El desarrollo de la propiedad intelectual en España limita el conocimiento, la educación y la innovación. Es una repetida conclusión puesta de relieve una vez más por el último informe de Consumers International, una organización internacional de asociaciones de consumidores.En su Lista de Vigilancia de Propiedad Intelectual 2010 (análisis de la situación en España) se vuelve a poner de manifiesto que el desarrollo de la propiedad intelectual y los derechos de autor afecta especialmente a la educación, el dominio público, el acceso general a la cultura y la ciencia, por ejemplo a través de las universidades, bibliotecas e instituciones culturales.
La lista de Consumers International sitúa a España en una posición intermedia respecto a la propiedad intelectual y los derechos de ciudadanos y consumidores.
Una nota positiva especialmente por el desarrollo legislativo de la copia privada, la libertad en internet, las libertades y garantías de acceso a la información por los periodistas y el acceso a las leyes y documentos públicos.
Muchos encontrarán demasiado benévola la clasificación, pero en el panorama legislativo mundial nuestro país no está en los peores puestos. Pero podemos pasar a encabezarlo por las recientes medidas de la ley de economía sostenible para perseguir las infracciones sin suficiente protección de los derechos y por la ofensiva contra la neutralidad de la red encabezada por el Ministerio de Industria.
El informe reclama algunos derechos y necesidades en los que he insistido mucho aquí:
los derechos de los consumidores pierden frente a las imposiciones de la industria para maximizar su negocio;
no se fomenta la ampliación del dominio público ni de los estándares abiertos y el software libre;
la copia privada no garantiza el uso justo de las obras suficientemente por su limitación para la difusión aunque no exista comunicación pública y su intención no sea comercial;
seguimos sin un acuerdo para el acceso a las obras huérfanas y su puesta a disposición del público;
las bibliotecas viven acosadas por los derechos de autor, el canon por préstamo y las presiones para limitar su desarrollo y convertise en centros de gestión y difusión de la cultura de servicio público para la sociedad de la información;
amenazas y explotación comercial excesiva de la educación, como demuestran los fallos y carencias de plan escuela 2.0 o la presión de Cedro para imponer a las universidades licencias de pago por el uso digital de obras publicadas.
En definitiva: el sistema español de propiedad intelectual protege a la industria y los consumidores más que al desarrollo del conocimiento y la educación.
Resultado: fomento del entretenimiento y el ocio frente a una sociedad culta, educada, innovadora y con una amplia concepción del conocimiento como patrimonio público.
Ese error se repite en la defensa radical de los derechos de autor y propiedad intelectual, y entre quienes los atacan.
Y ese error repetido acaba haciendo estéril la discusión porque no hay puntos de encuentro y las dos partes se enrocan en la defensa de intereses individuales y sectoriales frente a los derechos y libertades de todos.
En ambos lados se sostiene una concepción económica de la propiedad intelectual que hasta medios tan poco sospechosos de antinegocio como The Economist censuran.
Una alternativa para superar el sordo debate actual es proteger la defensa de la cultura, la ciencia, la educación, el patrimonio público, y separar los derechos y libertades de los ciudadanos de la pelea del hiperconsumo.
La redefinición de la propiedad intelectual debe incorporar el concepto y la defensa del procomún: los bienes que pertenecen a todos y cuya gestión social crea una nueva cadena de valor para todos.
Las garantías de acceso a la cultura y la ciencia deben ser más amplias que las actuales y la extensión del uso justo de las obras es imprescindible.
Ese uso justo requiere garantías y compensaciones que en su mayor parte existen ya a través de la financiación pública -directa e indirecta- de la creación, la investigación y el apoyo a las industrias de contenidos.
Reconstruir el consenso para ampliar el derecho de cita y conseguir una ética del enlace y la atribución de fuentes que tan a menudo se olvida.
Redefinir el servicio público de contenidos, acceso y telecomunicaciones para eliminar el conflicto entre intereses privados y públicos, fundamentalmente en el audiovisual pero también en otros ámbitos como la edición o la gestión cultural.
Un ejemplo: las licencias de Cedro para la educación sólo garantizan la reproducción (física o digital de un 10%) de las obras o un artículo como fragmento. Con costes de cinco euros por curso en la universidad por la reproducción digital, 1,90 si es en fotocopias. Para la enseñanza secundaria el precio es de 3,74 euros por curso y en educación primaria de 2,65 euros.
Estas licencias son excesivas por su limitación y cuantía. El uso justo de las obras debería cubrir la mayoría de los usos educativos, tanto para el acceso público a las obras fragmentadas cuando su uso no sea completo o intensivo, pero también porque una mayoría de esos contenidos y materiales proceden de investigación, creación, edición y publicación financiada con recursos públicos a través del propio sistema educativo y de investigación como de las ayudas y financiación de la edición para estos usos.
O se da un paso al frente en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la transparencia en la financiación de los contenidos culturales, científicos y de entretenimiento o la discusión es inagotable.
Separar derechos y patrimonio público de las garantías para los consumidores. Apostar por estimular los nuevos negocios y modos de explotación, y aumentar el acceso a la cultura como un sistema operativo social y económico puede ayudar a desatascar posiciones.
Ipwatchlist 2010 Span
