El gobierno Rajoy aprueba la ley Lassalle, el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad intelectual que sustituye a la contestada y criticada ley Sinde. Mejora algunos aspectos y otros los empeora, pero sobre todo pierde una oportunidad para repensar la propiedad intelectual y los derechos de autor en la era digital y con más consenso de todos. La enorme contestación de casi todos los sectores augura una ley frágil y caduca antes de nacer porque no recoge algunos elementos clave para el negocio y el consumo digital.
Según el texto conocido hasta ahora, la propuesta empeora algunos derechos como la copia privada (ahora sólo temporal y más restrictiva) y sanciona un canon digital que pagan todos los ciudadanos, más injusto que el anterior.
Además reduce el derecho de cita en la educación al excluir a los libros de texto y obliga a las universidades a pagar un canon por los materiales de la enseñanza que amplía los actuales.
Entre las mejoras está el mayor control y supervisión de las sociedades de gestión de derechos de autor, obligadas a mayor transparencia en su actividad, para evitar escándalos como el de la SGAE.
La supervisión de las tarifas y licencias de derechos de autor trata de evitar el abuso actual de las gestoras, pero no plantea un mercado dinámico, abierto y transparente. La regulación de tarifas no garantiza una oferta más adecuada si no se hace por un organismo autónomo y con criterios de mercado y promoción de nuevos negocios. Una supervisión para la que sería necesario una autoridad de la competencia independiente, como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el fenecido Consejo Audiovisual (CEMA), no un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
La ley Lassalle mejora la persecución contra las webs de descargas no autorizadas y permite perseguir los enlaces aunque los contenidos estén alojados por otras páginas y servidores cuando hay elementos objetivos de que se dedican a difundir y comercializar contenidos protegidos y cuya difusión no está autorizada.
Entre las novedades destacan las herramientas para cortar el negocio de las descargas. La intención es perseguir el dinero, no a la gente, bloqueando la publicidad y los pagos. Para que esa medida sea efectiva debería adoptarse una interpretación liberal de la doctrina de first sale o primera venta (como la que acaba de efectuar el Tribunal Supremo de Estados Unidos).
De esa forma se diferenciarían las copias no autorizadas de las licencias de uso y permitirá cobrar una licencia universal para todas las copias. Un mercado secundario para las descargas no autorizadas que permita cobrar a quienes las distribuyan con el fin de recuperar ingresos para los autores y acercar el mercado irregular al comercial.
Mejor cobrar derechos de las descargas que seguir persiguiendo lo imparable y enredándose en procesos administrativos y judiciales que no impulsan la creación de un mercado legal más atractivo ni cambian los hábitos de muchos internautas.
La intención de bloquear la publicidad en las webs de descargas es bastante inútil tal como funciona el mercado de la publicidad digital, con muchos mayoristas, contratación indirecta y automatizada (el que más crece), sin relación directa entre anunciantes y soportes, como explica Julio Alonso.
Los buscadores, la cita y los enlaces privados o sin ánimo de distribución masiva o intencionada de descargas no autorizadas quedan fuera de la persecución de la Comisión de la Propiedad Intelectual. A pesar de las excepciones, el problema es de garantías.
La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual sustituye la garantía de los jueces por un procedimiento administrativo. Los integrantes de la comisión pertenecen a cuatro ministerios (Educación y Cultura, Economía, Industria y Presidencia), sin representantes de los consumidores ni del sector, pero sin constituirse como una autoridad independiente, como menciono arriba.
Las garantías, los derechos y la interpretación de una ley con muchas lagunas queda en manos del poder ejecutivo. Un nuevo error y una erosión de derechos cuando se puede recabar información de las operadoras de telecomunicaciones sobre las webs y páginas denunciadas, y cuando los procedimientos de sanción y defensa no son claros y garantistas.
La reforma de la propiedad intelectual aún tiene recorrido en el Congreso, pero no hay muchas esperanzas de mejora sustancial cuando se analizan las posiciones pasadas de los grupos políticos. Como en tantos otros temas, la realidad, la audiencia y la evolución del negocio va mucho más rápido que las leyes.
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Friday, March 22, 2013
Tuesday, February 07, 2012
Sin cámaras ocultas
“Tuviese o no relevancia pública lo investigado por el periodista, lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización” de cámaras ocultas. El Tribunal Constitucional dicta una sentencia (pdf) con una limitación excesiva para la información y el periodismo, víctima de los abusos de las televisiones y el periodismo amarillo.
El mal periodismo se combate con garantías para los derechos individuales lesivas contra el interés público.
Columna completa en Estrella Digital
El mal periodismo se combate con garantías para los derechos individuales lesivas contra el interés público.
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Sunday, January 29, 2012
Twitter: censura nacional y derechos universales
Las fronteras y las cibermurallas llegan a Twitter. La red de microblogging se ha incendiado con su anuncio de que retirará tuiteos en cada país cuando las autoridades lo reclamen. Ya lo hacía, como todas las grandes compañías de internet. La diferencia es que Twitter quiere abrir oficinas en países como China. Para operar legalmente respetará la ley de cada país y silenciará esos tuiteos sólo en el país afectado y con notificaciones públicas que aumenten la transparencia. Twitter se rinde a las necesidades del negocio frente a las libertades universales.
Las empresas de internet son el mayor símbolo del capitalismo global, pero el negocio y el poder todavía tienen profundas raíces locales. El choque entre aspiraciones globales y realidades nacionales es constante.
Columna completa en Estrella Digital
Las empresas de internet son el mayor símbolo del capitalismo global, pero el negocio y el poder todavía tienen profundas raíces locales. El choque entre aspiraciones globales y realidades nacionales es constante.
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Friday, April 08, 2011
Más responsabilidad, con Sostres y sin él
Responsabilidad. Es la mayor carencia de una gran parte del periodismo de estos días. El problema del periodismo, también si es de opinión, no es sólo lo que cuenta o argumenta, sino asumir su responsabilidad y sus consecuencias. Debería, además, ser siempre veraz. Una obligación de la que no está eximida la opinión.
Las palabras no son inocuas. Matan como las balas. Hieren como aquellas espadas como labios de Aleixandre. En una democracia con libertad de expresión no es el poder ni la justicia quien debe vigilar y asumir las consecuencias de la opinión, sino el propio público y los responsables de los medios.
En el cálculo de la responsabilidad y su asunción está la verdadera diferencia entre el periodista y los medios profesionales, y el resto.
El caso Sostres es lamentable no sólo por la polémica generada por un artículo comprensivo con la violencia machista, sino por la hipócrita irresponsabilidad de los responsables de su publicación y de una gran parte del público que lo defiende.
Lo comenta la ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín, en su blog: a muchos nos sorprendió hace unos días observar como el maltrato, la violencia y los asesinatos contra las mujeres son una preocupación menor para la sociedad. Del cero al 0,1% en las respuestas espontáneas del último barómetro del CIS.
Con 74 mujeres muertas en 2010 y 17 este año, con jueces remisos a imponer pulseras electrónicas a los maltratadores -la disyuntiva entre libertad y responsabilidad- y con cien mil mujeres con protección policial, el mal es enorme.
Una parte de la sociedad no puede volver la cara. Es responsabilidad de todos denunciar y condenar al maltratador y a quienes lo defienden.
Era buen chico, normal. La frase se repite en los testimonios de los vecinos en televisión entre los llantos por cada muerta sin que los editores de los telediarios se preocupen de su valor informativo, pertinencia y responsabilidad. Sostres la utilizó para titular su artículo.
Es la comprensión de la sociedad. El círculo vicioso de la banalización del mal que muchos comprenden y ante el que asienten, resignados como los confesos hipócritas en el reclinatorio.
Es la comprensión de Sostres hacia un chico malherido por la violencia del desamor. Es la falta de responsabilidad que victimiza al asesino, al maltratador, para extender la sospecha contra la víctima. La arpía escondida en las raíces más profundas de nuestra cultura milenaria.
Es la técnica más antigua de la propaganda.
Los testimonios cándidos de los vecinos y la comprensión de Sostres son el medidor de nuestra hipocresía.
Contra ella, responsabilidad.
Pedro J. Ramírez, asumió ayer una parte al retirar el artículo de la web. "Ayer fallaron nuestros controles. Vuelvo a pedir disculpas", dijo en Twitter.
Tarde e insuficiente. Se lo dijo su redacción, se lo han dicho muchas personas de El Mundo los últimos meses, se lo dice la competencia.
Pedro J. Ramírez sabe a qué juega con Sostres, como lo sabe este polemista.
A mí no me importa Sostres. Coincido con la ministra Pajín. A mí me importa la sociedad inconsciente del significado y las consecuencias de las palabras. Del jolgorio irresponsable, a menudo mentiroso y siempre maledicente e inquisitorio de tantas tertulias televisivas y radiofónicas, de tantos blogs y tuits que se creen ocurrentes cargando contra la políticamente correcto, contra tanta sociedad que sigue sin sentirse responsable y que se escandaliza ritualmente ante el lloro de los huérfanos. Entre los sollozos se sigue oyendo la sospecha contra la víctima.
La redacción de El Mundo le recuerda a su director que ya habían protestado el 17 de noviembre contra la irresponsabilidad y le piden que prescinda de su colaboración. "En contra de lo que sostiene Sostres, en la violencia machista no hay descontrol de la ira. Hay afán de dominación". La redacción del diario explica claramente el origen del cáncer machista.
Y su analogía con el terrorismo es pertinente: "Mientras en este país la apología del terrorismo siga siendo delito, entender un crimen, como afirma Sostres en su columna, debería estar perseguido por la ley".
Recuerdan que las vilezas y exabruptos de Sostres son constantes. Su irresponsabilidad y la de quienes lo amparan y publican, también.
Yo defiendo a Sostres y lo acuso.
Yo quiero que Sostres siga escribiendo para gritarle a la cara que es un cobarde.
Yo quiero que Telemadrid y Pedro J. continúen albergando sus opiniones para denunciar su vileza moral y la de quienes lo jalean.
Yo quiero que Sostres escriba y hable para que nos empuje a todos a perseguir con justicia, implacables, a quienes creen tener el poder de acabar con la vida de quienes creen suyos.
Yo quiero que Sostres escriba para poder seguir escribiendo en contra.
Yo quiero poder gritarle a quienes lo aplauden que son cómplices de esos asesinatos. Peor. Irresponsables, refugiados en la inocencia de quienes no dan la cara.
A mí no me importa Sostres. Me importa poder decirle a algunos que cuando lo comparan con el mal descrito en tantas obras, de Sade a Capote, de Bernard Hénry-Levine a Céline, de Martínez-Santos a Panero, todos, todos esos son responsables.
Unos escribieron para denunciar e intentar comprender las razones de la maldad. Otros para sacarla de las entrañas de lo humano y arrojarla ante los demás. Otros, simplemente, para confesar su fascinación y su responsabilidad.
El problema no es Sostres ni lo que piense. Ni la demora compasiva y comercial del director de El Mundo. El problema es no darnos cuenta de la raíz y los males de una sociedad que asiste horrorizada e impotente, pero trémula y compasiva, al desfile del horror cotidiano y su banalización en los medios y las opiniones.
Dejar la impunidad, aumentar la responsabilidad, es la obligación de una sociedad democrática y responsable. Para que dentro también puedan vivir nuestros monstruos. Y más que perseguirlos, los estudiemos para evitar que mañana vuelvan a ser, para evitar que mañana todos seamos impunes.
Seamos lo que queramos ser. Digamos lo que pensemos. Sin renunciar al dolor, la depravación, el vicio, la mentira y la violencia. Porque existen y son parte de lo nuestro. Pero seamos responsables. Ante nosotros y los demás.
El resto es hipocresía.
Las palabras no son inocuas. Matan como las balas. Hieren como aquellas espadas como labios de Aleixandre. En una democracia con libertad de expresión no es el poder ni la justicia quien debe vigilar y asumir las consecuencias de la opinión, sino el propio público y los responsables de los medios.
En el cálculo de la responsabilidad y su asunción está la verdadera diferencia entre el periodista y los medios profesionales, y el resto.
El caso Sostres es lamentable no sólo por la polémica generada por un artículo comprensivo con la violencia machista, sino por la hipócrita irresponsabilidad de los responsables de su publicación y de una gran parte del público que lo defiende.
Lo comenta la ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín, en su blog: a muchos nos sorprendió hace unos días observar como el maltrato, la violencia y los asesinatos contra las mujeres son una preocupación menor para la sociedad. Del cero al 0,1% en las respuestas espontáneas del último barómetro del CIS.
Con 74 mujeres muertas en 2010 y 17 este año, con jueces remisos a imponer pulseras electrónicas a los maltratadores -la disyuntiva entre libertad y responsabilidad- y con cien mil mujeres con protección policial, el mal es enorme.
Una parte de la sociedad no puede volver la cara. Es responsabilidad de todos denunciar y condenar al maltratador y a quienes lo defienden.
Era buen chico, normal. La frase se repite en los testimonios de los vecinos en televisión entre los llantos por cada muerta sin que los editores de los telediarios se preocupen de su valor informativo, pertinencia y responsabilidad. Sostres la utilizó para titular su artículo.
Es la comprensión de la sociedad. El círculo vicioso de la banalización del mal que muchos comprenden y ante el que asienten, resignados como los confesos hipócritas en el reclinatorio.
Es la comprensión de Sostres hacia un chico malherido por la violencia del desamor. Es la falta de responsabilidad que victimiza al asesino, al maltratador, para extender la sospecha contra la víctima. La arpía escondida en las raíces más profundas de nuestra cultura milenaria.
Es la técnica más antigua de la propaganda.
Los testimonios cándidos de los vecinos y la comprensión de Sostres son el medidor de nuestra hipocresía.
Contra ella, responsabilidad.
Pedro J. Ramírez, asumió ayer una parte al retirar el artículo de la web. "Ayer fallaron nuestros controles. Vuelvo a pedir disculpas", dijo en Twitter.
Tarde e insuficiente. Se lo dijo su redacción, se lo han dicho muchas personas de El Mundo los últimos meses, se lo dice la competencia.
Pedro J. Ramírez sabe a qué juega con Sostres, como lo sabe este polemista.
A mí no me importa Sostres. Coincido con la ministra Pajín. A mí me importa la sociedad inconsciente del significado y las consecuencias de las palabras. Del jolgorio irresponsable, a menudo mentiroso y siempre maledicente e inquisitorio de tantas tertulias televisivas y radiofónicas, de tantos blogs y tuits que se creen ocurrentes cargando contra la políticamente correcto, contra tanta sociedad que sigue sin sentirse responsable y que se escandaliza ritualmente ante el lloro de los huérfanos. Entre los sollozos se sigue oyendo la sospecha contra la víctima.
La redacción de El Mundo le recuerda a su director que ya habían protestado el 17 de noviembre contra la irresponsabilidad y le piden que prescinda de su colaboración. "En contra de lo que sostiene Sostres, en la violencia machista no hay descontrol de la ira. Hay afán de dominación". La redacción del diario explica claramente el origen del cáncer machista.
Y su analogía con el terrorismo es pertinente: "Mientras en este país la apología del terrorismo siga siendo delito, entender un crimen, como afirma Sostres en su columna, debería estar perseguido por la ley".
Recuerdan que las vilezas y exabruptos de Sostres son constantes. Su irresponsabilidad y la de quienes lo amparan y publican, también.
Yo defiendo a Sostres y lo acuso.
Yo quiero que Sostres siga escribiendo para gritarle a la cara que es un cobarde.
Yo quiero que Telemadrid y Pedro J. continúen albergando sus opiniones para denunciar su vileza moral y la de quienes lo jalean.
Yo quiero que Sostres escriba y hable para que nos empuje a todos a perseguir con justicia, implacables, a quienes creen tener el poder de acabar con la vida de quienes creen suyos.
Yo quiero que Sostres escriba para poder seguir escribiendo en contra.
Yo quiero poder gritarle a quienes lo aplauden que son cómplices de esos asesinatos. Peor. Irresponsables, refugiados en la inocencia de quienes no dan la cara.
A mí no me importa Sostres. Me importa poder decirle a algunos que cuando lo comparan con el mal descrito en tantas obras, de Sade a Capote, de Bernard Hénry-Levine a Céline, de Martínez-Santos a Panero, todos, todos esos son responsables.
Unos escribieron para denunciar e intentar comprender las razones de la maldad. Otros para sacarla de las entrañas de lo humano y arrojarla ante los demás. Otros, simplemente, para confesar su fascinación y su responsabilidad.
El problema no es Sostres ni lo que piense. Ni la demora compasiva y comercial del director de El Mundo. El problema es no darnos cuenta de la raíz y los males de una sociedad que asiste horrorizada e impotente, pero trémula y compasiva, al desfile del horror cotidiano y su banalización en los medios y las opiniones.
Dejar la impunidad, aumentar la responsabilidad, es la obligación de una sociedad democrática y responsable. Para que dentro también puedan vivir nuestros monstruos. Y más que perseguirlos, los estudiemos para evitar que mañana vuelvan a ser, para evitar que mañana todos seamos impunes.
Seamos lo que queramos ser. Digamos lo que pensemos. Sin renunciar al dolor, la depravación, el vicio, la mentira y la violencia. Porque existen y son parte de lo nuestro. Pero seamos responsables. Ante nosotros y los demás.
El resto es hipocresía.
Tuesday, February 22, 2011
RsF: 58 periodistas muertos, 275 encarcelados
Informe anual 2010 Reporteros sin Fronteras
Periodistas e internautas de todo el mundo siguen sufriendo la censura y la represión por informar, según el Informe Anual 2010 de Reporteros sin Fronteras. La libertad de expresión continúa en peligro y ni las democracias occidentales ni el desarrollo económico en muchos países como China son su salvaguarda. La democracia y el derecho a la información sigue restringida más allá de lo que muchas veces parece.View more presentations from JuanVarela.
El informe de RsF no abarca todavía la revolución árabe con la represión y los bloqueos informativos y a internet, pero la organización alerta de los ataques a periodistas y la censura, como la que se acentúa en Libia los últimos días.
En el informe se puede repasar la situación en todos los continentes y en la mayoría de países.
RsF saluda iniciativas como la de Islandia (Icelandic Modern Media Initiative) para convertirse en un refugio digital de la libertad de expresión y contra la persecución y la censura.
En el informe se abordan las filtraciones de Wikileaks. RsF recuerda que ha solicitado más transparencia al gobierno norteamericano y más responsabilidad a Wikileaks con la información que publica para proteger a personas citadas en los documentos y vídeos filtrados por la organización.
RsF cree que "Wikileaks es un medio de comunicación y, como tal, está sometido a las normas de responsabilidad de publicación, al igual que todos los demás".
En España (pág. 94), continúa la preocupación por las coacciones de ETA, se felicitan por la absolución de los directivos de Egunkaria y por la de Daniel Anido y Rodolfo Irago de la Ser por publicar en la web documentos sobre afiliación irregular en el PP.
La organización define a internet como "un espacio donde se pueden pedir cuentas a los poderosos" (pág. 143) y resalta su papel en las revueltas en el Magreb y los países árabes.
"Transparencia se ha convertido en la palabra clave de los internautas" y por eso aumenta el filtrado de la web y la identificación de activistas y disidentes. RsF recuerda que 110 internautas están encarcelados en todo el mundo.
La organización muestra su preocupación por las legislaciones que pueden atentar contra las libertades en internet para perseguir la propiedad intelectual o a través de otras regulaciones. Lo contrario al acceso a internet como derecho fundamental reconocido en Finlandia y defendido por la ONU.
Monday, January 17, 2011
Túnez resuelve el dilema del dictador
Zine el Abidine Ben Ali, el derrocado dictador tunecino, se arrepentirá desde su exilio de Arabia Saudí de aquellos días de noviembre de 2005, cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones acordó en Túnez la Agenda para la Sociedad de la Información a favor del desarrollo y contra la brecha digital. Entonces el régimen abrió un poco la mano y pensó que los servicios secretos, como en tantos países autoritarios –y en algunos democráticos-, podían mantener el control del ciberespacio y la sociedad.
Pero el dilema del dictador sobre cómo beneficiarse de la economía global mientras se mantiene la dictadura política ha sido respondido por sus ciudadanos con la revuelta del último mes.
Columna completa en Estrella Digital
Thursday, December 30, 2010
Concursos públicos, pero sin vídeo
Un tribunal universitario puede impedir la grabación en vídeo de los concursos universitarios para aspirar a plazas de profesor. Es la restrictiva interpretación de lo público hecha por el Tribunal Supremo en una sentencia que exime a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la presidenta del tribunal, Rosa Franquet, catedrática de Audiovisual, de acusaciones de parcialidad en la adjudicación de una plaza de profesor y de restringir la publicidad a la que obliga la ley (Real Decreto 1888/1984).
La catedrática no permitió la grabación del concurso alegando que se trataba de un acto público, pero que eso no incluye la grabación ni publicación. El Supremo indica en su sentencia que "lo relevante para dar transparencia al concurso es que se cumpliera, como así se hizo, con el principio de publicidad en el desarrollo de sus pruebas".
La sentencia del Supremo desestima otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba el concurso, aunque no garantizaba expresamente el derecho a grabar la prueba.
Rosa Franquet y Josep Mª Catalá, secretario del tribunal universitario, expusieron sus argumentos para contestar a una información sobre el concurso y la sentencia del tribunal catalán publicada por El País.
La Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública lanza ahora una campaña contra la sentencia Franquet para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin entrar a valorar la imparcialidad del concurso (dejo abajo la sentencia), la interpretación de los actos públicos con restricciones a la transparencia al impedir su grabación y reproducción no parece la mejor fórmula para evitar irregularidades.
Sorprende además que esa limitación se defienda desde los responsables de una universidad y de los estudios de comunicación audiovisual y medios digitales. La mejor prueba de la imparcialidad de la elección del profesorado hubiera sido ese vídeo y la documentación de cada aspirante.
Lo público, a diferencia de la interpretación del Supremo, excede hoy la exigencia de publicidad tradicional (convocatoria) de las pruebas y la asistencia de público. Cuando la vida se retransmite en directo y los ciudadanos tienen a su alcance herramientas para ampliar lo público y con ello evitar conductas irregulares, recortar los derechos de los ciudadanos no es la mejor opción para lograr una sociedad más transparente y con más filtros contra las injusticias, arbitrariedades o corrupción.
La Ley del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen limita estos derechos por el interés público y en su artículo 8 obliga a no impedir "la captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público".
No parece que un Real Decreto como el que regula los concursos universitarios pueda conculcar una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales. Y tampoco que ninguno de los supuestos de defensa de la intimidad pueda ser aplicado a un acto público como este.
Algunos males de la universidad, igual que de otras instituciones y aspectos de la vida pública, se pueden evitar con mayor transparencia y control ciudadano. Los argumentos a favor de la parcialidad o no de los concursos universitarios serían más claros si los interesados pudieran demostrar las acciones y méritos de cada uno ante cualquier instancia. Los primeros beneficiados serían los tribunales como el Supremo, que con un vídeo del concurso hubieran contado con una prueba de alto valor para dirimir la causa y emitir su sentencia.
Sentencia Franquet Supremo
Tuesday, April 20, 2010
España reclama a Google
Google ha decido ejercer su capacidad de atraer la atención para publicar las demandas que recibe de diferentes gobiernos y defenderse de la censura y las restricciones legales.
Al presentar Government requests, la empresa reconoce que muchas son legítimas y fundadas, pero el buscador se queda de que "la censura en la web está creciendo rápidamente".
La peticiones a Google y YouTube necesitarían mayor definición para que los usuarios pudieran evaluar su pertinencia, pero la herramienta sirve para hacerse una idea.
Y mientras, las autoridades de protección de datos de diez países, entre ellos España (pdf), piden a Google que respete la privacidad de los usuarios, especialmente en nuevos servicios como Buzz, donde el uso de las direcciones del correo electrónico ha provocado muchos problemas.
Pdf de la carta firmada por Artemi Rallo, director de la Agencia de Protección de Datos.
En la imagen, las peticiones en España de datos o retirada de contenidos.
Al presentar Government requests, la empresa reconoce que muchas son legítimas y fundadas, pero el buscador se queda de que "la censura en la web está creciendo rápidamente".
La peticiones a Google y YouTube necesitarían mayor definición para que los usuarios pudieran evaluar su pertinencia, pero la herramienta sirve para hacerse una idea.
Y mientras, las autoridades de protección de datos de diez países, entre ellos España (pdf), piden a Google que respete la privacidad de los usuarios, especialmente en nuevos servicios como Buzz, donde el uso de las direcciones del correo electrónico ha provocado muchos problemas.
Pdf de la carta firmada por Artemi Rallo, director de la Agencia de Protección de Datos.
En la imagen, las peticiones en España de datos o retirada de contenidos.
Thursday, March 25, 2010
Ciberguerra y control 2.0 en la disputa Google/China
Timothy Garton Ash en The Guardian y Lluís Bassets en El País siguen la reflexión sobre la I Ciberguerra Global entre estados y empresas globales en la disputa entre Google y China. Libertades e intereses económicos se entrelazan ocultando la anterior censura de los contenidos del Gran Buscador y los intentos del Partido Comunista Chino para impulsar sus industrias digitales mientras protege su régimen totalitario.
Y la diplomacia se pone en marcha en esta guerra fría, como pedía ayer Google.
El supercapitalismo global se mezcla con política, derechos, libertades y oportunidades de los ciberciudadanos, netizens potenciados por la tecnología.
Cabe preguntarse si no estamos añadiendo a los viejos controles políticos otros de nuevo cuño, ese control 2.0 de la actividad, la comunicación y los contenidos de las personas, pero también de sus ideas y modo de vida, por las empresas que tantas oportunidades ofrecen, pero que también controlan el flujo social y de contenidos en internet.
Cuando ciudadanos de todo el mundo utilizan la Red como espacio de libertad es hora de que las empresas que ejercen el posmoderno control 2.0 de la sociedad conectada se comprometan en defensa de los usuarios y sus derechos.
¿Puede confiarse la libertad a los intereses de una multinacional?
¿Pueden los intereses económicos –en China, España o en cualquier lugar- restringir la libertad de los ciudadanos en internet?
Esa idea anima también la protesta contra la comisión Sinde para bloquear las descargas o los intentos de someter los enlaces a un sistema de pago como el que quieren imponer algunos editores.
Y la diplomacia se pone en marcha en esta guerra fría, como pedía ayer Google.
El supercapitalismo global se mezcla con política, derechos, libertades y oportunidades de los ciberciudadanos, netizens potenciados por la tecnología.
Cabe preguntarse si no estamos añadiendo a los viejos controles políticos otros de nuevo cuño, ese control 2.0 de la actividad, la comunicación y los contenidos de las personas, pero también de sus ideas y modo de vida, por las empresas que tantas oportunidades ofrecen, pero que también controlan el flujo social y de contenidos en internet.
Cuando ciudadanos de todo el mundo utilizan la Red como espacio de libertad es hora de que las empresas que ejercen el posmoderno control 2.0 de la sociedad conectada se comprometan en defensa de los usuarios y sus derechos.
¿Puede confiarse la libertad a los intereses de una multinacional?
¿Pueden los intereses económicos –en China, España o en cualquier lugar- restringir la libertad de los ciudadanos en internet?
Esa idea anima también la protesta contra la comisión Sinde para bloquear las descargas o los intentos de someter los enlaces a un sistema de pago como el que quieren imponer algunos editores.
Tuesday, January 19, 2010
Competencia denuncia el monopolio de los derechos de autor
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) deja clara la denuncia de tantos creadores, usuarios y empresas durante tiempo: la gestión de la propiedad intelectual es un monopolio tolerado y amparado por los políticos y la Ley de Propiedad Intelectual."Las entidades de gestión tienen un elevado poder de mercado, realizando normalmente su actividad desde una posición monopolística. Cada una de las ocho entidades existentes en España (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE, y AISGE) se ha especializado en la gestión de un determinado conjunto de derechos que nadie más gestiona. La única excepción tiene lugar en el segmento de autores audiovisuales, donde existe un leve grado de competencia entre la entidad dominante, SGAE, y la minoritaria, DAMA".
Es la conclusión de un informe demoledor con las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y las leyes que amparan un sistema con barreras a la competencia legales y económicas, tarifas y contratos abusivos, inseguridad jurídica, abusos sobre los derechos de los autores, falta de libertad para gestionar libre o individualmente los derechos de cada uno y, en definitiva, una enorme obstrucción a la comercialización de los contenidos, el entretenimiento y la cultura.
La CNC acaba también con la coartada europea, esgrimida reiteradamente por los responsables de las entidades de gestión y los políticos para no cambiar un sistema injusto y perjudical para autores, medios, comercializadores, negocios sometidos a tarifas de todo tipo y para el desarrollo de un mercado de contenidos transparente y competitivo.
Competencia recuerda que las directivas europeas sólo imponen la gestión colectiva de derechos en la retransmisión por cable. "La imposición de la obligatoriedad en otros casos no obedece a ninguna directiva del derecho comunitario. Es más, en los casos en los cuales una directiva europea impone la gestión colectiva opcional, el legislador español se decanta por imponer su gestión colectiva obligatoria".Fin de la mascarada.
Competencia recuerda a los olvidadizos que la Comisión Europea está empeñada en crear un mercado único de contenidos y una simplificación de la gestión de la propiedad intelectual que ha sido permanentemente bloqueada en España por el lobby encabezado por la SGAE.
El informe llega en buena hora. Mañana comienza una ronda de debate en la subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso plagada de entidades de gestión y sin representación proporcional de los consumidores ni de otros expertos opuestos a las leyes y el sistema de propiedad intelectual actual.Es hora de exigir responsabilidades políticas a todos los partidos que votaron a favor y promovieron el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006. Y también de reformar las comparecencias en esta tendenciosa subcomisión.
Nunca se han defendido los derechos de los ciudadanos. Pero tampoco los derechos de los autores, atrapados por un sistema de recorte de su libertad y en el que algunos han llegado a padecer un síndrome de Estocolmo a medio camino muchas veces entre la mezquindad y la ignorancia.
Cada intento por crear una nueva entidad de gestión ha sido una batalla en España, pero ya hace una década que el status quo de las ocho actuales se impone con ese monopolio especializado denunciado en el informe.
Competencia pide "un marco legal suficientemente claro, predecible y generador de certidumbre" con más transparencia, competencia y eliminar las barreras de entrada a otras entidades nacionales o internacionales, eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva siempre que sea posible, reducir las cláusulas abusivas de los contratos y el sistema de tarifas injusto y monopolístico. Pero también que las administraciones vigilen a las entidades de gestión, como obliga la ley, una responsabilidad siempre esquinada por un Ministerio de Cultura siempre del lado de estas entidades.
¿Servirá para algo el nuevo informe, no vinculante? Al menos para cargar de razón a todos los que denunciamos un sistema injusto, que no permite el desarrollo de nuevos negocios de contenidos, reduce el acceso de los ciudadanos a los contenidos y aprovecha los poderes del Estado como en su propio beneficio.
Basta ya.
Informe Propiedad Intelectual. Comisión Nacional de la Competencia
Más comentarios en Twitter #cnc
Wednesday, December 23, 2009
Menos protección para la información en internet
Un año y nueve meses de prisión y de "inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas" al director de la Cadena Ser, Daniel Anido, y al director de Informativos, Rodolfo Irago, por revelar los nombres de 78 afiliaciones irregulares al PP.
La sentencia (pdf) reconoce la veracidad y el hecho noticiable, pero considera que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita) pero, debe matizarse, internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
De lo que el juez interpreta que el daño de la revelación de datos personales como la filiación política es desproporcionado. La sentencia afirma que según el artículo 197 del Código Penal, esa cesión y publicación de esa información en la web de la Ser no se justifica por la información porque la noticia era la filiación irregular y no la identidad de los afectados.
La Federación de Asociaciones de la Periodistas (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ya han protestado contra una condena "inaudita, desmesurada y asombrosa" y señalan que "la confusión que emana sobre lo que son o no son medios informativos o sobre el concepto de revelación de secreto, es inquietante".
Mucho.
La sentencia marca líneas divisorias de muy difícil trazado.
La primera entre la Cadena Ser y su web y las cesiones de información a terceros. Cuando los medios y la sociedad han avanzado en la convergencia multimedia es difícil entender una división entre la cabecera de la Ser en la radio y en internet.
La segunda sobre los datos necesarios para la información. El juez no cree que la identidad de los afiliados irregularmente para inclinar decisiones políticas. Algo difícil de probar -la sentencia no abunda en este punto- cuando de las relaciones entre los afectados podía extraerse información sobre las irregularidades dentro del partido y en la gestión municipal.
El juez argumenta que la ideología y la filiación política está dentro del núcleo duro de los datos protegidos por artículo 18 de la Constitución y su desarrollo en la Ley de Protección de Datos.
Algo discutible en una democracia, donde la transparencia de los actos públicos es imprescindible y cuando la militancia en los partidos políticos es una manifestación de la adscripción ideológica, aunque estén protegidos especialmente en el art. 7 de esta última ley.
Por último, es absurda la división entre "medios de comunicación social" propuesta y los medios universales. Daría para muchas tesis de doctorado. Pero la realidad es que cadenaser.com es un canal más de la Ser y a pesar de su distinta naturaleza societaria al formar parte entonces de Prisacom, no parece que esa cesión argumentada en la sentencia sea tan relevante. Excepto porque "lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre", dice el juez.
Ese es el poder de un medio abierto. Pero no parece que sea muy diferente a la radio, excepto por eso que se viene llamando derecho al olvido, defendido por varios juristas y cuyo espíritu anida en la Ley de Protección de Datos. Pero "una información veraz y de interés público no puede hacerse desaparecer de la red", como ha dicho el constitucionalista Marc Carrillo.
La libertad, universalidad y capacidad de difusión de internet son rasgos especialmente relevantes para su poder de información. No parece que lo adecuado y permitido para los viejos medios pueda ser restringido para los nuevos, a pesar de las garantías adicionales de la protección de datos personales.
La sentencia (pdf) reconoce la veracidad y el hecho noticiable, pero considera que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita) pero, debe matizarse, internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
De lo que el juez interpreta que el daño de la revelación de datos personales como la filiación política es desproporcionado. La sentencia afirma que según el artículo 197 del Código Penal, esa cesión y publicación de esa información en la web de la Ser no se justifica por la información porque la noticia era la filiación irregular y no la identidad de los afectados.
La Federación de Asociaciones de la Periodistas (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ya han protestado contra una condena "inaudita, desmesurada y asombrosa" y señalan que "la confusión que emana sobre lo que son o no son medios informativos o sobre el concepto de revelación de secreto, es inquietante".
Mucho.
La sentencia marca líneas divisorias de muy difícil trazado.
La primera entre la Cadena Ser y su web y las cesiones de información a terceros. Cuando los medios y la sociedad han avanzado en la convergencia multimedia es difícil entender una división entre la cabecera de la Ser en la radio y en internet.
La segunda sobre los datos necesarios para la información. El juez no cree que la identidad de los afiliados irregularmente para inclinar decisiones políticas. Algo difícil de probar -la sentencia no abunda en este punto- cuando de las relaciones entre los afectados podía extraerse información sobre las irregularidades dentro del partido y en la gestión municipal.
El juez argumenta que la ideología y la filiación política está dentro del núcleo duro de los datos protegidos por artículo 18 de la Constitución y su desarrollo en la Ley de Protección de Datos.
Algo discutible en una democracia, donde la transparencia de los actos públicos es imprescindible y cuando la militancia en los partidos políticos es una manifestación de la adscripción ideológica, aunque estén protegidos especialmente en el art. 7 de esta última ley.
Por último, es absurda la división entre "medios de comunicación social" propuesta y los medios universales. Daría para muchas tesis de doctorado. Pero la realidad es que cadenaser.com es un canal más de la Ser y a pesar de su distinta naturaleza societaria al formar parte entonces de Prisacom, no parece que esa cesión argumentada en la sentencia sea tan relevante. Excepto porque "lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre", dice el juez.
Ese es el poder de un medio abierto. Pero no parece que sea muy diferente a la radio, excepto por eso que se viene llamando derecho al olvido, defendido por varios juristas y cuyo espíritu anida en la Ley de Protección de Datos. Pero "una información veraz y de interés público no puede hacerse desaparecer de la red", como ha dicho el constitucionalista Marc Carrillo.
La libertad, universalidad y capacidad de difusión de internet son rasgos especialmente relevantes para su poder de información. No parece que lo adecuado y permitido para los viejos medios pueda ser restringido para los nuevos, a pesar de las garantías adicionales de la protección de datos personales.
Monday, December 14, 2009
Martxelo Otamendi: "Nunca fuimos de ETA, ni intervino en Egunkaria"
Martxelo Otamendi, periodista y director de Berria, se sentará mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional acusado de pertenecer a ETA. Junto a él, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga, responsables de Egunkaria, diario cerrado en el año 2003.Egunkaria era el único diario editado íntegramente en euskera. El juez Garzón no vio indicios para perseguirlo en 2001, como desvela Otamendi en esta entrevista, pero el juez Juan del Olmo lo cerró en 2003. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento y descartado las acusaciones, pero la acusación popular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la plataforma Dignidad y Justicia sienta a sus responsables ante el juez cuando el diario ya está irremediablemente muerto.
Martxelo Otamendi explica en esta entrevista las interioridades de la acusación y rechaza de nuevo cualquier relación con ETA de un diario que intentó ser "nacional, no nacionalista".
¿Qué era Egunkaria y cuáles eran sus objetivos?
Egunkaria era el único diario publicado en euskara. Excepto Eguna, "diario de guerra" durante la guerra de Franco, ni el euskara ni Euskal Herria tuvieron nunca un diario en euskara. Era un diario estándar, progresista, independiente, nacional (no nacionalista), íntegro en euskara, plural, necesitado de ayudas públicas para sobrevivir, pero ni público ni dependiente del que diera las ayudas.
¿Cuáles son las diferencias con el cierre de Egin?
No hay muchas diferencias en las acusaciones a unos y otros. Los directivos de Egin, fueron detenidos por orden del juez Garzón, las detenciones las realizó la Policía Nacional y no fueron torturados.
En el caso de Egunkaria, el magistrado fue Del Olmo, y las detenciones las realizó la Guardia Civil y algunos de los detenidos fuimos torturados. Se puede decir, porque es público y publicado, que la Guardia Civil ofreció al magistrado Garzón en 2001 (dos años antes del cierre) las investigaciones secretas del caso Egunkaria, pero Garzón rechazó la propuesta de la Guardia Civil de iniciar una investigación secreta, por no ver razones de peso para ello, ni para iniciar la investigación. Entonces la Guardia Civil ofreció el caso en 2001 al magistrado Del Olmo y este la aceptó. Y en 2003 decreta el cierre del diario.
¿Por qué el mantenimiento de un juicio tras la petición de archivo de la Fiscalía?
Es una locura que no tenía que haber sucedido nunca, y desde entonces se han dado un cúmulo de despropósitos. No hay acusación probada, la Fiscalía no acusa, y sólo acusan Dignidad y Justicia, y la AVT.
¿Creéis que podéis demostrar vuestra inocencia o es un caso condenado por la lucha antiterrorista?
Nuestro único delito es haber gestionado, a mucha honra, el único diario en euskara, y haberlo hecho de una manera profesional. Lo demostraremos en el juicio. Nunca fuimos de ETA, ni ETA tuvo ninguna intervención en Egunkaria.
¿Ha hecho o podría haber hecho algo ETA para ayudaros? ¿Atentados como el cometido tras la sentencia de Ekin os perjudican?
ETA no hizo nada para ayudarnos, no intervino para nada. Nos ayudaron los miles de euskaltzales (amantes del euskara) que nos dieron dinero y aliento para poner en marcha una reivindicación que hunde sus raíces a comienzos del siglo XX.
Lo que durante décadas parecía algo imposible, se materializó en 1990, sin intervención alguna de ETA.
Pero eso ya lo sabía la Guardia Civil cuando presentó al juez Del Olmo la propuesta de investigación. El objetivo del cierre del diario fue dar un aviso a los vascos-as en una época, 2000-2003 en la que la relación Madrid-Vitoria era muy mala y se hablada, y proponía en algunas tertulias, desarmar a la Ertzaintza, suspender la autonomía vasca...
Nos utilizó el PP para enviar un aviso a los vascos-as: "Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para enseñar a los vascos que tienen que cejar en sus pretensiones autodeterministas, independentistas, plan Ibarretxe o lo que sea; y para que vean que vamos en serio vamos a hacer algo que ni el más negativo de los agoreros esperan, cerramos el único diario en euskara, arrestamos en espectaculares operativos policiales a sus directivos, les acusamos de ser miembros de ETA, les incomunicamos y torturamos a algunos de ellos. Así de darán cuenta de que vamos en serio".
Los atentados nunca favorecen a nadie.
¿Cuáles son las amenazas para proyectos con similar ideario, como Berria, ahora y en el futuro?
Dependerá de la situación política del momento, de la tensión País Vasco-Madrid. Te contaré un anécdota que puede ilustrar nuestra sensación. Era la noche del 14-M, elecciones generales. Estaba en mi despacho de director de Berria reunido con los subdirectores y responsables de la sección de Política del diario, para decidir la orientación de la primera página del diario. Cuando llegaron los resultados que anunciaban la victoria del candidato del PSOE, Rodríguez Zapatero, exclamé ante mis colegas: "Estos al menos no cerrarán periódicos".
Aznar cerró Egin en el 1998 (dos años después de llegar al poder) y Egunkaria (7 años después). "Estos", como les llamé aquella noche del 14-M, llevan 5 años y todavía no han cerrado ninguno. Espero, y deseo, que dure. Por la cuenta que nos trae.
Friday, December 11, 2009
El PP rechaza leyes especiales para internet
El Partido Popular se opondrá a la reforma legal para desconectar webs sin orden judicial. Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PP, cree que el gobierno cambiará la propuesta de convertir al Ministerio de Cultura en policía de internet antes de que llegue al Congreso, pero si la mantiene su partido se opondrá, incluso si tienen que recurrir al Tribunal Constitucional.
Es el compromiso del PP a las demandas de los internautas agrupados por el manifiesto en defensa de internet expresado por sus responsables en la reunión que mantuvimos ayer. González Pons, José María Lassalle (portavoz de cultura del partido) y Carlos Floriano, acompañados de dos asesores de Mariano Rajoy afirmaron su convicción de que "no deben existir leyes especiales para internet".
Reconocen que la Red es un nuevo espacio público cuyas leyes deben ser las mismas que las de la calle y por tanto los dirigentes del PP rechazan también una reforma para judicializar la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. "Creemos que la red debe ser un derecho fundamental, como el acceso a la banda ancha", reiteró Pons.
El PP propone un debate en profundidad de la propiedad intelectual para garantizar los derechos de los autores sin restringir libertades, más apoyo a la industria de los contenidos y del software española y más medios para los policías y jueces "porque en internet la fragata la llevan los piratas".
El PP ondeó la bandera de internet. Pero las declaraciones de sus dirigentes expresan las contradicciones de un partido que ha votado a favor del restrictivo paquete telecom en Europa, con gobiernos autonómicos que no apoyan las medidas ni libertades de acceso a la información de los ciudadanos, y sin que hayan presentado en el Parlamento propuestas en este sentido, con la excepción de su rechazo al canon digital después de la aprobación de la reforma de la ley de propiedad intelectual en el año 2006.
Al PP le preocupa más el futuro de la prensa de pago y de las editoriales que el de la música o el cine. Los populares están cerca de las reivindicaciones de los editores de prensa y de las televisiones para reforzar su control de los contenidos. Lassalle y Pons expresaron su preocupación por "el futuro de la prensa de pago, imprescindible para la democracia" y por los derechos de los editores y la evolución del libro electrónico. También por las patentes de software español, sin contemplar el software libre.
"Libertad y propiedad son dos conceptos claves para un partido de centroderecha como el nuestro", afirman. Pero el partido no tiene propuestas elaboradas sobre el futuro de esos derechos. Los representantes del manifiesto reclamamos la ampliación del dominio público, la adopción de las licencias flexibles y el copyleft en la legislación española, libertad para que los creadores elijan cómo y quién representa sus derechos, y un apoyo explícito al derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.
El debate está abierto. El PP ha actualizado sus propuestas en nuevas tecnologías desde el programa electoral de las elecciones europeas pasadas. Propone una carta europea de derechos de los usuarios que podría aproximarse al documento propuesto por varias organizaciones para la presidencia europea española, incluye su rechazo a la privación de acceso a internet sin garantía judicial y su oposición a la disposición final de la ley de economía sostenible. Ahora falta escuchar al partido llevar esas promesas a la práctica, en el Parlamento y en sus gobiernos y cámaras autonómicas.
Los contactos con los partidos de los representantes del manifiesto prosiguen. Casi todos están convencidos de que el gobierno cambiará su propuesta antes de llegar al Parlamento. La comisión interministerial de propiedad intelectual ha acabado sus trabajos y ha enviado su propuesta a los ministerios, aunque todavía no se ha hecho pública.
Otras crónicas de la reunión: Microsiervos, Enrique Dans
Es el compromiso del PP a las demandas de los internautas agrupados por el manifiesto en defensa de internet expresado por sus responsables en la reunión que mantuvimos ayer. González Pons, José María Lassalle (portavoz de cultura del partido) y Carlos Floriano, acompañados de dos asesores de Mariano Rajoy afirmaron su convicción de que "no deben existir leyes especiales para internet".
Reconocen que la Red es un nuevo espacio público cuyas leyes deben ser las mismas que las de la calle y por tanto los dirigentes del PP rechazan también una reforma para judicializar la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. "Creemos que la red debe ser un derecho fundamental, como el acceso a la banda ancha", reiteró Pons.
El PP propone un debate en profundidad de la propiedad intelectual para garantizar los derechos de los autores sin restringir libertades, más apoyo a la industria de los contenidos y del software española y más medios para los policías y jueces "porque en internet la fragata la llevan los piratas".
El PP ondeó la bandera de internet. Pero las declaraciones de sus dirigentes expresan las contradicciones de un partido que ha votado a favor del restrictivo paquete telecom en Europa, con gobiernos autonómicos que no apoyan las medidas ni libertades de acceso a la información de los ciudadanos, y sin que hayan presentado en el Parlamento propuestas en este sentido, con la excepción de su rechazo al canon digital después de la aprobación de la reforma de la ley de propiedad intelectual en el año 2006.
Al PP le preocupa más el futuro de la prensa de pago y de las editoriales que el de la música o el cine. Los populares están cerca de las reivindicaciones de los editores de prensa y de las televisiones para reforzar su control de los contenidos. Lassalle y Pons expresaron su preocupación por "el futuro de la prensa de pago, imprescindible para la democracia" y por los derechos de los editores y la evolución del libro electrónico. También por las patentes de software español, sin contemplar el software libre.
"Libertad y propiedad son dos conceptos claves para un partido de centroderecha como el nuestro", afirman. Pero el partido no tiene propuestas elaboradas sobre el futuro de esos derechos. Los representantes del manifiesto reclamamos la ampliación del dominio público, la adopción de las licencias flexibles y el copyleft en la legislación española, libertad para que los creadores elijan cómo y quién representa sus derechos, y un apoyo explícito al derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.
El debate está abierto. El PP ha actualizado sus propuestas en nuevas tecnologías desde el programa electoral de las elecciones europeas pasadas. Propone una carta europea de derechos de los usuarios que podría aproximarse al documento propuesto por varias organizaciones para la presidencia europea española, incluye su rechazo a la privación de acceso a internet sin garantía judicial y su oposición a la disposición final de la ley de economía sostenible. Ahora falta escuchar al partido llevar esas promesas a la práctica, en el Parlamento y en sus gobiernos y cámaras autonómicas.
Los contactos con los partidos de los representantes del manifiesto prosiguen. Casi todos están convencidos de que el gobierno cambiará su propuesta antes de llegar al Parlamento. La comisión interministerial de propiedad intelectual ha acabado sus trabajos y ha enviado su propuesta a los ministerios, aunque todavía no se ha hecho pública.
Otras crónicas de la reunión: Microsiervos, Enrique Dans
Thursday, December 03, 2009
Cibersedición
Una sedición ha explotado en Internet contra una 'ley de economía insostenible' en el mundo digital. Los ciudadanos se revuelven cansados de la letanía de artistas, productoras, discográficas. y se lanza un manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet. El Gobierno anuncia un plan para convertir el Ministerio de Cultura en un guardián de la propiedad con capacidad de censurar enlaces -la base de la arquitectura de la Red- sin intervención judicial, y a los ciudadanos ya no les da el cuajo para aguantar tanta monserga cuando todo acaba en su bolsillo.
Lloran autores, productores y discográficas por un negocio obsoleto. Gritan como nunca lo han hecho para crear nuevos negocios, más acceso digital a las obras culturales y de entretenimiento. Siempre pendientes de la subvención. Piden leyes para proteger no la cultura ni sus creaciones, sino una in dustria obligada como tantas otras a reestructurarse, a buscar otra rentabilización y a desarrollar los canales que funcionan, de los conciertos al vídeo bajo demanda.
Cultura aprovecha el espaldarazo europeo a la vigilancia de Internet para ser juez y parte. Creará un Comité de Propiedad Intelectual para vigilar, identificar a quienes enlacen sin contrato y desconectarlos. La ministra promete no perseguir a los usuarios, sino a quienes se lucran con contenido ajeno. Pero para eso ya estaba la ley, que no ve delito en el intercambio de archivos si no es con ánimo de lucro. Asoma el temor a nuevos contratos y pagos para enlazar contenidos sujetos a derechos de autor, como exhorta la nueva ley.
Los derechos fundamentales de todos en colisión con los derechos económicos de unos pocos. Muchos se quejan del celo de Cultura por la defensa del negocio de la música y el cine, y su poco esfuerzo para aumentar los contenidos de dominio público o pagados con dinero de los impuestos, del gasto en una radiotelevisión pública elefantiásica y de la penuria de las bibliotecas digitales, fondos y museos en red. La cibersedición vuelve como lo hizo contra el canon digital con el que pagamos la copia privada.
Mi columna de hoy en los diarios de Vocento
Lloran autores, productores y discográficas por un negocio obsoleto. Gritan como nunca lo han hecho para crear nuevos negocios, más acceso digital a las obras culturales y de entretenimiento. Siempre pendientes de la subvención. Piden leyes para proteger no la cultura ni sus creaciones, sino una in dustria obligada como tantas otras a reestructurarse, a buscar otra rentabilización y a desarrollar los canales que funcionan, de los conciertos al vídeo bajo demanda.
Cultura aprovecha el espaldarazo europeo a la vigilancia de Internet para ser juez y parte. Creará un Comité de Propiedad Intelectual para vigilar, identificar a quienes enlacen sin contrato y desconectarlos. La ministra promete no perseguir a los usuarios, sino a quienes se lucran con contenido ajeno. Pero para eso ya estaba la ley, que no ve delito en el intercambio de archivos si no es con ánimo de lucro. Asoma el temor a nuevos contratos y pagos para enlazar contenidos sujetos a derechos de autor, como exhorta la nueva ley.
Los derechos fundamentales de todos en colisión con los derechos económicos de unos pocos. Muchos se quejan del celo de Cultura por la defensa del negocio de la música y el cine, y su poco esfuerzo para aumentar los contenidos de dominio público o pagados con dinero de los impuestos, del gasto en una radiotelevisión pública elefantiásica y de la penuria de las bibliotecas digitales, fondos y museos en red. La cibersedición vuelve como lo hizo contra el canon digital con el que pagamos la copia privada.
Mi columna de hoy en los diarios de Vocento
Wednesday, December 02, 2009
En defensa de los derechos fundamentales en internet
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Un manifiesto elaborado entre unos cuantos con intención de que sea de todos.
P21| De Ministerio de Cultura a vigilante de la propiedad
P21 | Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Un manifiesto elaborado entre unos cuantos con intención de que sea de todos.
P21| De Ministerio de Cultura a vigilante de la propiedad
P21 | Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital
Tuesday, December 01, 2009
De Ministerio de Cultura a vigilante de la propiedad
Cultura vigilará internet para castigar las descargas. El Gobierno introduce en la ley de economía sostenible la censura administrativa de las páginas con enlaces a contenido ajeno. No se castigará directamente a los usuarios ni se cortará su conexión, como ya se había prometido, pero se perseguirá a quienes enlacen material sujeto a derechos de propiedad intelectual.
Podrán ser desconectadas o censuradas administrativamente, sin orden judicial, por una Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
Los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la libertad, las garantías judiciales, el derecho a la educación, a la información, a la cultura, etc.
El Ministerio de Cultura se convierte en la pesadilla orwelliana. El Ministerio de la Verdad, encargado de regir sobre lo que debe saberse y cómo, y el de la Abundancia, atento a no dejar gozar a los ciudadanos de la riqueza para que siempre echen de menos la benefactora y patriarcal protección del Estado y los poderes.
La presión de la industria cultural y del entretenimiento, con los músicos reclamando una ley gremial, los medios en busca de rentabilizar sus contenidos a toda costa por la crisis y la falta de alternativas de negocio, conducen a malas decisiones.
Y además serán inútiles para todos aquellos que de verdad quieren apropiarse de lo ajeno, porque existen muchas formas de enmascarar y burlar la vigilancia de las direcciones de los usuarios y de los contenidos compartidos. Hasta ahora servían sobre todo para burlar a dictaduras y opresores, ahora se comenzarán a usar también para defender libertades fundamentales.
El Gobierno adopta las ventajas de los acuerdos regresivos del Parlamento Europeo y el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) y condena a internet a una libertad vigilada sin adoptar la medida extrema de desconectar a los usuarios.
La libertad queda cercenada y el negocio no se salvará.
Las leyes especiales tienden a ser dañinas. Las malas conductas en internet deben perseguirse con la ley ordinaria, sin excepciones. Y lo mismo las responsabilidades civiles o económicas.
Hasta ahora así lo entendía la legislación española al no considerar delito el P2P y perseguir sólo a quienes se lucraban con material ajeno.
Cultura se dedicará a vigilar a todos bajo la lupa de una comisión donde el peso de los lobbies de la propiedad intelectual y de quienes defienden negocios forzados a cambiar.
La ley de economía sostenible no aclara qué enlaces y qué contenidos se perseguirán, ni tampoco alude al derecho de cita, pero impone arbitrajes y contratos donde ahora sólo hay enlaces y rutas que permiten a los internautas encontrar información, datos y contenidos.
¿Es eso ilegal?
¿Cerrarán o impondrán contratos a páginas como Menéame donde se recomiendan enlaces o a los blogs y tuiteos que incluyan rutas para llegar a contenidos alojados en otras páginas?
La intención es presionar a las webs que se lucran con contenidos ajenos, pero la implementación asusta porque para perseguir daños económicos se pueden dañar derechos fundamentales.
Una ley de economía sostenible y un Ministerio de Cultura deberían luchar por el mayor acceso posible de los ciudadanos a la información, la cultura y la educación. Deberían aumentar la capacidad de acceso y aumentar los contenidos de dominio público y los procomunes, especialmente los financiados con dinero público.
Más fondos públicos para ampliar el acceso a los contenidos públicos -bibliotecas, filmotecas, medios públicos, museos, archivos, contenidos de la Administración, etc.- y menos para financiar las iniciativas de la industria del entretenimiento.
Triste hipocresía para un gobierno socialista.
La incapacidad para entender la revolución digital nubla el juicio de muchos y lleva a perseguir a los mayores seguidores y consumidores de todo tipo de información y cultura.
Nadie niega los problemas de la industria de los contenidos. Pero su solución no está en perseguir a ciudadanos y emprendedores con leyes especiales y sin garantías legales adecuadas.
Las leyes del Ministerio de la Abundancia son mantener y controlar la escasez para sostener el control y el poder. Parcelar internet con vallas y espacios privados porque ni algunas mentes ni algunos negocios soportan la abundancia del mayor espacio público y de libertad creado jamás.
Podrán ser desconectadas o censuradas administrativamente, sin orden judicial, por una Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
Los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la libertad, las garantías judiciales, el derecho a la educación, a la información, a la cultura, etc.
El Ministerio de Cultura se convierte en la pesadilla orwelliana. El Ministerio de la Verdad, encargado de regir sobre lo que debe saberse y cómo, y el de la Abundancia, atento a no dejar gozar a los ciudadanos de la riqueza para que siempre echen de menos la benefactora y patriarcal protección del Estado y los poderes.
La presión de la industria cultural y del entretenimiento, con los músicos reclamando una ley gremial, los medios en busca de rentabilizar sus contenidos a toda costa por la crisis y la falta de alternativas de negocio, conducen a malas decisiones.
Y además serán inútiles para todos aquellos que de verdad quieren apropiarse de lo ajeno, porque existen muchas formas de enmascarar y burlar la vigilancia de las direcciones de los usuarios y de los contenidos compartidos. Hasta ahora servían sobre todo para burlar a dictaduras y opresores, ahora se comenzarán a usar también para defender libertades fundamentales.
El Gobierno adopta las ventajas de los acuerdos regresivos del Parlamento Europeo y el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) y condena a internet a una libertad vigilada sin adoptar la medida extrema de desconectar a los usuarios.
La libertad queda cercenada y el negocio no se salvará.
Las leyes especiales tienden a ser dañinas. Las malas conductas en internet deben perseguirse con la ley ordinaria, sin excepciones. Y lo mismo las responsabilidades civiles o económicas.
Hasta ahora así lo entendía la legislación española al no considerar delito el P2P y perseguir sólo a quienes se lucraban con material ajeno.
Cultura se dedicará a vigilar a todos bajo la lupa de una comisión donde el peso de los lobbies de la propiedad intelectual y de quienes defienden negocios forzados a cambiar.
La ley de economía sostenible no aclara qué enlaces y qué contenidos se perseguirán, ni tampoco alude al derecho de cita, pero impone arbitrajes y contratos donde ahora sólo hay enlaces y rutas que permiten a los internautas encontrar información, datos y contenidos.
¿Es eso ilegal?
¿Cerrarán o impondrán contratos a páginas como Menéame donde se recomiendan enlaces o a los blogs y tuiteos que incluyan rutas para llegar a contenidos alojados en otras páginas?
La intención es presionar a las webs que se lucran con contenidos ajenos, pero la implementación asusta porque para perseguir daños económicos se pueden dañar derechos fundamentales.
Una ley de economía sostenible y un Ministerio de Cultura deberían luchar por el mayor acceso posible de los ciudadanos a la información, la cultura y la educación. Deberían aumentar la capacidad de acceso y aumentar los contenidos de dominio público y los procomunes, especialmente los financiados con dinero público.
Más fondos públicos para ampliar el acceso a los contenidos públicos -bibliotecas, filmotecas, medios públicos, museos, archivos, contenidos de la Administración, etc.- y menos para financiar las iniciativas de la industria del entretenimiento.
Triste hipocresía para un gobierno socialista.
La incapacidad para entender la revolución digital nubla el juicio de muchos y lleva a perseguir a los mayores seguidores y consumidores de todo tipo de información y cultura.
Nadie niega los problemas de la industria de los contenidos. Pero su solución no está en perseguir a ciudadanos y emprendedores con leyes especiales y sin garantías legales adecuadas.
Las leyes del Ministerio de la Abundancia son mantener y controlar la escasez para sostener el control y el poder. Parcelar internet con vallas y espacios privados porque ni algunas mentes ni algunos negocios soportan la abundancia del mayor espacio público y de libertad creado jamás.
Monday, September 14, 2009
Juicio a Egunkaria
En noviembre próximo el diario Egunkaria llegará a juicio en la Audiencia Nacional. Sus ex trabajadores se volvieron a manifestar ayer en Andoain, donde hoy está la sede de Berria, para denunciar de nuevo el absurdo de confundir la defensa del euskera y de ideas nacionalistas con el apoyo y la obediencia a ETA.
Egunkaria lleva más de seis años cerrado. Y prácticamente todo el mundo sabe, y algunos reconocen, como cuenta José Yoldi en El País, lo absurdo de unas acusaciones y un proceso convertidos en ejemplo de los excesos de cierta política antiterrorista y de los vicios de algunas actuaciones judiciales.
Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Juan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi se sentarán en el banquillo (auto del juez Gómez Bermúdez, 30 de julio, pdf) porque nadie quiere retirar una apuesta y reconocer un error, como si lo hizo el fiscal al pedir el archivo del caso en el año 2006.
El juez Gómez Bermúdez no ha aplicado la doctrina Botín al justificar que basta la acusación particular para el juicio y que los hechos no han sido juzgados en el caso Ekin.
Casi seis años después, Egunkaria ha desaparecido, porque el cierre provisional de un diario no tiene arreglo cuando el tiempo lo condena.
En el Parque Cultural Martin Ugalde de Andoain se edita Berria, un diario en euskera, de izquierda y donde el nacionalismo no es línea editorial. Su objetivo es ser un diario de calidad alejado de cualquier boina. Martxelo Otamendi, su director como antes fue director de Egunkaria, defiende la necesidad de abrir y ampliar la cultura y la información de los pueblos con lenguas minoritarias con una apertura al mundo y a las ideas ambiciosa. Sin límites lingüísticos, territoriales ni ideológicos.
Y en Berria se trabaja para la información en euskera no sea sólo información local. ¿Por qué escribir en una lengua obliga a hacerlo bajo una perspectiva ideológica? ¿Si no ocurre con el inglés o el español, por qué habría de hacerlo con las lenguas minoritarias?
La redacción de Berria, sus directivos y sus muchísimos pequeños accionistas, están empeñados en defender su lengua sin encerrar la mente ni a su público en un territorio ni unas ideas.
"Queremos ser el New York Times del euskera", me ha dicho en alguna ocasión Martxelo. Y lo intentan con fuerza y convicción.
Trabajar en Berria es hacerlo en uno de esos medios que ahora están tan de moda en los blogs y las reflexiones digitales cuando se habla del futuro de la prensa y la viabilidad de los medios sin ánimo de lucro.
Con un capital dividido entre miles de pequeños accionistas, la mayoría también suscriptores, editan un diario general y siete periódicos locales. Su compromiso con la lengua vasca es inagotable, pero Berria es un diario con una altísima calidad editorial y un enfoque más abierto y global que el de la mayoría de la prensa local.
El juicio a Egunkaria pasará. Veremos con qué sentencia. Pero la peor sería cercenar la libertad y el compromiso de muchos profesionales y ciudadanos con su derecho a pensar y defender sus ideas desde la libertad y el respeto democrático y ciudadano, en una lengua sobre la cual no puede triunfar la maldición del terrorismo.
Egunkaria lleva más de seis años cerrado. Y prácticamente todo el mundo sabe, y algunos reconocen, como cuenta José Yoldi en El País, lo absurdo de unas acusaciones y un proceso convertidos en ejemplo de los excesos de cierta política antiterrorista y de los vicios de algunas actuaciones judiciales.
Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Juan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi se sentarán en el banquillo (auto del juez Gómez Bermúdez, 30 de julio, pdf) porque nadie quiere retirar una apuesta y reconocer un error, como si lo hizo el fiscal al pedir el archivo del caso en el año 2006.
El juez Gómez Bermúdez no ha aplicado la doctrina Botín al justificar que basta la acusación particular para el juicio y que los hechos no han sido juzgados en el caso Ekin.
Casi seis años después, Egunkaria ha desaparecido, porque el cierre provisional de un diario no tiene arreglo cuando el tiempo lo condena.
En el Parque Cultural Martin Ugalde de Andoain se edita Berria, un diario en euskera, de izquierda y donde el nacionalismo no es línea editorial. Su objetivo es ser un diario de calidad alejado de cualquier boina. Martxelo Otamendi, su director como antes fue director de Egunkaria, defiende la necesidad de abrir y ampliar la cultura y la información de los pueblos con lenguas minoritarias con una apertura al mundo y a las ideas ambiciosa. Sin límites lingüísticos, territoriales ni ideológicos.
Y en Berria se trabaja para la información en euskera no sea sólo información local. ¿Por qué escribir en una lengua obliga a hacerlo bajo una perspectiva ideológica? ¿Si no ocurre con el inglés o el español, por qué habría de hacerlo con las lenguas minoritarias?
La redacción de Berria, sus directivos y sus muchísimos pequeños accionistas, están empeñados en defender su lengua sin encerrar la mente ni a su público en un territorio ni unas ideas.
"Queremos ser el New York Times del euskera", me ha dicho en alguna ocasión Martxelo. Y lo intentan con fuerza y convicción.
Trabajar en Berria es hacerlo en uno de esos medios que ahora están tan de moda en los blogs y las reflexiones digitales cuando se habla del futuro de la prensa y la viabilidad de los medios sin ánimo de lucro.
Con un capital dividido entre miles de pequeños accionistas, la mayoría también suscriptores, editan un diario general y siete periódicos locales. Su compromiso con la lengua vasca es inagotable, pero Berria es un diario con una altísima calidad editorial y un enfoque más abierto y global que el de la mayoría de la prensa local.
El juicio a Egunkaria pasará. Veremos con qué sentencia. Pero la peor sería cercenar la libertad y el compromiso de muchos profesionales y ciudadanos con su derecho a pensar y defender sus ideas desde la libertad y el respeto democrático y ciudadano, en una lengua sobre la cual no puede triunfar la maldición del terrorismo.
Friday, July 10, 2009
Libertad en la nube
Libertad. Será uno de los puntos críticos del desarrollo de Chrome OS, un sistema operativo para las aplicaciones en internet y el cloud computing. ¿Cómo respetará Google la privacidad y los contenidos de los usuarios? ¿Cómo se dispondrá de los datos y contenidos sin conexión? ¿Cómo liberarse del universo Google cuando encender el ordenador es entrar por una puerta del ciberespacio que te guía y de la que muchos no saldrán?
Algunas condiciones que Google debería cumplir: transparencia, sistema abierto, portabilidad, mantener el contrato con el usuario y privacidad.
Análisis en Soitu.es
Algunas condiciones que Google debería cumplir: transparencia, sistema abierto, portabilidad, mantener el contrato con el usuario y privacidad.
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Wednesday, February 11, 2009
La imagen de Eluana
Ningún gesto de amor mayor que mantener la imagen de una Eluana Englaro bella y viva, repleta de la alegría de vivir de la juventud.
"Nada más revolucionario que la certeza del derecho", como dice tan bien Roberto Saviano. La voluntad honesta y democrática de un padre para sostener la imagen de su hija como quería verla, acudir a los tribunales con la libertad del derecho y la razón, y no explotar el dolor de un cuerpo muerto mantenido en vida.
Por un momento pareció triunfar la hipocresía del interés político y de una iglesia vergonzosa bajo la égida del peor Ratzinger que no parece recordar sus propios textos contra el encarnizamiento terapéutico -se acuerda el sacerdote Bejamín Forcano en Público-, su dogmática oposición a cualquier tufo de lo que llaman vida artificial y que sólo es el estudio de la naturaleza para perfeccionarla, hasta donde podemos, con la ciencia.
Demasiada hipocresía.
Berlusconi y el Vaticano han intentado mantener su poder frente a un ciudadano que ha ejercido la radical libertad y el civismo infinito de acudir a los tribunales para reforzar el derecho y sostener su razón de que su hija ya no vivía la vida que merece vivirse.
Pero cuando todos manipulaban él no manipuló. No filtró las imágenes del cadaver doliente y deformado de Eluana. Él, su padre Beppino Englaro, la quería bella, muerta con la justicia de la razón, el derecho y la biología. No condenada por el dogmatismo.
¿Cuándo debía morir Eluana?
Quince días, dijeron los médicos. Y la maquinaria de la manipulación y el poder aceleró para conculcar el derecho y asediar la razón.
Pero la vida, dios, o quien sea, fue más justo. Y Eluana murió antes de dar tiempo a más desatino.
Ahora todos somos más libres, sabemos más de quienes siempre asedian y recortan nuestra radical libertad de personas y ciudadanos. Y, como dice Saviano, sin gritar, sin acusar, podemos vivir nuestro dolor con la esperanza de que queda algo de justicia.
"Nada más revolucionario que la certeza del derecho", como dice tan bien Roberto Saviano. La voluntad honesta y democrática de un padre para sostener la imagen de su hija como quería verla, acudir a los tribunales con la libertad del derecho y la razón, y no explotar el dolor de un cuerpo muerto mantenido en vida.
Por un momento pareció triunfar la hipocresía del interés político y de una iglesia vergonzosa bajo la égida del peor Ratzinger que no parece recordar sus propios textos contra el encarnizamiento terapéutico -se acuerda el sacerdote Bejamín Forcano en Público-, su dogmática oposición a cualquier tufo de lo que llaman vida artificial y que sólo es el estudio de la naturaleza para perfeccionarla, hasta donde podemos, con la ciencia.
Demasiada hipocresía.
Berlusconi y el Vaticano han intentado mantener su poder frente a un ciudadano que ha ejercido la radical libertad y el civismo infinito de acudir a los tribunales para reforzar el derecho y sostener su razón de que su hija ya no vivía la vida que merece vivirse.
Pero cuando todos manipulaban él no manipuló. No filtró las imágenes del cadaver doliente y deformado de Eluana. Él, su padre Beppino Englaro, la quería bella, muerta con la justicia de la razón, el derecho y la biología. No condenada por el dogmatismo.
¿Cuándo debía morir Eluana?
Quince días, dijeron los médicos. Y la maquinaria de la manipulación y el poder aceleró para conculcar el derecho y asediar la razón.
Pero la vida, dios, o quien sea, fue más justo. Y Eluana murió antes de dar tiempo a más desatino.
Ahora todos somos más libres, sabemos más de quienes siempre asedian y recortan nuestra radical libertad de personas y ciudadanos. Y, como dice Saviano, sin gritar, sin acusar, podemos vivir nuestro dolor con la esperanza de que queda algo de justicia.
Tuesday, January 20, 2009
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