La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) deja clara la denuncia de tantos creadores, usuarios y empresas durante tiempo: la gestión de la propiedad intelectual es un monopolio tolerado y amparado por los políticos y la Ley de Propiedad Intelectual."Las entidades de gestión tienen un elevado poder de mercado, realizando normalmente su actividad desde una posición monopolística. Cada una de las ocho entidades existentes en España (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE, y AISGE) se ha especializado en la gestión de un determinado conjunto de derechos que nadie más gestiona. La única excepción tiene lugar en el segmento de autores audiovisuales, donde existe un leve grado de competencia entre la entidad dominante, SGAE, y la minoritaria, DAMA".
Es la conclusión de un informe demoledor con las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y las leyes que amparan un sistema con barreras a la competencia legales y económicas, tarifas y contratos abusivos, inseguridad jurídica, abusos sobre los derechos de los autores, falta de libertad para gestionar libre o individualmente los derechos de cada uno y, en definitiva, una enorme obstrucción a la comercialización de los contenidos, el entretenimiento y la cultura.
La CNC acaba también con la coartada europea, esgrimida reiteradamente por los responsables de las entidades de gestión y los políticos para no cambiar un sistema injusto y perjudical para autores, medios, comercializadores, negocios sometidos a tarifas de todo tipo y para el desarrollo de un mercado de contenidos transparente y competitivo.
Competencia recuerda que las directivas europeas sólo imponen la gestión colectiva de derechos en la retransmisión por cable. "La imposición de la obligatoriedad en otros casos no obedece a ninguna directiva del derecho comunitario. Es más, en los casos en los cuales una directiva europea impone la gestión colectiva opcional, el legislador español se decanta por imponer su gestión colectiva obligatoria".Fin de la mascarada.
Competencia recuerda a los olvidadizos que la Comisión Europea está empeñada en crear un mercado único de contenidos y una simplificación de la gestión de la propiedad intelectual que ha sido permanentemente bloqueada en España por el lobby encabezado por la SGAE.
El informe llega en buena hora. Mañana comienza una ronda de debate en la subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso plagada de entidades de gestión y sin representación proporcional de los consumidores ni de otros expertos opuestos a las leyes y el sistema de propiedad intelectual actual.Es hora de exigir responsabilidades políticas a todos los partidos que votaron a favor y promovieron el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006. Y también de reformar las comparecencias en esta tendenciosa subcomisión.
Nunca se han defendido los derechos de los ciudadanos. Pero tampoco los derechos de los autores, atrapados por un sistema de recorte de su libertad y en el que algunos han llegado a padecer un síndrome de Estocolmo a medio camino muchas veces entre la mezquindad y la ignorancia.
Cada intento por crear una nueva entidad de gestión ha sido una batalla en España, pero ya hace una década que el status quo de las ocho actuales se impone con ese monopolio especializado denunciado en el informe.
Competencia pide "un marco legal suficientemente claro, predecible y generador de certidumbre" con más transparencia, competencia y eliminar las barreras de entrada a otras entidades nacionales o internacionales, eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva siempre que sea posible, reducir las cláusulas abusivas de los contratos y el sistema de tarifas injusto y monopolístico. Pero también que las administraciones vigilen a las entidades de gestión, como obliga la ley, una responsabilidad siempre esquinada por un Ministerio de Cultura siempre del lado de estas entidades.
¿Servirá para algo el nuevo informe, no vinculante? Al menos para cargar de razón a todos los que denunciamos un sistema injusto, que no permite el desarrollo de nuevos negocios de contenidos, reduce el acceso de los ciudadanos a los contenidos y aprovecha los poderes del Estado como en su propio beneficio.
Basta ya.
Informe Propiedad Intelectual. Comisión Nacional de la Competencia
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