El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet ha impulsado como nunca el debate sobre los ciberderechos y la propiedad intelectual. Un grupo de autores y juristas como Belén Gopegui, Ignacio Ramonet, Rosa Regás, Carlo Frabetti, Isaac Rosa, Carlos Martínez, Carlos Sánchez Almeida, Constantino Bértolo o Álex de la Nuez promueven un nuevo manifiesto En defensa de una red libre.
"Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina", proclaman para sostener una defensa de los derechos de autor independiente de la industria y considerar internet como un derecho e "incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad".
"No se trata de que los autores cambien de amos", explican, sino defender la cultura libre "inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario".
Y por ello se preguntan "si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos". Una demanda apoyada por muchos que defendemos que la clave del desarrollo de la cultura, la ciencia y la innovación no es su gratuidad, sino la ampliación del dominio público, el acceso a los bienes comunes, a los intelectuales y creativos, a la información y los contenidos de todos. En esa defensa coincido con los autores del nuevo manifiesto.
Pero es necesario ir más allá para lograr un nuevo consenso más plural y aceptable por una mayoría. Incluso superar las diferencias y las antinomias ideológicas, económicas y políticas en una sociedad poscapitalista y posideológica.
La clave esencial para superar gran parte de los problemas del acceso al conocimiento y los contenidos, de la crisis de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, y mejorar las formas actuales de producción es fomentar, reconocer y fortalecer el procomún.
Los procomunes (commons) son los bienes que pertenecen a todos, a la colectividad de unos mismos intereses, comprometida con su enriquecimiento y legado, y que aprovecha esos bienes en una cadena de valor para crear otros. En definitiva, esos bienes de los que todos somos usuarios, clientes y accionistas.
La mayoría de la cultura, la ciencia y el conocimiento pertenecen a los procomunes. Es un ecosistema de contenidos y conocimiento que sólo existe, tiene valor y es útil cuando es empleado, difundido y mejorado por la sociedad.
Una nueva redefinición del espacio y los bienes públicos, pero también de los modelos de propiedad y producción hasta la economía P2P (según el viejo ensayo de Michel Bauwens), el capitalismo 3.0 de Peter Barnes o la sociedad del protocolo, reseñada por David Brooks.
Desafíos para crear un nuevo sistema operativo para la política 3.0, una verdadera democracia 3.0 apoyada en una economía 3.0 para la era de la abundancia aunque, como siempre, muy mal repartida.
La economía de la abundancia se ocupa de los bienes cuya producción es inmaterial o cuando el coste de la copia es marginal. Los bienes materiales siguen siendo escasos y su economía y gestión es bien distinta.
Algunos ejemplos son la música, la ciencia, la información o los medicamentos. Todos necesitan un esfuerzo importante y tienen costes de creación, investigación o desarrollo, pero su producción y distribución son muy baratos. A su vez muchas personas, tradición, conocimiento o invenciones anteriores influyen enormemente en su creación y adquieren mayor valor cuanto más empleados y consumidos son: la información que crea una base común de visión ciudadana de la actualidad, la música que une a tanta gente, los desarrollos científicos compartidos por otros y aplicados o los remedios contra las enfermedades.
La cultura y el entretenimiento están en el ecosistema del procomún. El sistema comercial actual no recompensa con justicia a los autores, deja en manos de grandes empresas una gran parte del sistema y los bienes culturales, los ata a un sistema comercial muchas veces injusto con la pluralidad y la riqueza, y restringe el acceso de los ciudadanos.
Por eso, como clama el manifiesto, es hora de que los gobiernos y los políticos se atrevan a discutir nuevas ideas y a facilitar, legalizar o promover nuevos modelos de creación, gestión y distribución.
Esa es la tarea abordada por la Comisión Europea y ahora de nuevo en marcha en la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso, que tiene la obligación de mejorar el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la confusión, inseguridad y obsolescencia jurídica creada desde entonces.
El procomún es la clave. Internet debe ser un derecho. Pero ese derecho tiene que aplicarse de diferentes formas en la tecnología de la Red y sus códigos (abiertos, estándares, neutrales), su gobernanza (gestión global, transparente, participativa), sus métodos y elementos de acceso, y sus contenidos.
El acuerdo sobre esos derechos, una legislación que reconozca y proteja plenamente los derechos de acceso y colaboración (copyleft, Creative Commons, dominio público), el estímulo a la economía 3.0: producción P2P, ciencia y cultura abiertas, negocios abiertos, gratuitos o no, economía del don y de la afectividad, etc. Y también, como no, la ampliación del dominio público y la ampliación del acceso a los contenidos, cultura, ciencia, innovaciones, etc. financiadas y desarrolladas con dinero público.
La economía 3.0 debe ser más abierta, participativa y plural (me atrevería a decir que justa y, por supuesto, social) que la actual. Muchos elegirán el desarrollo de negocios y riqueza más social, otros seguirán más volcados en los beneficios y la comercialización.
Cambiar el sistema operativo de la política y la economía es imprescindible para lograr esos nuevos consensos y construir las plataformas de acceso, contenidos e información que una sociedad del conocimiento necesita. Ciudadanos con más derechos efectivos y mayor poder de elección en una política y una economía con más alternativas y transparencia.
