Habemus proyecto de ley audiovisual. Tras años de retraso y urgencias en un sistema en cambio total, el Gobierno envía al Congreso una norma para regular el audiovisual, de la televisión a los móviles. Y hace dudar si nace muerta o con demasiados agujeros. ¿Es posible una ley sobre televisión cuando el desarrollo de internet y los servicios digitales ocupa todas las pantallas? El proyecto promete adaptación, pero insiste en una regulación de contenidos y empresas similar a las viejas licencias, cuando el espacio radioeléctrico era escaso. Y no adopta una regulación para los servicios no lineales, a demanda o en internet, limitada a garantizar derechos esenciales del público y los menores como la defendida por la Comisión Europea y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La ley regula por primera vez de forma conjunta las televisiones públicas y comerciales estatales, aunque queda pendiente el telestado autonómico. Incluye la TDT, la televisión de pago, en el móvil y la alta definición, además de extender la regulación a nuevas plataformas audiovisuales aunque no necesiten licencia.
No habrá autoridad única para la convergencia digital, una batalla aún pendiente. El Gobierno quiere crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como los autonómicos de Cataluña, Navarra y Andalucía, criticados a menudo por sus injerencias en los contenidos. Una fórmula superada en países con tradición de autoridades audiovisuales como Gran Bretaña, Italia o Austria, a favor de consejos de televisión y telecomunicaciones con mínima regulación de contenidos.
Es la propuesta hecha por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para solucionar con un solo criterio los problemas de la convergencia digital que afectan a televisiones y telecos. Es difícil entender que la CMT mantenga competencias audiovisuales y recaude las tasas a televisiones y telefónicas para financiar RTVE pero no participe en su regulación. El control de la televisión sigue tentando a los políticos y quieren una nueva institución estatal sin aprovechar los recursos humanos y materiales ya disponibles en la CMT, cuya reorganización sería más eficiente.
Tampoco hay avances sobre la definición de un servicio público a menudo muy comercial que sólo blinda los derechos de retransmisión de las grandes competiciones deportivas. Esperemos que la interactividad propuesta en la ley sea más real que la participación en su redacción. Los propios consejos audiovisuales autonómicos, las empresas tecnológicas o los medios comunitarios sin ánimo de lucro se han quejado de no ser escuchados por la vicepresidenta Fernández de la Vega ni los redactores del proyecto.
Columna en Público
