La olvidada ley de acceso a la información

La ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública duerme en los cajones del gobierno. La norma, imprescindible para desarrollar el gobierno abierto y aumentar la transparencia administrativa y política, ha quedado arrumbada ante otras urgencias políticas, la discusión de la reforma del canon digital y la recuperación de la ley Sinde contra las descargas con mayor consenso parlamentario.
El acceso a la información pública es indispensable para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, proteger sus libertades, defenderse del abuso y control de sus datos por las administraciones públicas y construir una sociedad más abierta. Obliga a los poderes públicos a responder a los ciudadanos, facilitar información sobre sus actos y ser transparentes y responsables. Una ley para dotar a la democracia de la información necesaria para una sociedad participativa y crítica.
Un enorme cambio de cultura en la administración, la forma de gobernar y el manejo del poder. Una pérdida del control tradicional de políticos y funcionarios para poner la información y los datos en poder de sus legítimos dueños: los ciudadanos. Un desafío ausente de las prioridades de la nueva política de la sociedad de la información que capitanean el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y José Enrique Serrano, jefe de gabinete del presidente Zapatero.

Columna completa en Estrella Digital

Parlament 2.0 con leyes abiertas

Ernest Benach, presidente del Parlament de Catalunya, sobre la necesidad de un parlamento 2.0 donde los ciudadanos puedan participar en el debate legislativo. Fundamental para una democracia más abierta.

Presupuestos poco participativos

El dinero del estado es de los ciudadanos. Esta verdad tan de perogrullo es olvidada por los gobiernos, celosos del poder de control de las cuentas públicas. Ahora que estamos en plena discusión de los Presupuestos del Estado se publica el informe anual de Open Budget, la Encuesta de Presupuesto Abierto que vuelve a mostrar la opacidad y baja participación del proceso presupuestario español.
El estudio revela la inexistencia de un documento preliminar ni un presupuesto ciudadano que permita la consulta y participación de los contribuyentes, el sistema legislativo es opaco a las consultas con expertos y sociedad independientes, no es revisable durante la ejecución y los organismos de control como el Tribunal de Cuentas son lentos e ineficaces.
Un desastre habitual la mayoría de los países que muestra la opacidad del manejo del dinero público y la escasa evolución de la apertura democrática y el aprovechamiento de las tecnologías para la participación.
La rendición de cuentas y los presupuestos participativos son uno de los principios fundamentales de un gobierno abierto. En algunos municipios están en marcha, aunque con desiguales resultados.
En otros países como Estados Unidos, la transparencia en los presupuestos para atajar la crisis impulsó algunas iniciativas para el conocimiento de los ciudadanos de dónde se gasta su dinero.
Los presupuestos abiertos y participativos son una de las herramientas fundamentales para la conversión del aparato de la administración pública -estatal, autonómica y local- en una plataforma pública y abierta para la gestión y la innovación social.
El estudio de Presupuesto Abierto sitúa a España en el puesto 17 de la clasificación internacional. Compartimos poca transparencia, escasa eficacia y flexibilidad legislativa y de control. No deberíamos conformarnos.
Las recomendaciones son sencillas: publicar un documento presupuestario preliminar; un presupuesto ciudadano -sencillo y accesible- y una revisión semestral; facilitar oportunidades para que el público en general pueda presenciar las audiencias del legislativo sobre presupuestos; aumentar los poderes del legislativo y del Tribunal de Cuentas para permitir una supervisión integral del proceso presupuestario.
Manos a la obra, por una democracia mejor y más abierta.

Un ley de acceso a la información coja

Access Info publica el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública. Una ley todavía coja y restrictiva. La demorada promesa gubernamental de 2004 repetida en 2008 no incorpora las garantías suficientes para crear un auténtico gobierno abierto ni avanza sobre las recomendaciones del Consejo de Europa y el texto de otras administraciones más transparentes.
En lo positivo aplica por primera vez a la Administración del Estado el principio de publicidad activa, la obligación de los poderes públicos de facilitar, "preferentemente por medios electrónicos" la información pública. Un cambio importante de cultura para una administración más abierta y transparente.
El anteproyecto define en su artículo 2 el ámbito de transparencia a la información pública "elaborada o aquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones" y excluye "las notas borradores, opiniones, resúmenes y todo documento interno sin carácter oficial".
Además en el artículo 5 se limita el derecho de acceso por seguridad nacional y las relaciones exteriores; la seguridad pública; las investigaciones penales, administrativas o disciplinarias, además de la vigilancia, inspección y control de la Administración; los interese económicos y comerciales públicos; los procesos y la tutela judicial; la confidencialidad y el secreto de los procesos de toma de decisión; los derechos constitucionales, incluido el secreto profesional y la propiedad intelectual; además de la vida privada y los intereses particulares legítimos.
Un enfoque restrictivo sobre los límites propuestos por el Consejo de Europa y que en muchos casos no permitirán a los ciudadanos conocer por qué y cómo se toman determinadas decisiones. Elementos fundamentales para defender los derechos individuales y luchar contra la arbitrariedad y la corrupción en las administraciones públicas.
Los poderes legislativos (Congreso y Senado) y judicial quedan al margen de la ley, regidos por sus propias normas, igual que el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Pero se extiende sobre todos los que ejerzan potestades administrativas o servicios públicos.
Se pierde la ocasión para introducir un proceso legislativo más abierto y participativo al excluir a la elaboración de las leyes del derecho de transparencia.
La Agencia de Protección de Datos será la encargada de garantizar estos derechos.
Además de los elementos ya analizados cuando se filtró el anteproyecto, llama la atención la falta de empuje para crear un gran repositorio de contenidos públicos abiertos y gratuitos por las limitaciones de propiedad intelectual en información adquirida por los poderes públicos o la exclusión del acceso gratuito a archivos, bibliotecas y museos (art.16.2).
Todavía no hay conciencia y visión para superar el servicio público de radiotelevisión y sustituirlo por un auténtico servicio público de contenidos digitales.

Anteproyecto_Ley_Transparencia

Procomunes, innovación social y Estado plataforma

La conferencia completa de mi intervención en la Escuela de Verano de UGT. Propuestas para un nuevo sistema operativo social y económico con refuerzo de los procomunes, recapitalización y mayor innovación social y una democracia 3.0 con el estado como plataforma pública y abierta.
Un Nuevo Sistema Operativo Social y Económico

Un nuevo sistema operativo social

¿Cuáles son las claves para una economía sostenible? Es el tema principal de la Escuela de Verano de UGT de este año, dedicada a analizar las posibilidades de cambio del modelo productivo. Mañana participaré en la inauguración junto al ex ministro y vicepresidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, y donde también estará Juan López de Uralde, ex director de Greenpeace (programa en pdf).
Mi charla versará sobre las posibilidades y elementos para construir un nuevo sistema operativo económico y social desde la perspectiva de la extensión de la tecnología, el gobierno abierto y el dominio público.
Ideas para construir una democracia 3.0 a partir de un gobierno entendido como plataforma para la innovación social y con los procomunes y un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales como ejes de un nuevo ecosistema para la sociedad de la información.
Una guía con las ideas principales que mañana desarrollaré:

Un nuevo sistema operativo social y económico

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Democracia abierta

El derecho a saber es clave para evitar la corrupción, aumentar la eficacia de la administración y proteger los derechos individuales. El Gobierno anuncia al fin una ley para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todo lo que los políticos y la Administración saben. La información es poder, pero ese poder es de los ciudadanos, no de quienes retienen y controlan la información en su propio beneficio o para no rendir cuentas. Es una ley largamente esperada para hacer la democracia más transparente, responsable e informada. Pero en pleno siglo XXI la transparencia debe ser activa y no esperar a las demandas de los ciudadanos. Las herramientas digitales permiten publicar los datos y la información pública de forma accesible, facilitar su reutilización para lograr un gobierno abierto y una democracia aumentada con la vinculación de los datos con la realidad a través de diversas herramientas como los teléfonos móviles.

Después de tanto esperar (somos el último gran país de la Unión Europea en adoptarla), la ley debe ser ambiciosa y no conformarse con trasladar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales. El borrador conocido es todavía más restrictivo. Una ley de acceso a la información debe ser hoy una ley de gobierno abierto y democracia transparente. Eso significa garantizar el mayor acceso a la información, cambiar la cultura política y de la función pública para hacer que administraciones y poderes sean activos para publicar y ofrecer la información pública en tiempo real o lo más actualizada posible; con datos en formatos abiertos y reutilizables, sin excepciones ni opacidades, y excluyendo sólo la información que afecta a los derechos de terceros, como los datos personales, de seguridad o los que puedan perjudicar intereses fundamentales.

La norma debe obligar a todos los poderes y administraciones, sin excusas. Es un cambio en la cultura política y democrática que culmina el pluralismo de la Transición y la descentralización democrática. Un proyecto para no arredrarse y ser ambiciosos.

Columna en los medios de Vocento

Al fin una ley de acceso a la información

El País adelanta que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la prometida ley de acceso a la información pública. Una promesa de 2004 repetida en 2008 que al fin se hará realidad. Pero no somos pioneros ni avanzados. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes sin ley de acceso a la información y uno de los últimos en aplicar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales.

La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b), pero las administraciones públicas y los gobiernos (tanto estatal como autonómicos y locales) son opacos y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información para garantizar el control y el poder. Una falta de transparencia que encubre la corrupción, los abusos y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad.

Pero el poder y la información son de los ciudadanos en un estado democrático. El acceso a la información es clave para garantizar los derechos individuales y públicos, controlar a los poderes y exigir su responsabilidad, vigilar el funcionamiento de las administraciones y avanzar hacia un gobierno abierto para mejorar la democracia y la participación de los ciudadanos en la vida pública.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública deberá servir primero para que los ciudadanos sepan qué información poseen las administraciones sobre ellos y sus actividades.

Segundo, para acceder a toda la información pública de forma gratuita y sin tener que justificar sus razones. Una solicitud que las administraciones deben tramitar obligatoriamente con prontitud.

Tercero, para hacer transparentes los actos de los poderes públicos, de manera que se evite un alto grado de opacidad y posibilidades de corrupción, cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes.

Cuarto, para hacer efectivo el poder soberano de los ciudadanos frente a los abusos de la administración y de esta forma aumentar la responsabilidad y transparencia públicas.

Pero la ley debe ir más allá y convertirse en la llave del gobierno abierto, la gran oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías e internet para aumentar la participación ciudadana, la responsabilidad democrática y la transparencia. El anteproyecto recoge esa intención al afirmar que "los poderes públicos facilitarán la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad". Un acceso realizado "preferentemente por medios electrónicos".

De esta forma se podrá seguir la senda de gobiernos como el de Obama en Estados Unidos y sus diferentes iniciativas para el acceso y el control público a los datos y presupuestos gubernamentales, la publicación de datos públicos en Gran Bretaña que ha permitido la creación de varias herramientas de acceso y control para los ciudadanos por instituciones y particulares, o la senda abierta por el gobierno de Patxi López en Euskadi.

Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política. Es la ecuación de la democracia 3.0 sólo posible con la transparencia y el acceso a los datos.

El acceso a los datos y a la información pública permitirá ejercer mejor los derechos ciudadanos y crear una serie de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público.

Las administraciones poseen una gran cantidad de datos, de los registros públicos a las contrataciones, que permiten etiquetar el entorno y enriquecerlo con la información para convertir la realidad aumentada en un auténtico servicio público.

Para el periodismo y los medios informativos, la aprobación de esta ley abre una gran oportunidad para hacer mejor información y mejor periodismo de investigación. Sobre todo de los asuntos cotidianos. Una oportunidad una obligación que periodistas y medios estarán obligados a cumplir para satisfacer una obligación de información y transparencia que aumenta la exigencia sobre el periodismo.
La apertura de la información pública permitirá a los ciudadanos investigar y publicar información más elaborada de la que hoy pueden ofrecer cuando no son profesionales y no cuentan con los recursos y tiempo necesarios. Más competencia para los periodistas y más oportunidades para la información ciudadana.

Habrá que estar atentos a las limitaciones de la ley que el Consejo de Ministros planea aprobar este viernes. Los primeros datos indican una ley restrictiva. Los nueve principios propuestos por la Coalición Pro Acceso no se cumplen en su totalidad y algunos organismos e instituciones importantes como el Congreso y el Senado -supongo que también los parlamentos autonómicos- quedan excluidos de una ley que debería afectar a todos.

Los plazos son más largos, en el texto conocido hay dudas sobre las obligaciones de las administraciones autonómicas y locales, así como en la justicia. No se conocen todavía las obligaciones de las administraciones de ayudar a los solicitantes, un cambio de cultura importante en los poderes y los servicios públicos. Y la lista de excepciones sobrepasa los límites recomendados por el Consejo de Europa (pdf, Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales, art. 3).
Entre las excepciones avanzadas por El País se cita la propiedad intelectual, los intereses públicos económicos o comerciales o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La primera hace temer una falta de reforma pública y transparente del actual sistema de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, con las restricciones, abusos y opacidad actuales. La definición de intereses económicos y comerciales deberá ser muy precisa para no limitar la transparencia de los concursos, contratos y gestión pública de los datos y la información. El secreto en los procesos de toma de decisión parece una enmienda a la totalidad de los principios de libertad de acceso, igualdad ante la ley y las administraciones y gobierno abierto. Habrá que esperar al articulado final y su tramitación en el Parlamento para evaluar las restricciones.
La discusión sobre la institución garante del derecho al acceso a la información entre el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (AEDP) se ha resuelto al final a favor de la institución dirigida por Artemi Rallo, un organismo con cada vez mayor poder e influencia.
Del Defensor del Pueblo se desconfiaba por la descentralización autonómica de sus funciones y por la propia actividad de este organismo en los últimos tiempos.
Respecto a la ejemplaridad de las leyes, es inquietante que la elaboración de la ley no siga un proceso transparente y abierto y que su primer borrador tenga que ser conocido por la filtración a un diario. Parece que tampoco habrá consulta pública. Ojalá la tramitación a partir de ahora sea más transparente y los largos años de retraso en la promesa de su impulso sirvan para redactar una ley mejor y más avanzada. Orientada a los desafíos de la ciberdemocracia y la política en la era de las redes sociales.
Pero al fin se da un paso adelante indispensable. Ojalá no volvamos a envidiar a los norteamericanos cuando oímos hablar de la Freedom of Information Act y esta nueva ley se convierta en la llave de la obligación del gobierno abierto y de la puerta a una mejor, más informada y responsable democracia.

Euskadi empieza a construir un gobierno abierto

El ejecutivo vasco se compromete a convertirse en un gobierno abierto (oGov). El gobierno de Euskadi comienza a hacer realidad las promesas de su lehendakari, Patxi López, para crear el primer gobierno abierto de España.
Euskadi comenzará una apertura de los datos públicos "primando los valores de transparencia, participación ciudadana, servicio y eficiencia" antes de promulgar una ley de acceso como la prometida por Zapatero para todo el estado, lo que puede generar algunos problemas de derechos de acceso y de apertura real de los datos de la administración. Los datos oficiales vascos estarán disponibles "bajo licencias de propiedad abiertas, que permitirán su redistribución, su reutilización y su aprovechamiento con fines comerciales".
El egobierno de Patxi López se apoyará para su empeño en la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público de 2007, que todavía no ha dado demasiados resultados a nivel estatal, especialmente en la apertura y la facilidad de uso de los datos de las administraciones públicas para los ciudadanos.
Euskadi quiere seguir los pasos de la Casa Blanca de Obama. Para ello se creará un nuevo portal en Euskadi.net "al que se subirán datos de modo progresivo", aunque por ahora el compromiso no incluye fechas concretas.
Entre lo más importante del compromiso vasco de gobierno abierto están los principios tradicionales de transparencia, comunicación y acceso a todos los datos públicos, pero también la oferta directa de los datos para crear una plataforma pública que permita la interoperabilidad, el procesamiento y reutilización de los datos por empresas y ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, de los mapas a la realidad aumentada. Y un importante ahorro de dinero público. El acceso a esos datos dependerá a partir de su publicación -veremos cómo y en qué condiciones tecnológicas- de la iniciativa ciudadana y de la visión de las empresas y asociaciones que comiencen a aprovecharlos.
Una iniciativa que va más allá de la ley de transparencia gallega de 2006, nunca desarrollada para construir una administración más abierta y participativa, y del Parlament 2.0 catalán.

Información para un gobierno abierto

La información es imprescindible en democracia, pero conseguir información oficial sigue siendo una pesadilla. La vieja burocracia de los legajos y la opacidad condena a los ciudadanos a un martirio para acceder a los datos de la Administración. Ese secuestro oficial de la información es una de las principales causas de la falta de transparencia y la corrupción. El presidente Zapatero prometió hace algo más de un año acabar con el silencio administrativo y devolver a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. Ahora el Gobierno reitera que esa ley, adoptada ya por 22 de los 25 países de la Unión Europea, estará lista el año próximo. ¿Será el principio de un gobierno abierto con más tecnología para mejorar la democracia?

El acceso a la información pública es uno de los pilares del egobierno junto a la posibilidad de reutilizar esos datos y una administración electrónica tan eficaz en prestar servicios como en recaudar. Una ley trasladó en 2007, con cuatro años de retraso, la directiva europea sobre el uso de documentos oficiales, como promueve el Proyecto Aporta, pero persisten demasiadas barreras legales, culturales y tecnológicas para un gobierno abierto (ogov), una administración pública transparente, con mayor poder y más participación de los ciudadanos gracias a la tecnología.

Una senda explorada en los últimos tiempos por la Casa Blanca de Barack Obama y su directiva de gobierno abierto, Gran Bretaña y sus planes para una sociedad digital y un gobierno inteligente, o el compromiso de la Unión Europa para fomentar el egobierno. Sólo con más transparencia y acceso a la información de las administraciones es posible mejorar la democracia y el uso que los ciudadanos pueden hacer de la información pública.

Gracias al acceso a datos públicos los norteamericanos pueden vigilar los planes para recuperar la economía en la web Recovery.org o saber en qué gasta el dinero el gobierno y qué empresas contrata en USASpending.org. En Inglaterra, TheyWorkForYou permite vigilar el trabajo de los políticos, en FixMyStreet se denuncian problemas en las calles y se comprueba si las administraciones los arreglan, o también se puede ver la evolución de los servicios públicos en gráficos.

Son necesarios los 9 principios de la Coalición Pro Acceso. Pero también disponer de los datos completos, originales, actualizados, accesibles, procesables, sin discriminación tecnológica ni sujetos a formatos propietarios o a limitaciones de derechos. Sólo de esa forma es posible crear una plataforma pública a la que se pueda acceder para crear aplicaciones, bases de datos, herramientas de comunicación o incluso sistemas de realidad aumentada donde los ciudadanos puedan ejercer con mayor facilidad sus derechos.

Columna en el diario Público

Hiperrealidad

Apuntas con el móvil y en la pantalla se despliega toda la información del alrededor: cómo se llama la calle, qué hay en el edificio de enfrente, dónde tomar el café o comer la pizza más cercana. Un clic y puedes encontrar a quienes tuitean y a qué distancia. Dónde están los cajeros automáticos, las farmacias, qué fotos de tu alrededor están subidas a internet o los pisos en venta. Es el poder de la realidad aumentada en una de sus aplicaciones más sencillas y populares. No hacen falta aquellos viejos cascos de las películas y todavía no se ha llegado a la realidad aumentada espacial, la que permite convertir lo que ves en una enorme pantalla táctil.


Aplicaciones como Layar o Wikitude –disponibles en iPhone o móviles con sistema operativo Android- permiten navegar por la realidad y etiquetarla, crear marcas o publicar información sobre lo circundante. Fue el sueño de los videojuegos, pero las guías de ocio y servicios se han adelantado. Eso sí, Avatar, la película de James Cameron, lanza un juego que permite mover una figura virtual con la webcam de tu ordenador.
Pero no es un juego. La realidad aumentada superpone información digital a la realidad. Las aplicaciones más populares son el resultado de integrar algunas de las tecnologías con mayor futuro: móviles, banda ancha, cloud computing, geolocalización y mapas digitales. Con ellas el usuario está permanentemente informado de qué le rodea. Por eso es importante que esta nueva consciencia ambiente no quede sólo en manos de la publicidad y el marketing.
La realidad aumentada expande el ciberespacio a la vida real a través de los datos vinculados, así llamados por Tim Berners-Lee porque conectan los datos con los objetos reales, la promesa de la web 3.0. Pero como el propio creador de la web ha explicado, los datos son lo más importante para que ciudadanos, empresas, etc. puedan usarlos y aumentar el valor de lo que vemos a través del objetivo de nuestro móvil. Un ejemplo podría ser una capa para Layar que permite a los americanos ver el dinero que el gobierno Obama ha gastado en proyectos de recuperación económica.


Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política. Imagina la utilidad de estas aplicaciones para evitar la corrupción, conocer en qué se gasta el dinero público o qué sabe el gobierno de tu vida.
La realidad aumentada puede no ser la maldición de la hiperrealidad denunciada por Jean Baudrillard: el imperio del simulacro, antes dominado por la visión de los medios y ahora inmerso en la web 2.0. Ojalá instituciones y gobiernos devuelvan a los ciudadanos el acceso a sus datos en lugar de seguir gastando millones en propaganda y webs inútiles.
Permitirá cambiar la hiperrealidad por una realidad más conectada, transparente y útil.

Columna en Público

Vigila el gasto del gobierno Obama en la web

Transparencia. Es uno de los principios fundamentales de un gobierno abierto, responsable ante los ciudadanos y que aprovecha las ventajas de la tecnología para fortalecer la democracia. Vivek Kundra, el responsable de Tecnología de la Casa Blanca, acaba de presentar una herramienta para que los ciudadanos puedan seguir y analizar las inversiones del gobierno norteamericano en proyectos tecnológicos.
IT Dashboard es una web donde se pueden seguir las inversiones y los proyectos en tecnología del gobierno de Estados Unidos. Todos los datos de los diferentes ministerios y departamentos actualizados y con una evaluación del progreso de los proyectos. Los estadounidenses ya pueden escrutar en la nueva web las inversiones de 72.000 millones de dólares realizadas por 28 agencias en más de 780 proyectos.
Es parte de USASpending.gov, la web donde el ejecutivo de Obama quiere ofrecer a los ciudadanos todos los datos sobre los gastos del gobierno y con quién se contrata cada proyecto. Una herramienta imprescindible para que los ciudadanos sepan a dónde va su dinero y cómo es gestionado.
Un esfuerzo para dotar de más información a los ciudadanos y también para evitar tanto la corrupción como el despilfarro de los fondos públicos. Imagina cuántos escándalos y malos usos del dinero público se podrían evitar o denunciar en el momento en que se comenten si los gastos de las administraciones fuesen públicos y estuviesen actualizados en internet.
La tecnología existe y el esfuerzo de las administraciones vale la pena. Vivek Kundra explicó a The Washington Post que, como era de esperar, los mayores problemas para lanzar la nueva herramienta de control llegaron de los responsables gubernamentales. Políticos y altos funcionarios no están acostumbrados a que se sepa exactamente cuánto se gasta en cada proyecto, con quién se contrata y a través de qué método.
Es información que a menudo está enterrada en las farragosas y poco accesibles publicaciones administrativas. En la mayoría de los casos ni siquiera la oposición en las distintas administraciones ejerce con efectividad esa labor de control. Pero es más fácil y efectivo cuando lo pueden hacer los ciudadanos conocedores de cada caso o involucrados en cada proyecto.
IT Dashboard permite analizar los diferentes proyectos, crear gráficos para estudiar la evolución del gasto y permite integrar los resultados en redes sociales o páginas personales. Kundra ha explicado que la razón es facilitar a los ciudadanos el examen y seguimiento de las inversiones. Más fácil cuando se puede hacer en colaboración.
La nueva web sigue a Recovery.org, donde se publican los datos de las políticas del gobierno de Obama contra la crisis económica.
Navegando por estas herramientas palidece la web del Plan E, donde la descripción de las medidas del gobierno español para luchar contra la crisis económica con más meramente descriptivas que útiles. La mayoría de los planes y responsabilidades de los diferentes ministerios sólo se encuentran a través de enlaces a sus webs, muchas veces con pocos datos y menos usabilidad. Y los datos son poco concretos y no permiten un seguimiento de cada programa.
España sigue lejos del gobierno abierto. Ojalá el impacto de las nuevas medidas del gobierno norteamericano se noten más allá de los discursos. Es cuestión de democracia, no sólo de comunicación ni de tecnología.

Para Soitu.es

Un presupuesto transparente contra la crisis

¿Dónde está el dinero de los planes contra la crisis? Al presidente Zapatero le costaba el lunes explicar a los ciudadanos en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en qué se había empleado y cómo se inyectaba liquidez a los bancos.
La Casa Blanca de Barack Obama apuesta por una solución sencilla y transparente, en línea con sus promesas de gobierno abierto: crear la web Recovery.gov para que los ciudadanos puedan saber cómo se usa el dinero público y en qué se pone el acento para luchar contra la crisis.
Un ejemplo a seguir en España, tan lejos del gobierno abierto.

España, lejos del gobierno abierto

Propuestas para un gobierno abierto y una Administración pública más transparente en mi columna en Público

La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b) pero la Administración es opaca. Lejano está el gobierno abierto, que empieza a andar en Estados Unidos con la presidencia de Obama o en ciertos ayuntamientos con los presupuestos participativos. Internet y las nuevas tecnologías permiten una democracia más participativa, pero los políticos las adoptan más para la propaganda que para la gobernanza.
Los principales partidos reconocen que la sociedad de la información debe cambiar la política. María González Veracruz, secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE, defiende los logros del Plan Avanza y pone como ejemplo de ciberdemocracia la web del Plan E, donde Zapatero explica sus medidas económicas y el secretario de Hacienda ha celebrado un chat con ciudadanos. José Luis Ayllón, diputado del PP y responsable de campañas, reconoce el atraso en ciberdemocracia a pesar de que la Red "está cambiando la política, la vida de los partidos y de los políticos, que deben estar permanentemente conectados".
La ley garantiza la transparencia y participación con los ciudadanos. Pero los estudios de la Unión Europea sobre eGobierno revelan que la Administración es más eficiente para recaudar que para compartir. Zapatero puede seguir respondiendo preguntas en televisión, pero los ciudadanos aguardan su promesa de una ley de acceso a la información pública como la existente en otros países.

¿Qué principios debería respetar un gobierno abierto?
Comunicación. Usar las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, tanto en procedimientos administrativos como de otra índole, con canales de diálogo permanente.
Transparencia. Acceso con las menores restricciones legales a los datos, informes y decisiones de la Administración.
Participación. Hacer accesibles y reutilizables los datos públicos a través de portales y herramientas digitales fáciles de usar: un Google de la Administración, como defiende Obama, muy necesario en el Estado autonómico.
Dominio público. Devolver a los ciudadanos lo que es suyo. Liberar de derechos de propiedad la información pública y los contenidos de todo tipo pagados con fondos públicos.
Responsabilidad y servicio público. Los ciudadanos deben poder identificar a los funcionarios públicos y exigir su responsabilidad informativa.
Rendición de cuentas. Publicación y acceso a las cuentas públicas y cómo se gestionan.
Debate legislativo. Permitir el debate y voto consultivo de los ciudadanos a proyectos de ley antes de su tramitación parlamentaria.
Accesibilidad y neutralidad tecnológica. Eliminar las barreras para acceder y compartir la información pública.
Queda camino.

Obama instaura el primer gobierno abierto

Reportaje en Público sobre el arranque del gobierno abierto y los cambios en el Partido Demócrata

Cuando Barack Obama juraba su cargo, WhiteHouse.gov, la web de la Casa Blanca, cambió estilo y contenidos para hacer realidad sus promesas de gobierno abierto. Por primera vez se crea un blog oficial y espacios para que los ciudadanos se informen y relacionen directamente con el equipo presidencial.
Cerrar Guantánamo no fue la primera gran decisión. Obama ejecutó inmediatamente sus promesas de mayor comunicación con los ciudadanos, transparencia informativa de la Administración y participación directa, ejes de su campaña.
"Durante mucho tiempo ha habido demasiado secreto", dice, y para acabar con esa opacidad decretó una aplicación lo más abierta posible de la Freedom of Information Act, la ley que permite a los ciudadanos acceder a la información pública. "En caso de duda, prevalece la apertura", es el principio de la nueva política.
Fue su primera orden. Le siguió congelar los sueldos de los altos cargos de la Casa Blanca y proclamar los principios de su gobierno abierto: transparencia de la administración, participación y colaboración de los ciudadanos. Las claves de su campaña electoral y una estrategia para consultar leyes a los ciudadanos antes de su aprobación, recibir iniciativas y hacer accesible la información oficial renunciando al copyright para permitir su reutilización a través de una licencia Creative Commons.

Macon Philips es el director de Nuevos Medios de la Casa Blanca, el encargado de mantener la nueva web y de publicar la información presidencial. Ha encontrado una Casa Blanca obsoleta: ordenadores viejos con sistemas operativos anticuados, pocos portátiles y sin wifi. Las órdenes del presidente tardaron un par de días en ser accesibles.
Jascha Franklin-Hodge y el equipo de Blue Digital State, la empresa de jóvenes ex alumnos del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) y veteranos de la campaña de Howard Dean, el primer candidato en basar lanzar una auténtica campaña 2.0, participativa y abierta en internet, habían preparado la nueva web presidencial para que la promesa de gobierno abierto fuera realidad minutos después de su inauguración. Pero había que mantenerla desde el Ala Oeste. Y allí nada funcionaba.
Las primeras órdenes presidenciales del primer gobierno 2.0 de los Estados Unidos tuvieron que enviarse por fax y correo, incluso desde cuentas particulares de correo inaccesibles por los firewall de la Casa Blanca. "Es como volver de una Xbox a un Atari", dijo el portavoz presidencial Bill Burton comparando el presente con las primeras consolas de videojuegos.

Pero el gesto gustó a los grupos defensores de las libertades en internet y a los gurús tecnológicos que defienden el gobierno abierto.
En España sorprendió a María González Veracruz, secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE. "No podía creer que nada más acceder al cargo cambiase de forma tan radical la Casa Blanca". José Luis Ayllón, diputado y responsable de nuevas campañas del PP, alerta: "Lo importante es abrir nuevos canales y sostenerlos para no ser un gobierno colapsado". Obama y su equipo pagaron la novatada: retrasos en la web y una protesta por abrirse a los ciudadanos y limitar el acceso de los periodistas.

Obama no puede gobernar como el resto de presidentes tras una campaña que movilizó a millones de ciudadanos con internet, el vídeo y las redes sociales. Pero, ¿puede un presidente tener red social propia? Para alejar el peligro de convertirse en Gran Hermano la ha traspasado al Partido Demócrata. Sus seguidores esperan que cambie la democracia, no sólo sus herramientas.

Claves del gobierno abierto

Comunicación. Acceso a la información oficial de forma rápida y nuevas tecnologías.
Transparencia. Publicación de los datos y decisiones de la Administración.
Participación. Los ciudadanos tendrán cinco días para comentar los proyectos de ley antes de su firma. Uso de herramientas digitales para hacer accesibles y reutilizables los datos públicos.
Domino público. Liberar de copyright y derechos de propiedad la información pública.

En caso de duda, transparencia

El presidente Obama ha estrenado su promesa de gobierno abierto con una gran noticia para todos los ciudadanos y también para los periodistas. Uno de sus primeros decretos presidenciales ha sido para ordenar más transparencia en la información de la administración pública.
"Durante mucho tiempo ha habido demasiado secreto en esta ciudad", ha dicho el presidente, que ha pedido una aplicación exhaustiva de la Freedom of Information Act (FOIA), la ley que permite al acceso de los ciudadanos a la información pública.
"En caso de duda, prevalece la apertura" de la información pública, dice el informe dirigido a la administración.
Es el primer, obligado y más inmediato paso de un gobierno abierto. España es uno de los pocos países europeos que carece de una ley de acceso a la información. El presidente Zapatero la ha prometido pero todavía no está en trámite.
El informe de Obama le da la vuelta a la tradicional opacidad del sistema administrativo y pide que el principio de revelación prevalezca al secreto y la opacidad.
El poder abre sus secretos porque son de los ciudadanos. Un principio básico de legitimidad democrática.
Otras dos órdenes presidenciales reafirman el compromiso (pdf) de un gobierno transparente, participativo y colaborador, al tiempo que se abren los archivos presidenciales (pdf).
La Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Comité de Reporteros por la Libertad de la prensa (RCFP) se felicitan por las nuevas medidas.

Toda esta actividad a pesar del obsoleto panorama tecnológico que se ha encontrado en nuevo gabinete en la Casa Blanca. Problemas que han impedido la actualización de la nueva WhiteHouse.gov para que estos decretos y cambio de política se puedan ver en la propia página del gobierno federal.

El gobierno abierto de Obama

El presidente electo norteamericano, Barack Obama, avanza hacia su mandato con un gobierno conservador y donde la experiencia prima sobre el aire fresco frente al establishment que prometió en su campaña. Pero donde si están cambiando la política es en su compromiso con el gobierno abierto a los ciudadanos defendido en las primarias y las elecciones presidenciales.
La adopción de una licencia Creative Commons para todos los contenidos de su web Change.gov y el lanzamiento de debates con los ciudadanos sobre políticas futuras como la sanidad son los últimos pasos de un equipo que está haciendo una transición presidencial como nunca se había vivido.
La primera es un cambio radical en la forma de entender la propiedad intelectual de la información pública. Los ciudadanos tienen protegido su acceso en Estados Unidos a través de la Freedom of Information Act (FOIA), una ley como la que esperamos en España para hacer más abierta la Administración, pero el empleo de licencias de contenido abierto permite un aprovechamiento mayor por los ciudadanos y su acceso sin límites. Una ampliación del dominio público imprescindible en una democracia transparente y conectada.
La segunda amplía el debate y la iniciativa ciudadana que el político norteamericano también utilizó en su campaña electoral para tomar el pulso directamente sobre temas de especial interés y repercusión, como el estado y la reforma de la sanidad.

Es una transición abierta, como la llaman un grupo de personalidades de la tecnología a internet que felicitan al presidente electo por ser el primero que pone todo el contenido de su web y sus redes sociales bajo licencia Creative Commons y elige además la más libre y abierta de todas.
La iniciativa ha sido apoyada por figuras Lawrence Lessig, creador de las licencias flexibles, Cory Doctorow, Dan Gillmor, Tim O´Reilly, Micah Sifry, Clay Shirky, Jimmy Wales, etc. y también por organizaciones como Mozilla, Open Congress, Change Congress, etc.
En una carta proponen tres principios para el gobierno abierto:
1. Compartir sin barreras. Hacer accesible bajo licencia abierta todas las informaciones y contenidos de los sitios del presidente electo, de forma que puedan ser utilizados, distribuidos y remezclados por los ciudadanos.
2. Eliminar las barreras tecnológicas para compartir. No llega con hacer legalmente accesibles los contenidos, sino que esa "esencial libertad digital" debe ser posible con la tecnología usada. Por eso desaconsejan sitios como YouTube que no permiten descargar los contenidos a los usuarios.
3. Libre competencia. No favorecer a unos medios o plataformas sobre el resto para la comunicación y difusión de la información del gobierno en transición y aprovechar la disponibilidad y el acceso de los ciudadanos a plataformas libres y abiertas para que las acciones del gobierno electo no sean patrimonio de las televisiones, los medios tradicionales o los nuevos medios no abiertos como los vídeos en YouTube.

Obama y su equipo están dando pasos importantísimos en el uso de las tecnologías y la creación de un gobierno abierto. No podía ser de otra forma: Obama no puede gobernar ni relacionarse con los ciudadanos igual que sus predecesores después de los valores y herramientas que usó y defendió en su doble campaña (primarias y presidenciales).
La estrategia del equipo de transición y los principios defendidos por sus partidarios son el mayor avance hacia la ciberdemocracia en Estados Unidos en su historia.
La política abierta de Obama no debería quedarse sólo en la transición entre el gobierno de de George W. Bush y el del líder demócrata. Para que la ciberdemocracia participativa avance es necesario poner en marcha el resto de promesas de campaña: democracia conectada y transparente, acceso online a los datos de la administración y a los contratos públicos, fomento de la participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos, herramientas sociales para una ciudadanía 3.0 y dar a la sociedad lo que es suyo excluyendo restricciones a la propiedad y acceso de los datos y documentos públicos.
No es la democracia extrema defendida en la anterior campaña de 2004, pero levanta esperanzas de una democracia más abierta y participativa.

En Soitu.es

Información 3.0

Sin respuesta. Silencio administrativo. Es la contestación más habitual de las administraciones públicas a los ciudadanos. Una democracia no funciona sin transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer y exigir la información. Por eso ya es hora de tener una ley de acceso a la información pública como la que acaba de anunciar el presidente Zapatero. Una demanda todavía más importante en la sociedad de la información, cuando la ciudadanía digital y el e-gobierno amplían y el valor de los datos y la participación.
España es uno de los pocos países europeos sin una ley para garantizar el acceso a los datos y actividad de las administraciones. Una falta de transparencia denunciada repetidamente. Manda la propaganda frente a la información sobre qué hacen los cargos públicos, con quién y a dónde va el dinero de los contribuyentes.
Según el último informe sobre la transparencia informativa en España, el 78% de las solicitudes de información a la administración no se contestan adecuadamente. La administración digital avanza, pero más enfocada a facilitar trámites administrativos que a ampliar la ciberdemocracia.
En Gran Bretaña el gobierno estudia un plan para publicar toda su información en webs donde los ciudadanos puedan participar y utilizar esos datos para cualquier actividad. Barack Obama defiende en Estados Unidos la publicación en internet de todos los actos administrativos y la creación de una especie de Google para el gobierno, un buscador para controlar el dinero público.
En España será necesario vigilar de cerca la ley para no repetir los problemas y limitaciones sufridos hasta ahora. Una buena ley de acceso a la información debe garantizar el derecho de reclamar información de forma sencilla, rápida y gratuitamente sin que se pregunte al ciudadano para qué quiere conocer la información. El rechazo debe ser motivado y recurrible ante un órgano independiente. Y si la información de las administraciones vuelve al dominio público a través de fuentes abiertas y participativas, la ciudadanía 3.0 empezará a ser real.
La calidad de la democracia va en ello.

Columna en los diarios de Vocento