El Partido Popular se opondrá a la reforma legal para desconectar webs sin orden judicial. Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PP, cree que el gobierno cambiará la propuesta de convertir al Ministerio de Cultura en policía de internet antes de que llegue al Congreso, pero si la mantiene su partido se opondrá, incluso si tienen que recurrir al Tribunal Constitucional.
Es el compromiso del PP a las demandas de los internautas agrupados por el manifiesto en defensa de internet expresado por sus responsables en la reunión que mantuvimos ayer. González Pons, José María Lassalle (portavoz de cultura del partido) y Carlos Floriano, acompañados de dos asesores de Mariano Rajoy afirmaron su convicción de que "no deben existir leyes especiales para internet".
Reconocen que la Red es un nuevo espacio público cuyas leyes deben ser las mismas que las de la calle y por tanto los dirigentes del PP rechazan también una reforma para judicializar la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. "Creemos que la red debe ser un derecho fundamental, como el acceso a la banda ancha", reiteró Pons.
El PP propone un debate en profundidad de la propiedad intelectual para garantizar los derechos de los autores sin restringir libertades, más apoyo a la industria de los contenidos y del software española y más medios para los policías y jueces "porque en internet la fragata la llevan los piratas".
El PP ondeó la bandera de internet. Pero las declaraciones de sus dirigentes expresan las contradicciones de un partido que ha votado a favor del restrictivo paquete telecom en Europa, con gobiernos autonómicos que no apoyan las medidas ni libertades de acceso a la información de los ciudadanos, y sin que hayan presentado en el Parlamento propuestas en este sentido, con la excepción de su rechazo al canon digital después de la aprobación de la reforma de la ley de propiedad intelectual en el año 2006.
Al PP le preocupa más el futuro de la prensa de pago y de las editoriales que el de la música o el cine. Los populares están cerca de las reivindicaciones de los editores de prensa y de las televisiones para reforzar su control de los contenidos. Lassalle y Pons expresaron su preocupación por "el futuro de la prensa de pago, imprescindible para la democracia" y por los derechos de los editores y la evolución del libro electrónico. También por las patentes de software español, sin contemplar el software libre.
"Libertad y propiedad son dos conceptos claves para un partido de centroderecha como el nuestro", afirman. Pero el partido no tiene propuestas elaboradas sobre el futuro de esos derechos. Los representantes del manifiesto reclamamos la ampliación del dominio público, la adopción de las licencias flexibles y el copyleft en la legislación española, libertad para que los creadores elijan cómo y quién representa sus derechos, y un apoyo explícito al derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.
El debate está abierto. El PP ha actualizado sus propuestas en nuevas tecnologías desde el programa electoral de las elecciones europeas pasadas. Propone una carta europea de derechos de los usuarios que podría aproximarse al documento propuesto por varias organizaciones para la presidencia europea española, incluye su rechazo a la privación de acceso a internet sin garantía judicial y su oposición a la disposición final de la ley de economía sostenible. Ahora falta escuchar al partido llevar esas promesas a la práctica, en el Parlamento y en sus gobiernos y cámaras autonómicas.
Los contactos con los partidos de los representantes del manifiesto prosiguen. Casi todos están convencidos de que el gobierno cambiará su propuesta antes de llegar al Parlamento. La comisión interministerial de propiedad intelectual ha acabado sus trabajos y ha enviado su propuesta a los ministerios, aunque todavía no se ha hecho pública.
Otras crónicas de la reunión: Microsiervos, Enrique Dans
