Europa: Mediaset y Antena 3.

Hace unos meses el canon digital se reformó para hacerlo universal y ampliar la injusticia de que todos paguemos por copia privada, la hagamos o no. Una reforma que además redujo la compensación a los autores sin mejorar la distribución de esos fondos ni aumentar los contenidos de dominio público.

Y de la inversión qué decir, con IVA más alto para las empresas y menos proyectos y créditos para la investigación y el desarrollo.

Con seis grandes objetivos y 106 líneas de actuación, la agenda del gobierno Rajoy es tan amplia que sorprende el olvido de lo más obvio: educación para innovadores, financiación para emprendedores, más oferta y derechos para los consumidores. Mucho plan, poca realidad.

Columna en los diarios de Vocento

Sociedad de la información: contenidos móviles y útiles

Algunas claves que me sugiere el informe La Sociedad de la Información 2012 de Fundación Telefónica para el periodismo y los medios:

Casi dos de cada tres lectores (59,3%) de prensa dispuestos a abandonar el papel. Crece la audiencia y el consumo de información sólo en medios digitales. El móvil y las tabletas son los primeros soportes que realmente sustituyen al papel.
La audiencia digital ya casi iguala a la de papel: 14 millones de lectores en papel frente a 12 millones de audiencia de los diarios digitales. En las revistas la audiencia aún es muy mayoritaria en papel.
El papel no está muerto, pero cambia su función y su rol en el ecosistema y el negocio informativo. Se convierte en un producto más de una marca de contenidos a los que el público accede a través de más medios y soportes.

El móvil es el soporte de la información. La información acompaña al público en todo momento con el móvil. Con un 63% de usuarios de teléfonos inteligentes (smartphones), los móviles son el soporte que permite crear el engagement con el público.
El medio y la marca acompañan al usuario en su vida cotidiana a través del móvil, donde se crea una relación afectiva e íntima mucho mayor que en el resto de soportes y sólo igualada por la tableta.
El móvil demanda de los medios convertirse más que nunca en una guía útil para la vida cotidiana. Esa utilidad la determina cada contenido en función de su naturaleza, pero el periodismo debe aportar el enfoque de mayor utilidad para la sociedad y cada uno de los consumidores.
No basta con informar, es mejor aumentar el conocimiento útil sobre la realidad.

Los contenidos son multipantalla, los medios están obligados a ser contextuales y a crear un ecosistema informativo. Los contenidos y la información deben estar en todos los soportes y pantallas, pero la ley de la redundancia no implica que el desarrollo del contenido y la oferta sea el mismo. El público accede a los contenidos a través de los diferentes soportes en función de su actividad, sus intereses y la evolución de sus hábitos de consumo informativo y de contenidos a lo largo del día.
Satisfacer esa demanda requiere contenidos 24/7 -a todas horas todos los días- pero también ofrecer una oferta con estilos, experiencia de usuario y enfoque de la información o el contenido distinta en función de la situación, actitud y soporte de acceso al contenido por la audiencia. Esa oferta requiere una programación contextual de la información.
Convertirse en medios contextuales para acompañar a la audiencia en sus necesidades informativas y de consumo, pero consiguiendo escalabilidad en la producción y edición de contenidos.
El acento de la mayoría de los medios en el mercado digital ha estado hasta ahora en producir más contenido durante más tiempo: aumentar el volumen y el horario de la oferta. Esa es una programación imposible de sostener para la mayoría y que será progresivamente sustituida por la agregación, la edición semántica y apoyada por la inteligencia artificial.

El problema de los medios y la audiencia es lograr el contenido de mayor interés y calidad para cada tipo de público con la mejor relación (engagement) entre marca y audiencia. Producir más contenidos durante más tiempo no es la única ni la mejor solución. Puede ser adecuada para medios de gran volumen, pero el mayor engagement se consigue con contenidos relevantes adecuados al público al que se dirigen y con la mejor experiencia de usuario a través del soporte de acceso.
Esa mejora en la experiencia de los contenidos es la base del aumento de la eficacia y rentabilidad publicitaria en los medios.

Los contenidos son sociales, los medios también deben serlo. Las redes sociales son el eje de la comunicación y la relación entre los nómadas digitales. La adopción de las redes sociales y de la mensajería instantánea es casi universal. Son el nuevo espacio y herramienta de socialización. Los medios y los periodistas deben estar en las redes no sólo como marcas personales, sino como nodos de las redes. El periodista y los medios debe convertirse en un red social: un guía para el público en la enorme abundancia de las redes. Los medios deben ser espacios y plataformas para la participación de calidad tanto internamente como de forma distribuida en las redes donde los usuarios despliegan la mayoría de su actividad.

La información y los contenidos ocupan un espacio limitado en las redes sociales. La comunicación entre usuarios es la principal razón de uso y pertenencia a una red social. Pero una parte importante de la identidad de dominio público de cada usuario en las redes se construye con información y contenidos de medios.
Para alimentarla no basta con la corriente continua de titulares y noticias de escasa vida. La longevidad de la información, y por tanto su escalabilidad, es mayor cuanto más útil y utilizable es para el usuario, tanto por el enfoque y contenidos como por los formatos y estilos empleados para aumentar su consumo y legibilidad.

Contenidos de acceso continuo y multipantalla. La propiedad ya no importa. Los contenidos dejan de ser una propiedad (un producto) para convertirse en un servicio. La conexión permanente y desde cualquier lugar y dispositivo de la extensión de la banda ancha móvil empuja a albergar los contenidos en la nube y a hacerlos accesibles al público desde cualquier dispositivo y momento sin depender de dónde están.
El aumento del acceso al contenido es la clave del éxito de Amazon, Netflix o Google. La mayoría de medios no han conseguido esa accesibilidad. La propia estructura de los contenidos y la información está pensada desde la escasez, la oferta vinculada a la actualización y lo efímero. Un producto de consumo masivo que se agota en un tiempo de vida breve.
Pero esa no es la realidad del consumo digital en hiperconexión. Cuando todo está accesible en cualquier momento la actualidad manda en la información, pero la vida útil del contenido se desdobla en el tiempo de la información y el tiempo del consumo y la recomendación.
Los contenidos son interesantes y actuales cuando se producen (una noticia, la temporada de una serie, un lanzamiento de un disco, etc.) pero también cuando se comparten y logran relevancia social. Por eso reviven a menudo en las redes sociales viejas noticias o reportajes, vuelven a las listas de éxitos viejas series o revive una canción.
Lo de menos es comprar y ser propietario de los contenidos, como en los viejos mercados. La mejor oferta es disponer de ellos cuando un amigo los recomienda o cuando el usuario dispone del tiempo, el interés y la actitud adecuada para su consumo. De los contenidos como producto -finito, acabado y poco reutilizable- a los contenidos como servicio: amplia accesibilidad en cualquier momento y soporte, archivo y catálogo vigentes, con mejor búsqueda y recomendaciones que aumentan criterio para decidir el consumo.

La guerra de la prensa contra la economía del enlace

Los diarios irlandeses avanzan en la batalla contra la economía del enlace con su pretensión de cobrar por enlazar sus contenidos. Un paso más en la lucha de la prensa por rentabilizar sus contenidos en internet. Los editores españoles intentan crear una SGAE para la información mientras Francia, Alemania o Brasil luchan por implantar una tasa Google para cobrar a buscadores y agregadores. En Bélgica hay acuerdo entre prensa y Google para que todo siga igual. Suena la alarma contra el derecho al enlace, la base de la web, como ha explicado su fundador Tim Berners-Lee. El problema es quién es el propietario de la información. Cómo se rentabiliza la obra periodística cuando sólo lo que se enlaza y comparte tiene auténtico valor informativo, democrático, social y económico. Es el impacto de la economía del enlace y del poder del usuario -de la demanda- en el mercado digital. Una economía y un negocio opuesto al control del acceso y de la publicación propia de los medios tradicionales. Una batalla en la que pierden los usuarios y la sociedad de la información.

A la denuncia de intentar destruir la naturaleza de la web por cobrar el enlace a sus contenidos (desde 300 euros en adelante), los diarios agrupados en National Newspapers of Ireland (NNI) responden que sólo reclaman remuneración por la utilización comercial de los enlaces. "Los miembros de NNI nunca se han opuesto a que el contenido de los diarios sea utilizado por otros para el uso personal", señalan. Los periódicos irlandeses "aceptan que el enlace para uso personal es parte de la comunicación online de los inviduos y no tenemos objeción".

La prensa da un paso más en la guerra de la propiedad del copyright e intenta no sólo cobrar por la copia o la cita, sino por el enlace a sus contenidos -la práctica conocida como deep linking: enlace directo. Un privilegio todavía no permitido en la legislación irlandesa ni en la europea. Incluido ya en las condiciones legales de algunos medios, pero no en las licencias de Newspaper Licensing Ireland Limited, la sociedad de gestión de derechos de los editores, similar a la que se quiere implantar en España.

En una reciente consulta legislativa para reformar la propiedad intelectual (pdf), la prensa irlandesa intentó abortar la práctica del uso justo (fair use) del copyright norteamericano que ampara el derecho de enlace. En España los editores reclaman una compensación por copia privada como la de la música, la televisión o el cine.

Los diarios irlandeses rechazan la neutralidad de los enlaces y se aferran a una sentencia británica que reconoce la propiedad de los contenidos periodísticos y a los titulares y sumarios de las noticias (los snippets de Google, por ejemplo) como obras con derechos de autor.

Muchos periodistas creen que los editores perdieron la batalla contra los buscadores y agregadores cuando dejaron enlazar sus contenidos y permitieron la aparición de sumarios. Esos resúmenes ofrecen cada vez más información al incorporar fotos, vídeos, microdatos, música, datos útiles, etc. Ya no sólo los utiliza Google, son habituales en las principales redes sociales como Facebook, Linkedin o Twitter, donde los editores pueden elegir cómo publicarlos.

Los medios se debaten entre la necesidad de ganar audiencia y relevancia con la optimización en buscadores (SEO) y el marketing viral en las redes sociales frente a la presión de hacer rentables los contenidos cuando una gran parte de los usuarios no pasan de esos títulos o extractos para llegar a la fuente de la información.

Es la maldición de la pirámide invertida: cuando lo más relevante de las noticias está en el título y en el primer párrafo, para muchos es suficiente en la era de la abundancia. El estilo que los periodistas crearon para hacer más comprensible y rápido el acceso a la información se vuelve en su contra en la era digital.

La lucha de la prensa contra el enlace y la cita amenaza el propio derecho a la información y a su titular: las personas. La posibilidad real de publicar, enlazar, compartir, comentar, editar, recomendar o republicar contenidos conseguido con internet es el triunfo de la democratización de la información nacido con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reconocido desde entonces por casi todas las legislaciones democráticas, como en el artículo 20 de la Constitución Española (1978).

El periodismo hace su negocio con una riqueza que no le pertenece: la información es del público y sólo el interés público legitima el ejercicio periodístico. Es un servicio que aporta valor añadido e inteligencia al relato de la realidad más que una creación. En eso se parece a los buscadores, agregadores y redes sociales que ofrecen a los usuarios espacio digital y capacidad de publicar, comentar, compartir, ordenar y distribuir contenidos propios o ajenos.

La Declaración de Derechos Humanos cierra la etapa de la propiedad de la información por los editores, como antes había sido de los reyes y de la Iglesia que permitían licencias para imprimir y publicar. Cuando los periodistas comenzaron a reivindicar con fuerza sus derechos de autor sobre la información les sobrepasó el asalto ciudadano a la información y los contenidos. Desde entonces los editores luchan para mantener el control de la propiedad de la información contra las propias redacciones y contra los derechos humanos.

No es difícil reconocer la propiedad y el derecho a la explotación comercial del artículo, el periódico, la revista o un telediario (obras derivadas de la información, en jerga jurídica) pero es más complejo marcar los límites del derecho de cita, enlace o comentario que hacen real ese derecho a la información.

Editores y periodistas tienen derechos sobre el producto, pero la información es de todos. En ese derecho se ampara la cita, la copia privada, la parodia o la reutilización de partes del contenido como reconoce la legislación europea y española. Los nuevos medios de internet han encontrado cómo aprovechar y ampliar ese derecho a la información. Unos añadiendo valor y funcionalidades para los usuarios, otros sólo copiando y esquilmando los contenidos ajenos.

El problema del negocio del periodismo no está en diseñar complejas barreras para cobrar a los aprovechados, sino en recuperar el valor de la información original y su reconocimiento por ese público que hoy se contenta con el esqueleto más breve de la noticia o con los enlaces y citas de quienes ofrecen más acceso a los contenidos sin aportar criterio, inteligencia o más información.

Artículo en ElDiario.es

El saqueo digital de Google, Amazon, Apple o Facebook

Ya no son sólo los diarios, los gobiernos se levantan contra las grandes corporaciones tecnológicas que se aprovechan de las leyes aprobadas por esos mismos políticos para evadir impuestos y pagar menos a las haciendas de los países donde actúan. La innovación tecnológica, la globalización y la vibrante economía de inversión que catapulta a esas empresas en Estados Unidos amenaza en convertirlas en los grandes depredadores de las riquezas intelectuales, inmateriales, de contenidos y económicas ajenas. La cuestión es si lo que aportan a la sociedad de la información justifica semejante privilegio o amenazan con convertirse en grandes empresas extractivas, explotadoras de las riquezas de otros, para seguir la terminología de Daron Acemoglu y James Robinson.

Hacienda vigila a Google, Facebook o Apple por dejar de ingresar mill millones de euros al fisco cada año a pesar de dominar sus respectivos mercados. Sólo Google acapara más de la mitad de la economía de internet en España -casi 450 millones de euros- a pesar de declarar pérdidas de casi 75.000 euros en 2001 y de 640.000 en 2010.

En Francia, donde los editores de prensa del mercado más regulado y cerrado de Europa, encabezan la cruzada contra Google por los derechos de las informaciones, se prepara una multa de más de cien millones de euros por no declarar sus ganancias correctamente entre 2008 y 2012 al facturar desde Irlanda, como en el resto de Europa. En el mismo casos están Amazon y otras compañías digitales.

En Alemania también se prepara una ley para proteger la propiedad intelectual de los editores, en muchos casos no reconocida a los periodistas al considerarse los diarios obras colectivas, como ocurre en España.
Y al fin el escándalo del saqueo tecnológico ha llegado a Gran Bretaña, donde su insularidad europea, el poder de la City y la exclusiva relación con Estados Unidos han convertido al viejo imperio en la cabeza de puente de la ofensiva europea de las multinacionales digitales norteamericanas.

Google desde Irlanda o Amazon desde Luxemburgo son tan diestros en aprovechar los resquicios fiscales internacionales como en las búsquedas o el comercio electrónico. Ambos siempre han defendido la cultura de aumentar su oferta y productos con la menor inversión posible en todo lo que no sea innovación y tecnología.

Google facturó 3.144 millones de euros en 2011 y pagó sólo un 0,4%: 4,24 millones de euros. Amazon sólo cotizó el año pasado un 2,5% de sus ventas de más de 4.100 millones de euros y consiguió rebajar el IVA de los ebooks de un 20% legal para pagar sólo un 3%. Apple paga menos de un 2% de impuestos en Reino Unido y Facebook no llegó a 300.000 euros a pesar de ser uno de los grandes comercializadores de publicidad gráfica.

Además de aprovechar los agujeros legales como el resto de grandes empresas multinacionales, ¿tienen las ganancias de estos grandes innovadores y creadores de riqueza digital algún derecho especial por su contribución a la sociedad de la información?

La residencia fiscal en países con menores impuestos y acuerdos de doble imposición como Irlanda y el uso abusivo de los precios de transferencia: lo que las propias subsidiarias de las compañías pagan por sus productos y servicios. Las grandes consultoras ayudan en esas técnicas y alertan del endurecimiento de la regulación fiscal en casos como España.

Google no cumple su mandato de no ser dañino, el famoso Don´t Be Evil, ni el de servir a los usuarios y menos el de la responsabilidad fiscal. Y lo mismo el resto de grandes digitales.

En el caso de España el saqueo fiscal digital es especialmente grave porque la economía digital alcanza un porcentaje muy pequeño del PIB: Google lo calculó en el 2,2%, una cifra que se mantiene, debido a la baja innovación, la escasa inversión y la baja productividad. Una economía más volcada al consumo digital que a la producción y la innovación.

No somos una sociedad de la información sino más bien hemos multiplicado la sociedad de consumo a los productos digitales con una innovación muy baja, la persistencia de una legislación económica y de propiedad intelectual que desanima a la nueva economía y los emprendedores, y con una sostenida situación de oligopolios -en telecomunicaciones, redes, distribución, derechos de contenidos, comercialización, etc.- que son lastres para el crecimiento.

Google, Amazon, Apple, Facebook se han convertido en negocios extractivos en lugar de ser todo lo inclusivos que las nuevas tecnologías, la interactividad, la participación ciudadana y su condiciones de plataformas -de usuarios, negocios, aplicaciones, etc.- permiten.

Se han unido a las élites extractivas no por el inmovilismo que caracteriza a muchos viejos monopolios -entre ellos gran parte del sector público- sino por lo su posición de poder, la maldición de convertirse en demasiado grandes para caer (too big to fail) como el sector financiero que ha provocado la grave crisis que vivimos.

El retorno de su actividad y de su generación de riqueza no es suficiente para todos porque está aumentando la desigualdad, tanto entre diferentes negocios -como la prensa- que alimentan el suyo, sino por la desigual distribución de la riqueza que crean. Vuelven a concentrarla en un sólo país y en unas pocas manos.

Como explican Acemoglu y Robinson en su libro, las instituciones (negocios) extractivas acaparan el trabajo de muchos para beneficiar a unos pocos, desprotegen los derechos de propiedad de los demás y tienden a convertirse en monopolios.

Es el retrato de cualquiera de estas compañías con algunos matices nuevos, principalmente dos: su apuesta por la innovación y el conocimiento frente a los monopolios anteriores que los erosionaban y su carácter de plataformas, sistemas donde se desarrolla la innovación, el trabajo y el negocio de otros (dejamos para otra discusión si con un reparto sostenible).

Las élites extractivas no son sólo la clase política del capitalismo castizo, como ha dicho César Molinas. También las compañías más innovadoras ejercen ese nefasto papel cuando olvidan su compromiso con sus usuarios, que son consumidores y productores, como relata toda la teoría de los prosumidores (prosumers).

Ese es el principal error de empresas como Facebook, que posiblemente se habrían librado de sus males en bolsa, si hubieran convertido en accionistas a sus usuarios, en una auténtica estrategia de economía participativa.

Pero el mal de las élites extractivas anida en los bonus, las acciones de sus directivos que se venden a grandes precios y en la presión del mercado y los resultados para ser cada vez más grandes, más fuertes, más globales, más rentables.

Como en el caso de Google y los diarios -el gráfico de arriba, tan famoso estos días, es inadecuado porque compara mercados que no son equiparables: publicidad en papel en EE UU con publicidad digital en todo el mundo, mucha creada por la propia innovación de Google- el problema es que más allá de sus propios activos (inmateriales o materiales) la economía digital se basa en la comunidad, en la actividad de los usuarios y sus lazos y relaciones -el procomún-, además de en sus propios contenidos en gran parte.

Google, Facebook y los diarios se parecen en que su riqueza no es suya, sino el resultado de la actividad social y el espacio público o el privado que se decide compartir: los hechos noticiosos en el caso de los diarios, la economía del enlace a los contenidos ajenos en Google o la vida publicada y los contenidos compartidos de los usuarios en Facebook.

La nueva economía con las reglas de buena voluntad y oportunidades que nos enseñó Kevin Kelly se convierte en tan injusta como cualquier otro capitalismo extractivo cuando quienes se hacen dueños del mercado no redistribuyen adecuadamente los beneficios.

Pagar impuestos justos que revierten en toda la sociedad es mejor que pagar tasas para una sola parte de los contenidos, la industria, los usuarios y el espacio público. Ninguna nueva y sectorial tasa Google -Facebook, Apple, etc.- sería tan justa como pagar los impuestos como otra empresa y ciudadano más sin retorcer en exceso las ventajas fiscales de las grandes empresas.

Otra cosa es si se debe pagar por el snippet de Google a la prensa o no: materia de otro artículo.

Don´t be evil, pagad, dueños de la economía digital (y también los del resto).

Más móviles que digitales

Enganchados al móvil. La sociedad de la información en España es de bolsillo. El teléfono móvil es la tecnología que más ha cambiado la vida personal de los españoles en este siglo XXI. Le sigue internet, más definitiva para la sociedad que para cada ciudadano. Aún tenemos miedo a la máquina. La gente se aísla más, se vuelve perezosa y desperdicia el tiempo, dicen la mayoría de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (pdf). Somos neoluditas, herederos de los trabajadores que odiaban las máquinas sustitutas de su trabajo. ¿Les suena? Algo de verdad hay en ese retrato cínico de una sociedad digital ociosa y más lúdica que productiva.

Análisis completo en Estrella Digital

El telestado de Rajoy

Rajoy ya es presidente y anuncia una nueva televisión. Al presidente le preocupan los jóvenes y la cultura, dijo en su investidura, pero no habló de internet ni del canon digital, cuya reforma fue prometida por el PP y viene obligada por Europa. Ni de la ley Sinde dormida en el cajón del Consejo de Ministros. No mencionó a los medios digitales cuando habló de los emprendedores. Educación bilingüe, pero ni una palabra sobre la versión original en televisión y cines. Austeridad y proyección de la cultura española, pero fundido en negro sobre el Ministerio de Cultura o la financiación del cine y las artes.

A Rajoy le preocupa el telestado, como a todos los políticos. Promete abrir las autonómicas a la gestión privada de las cadenas o de sus recursos y programas, aunque se supone que manteniendo la titularidad pública. Ni el presidente ni sus ministrables hablan de redefinir el servicio público audiovisual. Sobre RTVE, mucha queja y ganas de meterle mano, sobre todo a unos informativos líderes mes a mes durante más de cuatro años consecutivos.

El presidente promete renovar el Consejo de RTVE, descabezado sin presidente desde la dimisión de Oliart en julio y utilizado como arma propagandística. Sin noticias de una televisión pública que hereda un modelo de financiación insostenible. El PP tampoco puede presumir de probidad ni eficiencia en sus televisiones autonómicas, caras, poco vistas y menos independientes.

Las investiduras son para los proyectos y la ilusión. También para fijar el tono de una presidencia. La de Rajoy llega privatizadora del telestado y poco atenta a la sociedad digital. El acceso a la tecnología, la comunicación, la información y la cultura son la red de una sociedad del conocimiento imprescindible para la competitividad y el desarrollo.

Rajoy no tuvo palabras para un futuro que es presente en los móviles inteligentes y la convergencia de televisión y banda ancha. Donde las pantallas son el nuevo espacio público en las redes sociales y la economía es digital. Reinicie, presidente.

Columna en los diarios de Vocento

Programas para el telestado

La sociedad de la información está en los programas de los partidos. Rajoy y Rubalcaba se han acordado de internet y las redes de nueva generación, del gobierno abierto, la Administración sin papeles y del canon digital. Pero sobre todo de la crisis del telestado con la TDT y los males de las televisiones públicas. Rajoy aprovecha todas las polémicas de la cibersociedad contra el Gobierno y Rubalcaba abandona sus enmiendas a la política de Zapatero para apostar por la continuidad.

El PP quiere los votos de los indignados contra la ley Sinde y promete un canon digital solo por «uso efectivo» de las obras. Como reclaman sus barones, el PP pretende atajar el telestado con techos de deuda y presupuestos. Pero nada de privatizar las televisiones autonómicas, Rajoy se conforma con aumentar la participación privada en medios de titularidad pública. Un paso más en la privatización de la gestión y la producción sin renunciar al control de la gran máquina de propaganda.

El PSOE reivindica el Plan Avanza y los miles de millones de subvenciones, la reforma de RTVE -tan criticada por el PP- y a las televisiones autonómicas. Insiste en crear un Consejo Audiovisual (CEMA) y lo multiplica con émulos autonómicos mientras el PP lo reduce a una única autoridad de la convergencia integrada con la CMT.

Rubalcaba no reniega del canon ni de una protección de la propiedad intelectual que no favorece el desarrollo de nuevas ofertas y medios digitales. Los socialistas se acuerdan del IVA de los ebooks para rebajarlo al 4%, como los viejos tomos de papel. Muchas promesas y poco plan.

Ninguno define un nuevo servicio público digital más allá de una televisión pública cuya financiación y objetivos son inciertos. A ambas propuestas les falta política: visión de una sociedad que, además de instrumentos, precisa de nuevos principios de colaboración para compartir más y entenderse mejor. Un estado plataforma con mecanismos para una sociedad más participativa y creativa, con menos barreras a la innovación. El telestado vuelve a condicionar un futuro con más pantallas en busca de más sociedad.

Columna en los diarios de Vocento

La BBC explora un nuevo servicio público digital

La BBC comienza a explorar el sueño de un nuevo servicio público digital basado en el procomún y su distribución abierta a toda la sociedad. El Digital Public Space es un esfuerzo filosófico y técnico para hacer accesibles a los ciudadanos todos los contenidos sociales y culturales protegidos o financiados con dinero público o por instituciones como la Biblioteca Británica, el Museo Británico o Europeana, la gran biblioteca europea.
Es la revisión y la superación del viejo servicio público audiovisual, un concepto obsoleto en la sociedad de la información. El nuevo servicio público digital debe ser la base de un nuevo estado de bienestar digital que impacte en el mercado y el espacio público como el estado de bienestar social lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial: creando una red de protección social básica y un acicate para el desarrollo del mercado rebajando la desigualdad (algunas ideas sobre el estado plataforma y una nueva gestión social).
La sociedad no se puede permitir perder la enorme riqueza de contenidos culturales, científicos, técnicos, sociales, etc. financiados con dinero público o a cargo de instituciones públicas, académicas o archivos.
Esa enorme riqueza puede por primera vez ser accesible a los ciudadanos a través de los medios y herramientas digitales. Esa es la visión de la Strategic Content Alliance británica al que el nuevo Espacio Público Digital impulsado desde la BBC intenta dar forma como una iniciativa social, de contenidos y tecnológica.
Es hora de repensar el servicio público para conseguir mayor beneficio social, aprovechar y rentabilizar los contenidos financiados con dinero público, crear un base de conocimiento compartida y abierta a todos los ciudadanos, y avanzar en la innovación tecnológica para construir herramientas y plataformas públicas, independientes de las plataformas comerciales de las grandes empresas de internet.
Un estado del bienestar de la cultura, la ciencia, la innovación y los contenidos. Y una forma de hacer rentable las grandes inversiones que ya sufragan una cantidad de iniciativas dispersas, limitadas al acceso de unos pocos o ocultas al gran público.
En la arquitectura de Bill Thompson, responsable de las alianzas del archivo de la BBC, me parece especialmente interesante esa descripción del proyecto como un gran archivo o repositorio de gestión de la digitalización y los contenidos para después crear diferentes servicios o productos.
Imagina la conversión de los actuales canales públicos audiovisuales en áreas de contenidos y servicios con un enfoque de popularización y descubrimiento en los medios convencionales con sus extensiones o servicios digitales donde llegar a los diferentes contenidos catalogados para su mejor acceso en diferentes áreas en función de su naturaleza y del uso por el público.
Es hora de abandonar las fútiles y agotadoras luchas por el control político y la propaganda en el servicio público audiovisual (estatal o autonómico) para acelerar la digitalización de los contenidos públicos, ampliar el acceso al dominio público y coordinar a instituciones y organismos públicos o con objetivos sociales con un sistema de gestión y distribución que mejore el acceso de los ciudadanos a sus productos o servicios.
El futuro digital y la creación de una nueva economía sostenible depende de iniciativas así, que permitirán crear una base social de conocimiento y tecnología sobre la que mejorar la iniciativa privada.

Wifi municipal sin servicio público digital

Las administraciones públicas pueden ofrecer wifi gratis y abierto, pero con las condiciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT): registrarse, pagar una tasa, limitar el alcance y la velocidad del servicio, y no financiarlo con fondos públicos. Una sentencia de la Audiencia Nacional ratificando la sanción al Ayuntamiento de Málaga por no respetar esos requerimientos vuelve a avivar el debate a pesar de que más de 500 administraciones públicas ofrecen wifi con varios modelos, con o sin publicidad, en colaboración con empresas, etc. y se permite el wifi comunitario compartido entre vecinos.

La sociedad de la información necesita crear un nuevo servicio público digital. Un acceso a contenidos y servicios públicos y financiados con dinero público en condiciones diseñadas para ampliar el acceso de los ciudadanos.

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Las red responde al saqueo de Londres

La revuelta de Tottenham se avivó en las redes sociales con BlackBerry Messenger. Ahora otros ciudadanos se organizan en Twitter con #riotcleanup para reparar los daños. Dos redes sociales con comportamiento distinto para dos tipos de acción de diferentes grupos de ciudadanos. La división social también se refleja en las redes: a un lado una red privada, propia del fabricante de móviles, difícil de rastrear al estar encriptada: del otro una red abierta, de acceso libre a través de cualquier equipo. En ambos casos, los ciudadanos vuelven a desbordar a la política, la polícía y a los poderes tradicionales con su capacidad de información, debate y movilización. Si los incendios de Londres son una muestra de la exclusión social y el fracaso de la Big Society de David Cameron, su apelación a la responsabilidad y participación cívica para justificar los recortes públicos, la respuesta de muchos ciudadanos para atajar los efectos de los saqueos son una muestra de una sociedad vibrante capaz de responder a los problemas con más eficacia que el poder político y policial.

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Ciberelecciones con freno a la sociedad de la información

Las elecciones del 20N se disputarán más que nunca en internet. Los grandes partidos se han lanzado a internet y a las redes sociales. Acabada la campaña de 2008, expertos y responsables electorales ya anunciaron que las próximas elecciones serían en internet. El impacto del 15M y de movimientos como #nolesvotes muestran su influencia en una política que cada día más se debate y promueve en la televisión e internet. El candidato socialista se ha lanzado a reinventarse en las redes sociales con @conRubalcaba y el PP se ha apresurado a mostrarse abierto con yocambiaria.es, donde se recogen propuestas ciudadanas. Pero la política en las redes no evitará el freno del desarrollo de la sociedad de la información con un parón legislativo que retrasará todavía más su lento caminar.

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Antídoto contra Murdoch digitales

El escándalo Murdoch y del diario sensacionalista 'News of The World' desnuda el compincheo entre prensa y política, los intereses del negocio de la televisión y el poder de los políticos para conceder licencias o permitir la concentración: BSkyB en Gran Bretaña o Mediaset en España. La convergencia digital trae otra amenaza: el poder de los dueños de las redes de telecomunicaciones y los magnates digitales. Limitarlos, ampliar la competencia, frenar los oligopolios, garantizar la neutralidad de internet y la tecnológica, y fortalecer los derechos de los usuarios es indispensable.

La discusión en el Congreso de la Ley de Telecomunicaciones es un momento clave para una sociedad de la información más libre, abierta y con futuro. España va retrasada en cibersociedad. Comentamos mucho e innovamos poco. El informe eEspaña nos sitúa de nuevo por debajo de la media europea. El recorte de fondos del Plan Avanza 2 se nota.

Años de subvenciones vuelven a demostrar que la política no es solo dinero. Falta un mercado competitivo y abierto, sin tanto oligopolio y barreras de entrada: licencias, costes legales y de derechos... Abrir el mercado y flexibilizar las leyes no para proteger a negocios obsoletos ni a los grandes de la industria, sino a los innovadores, a los nuevos negocios y a los usuarios, perjudicados con precios altos y falta de oferta. Solo se salva el móvil por la competencia.

La neutralidad de la red para evitar el control de los contenidos y servicios -de la telefonía por internet al audiovisual- por las grandes telecos, el acceso a internet como un derecho humano sin bloqueos (como defienden Naciones Unidas o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y la transparencia y agilidad en los contratos son esenciales.

También la flexibilización de los derechos de autor y plantearse un servicio público digital con acceso libre a todos los contenidos y servicios pagados con dinero público. Es hora de una política comprometida con los ciberciudadanos y menos dependiente de los intereses de magnates y grandes corporaciones, sean de los medios o de las telecomunicaciones.

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Internet sólo alcanza el 2,2% del PIB

La economía digital española aún es muy débil. A pesar del crecimiento de los últimos años sólo alcanza el 2,2% del PIB, 23.400 millones de euros, según el estudio de España conecta, de Google y The Boston Consulting Group.
El mismo estudio se publicó en Gran Bretaña hace unos meses con un resultado muy distinto: una economía digital vibrante, ya con el 7,2% de peso en el total. Una fortaleza que llevó a titular el informe El reino conectado.
Por aquí nos quedaríamos muy lejos de ese Camelot digital. En Ínsula Barataria, un lugar donde a muchos les sobra el don como a Sancho Panza. Una península con más piedras que dones, con permiso de Cervantes.

Las causas del retraso están en en bajo peso de los sectores intensivos en tecnologías de la información, escasa inversión, moderada innovación y baja repercusión en la productividad.
Pero también en un mercado oligopólico y con grandes barreras de entrada. Empantanado en debates improductivos y equivocados como la ley Sinde. Con muchas restricciones legales y de derechos que dificultan lanzar nuevas empresas de contenidos y servicios digitales, fuerte retraso en la inversión publicitaria digital y baja formación y desarrollo de las tecnologías en la mayoría de las empresas.
Problemas que ni el Plan Avanza ni las leyes han mejorado lo suficiente. Las barreras para la sociedad de la información siguen siendo altas y su mejora, lenta.
El motor de la economía digital española está en el consumo. Importante, pero no suficiente para incorporarnos a una economía productiva con futuro.

En la economía digital se vuelve a caer en viejos errores de falta de aprovechamiento de los procomunes, baja inversión privada, una inversión pública que no consigue fortalecer lo suficiente el sector productivo y un dominio sobre los contenidos, servicios y redes demasiado oligopólico, con grandes empresas que ralentizan con su influencia y poder político y de mercado el desarrollo.
Pymes, emprendedores e innovadores tecnológicos empujan la economía digital, pero es hora de un auténtico pacto de estado, político, legislativo y económico para que España no vuelva a quedar con un ancho de vía insuficiente en las nuevas redes.

Reiniciar la política de la cibersociedad

Europa avanza donde España se para. Frente al inmovilismo y la falta de ideas de la política nacional de la sociedad de la información, la Comisión Europea o gobiernos como el de Holanda revisan la propiedad intelectual o defienden la neutralidad de la red. Una reflexión, debate y voluntad envidiables donde la falta de imaginación e interés por la innovación y la presión de las grandes empresas se impone a los derechos de los ciudadanos y al empuje de los innovadores. El ciudadano siempre pierde.

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Casas conectadas

Pisos de alquiler con wifi. Una promotora municipal de San Cugat (Barcelona) alquilará pisos de protección oficial conectados. La empresa tiene autorización de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para instalar una red inalámbrica en el edificio e incluir el wifi en el alquiler. Un paso adelante en la larga marcha del wifi comunitario, tan anhelado en zonas poco rentables para las telefónicas, pero pequeño cuando hace pocos días se aprobaba la obligación para los nuevos edificios de incluir acceso a redes de fibra óptica y cable para conectarse a banda ancha ultrarrápida.
Cuando la Comisión Europea aspira a que la mitad de los ciudadanos tengan una conexión de al menos cien megas en el año 2020 y tanto las Naciones Unidas como la Unión Internacional de Comunicaciones defienden el acceso a banda ancha como un derecho civil básico, las infraestructuras para las redes de la sociedad de la información deberían ser tan importantes como el agua o la electricidad en los edificios. Pero quizá se ha perdido demasiado tiempo cambiando antenas para una TDT que ya es obsoleta frente a las nuevas ofertas de televisión híbrida y la convergencia con internet.
La CMT pone condiciones a los pisos de Sant Cugat: la promotora no puede obtener beneficios, en los recibos mensuales se desglosará la cuota de internet y debe quedar claro qué operador presta el servicio. No estaría mal que tanto promotores como compradores de pisos tomaran nota. Acceder a banda ancha más barata, con más velocidad y redes de nueva generación puede ser tan importante para revitalizar el mercado de la vivienda como los acabados, los muebles de cocina o el trastero. Quien viva con conexiones rápidas tendrá más ventajas en su hogar, su trabajo y su ocio cotidiano.
Una casa sin buena conexión está impedida para el hogar digital, un proyecto de casas inteligentes donde las telecomunicaciones y la electrónica mejoran la vida de sus habitantes. Ojalá cada vez haya más casas conectadas, preparadas para mejorar sus servicios y que ayuden a los ciudadanos a disfrutar de una sociedad de la información todavía cara y de baja velocidad.

Columna en los medios de Vocento

Un zar político para la cibersociedad

¿Necesita el Gobierno un responsable para la sociedad de la información? Todo parece indicar que sí. Internet, la tecnología y los contenidos y servicios digitales son ya básicos en la vida económica y social de los ciudadanos. Las competencias están difuminadas en áreas que necesitan impulso político y legislativo. El Gobierno ha perdido liderazgo tecnológico con una ciberciudadanía preocupada por la ley Sinde, las amenazas a la neutralidad de la red o el desarrollo de la economía digital, tantas veces reducida a puro consumismo. Pero también por la ausencia de un gobierno abierto más allá de la eAdministración, más impulso a la innovación o la promoción de los nuevos derechos y la ciudadanía digital.
De la oposición no hay noticias. La sociedad de la información y las nuevas tecnologías no impregnan la política cuando preocupan a los ciudadanos y son gran parte de la vida cotidiana.

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Adiós al Consejo de Ministros en papel

La referencia del Consejo de Ministros ha dejado el papel desde el viernes pasado. Los periodistas de La Moncloa y los medios se tendrán que acostumbrar a la referencia digital, ya utilizada por la mayoría. Las razones esgrimidas son de ahorro y medioambientales.
Junto a esas se podían haber esgrimido la eficacia, la facilidad de uso y la universalidad al no limitarse la difusión de la edición en la web.
Para los nostálgicos, se mantiene el pdf.
Un pequeño empujón de la Secretaría de Estado de Comunicación, empeñada los últimos meses en aumentar la presencia digital del gobierno y los ministerios en la comunicación. Poco a poco la mayoría de los ministerios se han incorporado a Twitter, donde perfiles como @desdelamoncloa, @interior_prensa o @sanisoc (Sanidad, Igualdad y Política Social) son ya referencias informativas junto a otros más personalistas como el de Alfredo Pérez-Rubalcaba, @vicepresidente1.
Una apuesta por la realidad de la comunicación digital, tanto entre departamentos de comunicación y periodistas, como hacia la ciudadanía.
El último Consejo de Ministros tuvo un fuerte tinte digital con el nuevo reglamento para que los hogares estén conectados con fibra y cable, el estudio del nuevo depósito legal de las publicaciones para adaptarlo a la edición digital, y una modificación del consejo de administración de Red.es para reducir sus vocales y reforzar su integración con el Ministerio de Industria.

Una web más cercana

Facebook crea un nuevo sistema de comentarios para ser la herramienta de la conversación en cualquier web. Google cambia su algoritmo para añadir las relaciones entre usuarios e incorporar el criterio social a las búsquedas. La gente es la clave. Los grandes de internet pugnan por ser su instrumento principal en una internet donde las personas son lo esencial, no las páginas ni los algoritmos. Crece la idea de una web más cercana, donde la inaprensible exuberancia digital se estrecha y la navegación se orienta con las recomendaciones y pistas de los usuarios.

Dominar la actividad, las relaciones, datos y contenidos de la gente es el desafío de los grandes de internet para rentabilizar la web. La propuesta es dar contenidos y servicios gratis a cambio de datos para aumentar la eficacia publicitaria, ganar audiencia y tiempo de consumo. Los usuarios pagan con esos datos el equivalente a una cuota de 38 euros mensuales sufragados por la publicidad digital. Un trato vigilado por las autoridades de protección de datos, empeñadas en que sólo el consentimiento previo e informado para ese seguimiento garantiza la privacidad en la economía de la gratuidad.

Facebook ofrece a blogs y medios un sistema para evitar trolls y spam con mayores garantías de identidad real. A cambio los medios alimentan el perfil de los usuarios con sus comentarios. El usuario y sus amigos pueden seguir sus conversaciones en cualquier lugar de la web. La infiltración de la red social se extiende.

Google y Facebook con sus perfiles de usuarios, sus servicios y contenidos, como Amazon o Apple con las tarjetas de crédito de sus clientes, son los controladores y mediadores de la economía digital. Ganan clientes con sus propuestas amigables, de uso sencillo, acceso fácil a contenidos, o sus aplicaciones y dispositivos móviles para los hiperconectados.

Un trato aceptado por los usuarios a cambio del disfrute de las ventajas digitales. Para algunos un encierro en aquel mundo feliz descrito por Aldous Huxley. Para otros, la utopía de la sociedad en red hecha realidad.

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Manifiesto por un nuevo servicio público audiovisual

Un grupo de ciudadanos, periodistas, académicos, profesionales de la televisión y organizaciones sociales promueve un Manifiesto en defensa de RTVE para garantizar el "derecho fundamental de los ciudadanos disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad y de una información veraz, independiente y plural, que garantice también el acceso universal a la cultura y al entretenimiento, así como a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital".
Una iniciativa para defender un modelo sostenible para la televisión estatal, tanto en su financiación como en su desempeño del servicio público audiovisual. Una reivindicación frente a las decisiones del gobierno del PSOE durante los últimos años en cuanto a financiación y modelo audiovisual con la TDT, las llamadas del PP a reducir el tamaño de RTVE y a privatizar algunas autonómicas, y las demandas de las cadenas privadas para acabar con la publicidad en las públicas y rebajar su competencia.
En los ocho puntos del manifiesto promovido por Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; Enrique Bustamante y Agustín G. Matilla, catedráticos de Audiovisual; sindicatos, asociaciones de usuarios y consejeros de RTVE destaca la defensa del servicio público con los suficientes recursos, un sistema profesional y de rentabilidad social, una financiación suficiente para una oferta de calidad y una participación "activa en el desarrollo de la Sociedad de la Información" con nuevos servicios interactivos, móviles y multiplataforma.
Interesante, pero no suficiente.
Coincido con muchos puntos de la crítica a la financiación de RTVE, la creación de un modelo insostenible de televisión y la falta de visión de la Ley Audiovisual en la era de la convergencia.
Pero el manifiesto debería ser también crítico con la televisión pública, avanzar más en la definición de un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, la integración de televisión estatal y autonómica, y ahondar en un modelo de financiación que no puede estar desconectado de las subvenciones a los contenidos y producción audiovisual ni del resto de contenidos digitales.
Gran parte de las polémicas de la ley Sinde, el canon digital, la neutralidad de la red y del plan de contenidos digitales anunciado, podrían evitarse con claridad en la definición del futuro del servicio público.
Repensar el servicio público en la sociedad de la información no es seguir centrados en la televisión sino en el acceso de los ciudadanos a los contenidos. Es promover un modelo de acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura, la ciencia y la información de servicio público. Un procomún para la sociedad de la información. Los ciudadanos ya no distinguen entre pantallas, cuando todo es digital y el modelo de financiación pública de los contenidos está disperso entre varios ministerios, organismos y administraciones, es hora de hacerlo más eficiente.
La eficiencia del acceso a los contenidos pasa por garantizar el acceso a las plataformas digitales con:
Un servicio universal de banda ancha gratuito para los contenidos y servicios públicos incluido dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones: educación, salud, administración electrónica y contenidos públicos.
Acceso a los contenidos de dominio público: culturales, científicos, archivo, etc.
A los contenidos educativos, culturales y científicos financiados con dinero público: licencias de uso y cita más amplias y modelos de consumo más abiertos y participativos, sin las restricciones actuales de derechos, para su uso no comercial.
Un plan de contenidos y servicios públicos para la convergencia que reduzca la dispersión actual y aumente su visibilidad con la creación de una plataforma pública: un Google de los contenidos y servicios públicos.
Coordinación y colaboración entre la oferta estatal y autonómica para optimizar los recursos públicos, aumentar la integración cultural, y mejorar la información y el conocimiento de las culturas y lenguas del Estado.
La televisión no es suficiente. Su tiempo ha pasado y en la era de la convergencia multimedia y multiplataforma el desafío es llegar a una sociedad del conocimiento y no quedarse en la del entretenimiento.
Un nuevo modelo de financiación, rentabilización social y acceso a los contenidos públicos y sociales que ayude a acabar con la sensación de dispendio de recursos públicos, muchas veces repetidos y redundantes entre administraciones, otras asignados sin transparencia y sin que los ciudadanos tengan conciencia de su uso o no puedan disfrutarlos.
En el debate sobre el servicio público seguir empeñados en la disputa entre televisión pública y privada es estéril. Los medios privados tienen hoy oferta de sobra en entretenimiento y grandes espectáculos sin que los públicos tengan que garantizarla. Aumentar y garantizar la competencia, sin volver a una concentración abusiva como está volviendo a ocurrir, con el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios, es suficiente.
El servicio público debe ser valioso y concentrarse en la oferta informativa, cultural, científica, infantil y social no cubierta adecuadamente por los medios privados, pero además ser el vehículo de acceso para los contenidos y servicios pagados por los ciudadanos. Además de liderar o impulsar la innovación en contenidos y formatos.
El servicio público aún tiene sentido, pero debe evolucionar y atender a las nuevas demandas sociales y de la convergencia. Sin miedos, pero con responsabilidad, probidad y visión de futuro.