Canon digital estatal y pagado por todos

El canon digital ya no es sólo injusto e indiscriminado porque lo pagan los consumidores de electrónica:  ahora lo pagan todos los contribuyentes con sus impuestos vía Presupuestos del Estado. Un Gobierno liberal empeñado en liberalizaciones y privatizaciones estataliza y convierte en tasa pública y universal lo que hasta ahora era un impuesto privado de autores y creadores. El canon Lassalle, secretario de Estado de Cultura, está dictado por un estudioso del liberalismo sin buscar el compromiso cívico y económico que ha defendido en sus libros.

José María Lassalle y el ministro José Ignacio Wert, aislados como los ratoncitos ciegos, imponen una compensación por copia privada que perjudica a todos, no satisface a nadie y no soluciona los desafíos de la propiedad intelectual en la era digital.

Cultura pagará cinco millones este año a las sociedades de autores frente a los 115 millones recaudados en 2011. El coste lo asumen unos Presupuestos repletos de recortes en servicios públicos básicos como sanidad y educación. Las sociedades de autores y editores (SGAE, Cedro, Egeda, AIE, Aisge, Dama, Vegap, etc.) pierden uno de sus poderes y principal fuente de financiación.

Los autores perderán ingresos y los ciudadanos pueden vivir la irrealidad de no estar pagando por lo que antes veían en la factura de sus compras. En la doctrina del PP, lo que no se ve no existe.

El canon Lassalle es la renuncia a repensar la propiedad intelectual en el mercado digital, con las autoridades europeas y de la competencia reclamando una reforma a fondo de las sociedades de gestión, los derechos de autor, la copia privada y los nuevos negocios de contenidos digitales para aumentar el mercado y proteger tanto a autores como a consumidores, como explicaba esta semana el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier.

El nuevo canon no impone una tasa a los grandes distribuidores digitales como las telefónicas o las multinacionales de internet. Una propuesta alentada por los gobiernos alemán y francés para crear la llamada tasa Google: cobrar el canon por derechos de autor a las grandes empresas y plataformas. Las sociedades de derechos publicaron un manifiesto en noviembre alertando de lo que consideran una discriminación que los castiga.

La promesa de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, avejentada por las nuevas tecnologías tras 25 años de vigencia, se retrasa. Unos dicen que a la espera de Bruselas, otros que a mejor momento político.

El PP siempre ha utilizado propagandísticamente el canon digital. Ahora convierte en permanente el apaño de suspenderlo al poco de llegar al poder para contentar a los internautas.

Pero la puesta en marcha de la ley Sinde-Wert contra las descargas y el nuevo canon universal revela un Ministerio de Educación y Cultura sin visión del mercado, con responsables que prácticamente no se hablan, vigilados por la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría y donde tanto Industria como Hacienda intentan imponer los intereses de la industria y del fisco a toro pasado, cuando las decisiones ya han sido tomadas sin su conocimiento.

Consumidores y autores tendrán que volver a esperar ideas y consenso de un Congreso incapaz de consensuar un nuevo marco jurídico o seguir confiando en el mercado único de contenidos digitales propuesto por Bruselas. Otros harán uso intensivo de una copia privada que ahora parece justificarlo todo.

Análisis en ElDiario.es

Marianazo a RTVE y al canon digital

El marianazo es un recorte del gasto público y un aumento de impuestos como nunca se ha conocido. El presidente se ocultó tras sus ministros económicos y su vicepresidenta para no presentarse ante un país que aún tiene frescas sus promesas de no subir impuestos. Junto a las medidas generales, tres con impacto en la sociedad de la información: la aprobación del reglamento de la ley Sinde, una reforma del canon digital que nos obliga a pagarlo a todos a través de los Presupuestos del Estado y un recorte de 200 millones en la financiación de RTVE que entrega definitivamente el mercado audiovisual al duopolio Telecinco/Antena 3.

La aprobación de la ley Sinde estaba anunciada por el ministro José Ignacio Wert. El gobierno se ha apresurado a ponerla en marcha (BOE) sin cumplir sus promesas electorales de proteger una propiedad intelectual que “permita la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio”. Esos nuevos negocios digitales están ahogados por los abusos de las grandes distribuidoras, las gestoras de derechos y una trama empresarial y jurídica que convierte en una hazaña terriblemente burocrática y cara la adquisición de derechos, como se queja la Comisión Europea.

El gobierno reforma también el canon digital, obligado por la justicia europea y nacional. El PP siempre ha flirteado con la oposición al canon y prometía en su programa modelos de retribución “más justos y equitativos, basado en el uso efectivo de las obras”. Pero como en los tributos, las promesas se desvanecen. A falta de desarrollo reglamentario, por ahora el canon digital desaparece y se establece un “pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado” (Disposición Adicional Décima del Decreto de medidas urgentes).

Si antes el canon era injusto por indiscriminado, ahora lo será más porque lo pagamos todos, seamos consumidores o no de esas obras. Si antes se aplicaba a los soportes sin distinguir contenidos y de quién eran, ahora se cobrará a todos los ciudadanos.

¿Es este el modelo de retribución “más justo y equitativo, basado en el uso efectivo de las obras” prometido? Más bien todo lo contrario. Todos pagamos a unos pocos, seamos o no consumidores de copias privadas.

El hachazo de un 36,5% a la financiación estatal de RTVE se temía. El PP tiene muchas cuentas contra la televisión pública. El telestado de Rajoy se apoya en el duopolio Telecinco/Antena 3, dominador del mercado y la audiencia por el mal dibujo del mapa audiovisual de Zapatero y sus gobiernos.

La reducción repentina del presupuesto de RTVE a cifras de antes del apagón analógico obligará a un drástica reestructuración que sólo podrá hacerse rebajando producción externa, canales temáticos y servicios digitales. Cuando la mayoría del presupuesto de la radiotelevisión pública es para nóminas y gastos corrientes, sólo renunciar a derechos de programas y retransmisiones deportivas, reducir personal contratado, apagar canales y rebajar la oferta digital permitirá mantener una cadena fuerte como La 1, aunque debilitada.

El impacto en la producción audiovisual será importante cuando las autonómicas ya han rebajado su gasto en programas y se espera el prometido fin de la obligación de las cadenas privadas de financiar el cine con un cinco por ciento de sus ingresos.

El PP tampoco tiene un plan para el servicio público en la era digital. Por ahora, recortes y todo el mercado para las grandes privadas. Marianazo a la sociedad de la información.

Columna en Estrella Digital

El beso de Rajoy

Mariano Rajoy celebró su victoria electoral con un beso a su mujer Elvira Fernández. El hombre tranquilo revela su emoción. Inaudito. La prensa nacional de derechas no se ha atrevido con semejante exceso en sus portadas a pesar de que editores y directores hacen cola y ofrecen su mano y su mejilla al nuevo presidente. A Rajoy no le quedarán besos para TVE ni para las autonómicas. En Efe se espera una integración que algunos creen el fin de la agencia, el cine ya está movilizado para encontrar financiación alternativa a las televisiones y en la sociedad de la información se espera el fin del canon digital y la prometida reflexión sobre el agotado modelo de propiedad intelectual.

Columna completa en Estrella Digital

Contra el canon

El Congreso se une en un raro consenso para reformar el canon digital el día que una junta rectora de la SGAE intenta salvar la sociedad de gestión de derechos de autor tras la dimisión de su presidente Teddy Bautista por la investigación judicial por las irregularidades de su brazo digital. Son los estertores de un sistema que no funciona. Con los consumidores y parte de la industria digital indignados por canon injusto y con los autores intentando preservar una compensación por sus obras que no es equitativa, pese a lo que la ley dice, sino arbitraria y mal repartida.

El propósito del Congreso es reformar el canon, impuesto por la justicia europea sólo a particulares, "por otras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas y, por tanto más justas y equitativas", según una proposición del PP apoyada por todos los grupos, incluido el socialista, a pesar de estar dominado por los contrarios a la eliminación de un impuesto privado e injusto.

Pero ni la junta de la SGAE, empeñada en enviar un mensaje de transparencia y democracia interna a sus socios, ni los defensores del canon pueden parar la realidad del fin de un sistema ineficiente, dominado por los grandes de la industria de contenidos y que intenta frenar el cambio tecnológico y de mercado. Los consumidores están hartos de pagar canon y precios altos. Los nuevos negocios de distribución y comercialización digital están frenados por licencias abusivas y un sistema complejo.

Europa defiende un mercado único, competencia entre gestoras y licencias más flexibles. Más simplicidad y facilidades para nuevos negocios como el streaming, tarifas planas para compartir contenidos y dejar que el mercado fije precios más asequibles para desincentivar el todo gratis. Podemos seguir sordos y ciegos, secuestrados por un sistema obsoleto y abusivo como la empecinada ministra de Cultura, o apostar por la innovación y que una economía innovadora y sostenible. O seguir pagando alcabalas apegados al unamoniano que inventen ellos.

Columna en los medios de Vocento

Piratas en la SGAE

El entramado pirata de la SGAE tiene su centro en la sDae, la Sociedad Digital de Autores y Editores. Ironía digital: los piratas estaban en casa. Teddy Bautista y su socio Rodríguez Neri tienen mucho que explicar ante el juez, los autores y los ciudadanos. Sólo unos pocos como Luis Cobo se atrevieron a denunciar la trama del poder acumulado por el presidente y sus cómplices.

El Ministerio de Cultura se embanderó en la ley Sinde, abandonó su deber de control y desoyó los reclamos de algunos socios, la Comisión de la Competencia, expertos y ciudadanos. Cultura ha apoyado siempre a la SGAE, no sólo a favor de una concepción monolítica de los derechos de autor, contra las descargas o con un canon digital injusto, como ha sentenciado Europa, sino también contra empresas e instituciones obligadas a aceptar las decisiones unilaterales de la sociedad de gestión en un mercado férreo, con licencias caras e inservibles para los nuevos negocios digitales.

A través de las subvenciones, el control de los derechos de autor y el respaldo de Cultura e Industria, la SGAE ha construido un poder absoluto. Con un sistema de reparto y elección de representantes nepotista, sin vías eficientes de reclamación ni arbitraje para los ciudadanos o una industria atónita ante una gestora que dificultaba el negocio ajeno mientras lo explotaba en beneficio de unos pocos.

La reivindicación de los derechos de autor justifica todo y ha creado una burbuja donde los cientos de millones anuales de recaudación repartidos con gran opacidad han sido la tapadera. El coro de Bautista no ha dejado de entonar el salmo de su defensa con el conjuro mágico de la palabra cultura.

Ese poder absoluto, falto de control, ha topado con la justicia como hace unos meses chocó con la sentencia contra el canon y con la Comisión Europea, defensora de un mercado único de derechos con competencia entre gestoras y de licencias adecuadas para los nuevos medios. La cultura, sus creadores, los consumidores y las arcas públicas, saqueados por sus más fieros defensores. Un libreto digno de una tragedia clásica.

Columna en los diarios de Vocento

El canon más viciado

Otro varapalo digital para el gobierno. Otra resolución contra su peor pesadilla en internet: la Audiencia Nacional anula la orden ministerial que determina los soportes gravados con canon. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando ilegal el canon para administraciones y empresas, la compensación por copia privada deberá reformarse por el “vicio radical” de la falta de justificación jurídica y económica. Pero la Audiencia no entra en sus verdaderos vicios: la injusticia de una tasa indiscriminada por una copia hipotética, un impuesto privado cobrado por las sociedades de derechos de autor sin suficiente transparencia sobre su reparto ni garantías para los consumidores.
El canon ha sido el peor error digital del Gobierno del PSOE, como reconocen muchos responsables socialistas. Se instauró en 2006 con una fuerte pugna entre José Montilla, entonces ministro de Industria, y el Ministerio de Cultura. El PP lo aprobó con la Ley de Propiedad Intelectual pero se pronunció en contra y Mariano Rajoy prometió su modificación.
Desde entonces los ciudadanos, y hasta hace pocos días empresas y administraciones, pagan una tasa que pone a todos bajo sospecha.

Columna completa en El canon más viciado - Estrella Digital

Una propuesta para el canon y la ley Sinde

El tiempo para aceptar o rechazar la ley Sinde acaba. Ni los partidos ni los implicados se ponen de acuerdo. En el origen del desacuerdo está la obsesión por no reconocer la inevitabilidad del cambio en el acceso a los contenidos digitales; la necesidad de nuevos modelos de negocio y garantías legales para autores, distribuidores, comercializadores y consumidores; y un nuevo contrato entre todos con nuevos derechos y obligaciones que no invada ni pisotee los derechos y libertades fundamentales.

¿Hay solución? Es posible si una perspectiva comercial y de ampliación de derechos sustituye a la obsesión por imponer restricciones de acceso, consumo y negocio superadas por la tecnología, los hábitos y la oferta alternativa.

Los principios deberían ser garantizar el acceso a los contenidos como un bien público (ampliar el procomún), asegurar la compensación y los ingresos de los creadores por su trabajo, evitar abusos sobre los consumidores y no invadir las libertades.

Junto a ellos, dejar de perseguir el enlace, base de la arquitectura de internet y el acceso e intercambio de información, y desregular la copia para centrarse hacer útiles, accesibles y rentables los contenidos cuando están en la nube, en streaming o en servidores P2P.

Para lograrlo es necesario abordar el problema de las descargas y la distribución no autorizada de contenidos como un problema comercial, sin judicialización ni una estrategia punitiva amenazante e inservible, como se ha demostrado hasta ahora.

Una propuesta de solución para discutir puede pasar por:

• La ampliación de las excepciones (Directiva 2001/29/CE) y límites (LPI) de los derechos de autor para introducir un derecho o licencia de distribución digital que cubra las descargas y el P2P.
  
• La reforma del canon digital o compensación por copia privada para eliminarla y sustituirla por una licencia –solución comercial- o tasa –alternativa pública- sobre la distribución, intercambio y descarga de contenidos digitales.
  No sustituye a las licencias comerciales, pero garantiza el cobro por los contenidos subidos por usuarios y con comercialización irregular.
  
• Reformar las sociedades de gestión colectiva de derechos para hacerlas transparentes e implementar un sistema de reparto de los derechos recaudados por una agencia estatal en el caso de la solución pública o para la coordinación en la recaudación y reparto de las licencias en la alternativa comercial.
  
• Gravar con el canon sobre los contenidos digitales a los distribuidores y comercializadores, tanto servidores de internet (ISP) como proveedores de descargas y webs dedicadas principalmente a la redistribución con ánimo de lucro de esos contenidos en función de sus ingresos y del volumen de contenidos distribuidos.
  
• Sustituir el control de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual por la supervisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el futuro Consejo Audiovisual (CEMA) para ejercer una supervisión efectiva del negocio de los contenidos digitales en cualquiera de sus formatos y proveedores, al estilo de la Ofcom británica, sin distinción de audiovisual, internet, telefonía, etc. como tampoco distingue ya el consumo ni el negocio.
  Un control técnico y comercial de la distribución y comercialización de contenidos digitales con los principios de máxima libertad y mínima intervención -light touch- seguidos hasta ahora por los reguladores de telecomunicaciones e impulsados por la Unión Europea.
  

Para los interesados en ahondar en la discusión y propuestas recomiendo las ideas de William Fisher (explicadas aquí junto a las de Richard Stallman), las propuestas de Bennett Lincoff o las de Neil Netanel, en parte recogidas en la propuesta de licencia voluntaria para las descargas de la Electronic Frontier Foundation.

En Europa destacan la licencia global propuesta por la Alliance Public-Artistes en Francia -basada en un estudio de la Universidad de Nantes-, la idea de licencias colectivas extendidas del Centro para Internet y la Sociedad de la Politécnica de Turín, la contribución creativa francesa alternativa a la ley Hadopi e impulsada por Philippe Aigrain, o la iniciativa de Flattr intentado aprovechar las donaciones y los micropagos.

El objetivo es garantizar el acceso, disponibilidad y rentabilidad de los contenidos digitales en un sistema de distribución descentralizado, social y viral. La demanda por contenidos al instante invalida modelos de negocio anteriores como la explotación con diferencias temporales por ventanas audiovisuales o el sostenimiento de un negocio basado en la venta de copias. Los consumidores quieren los contenidos al instante, en cualquier dispositivo y soporte, y los buscan allá donde los encuentran.

La salvaguarda para la oferta comercial es mejorar la calidad, accesibilidad, funcionalidades y experiencia de usuario, y hacerlo a un precio atractivo y considerado justo por el mercado, tanto por los consumidores finales como por los intermediarios y comercializadores.

Sin persecuciones penales o civiles. Sólo control de quienes negocian con los contenidos para imponer una compensación económica adecuada, igual que se cobra el IVA. Los ciudadanos ampliarán su acceso a los contenidos, aumentará la oferta legal, con calidad y sin engorros de contenidos digitales, y la industria de los contenidos tendrá que abrirse a una transformación obligada e irrefrenable.

El reparto de la recaudación debería hacerse entre las obras protegidas por derechos de autor, y un fondo para la financiación de los contenidos digitales que podría sustituir bastantes de las subvenciones que ahora otorgan gobierno y autonomías. Además de una línea de promoción para las de dominio público.

Seguirá habiendo quien encuentre la forma de burlar al sistema, pero disminuye su atractivo y justificación frente a la oferta legal.

La SGAE cambia para no ser intervenida

Teddy Bautista plantea una nueva SGAE que evite una reforma de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor impuesta por el gobierno.
El "proceso de cambio total" anunciado por su presidente calca algunas de las demandas que el gobierno ha trasladado a las gestoras de derechos y que han empezado a ser discutidas con algunos sectores de la industria del ocio y la tecnología.
Las reformas recogen las principales demandas de la Comisión Nacional de la Competencia en su denuncia del monopolio de la gestión de derechos, los reclamos de Uteca (las televisiones privadas) y de gran parte de la industria de la tecnología y los contenidos digitales, además de las ideas debatidas durante la tramitación de la ley Sinde y defendidas por ciudadanos y expertos.
La SGAE sabe que la reforma del canon digital llevará a una disminución del poder de las gestoras y quiere adelantarse a la nueva situación y no ser acorralada por la presión política, legal y ciudadana.
Por eso anuncia que no perseguirá a particulares por las descargas, más transparencia en su sistema de reparto de derechos, auditoría por la agencia de evaluación pública, un código de buenas prácticas que refleje el propuesto por el Ministerio de Cultura, crear un defensor del cliente y facilitar la distribución de música y cine en internet, una demanda permanente de los nuevos medios y la patronal de contenidos digitales Asimelec.
Pero además al presidente de la SGAE y líder de las gestoras de derechos les preocupa extraordinariamente una solución para la gestión del canon y de la resolución de conflictos con los pagadores de las licencias, especialmente las televisiones, que erosione su poder.
La idea de una entidad pública de gestión e intermediación del canon y los derechos de autor es la peor pesadilla para la SGAE y el resto de gestoras, que reducirían enormemente su poder, político, financiero y entre sus asociados.
El decálogo de la nueva SGAE busca "una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos" y la creación entre todas las gestoras de "una entidad única" para la administración de la copia privada que "aligere los trámites y trabaje de común acuerdo en los términos de las modificaciones que se lleven a cabo para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo dictada en 2010".
Bautista es un gran político y sabe que debe moverse antes que lo hagan los políticos. No tiene el respaldo incondicional del PP y ni de los partidos que han votado en contra de la ley Sinde y defienden la reforma de la copia privada y la propiedad intelectual.
Y además Teddy Bautista tiene elecciones a la vista en la SGAE y la necesidad de presentar un programa para reforzar a sus candidatos.

No somos piratas

La sentencia sobre el canon condena a los particulares a pagar por la copia privada, pero exime a empresas, instituciones y profesionales que usen dispositivos de grabación para sus propios fines. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asume las tesis de las sociedades de gestión y nos declara a todos piratas. Presupone que copiamos obras ajenas y sentencia que "no es necesario verificar en modo alguno que se hayan realizado efectivamente copias privadas ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas".

Condenados sin prueba. La justicia europea alega que "la mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon". Se presupone la copia privada de obras ajenas sin reparar en que los ciudadanos producen cada vez más contenidos propios: documentos, multimedia, música, fotos y vídeos privados o familiares; obras de dominio público, etc. La eximente para los DVD o las grabadoras de una oficina se niega sin defensa alguna a los particulares.

Las sociedades de gestión ya buscan con Cultura alternativas para evitar la disminución de sus ingresos. Encarecer el canon para particulares, aplicar una tasa sobre internet o un nuevo impuesto para compensar a los autores son algunas propuestas. Soluciones injustas y perjudiciales para los consumidores que no detendrán la crisis tecnológica, cultural, jurídica y de negocio de las industrias de la copia.

Es momento de un debate serio sobre una propiedad intelectual respetuosa con los derechos de autores y ciudadanos. Dejar de gravar la copia cuando los contenidos se disfrutan en streaming y en movilidad, en cualquier equipo. Cuando crecen los modelos de pago por suscripción o los contenidos gratis a cambio de datos personales para la publicidad y el marketing. Un consenso que no castigue más el bolsillo de los clientes.

Artículo en Público

Paga el consumidor

Los particulares pagarán el canon. Empresas, profesionales y administraciones, no. Si la sentencia europea es ratificada por la Audiencia de Barcelona se remedia media injusticia, pero los consumidores seguirán obligados a abonar por la copia privada aunque utilicen los equipos y dispositivos gravados por el canon para sus propios y legítimos contenidos o para los no sometidos a derechos de autor como los de dominio público.

Piratas condenados a su pesar sin derecho de defensa.

En una sociedad de autores como la nuestra, cuando los ciudadanos usan cada vez más dispositivos y soportes digitales para su formación, su entretenimiento, su trabajo, su vida privada, etc. la presunción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que "la mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon" es un insulto a los derechos de los ciudadanos y un castigo más a su economía.

El consumidor siempre paga. Y es condenado de antemano pese a la pulsión del hiperconsumo provocado por la propia industria del entretenimiento. La sentencia europea confirma el abuso ya cometido en la Ley de Propiedad Intelectual con una compensación equitativa a favor de los propietarios de los derechos. La injusticia de un doble pago que no detiene la revolución tecnológica, cultural y de consumo ni la crisis del negocio de las industrias basadas en la copia.

Vivimos en un mundo de ubicuidad permanente, donde contenidos y obras –especialmente las de entretenimiento- están por todas partes, disponibles en soportes físicos, pero también en la nube (cloud computing), se accede a ellas cada vez más por streaming (sin descarga) y aumenta día a día la oferta financiada por publicidad a cambio de los datos personales de los usuarios o con modelos de suscripción de pago. Negocios como los vídeos y la música directamente en internet o en los móviles ya no están basados en la copia.

Pero sociedades de gestión y los gobiernos no quieren perder tiempo en comprobar quién copia qué. Ya buscan alternativas al indiscriminado sistema actual para evitar la avalancha de compradores pidiendo factura a nombre de empresas (propias, de amigos o familiares) que provocaría un colapso en las tiendas y en el propio sistema del canon.

Sin canon de administración y empresas, los principales paganos, los ingresos por derechos de autor se reducirán. Por eso se promueven alternativas como una tasa sobre internet o un nuevo impuesto para compensar a los autores. Evasivas para no repensar con seriedad la propiedad intelectual y los derechos de autor, necesitados de un consenso que no grave la copia privada ni su uso justo. Donde el disfrute de los contenidos legalmente adquiridos en cualquier dispositivo sea un derecho de los consumidores. Sin recargo en el PVP.

Análisis en los diarios de Vocento

Canon sólo para consumidores

Mi análisis en Estrella Digital de la necesidad de repensar la propiedad intelectual tras la sentencia europea sobre el canon. Un debate necesario para evitar males mayores para los consumidores, encarecimiento del canon, nuevas tasas sobre el acceso a internet y otras medidas injustas que no avanzan en un nuevo pacto por los derechos de los autores y los de los usuarios.

Responsabilidad política por un canon injusto

El canon digital es injusto e indiscriminado. A las protestas de tantos usuarios, empresas e instituciones se suma ahora la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjak (comunicado en pdf, conclusiones completas).
La abogacía europea, cuyas conclusiones se suelen respetar en un 90% de las ocasiones, deja claro que:

• La compensación equitativa por copia privada debe aplicarse de forma armonizada en Europa.

• Debe ser justa con los derechos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y con los de los usuarios.

• Sólo puede aplicarse a equipos utilizados para la copia de contenidos protegidos.

• No puede aplicarse a empresas ni para usos profesionales.

• Si se aplica no puede limitar el derecho a copia privada.

Si el Tribunal de Justicia confirma las conclusiones de la abogacía y las sospechas de la Audiencia Provincial de Barcelona, que elevó el caso denunciado por Ana María Méndez, propietaria de la tienda Traxtore, a la justicia europea, las consecuencias jurídicas y políticas deben ser enormes.
Las jurídicas y económicas porque el monopolio de las entidades de gestión, capitaneadas por SGAE, se han estado lucrando de un impuesto universal, indiscriminado e injusto. Que además quieren expandir y llegar a cobrar por los enlaces.
La responsabilidad política porque el gobierno socialista y algunos partidos de oposición como el PP volvieron a aprovechar este tema como arma electoral sin cuestionar las verdaderas razones de la injusticia y proponer alternativas.
Sólo los partidos minoritarios de izquierda se opusieron con rotundidad.
Pero el canon y la reforma de la ley de propiedad intelectual salió adelante a pesar de que le costó el Ministerio de Industria a José Montilla y con él se llevó por delante a la plana mayor de un departamento que desde entonces no ha dejado de demostrar lo poco que entiende internet y lo demasiado cerca que está de las grandes operadoras de telecomunicaciones. La traca final es el apoyo del ministro Miguel Sebastián a la ofensiva contra la neutralidad de la red.
En el Ministerio de Cultura nunca se ha entendido su deber de proteger más a los ciudadanos que a los consumidores. Y que su labor no es ser un Ministerio de la Propiedad Intelectual y el Negocio del Entretenimiento, sino la de fomentar y proteger la cultura común, el patrimonio de todos, no sólo el negocio de unos pocos.
Es la hora de la responsabilidad política. Es hora de escuchar y debatir ideas con sentido. Es tiempo de no abrir subcomisiones de la Propiedad Intelectual que no sirven para nada y se agotan sin conclusiones prácticas.
No nos podemos permitir otra brecha digital y una internet de pago por la sordera política, la falta de coraje para defender los bienes comunes -culturales, científicos y tecnológicos- y seguir premiando a los monopolios y a la gran industria mientras no se deja de proclamar en el vacío de la falta de ideas que debemos cambiar el modelo económico.
Un sistema operativo económico y social es posible. Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, también. Internet y las herramientas digitales son una oportunidad, de la extensión de la banda ancha a los procomunes.
La amenaza son quienes no quieren cambiar ni innovar, en política, economía o tecnología.

Los editores piden copias y bibliotecas más caras

Los editores y autores agrupados en Cedro quieren endurecer la Ley de Propiedad Intelectual para restringir y cobrar más por la copia privada. Pero además su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso reabre la batalla por el préstamo de pago en las bibliotecas.
Las reclamaciones de los editores vuelven a insistir en el cobro a las bibliotecas por prestar libros, fijado en 20 céntimos por volumen. Un canon del que sólo están eximidas las bibliotecas públicas en pueblos pequeños y las del sistema educativo.
Los editores y autores agrupados en Cedro también exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación.
Una batalla por encarecer la cultura en la que se echa en falta una discusión seria sobre nuevos modelos de negocio y comercialización. Imprescindible cuando los contenidos son más accesibles que nunca y el abaratamiento de los costes de producción y distribución digitales debería acarrear una rebaja en los precios de los libros.
Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.
Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.
Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.
A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.
Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros. Una cantidad importante pero mucho menor que los derechos audiovisuales y musicales cobrados por otras gestoras.
Autores y editores tienen derecho a cobrar por sus obras y su actividad, pero ¿tiene sentido seguir cobrando por las copias?
Cabe debatir si es útil y conveniente para empresas y público seguir cobrando por las copias o poner en marcha nuevos sistemas de licencia, distribución de obras -en fragmentos o completas- a través de nuevos soportes que mejoren el acceso de la ciudadanía, las empresas y la colectividad educativa a los libros. Sistemas que preserven y ajusten la cuantía de los derechos en función del valor y uso real de los contenidos.
En el préstamo, tanto privado como en las bibliotecas, la pregunta es si se pueden cobrar esos derechos mientras se mantiene el precio de los libros y se recibe financiación pública para la edición.
La pregunta reaviva la demanda de un sistema de ayudas y subvenciones que garantice el uso público y no comercial de las obras financiadas con dinero público: la cultura como procomún.
Pero también rescata el cambio de modelo de la venta de libros por un precio por lectura. Un pago por visión como el de las obras audiovisuales. Es la gran oportunidad de los ebooks, los libros digitales: cobrar por lectura y no por la posesión del volumen.
Eso permitiría que las bibliotecas, especialmente las públicas, pudiesen mantener sus fondos en depósito o usufructo y pagar sólo cuando esas obras sean leídas y consultadas por los lectores. Lo mismo puede hacerse con los libros digitales: un precio por la lectura en soportes digitales, posiblemente con limitaciones de tiempo y copia, y otro precio por una copia digital y permanente del libro.
Los libros como servicio y contenido, no como venta de una propiedad: la copia. Si editores, autores y políticos abren un debate serio sobre la sociedad de la información digital deberían ponerse todas las opciones sobre la mesa. También las que pueden garantizar un mayor acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura y la ciencia. No sólo las que convienen al mantenimiento de industrias y negocios que deben cambiar cuando la tecnología y el negocio cambian.
No es legítimo impulsar reformas legales en beneficio de unos pocos sin garantizar los derechos de todos.

1,1 euros al mes por descargar música

Los habitantes de la Isla de Man con conexión de banda ancha pagarán una libra al mes (1,1 euros) para bajarse música de internet.
El gobierno de la isla pone en práctica así el impuesto universal sobre la banda ancha para compartir contenidos digitales, defendido hace tiempo por Richard Stallman y actualizado por William Fisher y otros profesores de Harvard.
Es la aplicación de un auténtico canon digital aplicado a los contenidos y no al hardware.
Es otra forma de entender el derecho a la compensación equitativa por copia privada de la legislación europea y española de propiedad intelectual. Y encaja perfectamente en una situación en la que la música ya no vale nada porque es un commodity que se utilizar para vender otras cosas: CD´s con álbumes de fotos o DVDs y extras de todo tipo, móviles, promociones de revistas, tonos, etc.
La Isla de Man es un territorio de la corona británica que no forma parte de la Unión Europea. Los responsables de la iniciativa quieren llegar a un acuerdo con las discográficas y crear una agenda de gestión de derechos que realmente se ocupe de redistribuir la tasa por las descargas.

A correr si no quieres pagar canon por la TDT

A correr por la TDT. El Gobierno está empeñado en el éxito de la implantación de la televisión digital terrestre antes del apagón analógico de abril de 2010. Y ha encontrado otra forma de impulsarlo y de hacer feliz a los recaudadores de derechos de autor: el canon digital cobrará 12 euros por los descodificadores de TDT con disco duro dentro de un año y meses antes del apagón.
Un nuevo impuesto de los autores para los equipos que permiten grabar los programas para verlos cuando quieras, una de las grandes ventajas interactivas y de uso de la nueva televisión.

Más en Soitu.es

La internet de Teddy Bautista

"Una internet a velocidades de 20 megas es una Internet de contenidos, y esos contenidos tienen dueño y tienen derechos. El tema es que cuando la gente quiere una internet de 20 megas es porque se quiere descargar películas, o ver televisión, o intercambiar ficheros pesados". Palabras de Teddy Bautista. Así entiende internet la SGAE. Reduccionismo ventajista para un negocio que se niega a cambiar. Es más fácil cobrar el canon que evolucionar el negocio.

Copia privada no es igual a canon

Las sociedades de gestión de derechos de la propiedad intelectual cambian de estrategia para defender el canon. Ante la tenaz oposición de una gran parte de los ciudadanos y amenazados por las promesas de acabar con ese impuesto de Mariano Rajoy se lanzan a defender el derecho de copia privada con una nueva web: copia-privada-si.com.
La estrategia es identificar copia privada con canon.
Las entidades de gestión y los organismos de la propiedad intelectual presionan a la Unión Europea, que acaba de lanzar una nueva consulta sobre la copia privada y los sistemas de protección de los derechos de autor.
La presión de los lobbies de la cultura sobre las administraciones crece ante la oposición de una mayoría de ciudadanos. La batalla por la opinión pública intenta ahora poner el énfasis a los derechos, aunque sea al precio exigido por las entidades de gestión.

Más en Sociedad Cableada

Zapatero declara patriótico el canon

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no deja de sorprendernos. Ayer en una entrevista televisiva justificó el canon digital como "una señal de patriotismo" por defender la cultura. Una parte de ella, por cierto.
Quienes se oponen al canon no son patriotas. Puede. Pero maldita la falta que hace ser patriota cuando los impuestos los recaudan entidades privadas de gestión de derechos de unos pocos.
Zapatero vuelve a identificar al PSOE con una cierta cultura y desprecia a otras. El maridaje entre ciertos artistas y el Partido Socialista espanta. Petrifica la posibilidad de un cambio cultural necesario cuando la sociedad y la tecnología avanzan más que el negocio de algunos.
Pero Zapatero es agradecido.

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Mariano Napster Rajoy contra el canon y por el P2P

Ahí está el líder popular. Sonriente. Victorioso. Encantado con su cd Todos contra el canon en la mano.
No es para menos.
Mariano Rajoy se hace la foto con la plataforma Todos contra el canon y se pone delante del PSOE en la campaña política en internet tocando la fibra más íntima del internauta.
Y ahora además se suma a la defensa del intercambio de archivos P2P: "No estamos de acuerdo con que se intente criminalizar el intercambio de archivos entre particulares, y se les llame piratas y delincuentes a millones de españoles".
Mariano Napster Rajoy.
Desconocíamos esta faceta suya de luchador por la libertad en internet. No la demostró cuando fue vicepresidente del gobierno.
Desde marzo de 2005 hasta diciembre de 2007 el PP se olvidó totalmente de su oposición al canon digital.
Tanto que cuando los senadores del PP votaron en contra en la Cámara Alta la diputada Beatriz Rodríguez Salmones y el propio Eduardo Zaplana los llamaron al orden.
Pero Pío García Escudero, portavoz en el Senado y responsable de la campaña electoral del PP, lo tenía claro.
La oposición del PP al canon recompone su alianza con la industria en un tema en el que el PSOE no puede dar marcha atrás.
Y la Red se ha echado encima de los socialistas el año en el que internet va a ser más importante que nunca en las elecciones generales.
Rajoy ya se ha apuntado el tanto del medio millón de españoles que han firmado contra el canon digital desde que el PP apoya la reforma de ese impuesto.
Con lo que los socialistas se han empeñado en demostrar su apuesta por la sociedad de la información, y el PP les roba la cartera.

Rajoy, sin ideas sobre el canon

Mariano Rajoy sigue agitando su banderola contra el canon digital. Bajo ella, ninguna idea nueva. Prometer es más fácil que proponer.
Los populares montaron ayer un supuesto Diálogo Digital Popular para quedar bien con la industria de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías e internet.
Escenario perfecto para que el líder del PP reafirmara su tardía oposición al canon digital. La gran idea del PP: "el desarrollo de la tecnología nos ofrecerá nuevas maneras de compensar y proteger los derechos de autor".
¿Cómo será sustituido? Silencio.
Como en otros tantos casos -véase la reciente pelea entre Gallardón y Esperanza Aguirre-, Rajoy sigue con fidelidad la vieja política franquista de dejar que el tiempo ponga las cosas en su sitio.
Sólo Juan Costa, director de la campaña del PP y ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno Aznar, se aventuró con un par de respuestas a los aspectos más polémicos del canon digital: "no vamos a soportar es un impuesto gestionado además por entidades privadas" y la compensación a los autores se basará en el "uso efectivo de la obra, no en los soportes".
¿Cómo se hará? Ni idea.
Palabras vacías de los responsables de un partido un gobierno que persiguió a las redes wifi de los ayuntamientos, otorgó todo el poder a Telefónica sobre las redes de banda ancha, no recortó la brecha digital con Europa y lanzó un Plan Info XXI tan vacío y fracasado que el propio ministro Josep Piqué admitió el desastre.
Ahora Rajoy repite algunas propuestas del programa de José María Aznar en el año 2000.
Pero de aquellos años del PP se recuerda más el piquetazo televisivo para asegurar televisiones a los medios proclives, la guerra digital y la victoria de Telefónica y Prisa con la fusión digital, para enfado enorme de la derecha mediática.
Promesas vacías como la del diálogo de ayer. El autoproclamado líder de la revolución tecnológica ni escuchó a los representantes de la industria y las instituciones que acudieron al sarao montado por el abogado Javier Cremades.
En la web del diálogo, ni diálogo ni propuestas. Sólo de una de las mesas encuentro anotaciones en los blogs personales de dos de los participantes (Julián Inza y Nacho Campos).
El tiempo dirá.