Cookies de servicio público en Gran Bretaña

Las webs británicas se lanzan a conseguir el consentimiento de los usuarios para aceptar las cookies que se utilizan para la publicidad digital, para reconocer al usuario y sus datos o para medir el tráfico y la audiencia. El domingo se pone en marcha la trasposición de la directiva que obliga a que los usuarios acepten estos pequeños códigos que permiten hacer más eficiente el funcionamiento y el negocio de los medios digitales.
El planteamiento ha sido distinto según medios, sobre todo entre la BBC, consciente de sus obligaciones de servicio público y de transparencia, y los medios comerciales.

La BBC informa al público con un vistoso anuncio en todas sus portadas y ha puesto en marcha una página para manejar todas las cookies de sus webs. Los usuarios pueden elegir entre aceptar o no tres tipos de cookies: las que personalizan la oferta de la BBC como las de localización, las que mejoran la experiencia de usuario y las de la publicidad segmentada o por comportamiento.

Los medios privados han sido más discretos. The Guardian incluye un aviso indicando que si se sigue navegando se aceptan las cookies y remite a una página de explicación.

Una solución empleada por la práctica totalidad de los medios británicos que informan al usuario para seguir las reglas de la Information Commissioner´s Office.
La solución británica para la trasposición de la directiva europea opta por la autorregulación puesta en marcha en España y casi toda Europa para intentar evitar el opt-in, la necesidad de que los usuarios tengan que aceptar expresamente las cookies para proteger su privacidad, una demanda ya bastante atemperada de las agencias de protección de datos.
En España las cookies se pueden manejar desde los navegadores y también desde la página Your Online Choices, donde la industria identifica las cookies de cada navegador y ofrece su gestión a los usuarios.
Ayer mismo IAB Spain celebró una jornada sobre regulación digital donde la industria digital analizó el estado de la regulación de privacidad tras la publicación del decreto ley que adapta la regulación europea. Los datos pagan los servicios gratuitos de internet. IAB Spain calcula que por cada euro de publicidad el usuario recibe tres en servicios gratuitos.

Una ley de transparencia para blindar los recortes

Rajoy ha encontrado cómo blindar el dogma del equilibrio fiscal y fortalecer la imagen de probidad de su gobierno. Lo hace sabiendo que no puede fiarse ni de los suyos. El anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ata a políticos y administraciones a cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria y financiera impuestas por el gobierno para atajar la deuda pública y calmar a los mercados.
La anhelada ley de acceso a la información pública restringe el acceso a datos que puedan perjudicar la política económica y monetaria (art.10.1.d) e intenta frenar a los políticos derrochadores con el control público de sus actos y el sometimiento a un código que más de buen gobierno es una imposición ideológica y producto de las presiones de los mercados.

 Columna completa en Estrella Digital

Sin cámaras ocultas

“Tuviese o no relevancia pública lo investigado por el periodista, lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización” de cámaras ocultas. El Tribunal Constitucional dicta una sentencia (pdf) con una limitación excesiva para la información y el periodismo, víctima de los abusos de las televisiones y el periodismo amarillo.
El mal periodismo se combate con garantías para los derechos individuales lesivas contra el interés público.

Columna completa en Estrella Digital

El gobierno decidirá en un mes la ley de acceso

El futuro de la ley de transparencia y acceso a la información pública se decidirá en un mes. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se ha comprometido hoy ante la Coalición Pro Acceso a decidir en un mes si la arrumbada ley que garantizaría a los ciudadanos el derecho de acceso a la información de las administraciones se tramitará en esta legislatura.
Jáuregui justificó el retraso de la ley promovida por la ex vicepresidenta De la Vega por "la extrema gravedad de otros asuntos de gobierno".
Aseguró que no está aparcada pero fuentes del gobierno indican que la Administración no está preparada para responder con eficiencia a las reclamaciones de los ciudadanos.
Varios ministerios y administraciones han pedido más tiempo para agilizar sus procesos y burocracia ante el peligro político de aprobar una ley que no se podría cumplir.
El ministro ha retomado el contacto con los defensores de la ley tras la ciberprotesta de la semana pasada en Twitter, secundada por cientos de internautas.

El depósito legal se hace digital

El Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de reforma del depósito legal, la obligación de depositar las publicaciones para su archivo y conservación del patrimonio cultural. Los editores y no los impresores serán los responsables del depósito y los centros del depósito legal (la Biblioteca Nacional y las autonómicas) podrán archivar recursos y publicaciones de internet.
El anteproyecto también rebaja de cinco a dos los ejemplares de depósito obligatorio -muchos editores habían protestado porque consideraban cinco ejemplares un impuesto excesivo- y se hace realidad la transferencia a las comunidades autónomas para descentralizar la gestión.
El cambio de responsabilidad del impresor al editor es la superación de un atavismo propio de la era de las licencias para la impresión. Quizá ahora habría que plantearse ir más allá y hacer titular al autor. Ese cambio de titularidad ayudaría a despejar cuestiones de propiedad intelectual y de relación en el propio mercado editorial.
Sobre el depósito legal digital hay una interesante reflexión los últimos años, desde los deseosos de archivar todo lo digital hasta quienes defienden el carácter perecedero de algunos formatos.
La infinitud de internet acaba con la primera discusión, a la que dan respuesta algunas iniciativas como el Internet Archive.
El anteproyecto permite a las bibliotecas y centros depositarios rastrear internet para archivar lo que consideren de interés. Exime a los editores de sitios web de la obligación del depósito legal, pero permite el depósito voluntario y parece que obliga a las publicaciones restringidas o cerradas bajo cualquier sistema a permitir el acceso a sus contenidos.
Algunas bibliotecas han empezado a trabajar en serio en el filtrado y conservación de los materiales digitales, pero hay muchas incógnitas y trabajo por hacer.
Pioneros como la British Library mantienen una doble vía a través del depósito voluntario y se archivan periódicamente muchas webs para mantener el patrimonio digital.
En Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso colabora con Internet Archive para mantener el legado digital sin obligación de depósito legal, como plantea ahora la legislación española.
El anteproyecto de ley de depósito legal moderniza esta obligación y se basa en documentos elaborados por las principales bibliotecas y bibliotecarios.
Pero la reflexión sobre cómo y qué conservar de la cultura digital persiste y es una de las claves del patrimonio digital del futuro.

La ciberprotesta resucita la ley de acceso

Inundado en Twitter. Así se encontró el Ministerio de Presidencia con una avalancha de ciudadanos reclamando una ley de acceso a la información pública, un anteproyecto paralizado en los cajones del gobierno por el temor de no poder responder a las demandas de los ciudadanos. Pero también por la secular resistencia de la administración pública a perder el control de la información y los datos.
El apoyo ciudadano a la campaña #preguntaalgobierno ha forzado al ministro Ramón Jáuregui a reemprender el diálogo con la Coalición Pro Acceso y convocar una reunión para la próxima semana.
En Pro Acceso están sorprendidos de la respuesta. Confiesan que no esperaban un apoyo tan amplio ni una respuesta tan inmediata. Pero irán a la reunión sin optimismo.

Análisis completo en Estrella Digital

El ABC de lo peor de la ley Sinde

La rebelión ciudadana ha frustrado la ley Sinde contra las descargas con el rechazo del Congreso. El gobierno cambia de actitud y desde la propia Moncloa busca un consenso para garantizar los derechos de los autores sin limitar los de los ciudadanos. El proyecto del Ministerio de Cultura para convertirse en vigilante de la propiedad intelectual no satisface a nadie, amenaza derechos de todos y es ineficaz para solucionar los problemas del mercado del entretenimiento digital. ¿Por qué?

• La ley no detendrá las descargas. Son un hábito de consumo y un negocio para algunos, pero compartir es la esencia y está en la arquitectura original de internet. Como ha ocurrido los últimos años, cuando se persigue o cierra una forma de compartir contenidos, otra lo sustituye.
  
• Enlazar es libre. Los enlaces no son el contenido ni la copia, son información, protegida por la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. Doctrina asumida y repetida por los jueces.
  
• Compartir es legal. Los enlaces no son ilegales y los usuarios pagan el canon digital para compensar la copia privada. Nada impide disfrutar en compañía de los contenidos –como se hace con las copias físicas- si no hay lucro ni comunicación pública. Así lo reflejan las sentencias contra el P2P en España. Las webs que almacenan y distribuyen contenidos ajenos sin permiso ya son perseguidas y cerradas judicialmente. Como han pedido varios grupos parlamentarios, lo mejor sería especializar juzgados y agilizar el proceso sin crear otro nuevo.
  
• Sin garantías. El Consejo de Estado duda, como muchos abogados y ciudadanos, de la legalidad de una Comisión de Propiedad Intelectual dentro de Cultura con poder para cerrar webs con un proceso ultrarrápido de cuatro días y autorizado por lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El juez no entra en el fondo del asunto, sólo autoriza o deniega las medidas punitivas adoptadas por Cultura. El proceso traslada a un órgano administrativo un ilícito civil. No existen limitaciones para las denuncias abusivas, no hay protección contra las falsas y al ser parte la Administración los demandantes ni siquiera asumen las costas.
  
• Una comisión dominada por demandantes. El anteproyecto no aclara quiénes formarán la comisión ni garantiza su independencia.
  
• Perseguir sin causa. El proyecto permite sancionar por "lucro indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". El Consejo de Estado y el del Poder Judicial han señalado que no se pueden perseguir intenciones, sólo hechos. No está claro a quién y por qué se perseguirá.
  
• La copia y la propiedad ya no importan. El acceso a los contenidos por streaming –sin descargas-, bajo demanda (vídeo o música), con aplicaciones en los móviles y navegadores, y en conexión permanente están reduciendo las descargas. Una nueva forma de consumo sustituye a la copia. Las licencias de uso son más necesarias que las de compra o alquiler.
  
• Sin más dominio público. Cultura tampoco se preocupa de aumentar el dominio público y el acceso de los ciudadanos a los contenidos. Por ejemplo con licencias para la difusión no comercial o en medios públicos de lo subvencionado con dinero de todos.
  
• La ley no impulsa los nuevos modelos de propiedad intelectual y licencias necesarios para el mercado de contenidos digitales. Países como Gran Bretaña, Holanda, Alemania o Noruega estudian eliminar las barreras a los nuevos negocios creadas por la industria y las sociedades de gestión de los derechos de autor. Se analizan tasas sobre los proveedores de internet, tarifas planas para los contenidos o nuevos sistemas de licencias más flexibles y abiertas. Reflexiones aparcadas por Cultura y que tímidamente surgen tras el fracaso de la ley, como en la reunión convocada ayer por el presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia.
  
• La Comisión Europea promueve un mercado único de contenidos y la recuperación para el dominio público de las obras huérfanas, de las que no se conoce a los dueños. Pero también, como la Comisión de la Competencia en España y otros países europeos, una reforma de las sociedades de gestión colectiva de derechos para garantizar la transparencia y evitar que el 75% de los derechos de la música de la SGAE queden en manos del 1,7% de sus socios, como ocurre ahora.
  

Análisis en los diarios de Vocento

Concursos públicos, pero sin vídeo

Un tribunal universitario puede impedir la grabación en vídeo de los concursos universitarios para aspirar a plazas de profesor. Es la restrictiva interpretación de lo público hecha por el Tribunal Supremo en una sentencia que exime a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la presidenta del tribunal, Rosa Franquet, catedrática de Audiovisual, de acusaciones de parcialidad en la adjudicación de una plaza de profesor y de restringir la publicidad a la que obliga la ley (Real Decreto 1888/1984).
La catedrática no permitió la grabación del concurso alegando que se trataba de un acto público, pero que eso no incluye la grabación ni publicación. El Supremo indica en su sentencia que "lo relevante para dar transparencia al concurso es que se cumpliera, como así se hizo, con el principio de publicidad en el desarrollo de sus pruebas".
La sentencia del Supremo desestima otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba el concurso, aunque no garantizaba expresamente el derecho a grabar la prueba.
Rosa Franquet y Josep Mª Catalá, secretario del tribunal universitario, expusieron sus argumentos para contestar a una información sobre el concurso y la sentencia del tribunal catalán publicada por El País.
La Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública lanza ahora una campaña contra la sentencia Franquet para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin entrar a valorar la imparcialidad del concurso (dejo abajo la sentencia), la interpretación de los actos públicos con restricciones a la transparencia al impedir su grabación y reproducción no parece la mejor fórmula para evitar irregularidades.
Sorprende además que esa limitación se defienda desde los responsables de una universidad y de los estudios de comunicación audiovisual y medios digitales. La mejor prueba de la imparcialidad de la elección del profesorado hubiera sido ese vídeo y la documentación de cada aspirante.
Lo público, a diferencia de la interpretación del Supremo, excede hoy la exigencia de publicidad tradicional (convocatoria) de las pruebas y la asistencia de público. Cuando la vida se retransmite en directo y los ciudadanos tienen a su alcance herramientas para ampliar lo público y con ello evitar conductas irregulares, recortar los derechos de los ciudadanos no es la mejor opción para lograr una sociedad más transparente y con más filtros contra las injusticias, arbitrariedades o corrupción.
La Ley del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen limita estos derechos por el interés público y en su artículo 8 obliga a no impedir "la captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público".
No parece que un Real Decreto como el que regula los concursos universitarios pueda conculcar una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales. Y tampoco que ninguno de los supuestos de defensa de la intimidad pueda ser aplicado a un acto público como este.
Algunos males de la universidad, igual que de otras instituciones y aspectos de la vida pública, se pueden evitar con mayor transparencia y control ciudadano. Los argumentos a favor de la parcialidad o no de los concursos universitarios serían más claros si los interesados pudieran demostrar las acciones y méritos de cada uno ante cualquier instancia. Los primeros beneficiados serían los tribunales como el Supremo, que con un vídeo del concurso hubieran contado con una prueba de alto valor para dirimir la causa y emitir su sentencia.
Sentencia Franquet Supremo

Después de la fracasada ley Sinde

Mi análisis de urgencia para Estrella Digital de los retos de la propiedad intelectual tras el rechazo a la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible.

La ley antidescargas ha sido rechazada en la Comisión de Economía del Congreso. Un año de enfrentamientos y debates de sordos no ha servido para reformar la Ley de Propiedad Intelectual, adaptarla a las necesidades de una sociedad y una economía digitales que sean sostenibles y aumenten los derechos de todos. La identificación de cultura libre con el todo gratis es una falacia promovida por parte de la industria de contenidos y justificada por usuarios sumidos en un hiperconsumismo desaforado, más allá de la copia privada y sin respeto a los derechos de otros.
La tecnología y el mercado digital requieren otra propiedad intelectual: más libre, participativa, colaborativa, abierta, voluntaria y flexible, como han propuesto los movimientos de software libre y defensa del dominio público, pero también iniciativas de licencias flexibles de derechos de autor como Creative Commons o la española Coloriuris.
La furia de la pelea abierta por el mal cierre de la reforma de la propiedad intelectual en el año 2006 con la instauración del canon digital y reavivada por la disposición antidescargas en la Ley de Economía Sostenible deja a las partes exhaustas. La reforma de los derechos de autor está abierta en todo el mundo y hay muchas ideas que da pena no oír entre la furia. Recuerdo algunas para desbloquear el encono.

La columna completa, en Estrella Digital

Más cultura libre y menos ley Sinde

En la Coalición de Creadores de Industrias y Contenidos están contentos. Las webs de descargas han cerrado para protestar por la inminente aprobación en comisión de la ley Sinde, la Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible. Doce horas de ahorro en las siempre hinchadas pérdidas de la industria del entretenimiento. Quienes no ahorran son ciudadanos y políticos, enfangados por una medida que no satisface a nadie.
La persecución contra quienes se lucran con contenidos de otros sería más inteligible si Cultura luchara por extender el dominio público, por ganar acceso y uso para todos a las obras financiadas con dinero público, si subvenciones y premios garantizaran el disfrute por los ciudadanos de esas creaciones. No deja de sorprender cómo un gobierno socialista defiende más el negocio privado de unos pocos que la cultura de todos.

Columna completa en Estrella Digital

La ley atasca internet

Los temores de que internet se parezca a la televisión de pago acechan. Europa no garantizará la neutralidad de la red, la no discriminación comercial de los contenidos y su acceso con la misma calidad. El Senado rechaza una moción del PP para garantizar ese principio de internet sin barreras. En el Congreso aguardan propuestas de IU y Coalición Canaria con igual objetivo. Empresas de internet y telecomunicaciones lanzarán servicios premium con contenidos de pago asociados a plataformas y a las aplicaciones para su acceso en ordenadores, móviles o televisores conectados. Una alianza entre tecnología y productores de contenido para crear un nuevo mercado.

La velocidad cambiante de internet se atasca en la lenta maquinaria legal y en las disputas entre nuevos y viejos derechos. Entre intereses de empresas de internet, creadores de contenido, televisiones, telecomunicaciones, etc.

Los ciudadanos están cada día más preocupados cuando su consumo personal y compartido gracias a las redes sociales aumenta. Reclaman derechos de ciudadanía digital: libre acceso y uso a la información y el conocimiento, gobiernos y empresas abiertas, respuesta rápida de poderes y administraciones. Leyes para ciberciudadanos a velocidad de banda ancha.

Mientras el ministro de Industria, Miguel Sebastián, promete ante expertos de todo el mundo en la Feria Internacional de Contenidos Digitales (Ficod), un plan de 200 millones de euros para promoverlos, su colega Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, recuerda que esos contenidos no nacen de procesadores, sino del esfuerzo de sus autores. Y defiende una gestión de la propiedad intelectual que los medios digitales rechazan porque no se adapta a las tecnologías, hábitos de consumo, precios y oportunidades de un mundo de pantallas en conexión permanente a la red.

Es hora de leyes para el encuentro entre usuarios, tecnologías y contenidos. Un pacto para consumir y compartir a un precio justo sin pérdida de derechos para nadie. Respuesta eficiente a demandas nada virtuales.


Columna en los medios de Vocento

Guerra de mociones sobre neutralidad de la red

La política defrauda. El Senado rechazó ayer una moción sobre neutralidad de la red defendida por el PP. El resto de los grupos han acordado otra moción muy similar para que sea aprobada. Las dos mociones instan a asegurar la neutralidad de la red después de que la Comisión Europea haya renunciado a garantizar este principio y deje en manos de las autoridades nacionales la regulación de una nueva internet con servicios premium de pago -servicios gestionados- y las condiciones de una red abierta.

El debate en blogs y redes sociales ha sido interpretado como "factores externos que degradan la imagen y el trabajo de esta Cámara".
Un error antidemocrático.

El debate público nunca puede degradar a las instituciones de la democracia. Al revés, son los políticos quienes pierden legitimidad cuando no saben explicar sus posiciones ni debatir abiertamente con los ciudadanos.

La neutralidad de la red es un tema complejo. Y ninguna de las mociones presentadas en el Senado ayuda demasiado a garantizarla.

La posición española (respuesta del Ministerio de Industria a la consulta pública, pdf) coincide en gran parte con la decisión europea.

• Se rebaja el principio de neutralidad de la red a garantizar la competencia entre proveedores tanto de redes como de plataformas y aplicaciones. 
• Es favorable al desarrollo de nuevas plataformas digitales premium con acceso de calidad a internet y a contenidos y servicios digitales de pago. 
• La transparencia en los contratos y la portabilidad -como en los móviles- garantizarán que los usuarios puedan cambiar su acceso a internet si detectan alguna discriminación. 
• Operadores de telecomunicaciones y grandes de internet, de las aplicaciones y de la electrónica (dispositivos) deben llegar a acuerdos para mejorar su oferta en esas plataformas con distintos precios y calidades de servicio.
• El acceso a internet abierta tal como lo conocemos será de peor calidad y se prestará con lo que se conoce como best effort, el mínimo para garantizar su funcionamiento.

El resultado serán diferentes productos de internet en función de los acuerdos entre telecos, proveedores de contenidos y servicios, aplicaciones y distribuidores.

El consumidor intensivo o que demande más contenidos y alta calidad del servicio pagará más. La Comisión Europea y los gobiernos piden a las operadoras que a cambio abaraten las tarifas del acceso básico a internet, la red libre.

Llevará también a la concentración vertical entre grandes de las redes, de internet y los contenidos. Un aumento de los oligopolios ya existentes que acarreará problemas de competencia, como ya advirtieron los reguladores nacionales, opuestos al nuevo concepto rebajado de neutralidad adoptado por Industria y la Comisión.

Ningún antídoto contra semejantes peligros está en las mociones en guerra.

Las dos son genéricas y adolecen de falta de precisión. Izquierda Unida y Coalición Canaria ya presentaron enmiendas a la Ley de Economía Sostenible para garantizar la neutralidad.
De las dos ya comenté en su momento que en mi opinión falta garantizar la neutralidad en el servicio universal de telecomunicaciones además de en la Ley General de Telecomunicaciones dentro de los derechos de los usuarios.

En el primer caso se debería hacer gradualmente y estableciendo el procedimiento técnico más adecuado, apoyándose en la convergencia de redes de alta capacidad de banda ancha, televisión y satélite, para llegar a las zonas más desfavorecidas. Los mercados no competitivos.

Pero además necesitamos una internet abierta que mantenga mínimos ambiciosos de calidad de servicio para garantizar el acceso a ofertas innovadoras, sin ánimo de lucro, de dominio y servicio público, ciudadanas, etc.

En definitiva, un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales.

Pero también asegurar un mercado digital abierto y competitivo para llegar a los usuarios sin acuerdos con los operadores ni con los dueños de las aplicaciones y plataformas.

Un mercado libre donde los medios y empresas presentes en los productos de internet y plataformas premium puedan también llegar al resto del público y mostrar el atractivo de sus ofertas. Un mercado o red donde todo el mundo quepa en igualdad de condiciones, sin más diferenciación que sus propios contenidos, servicios o su mejor experiencia de usuario.

No es tan difícil de cumplir si no se sigue amenazando con una saturación de las redes que no ocurrirá porque el aumento de la oferta y de las posibilidades de negocio hace que internet y los nuevos servicios sean un buen negocio. Como demuestran los buenos resultados de las grandes compañías.

Pero además la neutralidad de la red no puede ser ajena ya al derecho a internet, el acceso a banda ancha como un derecho civil básico, propuesto ya por la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Derechos digitales para ciberciudadanos o derechos humanos de cuarta generación, como ya se les conoce.

El Parlamento tiene la oportunidad de apostar por los derechos de la ciudadanía digital en el nuevo contexto abierto por estos debates. Si no lo hacen la culpa no será del debate en internet, sino de la falta de imaginación y apuesta por el futuro, de internet y de la democracia.

Legislar contra la sociedad de la información

El análisis de las enmiendas y las posiciones de los grupos políticos sobre la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, la llamada ley Sinde o ley antidescargas, que publiqué esta semana en Nación Red:

¿Sirven para algo las enmiendas de los grupos parlamentarios a la ley Sinde, la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible que refuerza el control de la propiedad intelectual en internet?

De poco, aunque algo se avanzará en la protección de los derechos individuales si son aprobadas. El problema es que la ley Sinde nace viciada de origen. El gobierno ha puesto en marcha una maquinaria legislativa para perseguir un cambio en los hábitos de consumo de contenidos, especialmente de entretenimiento, provocados por la propia industria y la tecnología. Algo que ninguna ley podrá cambiar.

Pero es una amenaza para derechos fundamentales como la libertad de expresión o el secreto de las comunicaciones. La creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura contrasta con la escasa voluntad política para defender y ampliar los derechos de los ciudadanos en la era digital: mayor acceso libre y abierto a contenidos financiados con fondos públicos, a la cultura libre sin derechos comerciales, la ampliación del dominio público o pactos para la recuperación de obras huérfanas y garantías para los consumidores digitales en los nuevos soportes y servicios.

Las enmiendas del PP, IU-ICV y Esquerra Republicana intentan limitar los efectos perversos de la ley antidescargas. Pero sólo los grupos de izquierda piden la supresión de la Disposición Final Segunda y la apertura de una reflexión a fondo sobre la propiedad intelectual en la sociedad de la información. Un debate que se cerró en falso con la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006 y la aplicación del canon digital.

Un problema de negocio y de valor de los productos de consumo cultural convertido en una censura económica y una amenaza para los derechos de los internautas, en colisión con los derechos económicos y patrimoniales de creadores y comercializadores.

A tal punto ha llegado la industria en la era de la abundancia. Las descargas y el P2P de los que tanto se quejan son la expresión máxima del hiperconsumo. Ante la saturación de la oferta, los precios y el propio valor de los contenidos se reducen. La tensión por el consumo inmediato y la identificación de muchos usuarios con la música o las series de televisión han conducido a la paradoja del enfrentamiento entre la industria y sus mayores clientes, los fans de sus contenidos.

Las enmiendas presentadas por los partidos se centran en la supresión de la ley Sinde (sólo IU-ICV y ERC), el respeto a los derechos constitucionales, la necesidad de autorización judicial efectiva para reclamar datos o sancionar a los infractores, eliminar el confuso ánimo de lucro indirecto contemplado en el proyecto de la LES para evitar una censura económica, una composición plural de la Comisión de la Propiedad Intelectual y continuar garantizando la copia privada.

La supresión parece fuera del acuerdo parlamentario. Todos los partidos están a favor de reforzar la protección de la propiedad intelectual. Amplios sectores de la industria, también. El desafío legislativo es hacerlo sin amenazar otros derechos, especialmente los fundamentales –secreto de las comunicaciones, propiedad privada, protección de datos personal, libertad de expresión-, pero también los de los ciudadanos como consumidores, a menudo sometidos a cláusulas abusivas por la gran industria del consumo. Una tendencia que se agudiza con las restricciones de uso de los nuevos soportes como el streaming, los móviles, los ebooks, el cloud computing y las nuevas plataformas digitales, a menudo con menos derechos que los existentes sobre los viejos soportes analógicos.

Y respetar un nuevo derecho: el acceso a internet. Esencial para el desarrollo de la sociedad de la información. Un derecho de acceso a través de banda ancha –fija y móvil- para el que la ONU ya ha pedido su reconocimiento como derecho civil básico.

Nada de eso está en la Ley de Economía Sostenible a pesar de su nombre y de las proclamas del gobierno sobre el desarrollo de un nuevo modelo productivo. Lo necesario y urgente es repensar la propiedad intelectual en la era digital, acomodar el negocio a la realidad del mercado y la tecnología, y reconstruir la relación de valor del consumo cultural entre creadores y consumidores. Mejorar la experiencia de usuario como ocurre con los conciertos, en lugar de dejar pasar innovaciones como los móviles o el streaming sin apuestas claras de oferta legal.

La crisis es de mercado y no se solucionará con leyes restrictivas. Sólo las enmiendas de supresión de la Disposición Adicional y otras como las de Izquierda Unida y Coalición Canaria para asegurar la neutralidad de la red, garantizar el derecho de cita y los enlaces, y proteger el uso libre y abierto de contenidos de dominio público pueden ayudar a desarrollar la cultura y la innovación digital.

Para conseguir esos objetivos es necesario ser más ambiciosos. Reformar la Ley de Propiedad Intelectual, la de Telecomunicaciones, ampliar los derechos de los ciudadanos digitales y agilizar los procesos y garantías judiciales para autores y consumidores. Reconstruir el tejido legislativo de la sociedad de la información con ventajas para todos, no encerrarse en la hiperprotección de una industria condenada a cambiar. El excesivo proteccionismo frena el progreso sin detener el deterioro de los viejos negocios.

Leyes para internet de los ciudadanos

La política sigue de lejos a internet. Las leyes no corren a la velocidad de los bits ni a las necesidades de la industria y los ciudadanos. Pero importan, y mucho. Sepultadas en la Ley de Economía Sostenible (LES) están la ley Sinde contra las descargas -denunciada por los internautas, la oposición y hasta el Consejo de Estado- y algunos grupos han recogido la iniciativa ciudadana a favor de la neutralidad de la red frente a los intentos de las operadoras de telecomunicaciones de crear una internet premium de pago con mayor control de los contenidos, servicios y el negocio digital.
Los derechos de los ciudadanos corren peligro de ser vapuleados por los intereses económicos y una visión estrecha de los internautas como consumidores. Parece que poco a poco se abren los ojos de algunos políticos y partidos, aunque habrá que esperar a la discusión de las enmiendas parciales a la LES para saber si el Parlamento es sensible a los nuevos derechos asociados a internet y a la sociedad de la información.
Columna completa en Estrella Digital

Ley de Economía Sostenible | Enmiendas a la Disposición final segunda (ley Sinde)
LES | Enmiendas Coalición Canaria sobre neutralidad de la red, cita y dominio público
LES | Enmienda de IU sobre neutralidad de la red

IU quiere neutralidad de la red por ley

Izquierda Unida se une a las propuestas para garantizar por ley la neutralidad de la red. Una enmienda a la Ley de Economía Sostenible se suma a la de Coalición Canaria para garantizar una red abierta y sin discriminación para usuarios y proveedores de contenidos.

La enmienda de IU aboga también por incluir la neutralidad de la red en el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) con el mismo texto que la presentada por Coalición Canaria.

En ambos casos creo que la garantía de la neutralidad de la red debería afectar también al artículo 22 de la LGT para incluirlo entre las condiciones del servicio universal, como propone la Comisión Europea en la legislación continental, dentro de la Directiva de Servicio Universal.

Las enmiendas para garantizar la neutralidad de la red se unen así a las del Partido Popular, Izquierda Unida/Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana para modificar la Disposición Final Segunda, la ley Sinde, en el sentido de garantizar los derechos fundamentales de los usuarios, evitar la indefinición del daño patrimonial para perseguir a contenidos de internet, garantizar la autorización judicial de las acciones para proteger la propiedad intelectual y conformar una Comisión de la Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura con más representantes de los internautas y los consumidores, como se ha reclamado desde diferentes ámbitos y plataformas ciudadanas.

A continuación, las enmiendas a la Disposición Final Segunda de los distintos grupos.

Ley de Economía Sostenible. Enmiendas ley Sinde

Neutralidad de la red en la Ley de Economía Sostenible

Coalición Canaria ha dado el paso que un grupo de ciudadanos han empezado a reclamar hace unos días: garantizar por ley la neutralidad de la red. Además ha introducido otras dos enmiendas para garantizar el derecho de cita, en la línea de lograr un pacto para el enlace, y para la utilización libre de las obras de dominio público y extender así el uso de los procomunes y las obras que son de todos.

Pasos indispensables para proteger los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información.

El partido isleño ha introducido una enmienda a la Ley de Economía Sostenible para modificar el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciomes y ampliar los derechos de los consumidores con la garantía de que "el tráfico de datos generado o recibido no sea bloqueado, interferido, discriminado, entorpecido, manipulado, modificado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera consideración ajena a la propia voluntad de los intervinientes en la comunicación".

La enmienda recoge las garantías necesarias para defender los derechos de los usuarios y la capacidad de desarrollo de los nuevos medios y servicios digitales. Y no supone una merma para los planes de las operadoras de ofrecer plataformas digitales con servicios premium de acceso a internet de alta velocidad con contenidos vinculados.

Otros grupos parlamentarios están también interesados en analizar las posibilidades para garantizar la neutralidad de la red cuando el debate está abierto en todo el mundo, y especialmente en Europa, donde la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública.

La enmienda de Coalición Canaria coincide con varios de los puntos discutidos por el grupo ciudadano formado para la defensa de la neutralidad de la red a través de una iniciativa legislativa popular.

Con estas tres enmiendas de neutralidad, derecho de cita y dominio público, Coalición Canaria sienta las bases para una discusión en el Parlamento sobre los derechos y garantías de la sociedad de la información. En el caso español pasan urgentemente por la reforma de la ley Sinde o ley antidescargas (la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible), enmendada por PP, ICV y ERC para garantizar los derechos individuales; la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, tanto en el artículo 38 como en la definición y alcance del servicio universal, y la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a los nuevos ecosistemas digitales y su evolución con la banda ancha móvil, las aplicaciones y las nuevas plataformas digitales.

Coalición Canaria. Neutralidad red, cita y dominio público

Un ley de acceso a la información coja

Access Info publica el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública. Una ley todavía coja y restrictiva. La demorada promesa gubernamental de 2004 repetida en 2008 no incorpora las garantías suficientes para crear un auténtico gobierno abierto ni avanza sobre las recomendaciones del Consejo de Europa y el texto de otras administraciones más transparentes.
En lo positivo aplica por primera vez a la Administración del Estado el principio de publicidad activa, la obligación de los poderes públicos de facilitar, "preferentemente por medios electrónicos" la información pública. Un cambio importante de cultura para una administración más abierta y transparente.
El anteproyecto define en su artículo 2 el ámbito de transparencia a la información pública "elaborada o aquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones" y excluye "las notas borradores, opiniones, resúmenes y todo documento interno sin carácter oficial".
Además en el artículo 5 se limita el derecho de acceso por seguridad nacional y las relaciones exteriores; la seguridad pública; las investigaciones penales, administrativas o disciplinarias, además de la vigilancia, inspección y control de la Administración; los interese económicos y comerciales públicos; los procesos y la tutela judicial; la confidencialidad y el secreto de los procesos de toma de decisión; los derechos constitucionales, incluido el secreto profesional y la propiedad intelectual; además de la vida privada y los intereses particulares legítimos.
Un enfoque restrictivo sobre los límites propuestos por el Consejo de Europa y que en muchos casos no permitirán a los ciudadanos conocer por qué y cómo se toman determinadas decisiones. Elementos fundamentales para defender los derechos individuales y luchar contra la arbitrariedad y la corrupción en las administraciones públicas.
Los poderes legislativos (Congreso y Senado) y judicial quedan al margen de la ley, regidos por sus propias normas, igual que el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Pero se extiende sobre todos los que ejerzan potestades administrativas o servicios públicos.
Se pierde la ocasión para introducir un proceso legislativo más abierto y participativo al excluir a la elaboración de las leyes del derecho de transparencia.
La Agencia de Protección de Datos será la encargada de garantizar estos derechos.
Además de los elementos ya analizados cuando se filtró el anteproyecto, llama la atención la falta de empuje para crear un gran repositorio de contenidos públicos abiertos y gratuitos por las limitaciones de propiedad intelectual en información adquirida por los poderes públicos o la exclusión del acceso gratuito a archivos, bibliotecas y museos (art.16.2).
Todavía no hay conciencia y visión para superar el servicio público de radiotelevisión y sustituirlo por un auténtico servicio público de contenidos digitales.

Anteproyecto_Ley_Transparencia

Responsabilidad política por un canon injusto

El canon digital es injusto e indiscriminado. A las protestas de tantos usuarios, empresas e instituciones se suma ahora la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjak (comunicado en pdf, conclusiones completas).
La abogacía europea, cuyas conclusiones se suelen respetar en un 90% de las ocasiones, deja claro que:

• La compensación equitativa por copia privada debe aplicarse de forma armonizada en Europa.

• Debe ser justa con los derechos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y con los de los usuarios.

• Sólo puede aplicarse a equipos utilizados para la copia de contenidos protegidos.

• No puede aplicarse a empresas ni para usos profesionales.

• Si se aplica no puede limitar el derecho a copia privada.

Si el Tribunal de Justicia confirma las conclusiones de la abogacía y las sospechas de la Audiencia Provincial de Barcelona, que elevó el caso denunciado por Ana María Méndez, propietaria de la tienda Traxtore, a la justicia europea, las consecuencias jurídicas y políticas deben ser enormes.
Las jurídicas y económicas porque el monopolio de las entidades de gestión, capitaneadas por SGAE, se han estado lucrando de un impuesto universal, indiscriminado e injusto. Que además quieren expandir y llegar a cobrar por los enlaces.
La responsabilidad política porque el gobierno socialista y algunos partidos de oposición como el PP volvieron a aprovechar este tema como arma electoral sin cuestionar las verdaderas razones de la injusticia y proponer alternativas.
Sólo los partidos minoritarios de izquierda se opusieron con rotundidad.
Pero el canon y la reforma de la ley de propiedad intelectual salió adelante a pesar de que le costó el Ministerio de Industria a José Montilla y con él se llevó por delante a la plana mayor de un departamento que desde entonces no ha dejado de demostrar lo poco que entiende internet y lo demasiado cerca que está de las grandes operadoras de telecomunicaciones. La traca final es el apoyo del ministro Miguel Sebastián a la ofensiva contra la neutralidad de la red.
En el Ministerio de Cultura nunca se ha entendido su deber de proteger más a los ciudadanos que a los consumidores. Y que su labor no es ser un Ministerio de la Propiedad Intelectual y el Negocio del Entretenimiento, sino la de fomentar y proteger la cultura común, el patrimonio de todos, no sólo el negocio de unos pocos.
Es la hora de la responsabilidad política. Es hora de escuchar y debatir ideas con sentido. Es tiempo de no abrir subcomisiones de la Propiedad Intelectual que no sirven para nada y se agotan sin conclusiones prácticas.
No nos podemos permitir otra brecha digital y una internet de pago por la sordera política, la falta de coraje para defender los bienes comunes -culturales, científicos y tecnológicos- y seguir premiando a los monopolios y a la gran industria mientras no se deja de proclamar en el vacío de la falta de ideas que debemos cambiar el modelo económico.
Un sistema operativo económico y social es posible. Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, también. Internet y las herramientas digitales son una oportunidad, de la extensión de la banda ancha a los procomunes.
La amenaza son quienes no quieren cambiar ni innovar, en política, economía o tecnología.

Menos descargas y banda ancha en Gran Bretaña

Gran Bretaña aprueba con toda urgencia su ley de economía digital (Digital Economy Bill) para perseguir las descargas en internet. Pero con tanta prisa por el camino han quedado algunas de las medidas más importantes propuestas en el proyecto inicial.
No habrá impuesto de seis libras anuales sobre los teléfonos fijos para crear redes de nueva generación de banda ancha. El regulador Ofcom también pierde su poder para promover la información local y ampliar sus competencias. Las obras huérfanas no podrán ser utilizadas a través de una nueva licencia, una medida impulsada con la oposición de los fotógrafos y otros colectivos.
Conclusión: la prisa para aprobar la respuesta graduada y la desconexión a los usuarios de descargas y p2p refuerza el control de la propiedad intelectual en internet y acaba con las medidas para ampliar la sociedad de la información y el acceso a los contenidos digitales.
Como en el caso español, la redacción de la ley es tan abierta que no tipifica bien cuáles son las infracciones a la propiedad intelectual que se pueden perseguir y atañe a las que "sean o es probable que sean utilizadas para o en conexión con actividades que infringen el copyright". Como el daño patrimonial previsto por los demandantes en la Ley de Economía Sostenible.
En definitiva, un sistema de vigilancia y sospecha permanente sobre los usuarios y los nuevos negocios de la web con una legislación abusiva, diseñada para proteger derechos económicos frente a los derechos de todos.

El Mundo publica y levanta el sumario Gürtel

ElMundo.es ha publicado el sumario del caso Gürtel y pedía la colaboración de los lectores si encuentran algo interesante. Pero poco después lo ha levantado, aunque sigue disponible en Ecodiario.es con enlaces a Megaupload, una web de descargas directas, en lugar de alojarlo en sus propios servidores y tratándolo sólo como enlaces a documentos ajenos.
No era exactamente la propuesta de utilizar el crowdsourcing y la ayuda de los lectores para desentrañar los 50.000 folios del caso, pero al menos era un paso interesante en la dirección de apoyarse en los ciudadanos para la información.
Pero ha durado poco y el diario digital ha tenido que levantar la documentación del caso debido a las amenazas de incumplimiento de la ley de protección de datos y otras garantías legales perseguibles de oficio o a instancia de cualquiera de las partes afectadas, según confirman los responsables del medio digital.
Algunas de esas garantías son una contradictoria barrera para publicar en la web documentos que están ya reflejados en las crónicas y cobertura de los medios convencionales con abuntantes detalles de los investigados, imputados y relacionados con el caso de corrupción.
A la iniciativa de El Mundo le faltaba una mejor plataforma para guiar a los ciudadanos por los miles de páginas del sumario y haber tomado algunas prevenciones sobre la protección de datos personales de los citados en la investigación.
En todo caso, la ley de protección de datos ejerce un férreo control, muy garantista con los derechos de los protegidos, pero a menudo en colisión con el interés general y el derecho a la información del público.
Además lleva a la contradicción que los mismos datos y detalles publicados en las páginas del diario como información no se pueden colgar en la web como un documento. Ahora público para las partes pero no todavía para los ciudadanos, al menos hasta que comience el juicio oral.
Ayer debatíamos en el blog si era posible o no publicar el sumario para apoyarse en los lectores. Sigo creyendo que es posible, pero es necesario tomar algunas medidas para proteger los datos personales más sensibles, especialmente de personas citadas en la investigación pero no imputadas y evitar acciones legales contra los medios.
Debe recordarse además que se trata de una investigación judicial y persiste la presunción de inocencia de todos los investigados.
Este nuevo caso vuelve a demostrar la necesidad de debatir más a fondo las garantías de publicidad del proceso y los actos judiciales y la defensa de los derechos de los acusados e investigados. Sobre todo cuando afecta a pesquisas sobre cargos públicos presuntamente implicados en delitos e irregularidades en el uso de los bienes públicos y en función de sus responsabilidades políticas.