Credibilidad y transparencia: debilidades del informe Leveson

El informe Leveson sobre la prensa británica (resumen) está escrito por un juez y se concentra en la prensa. De eso derivan sus principales debilidades: exceso de legalismo y falta de visión integral de una sociedad de la información abierta, donde todo el mundo comunica y la privacidad se publica.
Las recomendaciones para formar un nuevo organismo regulador independiente de políticos y periodistas dejan a la propia sociedad y a los medios digitales al margen. Un escenario imposible cuando la digitalización multiplica la información y la propia vida se publica. Esos medios aportan también algunas herramientas para la autorregulación ética de todos.
El juez Leveson sufre la misma miopía digital de una gran parte de la prensa. Su declaración de la imposibilidad de regular internet (págs. 164 a 179, volumen 1), la diferencia cualitativa (periodística) y cuantitativa (audiencia) que establecer entre prensa y medios en internet, unida a la afirmación de que la red se mueve en un "vacío ético" son argumentos del siglo XX. Muy lejos del presente y el futuro de una sociedad digital.

El periodismo, sea cual sea su naturaleza y soporte, no necesita más regulación que las leyes comunes: penal, civil, mercantil, protección de datos, etc. La mejor ley es la menos intervencionista y la que más rápido y con eficiencia actúa cuando es necesario.
Ahí es donde está la debilidad de la justicia. A menudo contaminada por los poderes y su influencia y relación con algunos medios. Otras por la falta de adecuación a una sociedad moderna que requiere una justicia más rápida y eficiente. Y a veces por la diferencia de criterios entre jueces sin una jurisprudencia clara.
Ninguna reparación es posible cuando pasan cuatro o cinco años desde la denuncia de los hechos.

La principal responsabilidad del periodismo es social y democrática. Por eso requiere exigentes criterios éticos en la industria, la profesión, la práctica y un consenso directo y transparente con el público.
Nadie queda excluido de esa responsabilidad, papel, audiovisual, digital, etc. La ética no tiene soporte. La responsabilidad no está en un papel ni en una pantalla, sino en la relación entre quienes informan y opinan y quienes reciben, leen o ven sus mensajes.
La pérdida de la credibilidad del periodismo actual es sobre todo responsabilidad de medios y periodistas. Pero la falta de control social es palpable. Internet y los medios digitales actúan en dos direcciones: por una parte mejoran el control, la crítica y la corrección de errores, pero por otro aumentan el sensacionalismo, el rumor y la superficialidad de la información.
Corregirlo es una tarea de todos, social y democrática.

Independencia de los poderes y transparencia. La mayor crítica de Leveson y su investigación es a la excesiva cercanía e influencia entre políticos, polícía y prensa. Cierto. Pero hay muchos olvidos en las 2.000 páginas del informe. Entre otras la influencia de los poderes económicos -sobre todo los financieros y las grandes empresas- en una prensa acechada por la crisis y siempre pendiente de los beneficios económicos.
No es un problema de la prensa. La concentración y esclerotización del poder en ciertos núcleos e instituciones es un déficit democrático histórico. Afecta a todos y el periodismo no se libra. Cuando los medios actúan como poderes -el caso Murdoch- se comportan igual que el resto. Ese es el demonio interno de unos medios que muchas veces son más negocio que periodismo.
La cura es la misma que la de la propia democracia: transparencia, accountability, más pluralismo y una sociedad crítica que defienda la importancia y los valores de la información de calidad.

Todo es periodismo. Al menos nadie debería quedar excluido de comportarse como tal y por tanto con las obligaciones consiguientes. Ese es el terreno común de los medios, los blogs, las redes sociales, los ciudadanos, etc. Cuando se hace periodismo, es decir, se comunican información y opiniones sobre hechos y personas de interés público, todos los que ejerzan esa actividad -sea ocasional o permanente- están obligados por la ética de la información y por tanto sometidos a las mismas reglas y criterios sin división por soportes ni canales.
Sensacionalismo, opinión infundada, rumores, invasión de la privacidad sin interés público, manipulación, propaganda, etc. son iguales para todos los que comunican.
La sistematización de esa actividad a través de una entidad institucional o comercial sólo aumenta la exigencia de transparencia y responsabilidad. Pero no excluye a las personas privadas ni a otras entidades.

Herramientas para la transparencia y la responsabilidad, mejor que leyes y reguladores sectoriales. El juez Leveson repara en algo importante: "Rebuttals and denials of allegations can take place instantly, helping if not to kill a story at least to provide the subject of the story with a voice and make users aware that the veracity of the allegation or story may be in doubt".
Los medios digitales aumentan la interactividad, reaccionan en tiempo real y permiten sistemas de transparencia y control por el público y los propios periodistas más eficientes.
El gran desafío ético del periodismo es incorporar esas herramientas de transparencia y control social de la información en todas sus plataformas y soportes. Sin excluir la televisión, la radio ni el papel.
El control del rigor y los errores, pero también del respeto a la privacidad y el derecho a la réplica y la corrección de datos debe ser incorporado en todos los medios digitales -como muchos hacen ya, al menos en sus más básicas formas- pero también en el resto de medios, donde la incorporación de esas enmiendas y críticas de valor del público son esenciales.
Incluso en los formatos no digitales y donde la gestión del tiempo o el espacio complica estas prácticas se pueden usar direcciones (URL) cortas, códigos QR y otros símbolos y herramientas que marquen la información objetada y lleven a la audiencia fácilmente al soporte más adecuado para sostener esa labor de control social y democrático.

Una parte de los 4,8 millones de euros (3,9 mill. de libras), el tiempo y los expertos que se han empleado en el informe Leveson hubieran sido de mejor provecho si hubieran servido para que un grupo de expertos diseñara y propusiera varias herramientas de control, réplica y contraste de la información con el objetivo de ser consensuadas e implementadas por los medios.
Será más fácil lograr un consenso ético e instrumental de este tipo que cerrar la Press Complaints Commission y crear un nuevo órgano regulatorio.

Como en el propio periodismo, los medios y también en los poderes públicos, la demanda de más exigencia, responsabilidad y transparencia es ineludible. Como en la propia producción y edición de la información, no son necesarios más procesos complejos, órganos y burocracia.
Necesitamos criterios eficientes y herramientas adecuadas para garantizar la calidad y la transparencia.
Existen o tenemos la capacidad de crearlas. No compliquemos la vida, el periodismo y la democracia con más regulación: aumentemos el control y la participación social. Es la mejor forma que conocemos de aumentar los criterios y exigencia para todos y de minimizar los daños.
Menos leyes, más responsabilidad, apertura y participación.
Como decía Walter Lippmann y siempre repito: "La calidad de las noticias en la sociedad es un índice de su organización social".
Esa es una tarea de todos en la que a los periodistas, sea cual sea su medio de llegar al público, profesionales o aficionados, nos corresponde mayor responsabilidad y luchar para aumentar la comprensibilidad, utilidad, rigor y eficiencia de la información.
Apliquemos a los problemas de la sociedad de la información soluciones del siglo XXI.

Una ley de transparencia opaca

Paradojas: el gobierno más esquivo, con el presidente más silencioso, el que más gobierna por decreto ley y desoye al Parlamento, el que antes ha incumplido sus promesas electorales, el que ha cambiado radicalmente sus políticas sin cumplir un solo año aprueba la primera ley de transparencia de la democracia. Toda una reflexión del fracaso de los anteriores, especialmente el de Zapatero, culpable de posponer indefinidamente una ley imprescindible para una democracia real y participativa.

Pero el gobierno Rajoy persiste en su sordera. Ni el Consejo de Estado, presidido por el ex ministro Romay Beccaría, ha conseguido que se oigan sus críticas. Antes el ejecutivo ignoró a la comisión de expertos creada al efecto, a los organismos internacionales y a los propios ciudadanos, de los que sólo incorporó algunas ideas de una consulta pública sin transparencia sobre las propuestas realizadas.

La primera ley de transparencia y buen gobierno es una burla. Todas las críticas coinciden en la excesiva discrecionalidad de las administraciones, la escasa garantía del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y el excesivo control que otorga al gobierno central sobre el resto de administraciones. Más que una ley de acceso a la información es un instrumento para reforzar el poder sordo y silencioso del ejecutivo de Mariano Rajoy.

Bienvenida la primera ley de transparencia y los controles sobre las administraciones y cargos públicos para evitar despilfarros y mala gestión. Pero la transparencia y el buen gobierno son más que una ley, son una cultura, como la propia vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La partitocracia es opaca y esta ley se ha gestionado sin debate y con opacidad. La tramitación parlamentaria y su implementación por todas las administraciones públicas deberían servir para limpiarla de las malas prácticas de su gestación contra natura. Una democracia sin participación y control ciudadano es el peor escenario para el buen gobierno, la probidad y el límite al poder de los partidos que tanto necesitamos.

Columna en Estrella Digital

Transparencia sin confianza

La ley de transparencia y buen gobierno ya está lista para su envío a las Cortes. El Consejo de Ministros publicaba los cambios recogidos de la consulta pública junto a los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, “un auténtico pacto de Estado” para reducir el déficit, según la triunfante declaración de la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría. Pero poco más tarde se conocía que Madrid, Valencia y Castilla y León incumplían el déficit comprometido. El déficit del Estado pasa del 8,5 al 8,9% del PIB pese a lo anunciado hasta entonces.
A los responsables de la mala gestión y del ocultamiento de los datos no se les podrán aplicar las sanciones previstas en la nueva ley de transparencia, pero gobierno y PP vuelven a demostrar que la transparencia sin confianza no es suficiente.

Este es el gobierno de la desconfianza. Empezó acusando al ejecutivo anterior de todos los males del país y mantiene el discurso de la catastrófica “herencia recibida” con un curioso juicio selectivo. La desviación de los ingresos es ocultamiento para el gobierno de Zapatero y las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, pero no cuando gobierna Esperanza Aguirre o el PP de la Comunidad Valenciana.

La ley de transparencia se presenta sin fiarse del comité de expertos formado para asesorar sobre el proyecto. El gobierno se apresura a cerrar trámites cuando sólo se ha celebrado una reunión de ese comité y antes de recibir sus recomendaciones.

Algo más se han fiado de la consulta pública sobre la ley. Pero no lo suficiente para publicar las 3.700 recomendaciones realizadas. Tampoco para recoger sugerencias como reconocer el acceso a la información pública como derecho fundamental, incluir a la Casa Real en la transparencia, el proceso legislativo, la actividad y contactos de los cargos públicos o las cuentas de todos los financiados con dinero público: partidos políticos, sindicatos y demás instituciones.

Rajoy y sus ministros no se fían de la oposición. Obstaculizan su trabajo legislativo gobernando permanentemente por decreto ley y acusan a cualquiera que se oponga a sus designios de poner en riesgo la recuperación económica.

El gobierno desconfía del apoyo europeo y no se fía siquiera de los ciudadanos, a los que intenta reducir su derecho a protestar criminalizando y descalificando cualquier disensión. Rajoy y su gobierno no se fían ni de los suyos. En el texto de la ley de transparencia anida una visión restrictiva del derecho a la información, que comparte con el frustrado proyecto del gobierno Zapatero, y un código de buen gobierno demasiado aferrado a la urgencia de la crisis y a los dogmas de una política económica que no es la única posible, por mucho que la propaganda instale esa falsa certeza.

Aguirre, Fabra o Herrera no serán sancionados por la desviación presupuestaria ni por el ocultamiento de los datos. Que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, presuma de transparencia después de apretar a Asturias o Andalucía en el Consejo Fiscal y no hacerlo con las comunidades del PP incumplidoras es una desfachatez. Más viniendo del que ha sido responsable de la cuentas madrileñas.

A pesar de la permanente alusión de Rajoy, su gobierno y los líderes del PP a su seriedad y supuesta confianza, su conducta y acciones muestran porqué sospecha Europa y los ciudadanos recelan cada vez más de un gobierno que siempre acusa y hace de la desconfianza un principio de su política.

Columna en Estrella Digital

Rajoy, presidente en silencio

Mariano Rajoy anunció en su Twitter su comparecencia para presentar su gobierno. Pero una vez más no hubo respuestas a las preguntas de los periodistas. El presidente prometió una ley de transparencia en su discurso de investidura, pero esa transparencia no existe en su labor diaria ni en sus citas públicas.
La costumbre viene de lejos. Rajoy era un habitual de la falta de comparecencias ante la prensa como líder de la oposición.
De preguntas, casi nada.
Un hábito grave en cualquier político y censurable cuando se está al frente del ejecutivo. El tuit del equipo de Rajoy usaba el verbo comparecer. Bien elegido, el diccionario nos recuerda que se comparece ante una autoridad, para informe y debate. Esa autoridad son los ciudadanos. Cada vez que el presidente del gobierno no contesta preguntas oculta a los ciudadanos las razones y argumentos de sus actos y decisiones.
Los periodistas están ante el presidente del Gobierno como representantes de la ciudadanía y depositarios activos del derecho a la información que no se puede ejercer directamente. El presidente es responsable ante los ciudadanos que lo eligen, como los informadores lo son ante el público que los escoge para informarse.
El silencio no es sabiduría ni cautela. Hay un tiempo para la reflexión y las decisiones, y otro para comunicarlas y explicarlas. Los ciudadanos tienen derecho a saber las razones de su gobierno y su presidente. Cuando Rajoy no contesta a los periodistas, no los castiga a ellos, enmudece ante los ciudadanos y les oculta información de primera necesidad.
El presidente prometió en su discurso de investidura "gobernar desde el diálogo y la transparencia". Su primer gran acto, el nombramiento de su gobierno, es un ejemplo de lo contrario.
La transparencia empieza por usted, presidente.

Columna completa en Estrella Digital

Menos creíbles por falta de transparencia

Los principales diarios pierden credibilidad por no ser suficientemente transparentes para el lector, con su propia redacción y con sus procesos informativos, de corrección de errores y publicidad. Es la principal conclusión de un estudio de la Fundación Compromiso Empresarial que vuelve a poner de manifiesto la falta de códigos claros en los medios españoles.
El informe analiza cinco áreas: contenidos, producción editorial, publicidad, relación con los lectores y sistemas de control. Los autores reclaman libros de estilo y criterios claros sobre contenidos de riesgo, veracidad e independencia en la información, publicidad con criterios claros y responsables, más sistemas de relación con los lectores (faltan las nuevas herramientas de las redes sociales y la web) y cómo se vigila ese cumplimiento.
De entre El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, La Razón, Público y La Gaceta, sólo el primero tiene acceso y posición clara en su libro de estilo sobre asuntos como suicidios, violación o lenguaje.
Los autores, como los lectores, no encuentran compromisos explícitos de los diarios con los principales criterios deontológicos, aunque algunos los tienen en sus documentos, poco accesibles.
En la falta de publicidad responsable y límites a las presiones comerciales sobresale la publicación de anuncios de contactos por todos menos Público, La Razón y La Gaceta. En el gráfico, los últimos ingresos anuales conocidos por anuncios de prostitución:

El informe defiende la existencia de canales de rectificación claros, como los que ahora se pueden implementar en la web de forma sencilla. Sólo El País y La Vanguardia tienen la figura del defensor del lector.
Por último, el informe constata la falta de auditorías informativas y de calidad, así como el segumiento de un código ético, manifiesto y no sobreentendido, de cada publicación.
Aunque algunas conclusiones del estudio pueden ser objetables, la mayoría van en la buena dirección de implementar en los medios sistemas de transparencia, deontología, autocontrol y responsabilidad cada vez más necesarias cuando la presión del negocio o del tiempo real aprieta.

Concursos públicos, pero sin vídeo

Un tribunal universitario puede impedir la grabación en vídeo de los concursos universitarios para aspirar a plazas de profesor. Es la restrictiva interpretación de lo público hecha por el Tribunal Supremo en una sentencia que exime a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la presidenta del tribunal, Rosa Franquet, catedrática de Audiovisual, de acusaciones de parcialidad en la adjudicación de una plaza de profesor y de restringir la publicidad a la que obliga la ley (Real Decreto 1888/1984).
La catedrática no permitió la grabación del concurso alegando que se trataba de un acto público, pero que eso no incluye la grabación ni publicación. El Supremo indica en su sentencia que "lo relevante para dar transparencia al concurso es que se cumpliera, como así se hizo, con el principio de publicidad en el desarrollo de sus pruebas".
La sentencia del Supremo desestima otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba el concurso, aunque no garantizaba expresamente el derecho a grabar la prueba.
Rosa Franquet y Josep Mª Catalá, secretario del tribunal universitario, expusieron sus argumentos para contestar a una información sobre el concurso y la sentencia del tribunal catalán publicada por El País.
La Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública lanza ahora una campaña contra la sentencia Franquet para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin entrar a valorar la imparcialidad del concurso (dejo abajo la sentencia), la interpretación de los actos públicos con restricciones a la transparencia al impedir su grabación y reproducción no parece la mejor fórmula para evitar irregularidades.
Sorprende además que esa limitación se defienda desde los responsables de una universidad y de los estudios de comunicación audiovisual y medios digitales. La mejor prueba de la imparcialidad de la elección del profesorado hubiera sido ese vídeo y la documentación de cada aspirante.
Lo público, a diferencia de la interpretación del Supremo, excede hoy la exigencia de publicidad tradicional (convocatoria) de las pruebas y la asistencia de público. Cuando la vida se retransmite en directo y los ciudadanos tienen a su alcance herramientas para ampliar lo público y con ello evitar conductas irregulares, recortar los derechos de los ciudadanos no es la mejor opción para lograr una sociedad más transparente y con más filtros contra las injusticias, arbitrariedades o corrupción.
La Ley del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen limita estos derechos por el interés público y en su artículo 8 obliga a no impedir "la captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público".
No parece que un Real Decreto como el que regula los concursos universitarios pueda conculcar una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales. Y tampoco que ninguno de los supuestos de defensa de la intimidad pueda ser aplicado a un acto público como este.
Algunos males de la universidad, igual que de otras instituciones y aspectos de la vida pública, se pueden evitar con mayor transparencia y control ciudadano. Los argumentos a favor de la parcialidad o no de los concursos universitarios serían más claros si los interesados pudieran demostrar las acciones y méritos de cada uno ante cualquier instancia. Los primeros beneficiados serían los tribunales como el Supremo, que con un vídeo del concurso hubieran contado con una prueba de alto valor para dirimir la causa y emitir su sentencia.
Sentencia Franquet Supremo

España reclama a Google

Google ha decido ejercer su capacidad de atraer la atención para publicar las demandas que recibe de diferentes gobiernos y defenderse de la censura y las restricciones legales.
Al presentar Government requests, la empresa reconoce que muchas son legítimas y fundadas, pero el buscador se queda de que "la censura en la web está creciendo rápidamente".
La peticiones a Google y YouTube necesitarían mayor definición para que los usuarios pudieran evaluar su pertinencia, pero la herramienta sirve para hacerse una idea.
Y mientras, las autoridades de protección de datos de diez países, entre ellos España (pdf), piden a Google que respete la privacidad de los usuarios, especialmente en nuevos servicios como Buzz, donde el uso de las direcciones del correo electrónico ha provocado muchos problemas.
Pdf de la carta firmada por Artemi Rallo, director de la Agencia de Protección de Datos.
En la imagen, las peticiones en España de datos o retirada de contenidos.

Transparencia con la cultura de todos

Txetxu Barandiarán se pregunta cúanto del precio de los ebooks facsímiles de la Biblioteca Nacional (BN) se queda Bubok y cuánto la institución.
Y yo también.
La pregunta no es baladí ni de cascarrabias. La BN presta un servicio público poniendo sus fondos a disposición en impresión bajo demanda en internet. Pero como todas las administraciones e instituciones públicas debería acostumbrarse a ser más transparente.
En la información sobre el acuerdo con Bubok no se especifica qué porcentajes del precio final corresponden a la BN y cuáles a la editorial. Tratándose de obras de dominio público custodiadas por instituciones públicas sería bueno saber cómo se reparten los ingresos.
Pero es un mal habitual en la gestión pública de la cultura -y del resto de bienes y servicios públicos- en un país con poca cultura de transparencia informativa.
La cultura como servicio público debería ser más transparente. Los ciudadanos deberían saber cuánto les cuesta y quién recibe el dinero. Y por tanto poder juzgar cómo se gasta.
En el estado del bienestar digital que queriéndolo o no se está construyendo la ampliación del acceso y la distribución de contenidos debería conllevar una mejor gestión pública de los fondos y recursos dedicados a ellos.
Los ciudadanos deben saber cuánto pagan y a quién por los libros, las bibliotecas, el arte, el cine, la televisión y todos aquellas actividades y contenidos financiadas con el dinero de los impuestos. Más en el caso de obras de dominio público.
Como están demostrando las iniciativas del gobierno Obama en Estados Unidos, y otras en muchos otros lugares, es posible.
Pero además en un país como el nuestro el acceso a la cultura digital debería mantener algunas características de progresividad de nuestro sistema de servicios públicos.
Algunas preguntas que surgen:
¿Por qué paga un contribuyente en España, y por tanto financiador de la BN, lo mismo que un extranjero?
¿Debemos pagar todos lo mismo por esos libros o debe existir un sistema de descuentos para estudiantes, investigadores o pensionistas, por ejemplo?
¿Por qué sostener una gestión lineal de la cultura en el ciberespacio cuando hay herramientas y posibilidades para garantizar mayor acceso y una distribución más progresiva de los bienes culturales?

El consejo de redacción en directo

Transparencia. Medios abiertos. Agenda abierta y participativa. Meter a los lectores en la redacción para compartir criterios.
Son algunas de las ideas que el diario Baltimore Sun -el de la serie The Wire para los adictos- implementa en su último esfuerzo de transparencia y apertura: retransmitir por vídeo los consejos de redacción del diario donde se deciden las coberturas del día.
¿Imaginas poder ver la reunión de El País, El Mundo o tu diario local?
En The Baltimore Sun han decidido que las ventajas de la transparencia son mucho mayores que los problemas de dejar entrever a la competencia qué trama el diario y cuáles serán sus apuestas de cada día.
Día a día, a las 3 de la tarde, el lector puede convertise casi en un miembro más de la dirección del diario. Higiene informativa y democrática, sin duda.
The Spokesman Review fue uno de los primeros diarios en hacer más transparentes sus decisiones editoriales a través de blogs o invitando a lectores al consejo de redacción.
En España le seguirían Arsenio Escolar, director de 20 Minutos, y su consejero delegado, José Antonio Martínez Soler.
Desde antes ya Vicent Partal, uno de los pioneros de internet, blogueaba en Vilaweb.
Y así hasta el nuevo videoblog de Pedro J. Ramírez, mucho menos transparente y más autopromocional y dogmático. Cada uno elige su estilo.
No sé si en la decisión del Baltimore Sun habrá pesado las acusaciones de David Simon, creador de The Wire, cuyo retrato del diario en la quinta temporada de la serie no ha gustado nada en la redacción.

Un presupuesto transparente contra la crisis

¿Dónde está el dinero de los planes contra la crisis? Al presidente Zapatero le costaba el lunes explicar a los ciudadanos en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en qué se había empleado y cómo se inyectaba liquidez a los bancos.
La Casa Blanca de Barack Obama apuesta por una solución sencilla y transparente, en línea con sus promesas de gobierno abierto: crear la web Recovery.gov para que los ciudadanos puedan saber cómo se usa el dinero público y en qué se pone el acento para luchar contra la crisis.
Un ejemplo a seguir en España, tan lejos del gobierno abierto.