Los editores y autores agrupados en Cedro quieren endurecer la Ley de Propiedad Intelectual para restringir y cobrar más por la copia privada. Pero además su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso reabre la batalla por el préstamo de pago en las bibliotecas.
Las reclamaciones de los editores vuelven a insistir en el cobro a las bibliotecas por prestar libros, fijado en 20 céntimos por volumen. Un canon del que sólo están eximidas las bibliotecas públicas en pueblos pequeños y las del sistema educativo.
Los editores y autores agrupados en Cedro también exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación.
Una batalla por encarecer la cultura en la que se echa en falta una discusión seria sobre nuevos modelos de negocio y comercialización. Imprescindible cuando los contenidos son más accesibles que nunca y el abaratamiento de los costes de producción y distribución digitales debería acarrear una rebaja en los precios de los libros.
Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.
Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.
Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.
A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.
Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros. Una cantidad importante pero mucho menor que los derechos audiovisuales y musicales cobrados por otras gestoras.
Autores y editores tienen derecho a cobrar por sus obras y su actividad, pero ¿tiene sentido seguir cobrando por las copias?
Cabe debatir si es útil y conveniente para empresas y público seguir cobrando por las copias o poner en marcha nuevos sistemas de licencia, distribución de obras -en fragmentos o completas- a través de nuevos soportes que mejoren el acceso de la ciudadanía, las empresas y la colectividad educativa a los libros. Sistemas que preserven y ajusten la cuantía de los derechos en función del valor y uso real de los contenidos.
En el préstamo, tanto privado como en las bibliotecas, la pregunta es si se pueden cobrar esos derechos mientras se mantiene el precio de los libros y se recibe financiación pública para la edición.
La pregunta reaviva la demanda de un sistema de ayudas y subvenciones que garantice el uso público y no comercial de las obras financiadas con dinero público: la cultura como procomún.
Pero también rescata el cambio de modelo de la venta de libros por un precio por lectura. Un pago por visión como el de las obras audiovisuales. Es la gran oportunidad de los ebooks, los libros digitales: cobrar por lectura y no por la posesión del volumen.
Eso permitiría que las bibliotecas, especialmente las públicas, pudiesen mantener sus fondos en depósito o usufructo y pagar sólo cuando esas obras sean leídas y consultadas por los lectores. Lo mismo puede hacerse con los libros digitales: un precio por la lectura en soportes digitales, posiblemente con limitaciones de tiempo y copia, y otro precio por una copia digital y permanente del libro.
Los libros como servicio y contenido, no como venta de una propiedad: la copia. Si editores, autores y políticos abren un debate serio sobre la sociedad de la información digital deberían ponerse todas las opciones sobre la mesa. También las que pueden garantizar un mayor acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura y la ciencia. No sólo las que convienen al mantenimiento de industrias y negocios que deben cambiar cuando la tecnología y el negocio cambian.
No es legítimo impulsar reformas legales en beneficio de unos pocos sin garantizar los derechos de todos.
