Evitar la copia de informaciones periodísticas por agregadores, buscadores, etc. Es la reclamación de Ignacio Benito, director general de Aede (Asociación de Editores de Diarios Españoles), la semana pasada ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso.
Los editores de prensa españoles endurecen su persecución de la cita y la copia de información por los nuevos medios digitales.
La intención última es cobrar por enlazar. Un nuevo canon o tasa a internet defendido cada vez con mayor ahínco por muchos medios y empresas de contenidos.
Una expansión del canon digital, que todavía divide al sector y tiene la oposición de la industria de internet y las telecomunicaciones.
La persecución de buscadores y agregadores es una constante de la pelea entre prensa e internet. Los editores españoles siempre han sido cautos y no han llegado a la belicosidad y enfrentamiento de sus colegas europeos. Pero la crisis aprieta. Los editores han firmado la Declaración de Hamburgo que reclama más protección y un acceso universal no gratuito a los contenidos informativos.
Los editores defienden un sistema de licencias para garantizar el acceso a sus contenidos con permiso y con la posibilidad de cobrar por los enlaces y citas a las webs y servicios de internet comerciales.
¿Es posible cobrar por enlazar noticias?
Los creadores de contenidos e información tienen derechos. Pero los agregadores, buscadores y, por supuesto, los usuarios y creadores de blogs y otros medios de internet, también.
La Ley de Propiedad Intelectual garantiza la reproducción y cita de los trabajos y artículos de actualidad (art. 33). Pero acota su uso al "derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa".
En ese derecho aparece la primera discusión, porque los periodistas reclaman sus derechos de autor a los editores y los expertos siguen enredados en determinar cómo repartir la propiedad intelectual del periodismo entre los titulares de la obra colectiva -los editores- y los derechos individuales de los periodistas.
Pero la ley reconoce también la propiedad intelectual de las colecciones y bases de datos, como ocurre por ejemplo con la Biblioteca Digital Hispánica, cuyos libros son de dominio público, pero no la propia biblioteca.
La ley reconoce los derechos de los propietarios de los contenidos y también de quienes los seleccionan, ordenan y ofrecen al público en una base de datos. Buscadores y agregadores entran en esa categoría.
Demasiados derechos sobre la información. La expansión irrefrenable de los derechos de propiedad intelectual y las limitaciones a su uso justo llevan al exceso.
Tanto que un miembro de la Cámara de los Lores británico, Lord Lucas, ha propuesto acabar con semejante sinsentido reconociendo el derecho de los buscadores a copiar todos los contenidos que indexen.
La lógica es clara: si los contenidos están en el espacio público de internet, quienes enlazan tienen derecho a copiar el contenido para que no desaparezca el servicio que ofrecen al público.
Todos los contenidos en la caché de Google, hablando en plata.
Es la aplicación a los contenidos de la accesibilidad de todo lo que reside y existe en el espacio público. Y eso es lo que es internet, como incluso reconocen algunos partidos políticos como el PP.
Y una forma de frenar la censura económica que se está abriendo paso en todo el mundo.
Estrechar el espacio público. El problema de esta batalla es el estrechamiento del espacio público y la restricción del acceso a la información por los ciudadanos. Justo después de unos años en los que los medios han ido perdiendo el control de la información, la desintermediación entre fuentes y público se ha expandido como nunca y ha crecido la audiencia de las noticias. A pesar de que esa expansión no garantice el negocio del periodismo.
Mejor reconstruir un consenso que la persecución y la rebaja de los derechos de todos.
Es imprescindible una reformulación del derecho de cita y uso de la información de calidad sin poner en peligro el acceso del público a la información. Pero también establecer un consenso con buscadores, agregadores y webs en general que permitan el uso justo de la información.
Quien no debe perder son los ciudadanos ni la función social del periodismo.
