RTVE respira

RTVE respira. El gobierno, también. Las televisiones privadas, más. Pero es una bocanada de oxígeno, porque la financiación de la televisión pública sigue en duda. El Tribunal de Justicia Europeo ha dado una sorpresa al considerar legal la tasa francesa a las empresas de telecomunicaciones para financiar la televisión pública, el modelo de la ex vicepresidenta Fernández de la Vega para retirar la publicidad de la televisión estatal.
RTVE confía en una sentencia similar para la tasa del 0,9% de los ingresos a las telecos españolas por sus servicios audiovisuales. Esa aportación junto al 3% de las cadenas privadas en abierto y el 1,5% de los ingresos de las de pago generan más de 215 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto de la televisión estatal, a la baja por la crisis y la caída de ingresos tanto de televisiones como de operadores de telecomunicaciones.
Si la sentencia se confirma para España perderán los partidarios de la vuelta de la publicidad a TVE –anunciantes y políticos diferentes, de Montoro al PSOE-, pero el sistema de financiación seguirá siendo inestable y parcial al no afectar a las autonómicas y locales.
RTVE necesita estabilidad, pero también adelgazar y ahorrar dedicándose sólo al servicio público, no a competir con programación comercial. A los políticos les da pavor un canon como en otros países, lo que facilitaría una radiotelevisión pública más independiente. Las privadas quieren que se cobre a cada casa con tres tramos para toda la televisión pública: estatal, autonómica y local.
La solución es mixta para diversificar ingresos y evitar el pago directo por los ciudadanos: unificar la financiación de las cadenas públicas, permitir publicidad limitada a ciertas horas y programas (al estilo del actual patrocinio), y mantener tasas sobre el uso de dominio público y el resto de servicios audiovisuales.
Para que funcione la televisión pública debe adelgazar, centrarse en el servicio público, ser de verdad independiente -política y financieramente-, con total transparencia y responsabilidad económica y de servicio público.

Columna en los diarios de Vocento

Más pantallas para el cine

Una foto con mucha gente. Es el resumen de la primera reunión de una comisión entre el gobierno y la industria para diseñar el futuro de la financiación del cine español. Entre tantos aún faltaban los que todos menos los consumidores siempre relegan: el vídeo en internet. Tan presente con las descargas en las pantallas y aún incipiente en una oferta legal sometida a los intereses de una industria poco dispuesta a cambiar.

En la comisión mandan las televisiones y las grandes distribuidoras. Las teles quieren librarse de la obligación de financiar el cine con el 5% de sus ingresos. Las segundas mantener ventanas de exhibición –el lapso entre las diferentes formas de ver cine: salas, televisión de pago, DVD, vídeo bajo demanda, etc.- que castigan a los cineastas con falta de salas y desaparición de sus películas de las pantallas durante muchos meses. Además empujan a los aficionados a las descargas por la imposibilidad de ver las películas o las series que más gustan cuando se oye hablar de ellas.

El cine y la televisión quieren secar la vaca. El peligro es acostumbrar a los espectadores a otras alternativas de consumo inmediato, multipantalla y gratificación instantánea. Nadie quiere esperar para consumir ni para compartir. Es el mandamiento de una economía digital resistida por los que han sido dueños durante casi un siglo.

No es nuevo. El cine nació como un monopolio que se mudó a Hollywood para romper el cártel original hasta que convertirse en otro oligopolio. La televisión ha vivido de la exclusividad de las licencias hasta que internet ha borrado fronteras legales y entre pantallas.

Unos reclaman ventanas dinámicas para exhibir series y películas bajo demanda (VoD) cuando no están en otras pantallas: fin de la exclusividad de exhibición y aprovechar todo el catálogo que no se puede ver. Los productores, no depender de las televisiones ni del Estados y financiar el cine con un impuesto sobre la taquilla. La mejor solución es más oferta cuando la gente quiere verla, pero la resistencia de los lobbies es enorme.

Columna en los diarios de Vocento

Rajoy condena a RTVE

Rajoy fuerza la reestructuración de RTVE. La reducción de 200 millones de euros en los 550 millones de aportación estatal, una rebaja del 36,5%, deja a la televisión pública con un presupuesto de mil millones para 2012, inferior a los 1.097 millones con los que contaba en 2009, antes del despliegue de la TDT y de su apuesta por la televisión conectada e híbrida.
Es el peor castigo para una televisión pública siempre criticada por el PP.
RTVE tendrá que abordar una reestructuración como la emprendida por la BBC para eliminar canales de sus múltiples y reducir servicios, la única forma de rebajar sus gastos de producción y recursos para asumir el ajuste.
La televisión estatal tendrá que elegir entre cerrar servicios y canales para mantener competitividad en La 1 o rebajar toda su oferta y perder su liderazgo de audiencia.
El telestado de Rajoy será más reducido en cuanto a titularidad pública, hará que el duopolio privado recupere parte del negocio perdido durante la crisis y confía en esa alianza para sostener su apoyo político.

Los recortes en el telestado son obligados en la situación de crisis actual, pero vuelve a faltar una definición del servicio público en la sociedad de la información, donde la oferta audiovisual es enorme.
Por no esperar, ni siquiera se ha sacado a RTVE de su interinidad tras la dismisión de Alberto Oliart para nombrar un presidente encargado de liderar la reestructuración.
Pero el servicio público continúa haciendo falta donde lo privado no llega, tanto en sus esencias -informativos, programación infantil, educación y divulgación, minorías y colectivos especiales- como para convertirse en una plataforma de contenidos y servicios ciudadanos orientada a garantizar el acceso a los contenidos financiados por todos o de dominio público.

Cada vez que se manosea RTVE, con más o menos financiación, se obvia la necesidad de repensar la función del servicio público. Cuando a la BBC se le ordenó recortar su presupuesto un 20%, lo primero que se hizo fue rediseñar el concepto de la corporación británica, su papel en la sociedad y en el mercado de medios, y su futuro.

Esa visión se vuelve a echar de menos en los recortes del gobierno de Rajoy igual que en la coja y poco ambiciosa Ley Audiovisual aprobada por el ejecutivo de Zapatero.

Las ideas, el concepto del servicio público y su desarrollo son la medida de la calidad de la televisión pública, no sólo el dinero.

Cinco millones más financiar para RTVE

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) obliga a las televisiones a pagar 4,9 millones de euros más para la financiación de RTVE en 2009.
El regulador ha comenzado a publicar las liquidaciones complementarias para las televisiones, como adelanté la semana pasada, y seguirá examinando las declaraciones de 2010, en las que se calcula una diferencia entre mucho mayor entre lo pagado por televisiones y operadoras de telecomunicaciones y la obligación legal.
Las televisiones declararon una facturación bruta en 2009 en la que no incluían algunos ingresos como las de sus canales en las plataformas de pago, lo cobrado por los descodificadores o por derechos de contenidos.
La CMT sostiene que "estos ingresos no pueden suponer en ningún caso una deducción en la cifra de ingresos brutos de explotación".
Las plataformas de pago deben aportar un 1,5% de sus ingresos brutos. Digital Plus tendrá que pagar 2,1 millones más; Ono, otro millón, y Telefónica (Imagenio), casi 710.000 euros.
Las cadenas en abierto deben pagar el 3% para financiar RTVE. La Sexta (con Gol TV) deberá aportar 654.000 euros más; Cuatro casi 260.000 y Antena 3 otros 86.900.

En 2010, telefónicas, cadenas en abierto y televisiones de pago declararon 258,57 millones de euros para la financiación de RTVE. La CMT examina esas declaraciones y calcula una diferencia mucho mayor que la de 2009.
Los operadores tendrán que pagar más mientras el Tribunal Europeo analiza la legalidad de la financiación de RTVE y cuando tanto la Corporación como casi todo el sector considera que el modelo es insostenible.
El nuevo presidente de Uteca, la patronal de la televisión privada, ya tiene una nueva reivindicación contra la financiación de la televisión pública cuando se reclama el fin de la publicidad en las autonómicas.

La RTVE sin publicidad se ahoga

RTVE corre el peligro de no poder pagar las nóminas antes de final de año. La crisis provocada por la eliminación de la publicidad es acuciante. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) revisará las liquidaciones de las cadenas privadas y de las operadoras de telecomunicaciones mientras el Tribunal de Justicia Europea resuelve la legalidad de una financiación que el Gobierno sigue defendiendo con más resignación que convencimiento.
Al Ejecutivo no le queda más remedio que parchear la ley. No puede volver a la publicidad pese a las demandas de los anunciantes ni aumentar las subvenciones -550 millones de un presupuesto anual de 1.200- sin un enorme coste político.
Sólo el aumento de ingresos por patrocinios y las donaciones pueden salvar las cuentas de RTVE y al Ejecutivo. Diversas fuentes calculan en 200 millones la recaudación posible por esos conceptos. Pero la reforma de la ley de financiación es insoslayable, para el gobierno del PSOE o para uno del PP que defiende la privatización de las autonómicas y la reducción de la estatal.

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Encantados sin publicidad en TVE

Los espectadores están encantados sin publicidad en TVE. Uno de cada nueve prefieren la televisión pública sin publicidad y la consideran un beneficio para la sociedad, según una encuesta de la patronal de las televisiones privadas (Uteca).
El estudio sanciona el liderazgo de audiencia de TVE, pero muestra el desconocimiento de cómo se han beneficiado las televisiones privadas y el resto de las autonómicas con la publicidad perdida por la pública.
Las autonómicas son el objetivo de Uteca, cuyo presidente ha dimitido. Alejandro Echevarría había superado su mandato y en la patronal se reequilibran fuerzas con el nuevo panorama tras la fusión de Telecinco y Sogecable. Pero también cuando la interlocución con el gobierno ha cambiado tras la etapa de María Teresa Fernández de la Vega.
Una cuarta parte de los ciudadanos está preocupada por la financiación de RTVE y se desconoce cómo se reparten los ingresos a la espera de la decisión de Bruselas. Uteca insiste en que no ha aumentado la financiación pública a pesar del aumento de las subvenciones, lo que desmiente a la patronal.
Por supuesto, los telespectadores tampoco conocen los problemas para los anunciantes, con una pérdida de impactos y un aumento de los precios que desespera a los anunciantes y que no ayuda al resto de los medios ni a la mejora de la eficacia publicitaria.

Uteca tve sin publicidad

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Un cine demasiado dependiente

Al cine español le podrían aplicar la ley de dependencia. El relevo de Ignasi Guardans como director del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) por Carlos Cuadros, un antiguo colaborador de la ministra Ángeles González-Sinde en la Academia del Cine, ha vuelto a airear los problemas de un sector endogámico, dependiente de la financiación pública y de las televisiones, con estructuras anquilosadas en muchos organismos y donde los resultados de auditorías como la realizada en la Filmoteca Nacional o las prácticas de algunos festivales de cine preocupan a los responsables del sector.

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Bruselas rechaza la financiación de RTVE, ¿quién pagará?

La Comisión Europea exige a España que no financie RTVE sin publicidad con la tasa a las telecomunicaciones. Un impuesto que ha empezado a cobrar hace unos días para recaudar 150 millones de euros, que se elevarán a 230 al acabar el año. El gobierno sabía que esta decisión llegaría. Y también que aunque defienda la nueva financiación en Bruselas, el modelo no es sostenible.
Desde el sector y los reguladores se reclama la imposición de un canon para la televisión pública o una tasa sólo para los servicios audiovisuales, sin diferenciar entre pantallas en la era de la convergencia.
La llamada tasa Google que las telefónicas también reclaman para ayudar a financiar sus redes. Una opción para un posible pacto del gobierno con telefónicas y televisiones bajo el paraguas de que en la era digital todo es televisión.

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Anunciantes al rescate de RTVE

Los anunciantes ya no saben qué hacer para recuperar la publicidad y la audiencia perdidas en RTVE.
Ante las noticias sobre una posible decisión europea contra el nuevo modelo de financiación de la radiotelevisión estatal por el impuesto a las telecomunicaciones, la Asociación Española de Anunciantes sale al rescate con inusual rapidez.
Los anunciantes ofrecen portarse bien, no saturar la televisión pública como en los años de la exuberancia y compensar los ingresos que se perderán si no hay impuesto a las telecos con 250 millones de publicidad. Y así evitar su repercusión en las finanzas públicas, o sea, en los ciudadanos.

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Telecos y televisiones empiezan a pagar por RTVE

A pagar. Las cadenas privadas y las empresas de telecomunicaciones tienen 20 días hasta principios de octubre para pagar su parte de la nueva financiación de RTVE. Un sistema aprobado el año pasado y en peligro por el hundimiento de la televisión de pago, la caída de los ingresos de las telecomunicaciones y la investigación de la Comisión Europea sobre la tasa a las telecos.
El sábado pasado el BOE publicó los modelos pago para las televisiones en abierto (3% de sus ingresos), las de pago (1,5%) y las operadoras de telecomunicaciones (0,9%) de ámbito no autonómico o local.
El tiempo acucia cuando acaba el año y las arcas de RTVE sufren.
El presidente de RTVE y sus directivos ya han empezado a negociar con el gobierno los presupuestos para 2011, que no deberían exceder los 1.200 millones de euros. Pero el nuevo sistema de financiación y las cuentas hechas con la ley de financiación de la radiotelevisión pública, aprobada en agosto de 2009, no están claras.
El gobierno ha decidido no esperar a la resolución europea sobre la tasa a las operadoras de telecomunicaciones y reclama el dinero a todas las empresas mientras continúa la investigación tras ser aprobado el impuesto a las televisiones privadas.
RTVE espera recaudar 150 millones de las telecos y otros cien de las televisiones, además de recibir otros 320 millones de la tasa radioeléctrica y 580 millones de subvención estatal.
Pero la sostenibilidad de la financiación de la televisión estatal no está clara. Los ingresos de los servicios audiovisuales cayeron un 17% en 2009, un 12% si se cuentan los 1.450 millones de subvenciones a las televisiones públicas.
Este año las grandes cadenas nacionales en abierto han mejorado sus resultados hasta duplicar los beneficios del primer semestre de 2009 gracias a la retirada de la publicidad de RTVE.
Telecinco, Antena 3 y Prisa han ganado hasta junio 225 millones de euros con unos ingresos de 2.800 millones de euros. La Sexta facturó hasta mayo 120 millones de euros sólo en publicidad y cerró por primera vez un mes con beneficios. Y todas han repercutido ya en sus costes operativos el nuevo sistema de financiación.
El panorama en las telecomunicaciones y la televisión de pago es de caída de ingresos. Además de la investigación de la Comisión Europea, las telecos han seguido perdiendo facturación en los primeros meses de este año y sus divisiones de televisión de pago no han conseguido los buenos resultados de las grandes cadenas en abierto.
Los ingresos de las telecomunicaciones han caído un 4,7% en el primer trimestre de 2010 (8.016 millones de euros), según las cifras disponibles de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Pero los servicios audiovisuales han perdido un 13% respecto al mismo período de 2009, con unos ingresos de 1.037,5 millones de euros pese a la mejora de los resultados de las cadenas en abierto.
La televisión de pago sufre un fuerte descenso de sus ingresos por el hundimiento del pago por visión del fútbol, provocado por el nuevo escenario de Gol TV y más partidos en abierto.
Digital Plus ha bajado sus ingresos de 733,5 millones de euros en el primer semestre de 2009 a 567,24 hasta junio de este año pese a la mejora de la publicidad. Siguen cayendo sus abonados (1,76 millones a fin de agosto) y no se recupera de la caída del pago por visión.
El cable nacional ONO ingresó 56,34 millones por sus servicios de televisión hasta marzo, cinco millones menos que en 2009. En la televisión por internet (IPTV) y en el móvil, sólo Telefónica aumentó sus ingresos el primer trimestre hasta 47,64 millones de euros frente a 40,1 en 2009.
Si las cifras de la televisión de pago no mejoran a lo largo del año, la financiación de RTVE está en peligro, como denuncian los sindicatos y fuentes del sector audiovisual. Y la espada de la Comisión Europea aún debe caer sobre una parte importante de su financiación.

El precio de la TV

¿Cuánto está dispuesto a pagar por la televisión? La televisión es cada día menos gratis. Sólo las públicas cuestan a los hogares más de 130 euros anuales, 87,6 euros por hogar sólo en subvenciones: 1.450 millones de euros el año pasado. Pero además la TDT será cada vez más de pago. Iba a ser gratis, ¿se acuerdan? La crisis y los llantos de las grandes cadenas para entrar en el negocio de pago y no depender sólo de la publicidad acabaron con aquella promesa.

Bruselas estudia si aprobará la nueva financiación de RTVE con su tasa a las telefónicas (el 0,9% de sus ingresos). El Gobierno quiere cobrar por el negocio audiovisual de televisión por internet (IPTV) y por la oferta de vídeo e internet TV directamente a los ordenadores y a los móviles.

Más de cuatro millones de hogares españoles son abonados a la televisión de pago. Les cuesta más de 31 euros mensuales, según datos de Red.es, aunque la mayoría pagan más de 40 euros. Alrededor de 400 euros al año en televisión de pago para un 22% de los hogares.

Pero los ciudadanos siguen sin saber muy bien cuánto les cuesta el telestado. Con la TDT el gasto ha sido enorme para cambiar antenas, comprar descodificadores o abandonar el viejo televisor para entregarse a las grandes pantallas planas. Las televisiones públicas, autonómicas y locales incluidas, costaron alrededor de 2.000 millones de euros a las arcas públicas en 2009, 1.450 sólo en subvenciones y el resto en otros conceptos. La financiación de tanta televisión sigue sin estar clara. RTVE ingresa menos de lo que esperaba de las tasas a las televisiones privadas y por uso del espectro radioeléctrico mientras Bruselas dirime el impuesto a la nueva televisión en internet. Las autonómicas y locales públicas mantienen la publicidad, pero el año pasado la crisis se cebó con ellas por su pérdida de audiencia.

Por eso no es de extrañar algunas voces vuelvan a defender un canon para la televisión pública. Las cuentas claras, que cada ciudadano sepa cuánto paga. ¿Preferimos saberlo o ver la tele sin mirar al bolsillo?

Columna en los medios de Vocento

Competencia critica la financiación imposible de RTVE

A nadie convence la nueva financiación de RTVE. A las objeciones de la Comisión Europea y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se une ahora la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al afirmar que es "susceptible de crear asimetrías en los distintos mercados a los que afecta" y cuestionar que se pueda imponer un impuesto a las telecomunicaciones por un negocio que no es el suyo.
Como ya comenté en su día, la exclusión de la tasa de RTVE a las televisiones locales y autonómicas, incluidas el resto de las públicas, no es aceptable a no ser que se optara por un sistema progresivo y no lineal en función de los beneficios de las televisiones y no de su ámbito territorial.
Esa progresividad podría acabar además la disputa sobre el otro gran olvidado en la ley audiovisual, que incluye la financiación de la radiotelevisión pública estatal: los servicios audiovisuales online, tanto la IPTV como la internet TV y los servicios que llegarán con la convergencia de la televisión e internet en las nuevas plataformas.
Otra opción, como propone Ángel García Castillejo, consejero de la CMT, en un análisis sobre la televisión pública que se publica la semana que viene en Cuadernos Evoca, es "la introducción, como ya ocurre en los países de nuestro entorno europeo, de un canon para la financiación de la Corporación RTVE". Castillejo reconoce que "la introducción del canon para la financiación de la radiotelevisión pública en España, seguro que no es una medida fácil, pero estoy seguro que es una medida responsable y coherente con la defensa de un servicio público de radiotelevisivo fuerte, independiente, de calidad y en convivencia adecuada con el resto de operadores audiovisuales españoles".
La CMT ya propuso en su informe sobre la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española una alternativa con la creación de un canon por utilización del espectro radioeléctrico que podría llegar a 418 millones de euros anuales, 98 millones más que los 320 millones ya previstos en la nueva financiación de RTVE y podría reducir los 230 millones que se espera recaudar de la nueva tasa impuesta a las telecos.
La financiación de los 1.200 millones de presupuesto de RTVE para este 2010 y 2011 no garantiza la financiación futura ni los criterios de eficiencia económica que se deben exigir a la Corporación.
El telestado costó en 2009 casi 126 euros por hogar, 87,6 euros sólo en subvenciones: 1.450,4 millones de euros del erario público para la radiotelevisión estatal y las autonómicas, excluidas de la propuesta de financiación frenada por la Comisión Europea.
El servicio público de radiotelevisión no es sostenible, ni mucho menos responsable y eficiente, si no es transparente y se rinden cuentas a los ciudadanos de su coste.
Pero además, como también reflexiona García Castillejo en el artículo que aparecerá la semana próxima en Evoca, y se une ahora la CNC, es preciso definir claramente el servicio público y evitar que la presión de las cadenas comerciales lo amenace o se llegue a un reclamo de que sea prestado por las privadas, a imitación del servicio universal de telecomunicaciones.
A esa encrucijada hemos llegado.
Mientras, los anunciantes siguen quejándose de la pérdida de uno de los principales soportes publicitarios, del encarecimiento de la publicidad en las televisiones privadas y de la desaparición de los GRPs.
Puede discutirse si hay que mantener el servicio público de radiotelevisión. Pero si pervive debe ser sostenible, transparente y eficiente, tanto social como económicamente. Y también como motor del sector y la convergencia.
Esa es la línea estratégica que acaba de decidir la BBC. Más austeridad, responsabilidad económica y social, contenidos de calidad y una BBC abierta e innovadora que impulse el desarrollo del resto de sector.
En definitiva, avanzar hacia un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales. Donde el acceso a contenidos de servicio público incluya la información, la cultura, la ciencia y los contenidos sociales y participativos relevantes.
La redefinición del servicio público en la era digital y la sostenibilidad, progresividad y transparencia de su financiación son la respuesta al cuestionamiento de una financiación que no despeja el futuro de RTVE ni del resto del sistema público audiovisual.

CN Competencia. Informe financiacion RTVE

125,76 euros por hogar para el telestado

El telestado cuesta a cada hogar español 125,76 euros, 87,6 euros si se cuentan sólo las subvenciones. Las televisiones recibieron el año pasado 1.450,4 millones de euros en subvenciones. Las televisiones públicas ingresaron otros 637,7 millones en publicidad, muy por debajo de los 1.528,3 millones de euros de las televisiones privadas, según los datos del informe 2009 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
El telestado devora recursos públicos a mayor velocidad por la crisis en lugar de adelgazar y ahorrar dinero de las arcas públicas: 172 millones más que en 2008, cuando las subvenciones a la televisión fueron de 1.278 millones.
Las televisiones facturaron 5.991,1 millones de euros en 2009, un 12% menos que en 2008. La caída de la facturación publicitaria fue del 17,9% hasta los 4.541 millones de euros, así que las subvenciones sirvieron para aliviar el mercado audiovisual.

El aumento de dinero para las televisiones públicas no sirvió ni siquiera para sostener su audiencia, que sigue cayendo este año por encima de las privadas.
La publicación de los datos de ingresos y financiación de las televisiones en 2009 y la recurrida financiación de RTVE en Europa acelera la necesidad de un nuevo modelo de servicio público digital más allá de la televisión.
Un nuevo servicio público donde el dinero de los ciudadanos refuerce los contenidos, pero también el acceso a internet y el dominio público. El Estado debe animar la inversión en redes, que cayó por la menor facturación de las telefónicas pero también por las restricciones de crédito.
Una propuesta de servicio universal de telefonía más ambiciosa que la realizada por Industria y una subasta o licitación del espectro radioeléctrico resultado del dividendo digital con condiciones de inversión y servicios sería una buena inversión de futurpo para la sociedad de la información y ayudaría a impulsar la tan cacareada economía sostenible.
El sistema audiovisual español puede subsistir sin tanto telestado y una buena parte de los casi 1.500 millones que consume en subvenciones se podrían dedicar a más servicios y contenidos avanzados: científicos, culturales, educativos y tecnológicos.
Menos televisión y entretenimiento y más servicio público de acceso y contenidos digitales libres y abiertos para los ciudadanos garantizaría mayor creatividad y un refuerzo del dominio público.
El embrión de una sociedad donde los procomunes ayuden a extender el conocimiento y la innovación, en lugar de seguir apegados al control político de la información y a las cuotas de audiencia con programas que muy poco tienen que ver con un verdadero servicio público.

La TV y los precios del móvil preocupan a Europa

Los excesivos precios de la telefonía, sobre todo los móviles, la nueva Ley Audiovisual y la financiación de RTVE con cargo a las telecomunicaciones preocupan a la Comisión Europea. El Informe sobre el Mercado Único Europeo de Comunicaciones Electrónicas vuelve a denunciar el poder del ex monopolio Telefónica, la obsesión política con la televisión, la confusión de leyes y normas, y la lentitud en el crecimiento de la banda ancha, móvil y fija, como los principales problemas en la sociedad de la información.
La Comisión está preocupada por las trabas de los estados y los antiguos monopolios a un mercado único de telecomunicaciones más competitivo, barato y con mejores servicios.
En su informe sobre España, la Comisión pone el acento en los cambios legislativos y en la regulación del último año para denunciar la confusión entre las competencias del gobierno, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y las administraciones locales y autonómicas. Un escenario con demasiadas normas y pegas para el despliegue de nuevas redes y servicios.
Europa calcula en 44.200 millones el sector de las comunicaciones en España en 2008, estable respecto a años anteriores.

La banda ancha sigue siendo una de las debilidades principales. Una penetración del 21,5% en enero de 2010, por debajo de la media europea del 24,8% y con menor crecimiento. En los últimos meses se ha superado la barrera de los diez millones de líneas de banda ancha, en gran parte por las ofertas de portabilidad fija gracias a una mayor competencia en el mercado.

La banda ancha móvil está en un 3,8%, muy por debajo del 5,2% europeo o de países como Reino Unido en Italia, con casi el 7%. Y muy alejada del 17% de Finlandia o el 16,1% de Portugal.
El consumidor prefiere los paquetes de servicios -internet, telefonía fija, televisión y móvil cuando es posible-, con un 19,2% de la población abonada a estas paquetes. La falta de un desarrollo mayor de la televisión por internet (IPTV), en sólo un 4,3% de los hogares, y de la oferta de cable es uno de los problemas para el aumento de la penetración de la internet de alta velocidad. Sólo dos millones de hogares cuentan con paquetes de banda ancha e internet, según las últimas cifras de la CMT.
El despliegue universal de la TDT y la falta de más ofertas alternativas competitivas han ralentizado ese crecimiento.
Pero la televisión no sólo perjudica a la banda ancha. La financiación de RTVE alarma a la Comisión con las nuevas tasas para las operadoras de telecomunicaciones de un 0,9% de su facturación, el 1,5% para las plataformas de pago y otro 3% para las televisiones. Bruselas recuerda que tiene bajo investigación la nueva financiación de la televisión estatal.
El informe incide en la falta de previsión y de consenso con el sector para imponer una norma que debería haber minimizado el impacto en el mercado de televisión, tanto de proveedores como de contenidos y publicidad.
La Comisión también está preocupada por la nueva Ley Audiovisual y la colisión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con la CMT. Europa se inclina por una autoridad de telecomunicaciones y audiovisual convergente, despreciada por intereses políticos.
En el terreno de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones no hay menciones ni al asalto a la neutralidad de la red ni a la nueva legislación para impedir las descargas. Se valora la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, pero se pide más transparencia en las tarifas, más competencia y precios más bajos.
La portabilidad fija es grande -más de 440.000 números en el primer trimestre de 2010- y el período de cambio es de cinco días, por debajo de los 6,5 de media europea.
Pero los precios son el peor perjuicio para el consumidor. En 2008 el precio por minuto de llamada de voz en móvil era de 17 céntimos frente a un promedio europeo de 13. Incluso con los últimos datos de la CMT, el precio de 15 céntimos en diciembre de 20099 seguiría siendo excesivo.

Savater se confunde de mecenas

"Los mecenas de mañana serán distintos, más corporativos y multinacionales, pero volverán a reservarse la exclusiva de los artistas empujados a su protección. (...) Y no lo duden, también impondrán sus condiciones a los productos que van a financiar".
Leo con pasmo el artículo de Fernando Savater. ¿Qué diferencia a esos mecenas de los dueños corporativos de la industria cultural actual?
A Savater le nubla la razón su pasión contra el gratis total. La cultura no es gratis, como casi nada, pero cambian -como lo han hecho siempre- las formas de financiación y comercialización.
Los mecenas son parte de la solución. Siempre los ha habido y los habrá en la ciencia y la cultura. Sin ellos gran parte de la creación y la investigación de los últimos siglos hubiera sido imposible.
En el mecenazgo siempre ha habido intereses. Como en el comercio. Y no es para espantarse. Intereses los hay de muchos tipos y diferente catadura. Los protegidos de Mecenas sabían qué se esperaba de ellos, igual que los de los Médici, la iglesia, Carlos III o los Rockefeller.
La diferencia es que en el nuevo entorno digital y social todos podemos ser mecenas. Ya. Algunos me dirán que no es nada nuevo. Los independientes -editores, sellos discográficos, etc.- siempre han hecho más mecenazgo que negocio.
¿Y los poderes públicos? El estado es un gran mecenas desde su misma aparición. Y en la Europa de posguerra el mecenazgo cultural se ha entendido siempre, bajo capitanía francesa, como un pilar imprescindible del estado de bienestar. Un mecenazgo democrático con el dinero de los ciudadanos y la voluntad -y a menudo los intereses- de los gobernantes.
Ahora el mecenazgo puede extenderse, socializarse y ser más participativo como en el crowfunding, una forma de financiación social a través de las nuevas herramientas digitales. Permite a proyectos como la película El Cosmonauta financiarse y ya hay quien piensa que los John Cassavetes actuales tienen en la producción social y la comercialización por internet y las redes sociales su mejor oportunidad para ser independientes.
Cuando la industria domina la cultura, el resultado es puro consumo. La crítica de Adorno sigue vigente. Y muchos grandes editores, críticos y autores la suscriben. Más que nunca. Sólo así se explica la economía de la abundancia, condición imprescindible para el gratis total. Y por eso el criterio P2P (y quizá en breve la cuenta del streaming) es una de las pocas alternativas para la vida y la cultura líquidas y el ansia que provocan en tantos.
Hacen falta nuevas formas de financiación y comercialización de la creatividad, la innovación y el arte. Pero también ampliar el concepto de la producción y creación de contenidos como procomún. Especialmente cuando los creadores disfrutan de financiación pública o social. Y mejor mecenas sociales y transparentes, con objetivos claros y criterio social, que esos arteros poderosos de los que se queja Savater.

Cómo no financiar RTVE

La Comisión Europea paraliza el nuevo sistema de financiación de RTVE. El ejecutivo europeo duda de la legalidad de las nuevas tasas sobre los ingresos de las telecomunicaciones (0,9%), las cadenas privadas (3%) y las de pago (1,5%), siempre que no sean autonómicas o locales, además del 80% de las tasas de ocupación del espectro radioeléctrico.
La Comisión teme restricciones a la competencia, distorsiones en el mercado, además de falta de control y proporcionalidad de la financiación del servicio público de radiotelevisión.
Quejas ya enviadas al gobierno por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en su informe sobre la nueva financiación, donde además propuso un sistema alternativo basado en la tasa del espacio radioeléctrico y la aportación de las televisiones. Un sistema que liberaría más frecuencias para los nuevos servicios digitales de la sociedad de la información (el llamado dividendo digital) y sería más justo al gravar sólo a las empresas que compiten en el mismo mercado y utilizan el mismo dominio público.
Tanto la industria de las telecomunicaciones como la CMT fueron desoídas. La Comisión Europea recoge sus quejas en su decisión de ayer (pdf).
Europa prefiere que España financie los 1.200 millones de coste de RTVE sin publicidad directamente de los presupuestos del Estado. Sin crear nuevas ayudas ni impuestos perniciosos para la competencia y que desdibujan el coste de la radiotelevisión pública para los ciudadanos.
Y vuelve a recordar que las leyes europeas sólo permiten financiar el servicio público. Una definición imprecisa y laxa con las leyes anteriores, en la nueva RTVE y también en la futura ley audiovisual.
A los políticos les cuesta definir y controlar el servicio público de radiotelevisión. No es de extrañar con un telestado -estatal y autonómico- de enorme rendimiento político, a pesar de su ruina para los ciudadanos: más de dos mil millones de euros anuales, 1.200 de ellos en subvenciones.
El poder se asienta en la tele y el dinero público.

Al debate sobre la financiación de la televisión pública se suma ahora el sostenimiento de la vieja industria audiovisual con gravámenes sobre internet y los nuevos medios. Nicolas Sarkozy es el adelantado en Francia con su propuesta de un nuevo impuesto sobre los grandes de internet para financiar la vieja industria mediática y cultural, como ya hizo con su plan para la prensa y la televisión.
La pregunta es qué hay que salvar: ¿los medios? ¿los medios públicos? ¿los contenidos? ¿la información? ¿a la industria? ¿a los periodistas?
Subvencionar empresas inadaptadas al mercado y la realidad no tiene mucho sentido. Tampoco sostener las ganancias de directivos ni accionistas. Errores ya vistos en otros salvamentos públicos como los de la banca, el sector automovilístico y otros.
Lo valioso es la información, los contenidos, la pluralidad, el empleo, el servicio público, el patrimonio común y esa democracia sólo posible con una ciudadanía bien informada.
Para eso se necesita independencia, profesionales cualificados, contenidos de calidad, plataformas tecnológicas adecuadas, acceso para los ciudadanos, más espacio público, más diversidad, nuevos modelos de negocio. Pero también transparencia pública, administrativa y responsabilidad política.
¿Por qué la solución es siempre aumentar la concentración y socializar pérdidas de negocios millonarios durante muchos años en lugar de estimular los nuevos medios y proyectos?
Cuando los ciudadanos tienen cada vez más posibilidades de acceso a la abundancia de contenidos de la era digital, lo importante no son los medios, sino los contenidos y las plataformas de acceso. Promover contenidos de calidad, enriquecedores, plataformas abiertas de acceso a contenidos de dominio público y en el caso del servicio público, que efectivamente sirva a la ciudadanía.
Vale la pena pensar en un nuevo servicio público digital abierto, plural y participativo en lugar de seguir sosteniendo el telestado del falso bienestar de los medios de masas.
Financiarlo con transparencia, gestión responsable y un sistema justo y adecuado a los contenidos y servicios que se garantizan.

¿A quién beneficia la nueva financiación de RTVE?

RTVE sin anuncios y pagada por el resto de las televisiones, incluidas las de pago, y las telecomunicaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de financiación de RTVE con la oposición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y de las operadoras, pero también de los anunciantes.
¿Quién se beneficia?
Las cadenas privadas en abierto deberán aportar el 3% de su facturación bruta, las de pago (actuales y futuras, como la TDT de pago) un 1,5% y las operadoras de telecomunicaciones un 0,9% para sufragar más de 500 millones de euros que se suman a otros tantos de subvención pública, el coste de la radiotelevisión estatal.
Resultado: las cadenas privadas no recuperarán gran parte de la inversión publicitaria porque ya tienen un exceso de ocupación. Eso sí, los precios subirán. De eso se quejan los anunciantes, que perderán un 27% de los GRPs, la unidad de impacto de las campañas publicitarias, y espacios en algunas áreas o sectores mal cubiertos por la televisión privada. Coste: 300 millones de euros de impacto negativo, según la Asociación Española de Anunciantes, que además están preocupados por el nuevo oligopolio resultante de las fusiones entre cadenas que se avecinan.
Las operadoras de telecomunicaciones pagarán un nuevo impuesto por un negocio que no es el suyo, pero con esta medida el Gobierno oficializa la convergencia de audiovisual e internet y comienza a cobrar por el dividendo digital –los nuevos servicios que se pueden ofrecer gracias a las frecuencias del apagón analógico- antes de que se haya repartido. Serán 400 millones de euros anuales, la mitad de ellos de Telefónica, que como el resto de operadoras recibe el empujón final para adentrarse todavía más en el negocio de la televisión. Un camino apuntado por la CMT en un informe donde los servicios audiovisuales premium (de pago) vuelven a considerarse esenciales para la extensión de las redes de banda ancha de nueva generación.
Ese mercado creciente de la televisión de pago tendrá que aportar un 1,5% de sus ingresos, la mitad de las cadenas en abierto por el menor impacto de la publicidad en su negocio, según una recomendación del Consejo de Estado. Otra razón más para que las televisiones aumenten su apetito por el mercado de pago abierto con la TDT.
Las televisiones públicas autonómicas y locales quedan al margen del acuerdo de financiación, igual que la aprobación de la ley general audiovisual que permitiría garantizar la seguridad jurídica del sector al someter a todas las televisiones a una misma reglamentación y crear un organismo regulador independiente con un enfoque orientado a la convergencia del audiovisual, las redes y las telecomunicaciones, como defiende la CMT.
RTVE ha asistido a la discusión de su financiación sin ser invitada. Sus 1.100 millones de presupuesto de este año esperan mantenerse con las aportaciones de televisiones y telecos. Pero si la crisis sigue afectando a las televisiones o pierden ingresos, el futuro de la televisión estatal no está tan claro.
La nueva financiación se limita además a las obligaciones del servicio público y reduce a un diez por ciento del presupuesto su capacidad de inversión en contenidos de alto interés como los grandes eventos deportivos, con excepción de los Juegos Olímpicos. Una barrera de inversión en programación que puede reducir el atractivo de la tele pública y que preocupa a sus gestores y a los sindicatos de RTVE.
Pero la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha puesto gran empeño en un cambio de modelo que no garantiza ni ofrece respuestas sobre la televisión del futuro. El Gobierno lleva meses decidiendo a golpe de intereses y urgencias y desoyendo las voces que piden una visión de futuro que tenga más en cuenta la convergencia digital, el telestado autonómico, el desarrollo de la TDT como puerta a nuevos servicios audiovisuales y digitales, y responda a la saturación que ha llevado a que muchas frecuencias de televisión autonómica y local queden desiertas o sin competencia.
"Buscamos un modelo de calidad en el que los principales beneficiarios, sin duda, serán los ciudadanos", ha declarado la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros. A corto plazo los televidentes disfrutarán de una televisión estatal sin anuncios, pero el tiempo dirá si se consolida sin que los ciudadanos sepan cuánto les cuesta exactamente la televisión pública, cuál es el futuro de los canales autonómicos y si las cadenas privadas en abierto no reclaman satisfacer una mayor parte del servicio público y achicar más RTVE.

Análisis para Soitu.es