La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) pretende acabar la larga disputa con los ayuntamientos por el wifi municipal. Solución: las administraciones públicas podrán ofrecer al público -más allá de la autoprestación en bibliotecas o centros de trabajo- wifi gratis si se limita la navegación a las webs públicas, no se supera una lenta velocidad de 256k y la cobertura no llega a zonas residenciales.
Un paso adelante en la prestación de wifi público pero muy pequeño por lo limitado de la velocidad y el acceso a contenidos.
Pero la apertura de la CMT puede abrir una vía para ampliar la idea de un nuevo servicio público digital de contenidos y acceso. Debería incluir una conexión a internet de banda ancha suficiente, aunque no competitiva con las telefónicas, sometidas a servicio universal (la obligación de prestar el servicio en todo el territorio), pero no público (universal y gratuito).
Y permitir el acceso a todos los servicios públicos, tanto de las administraciones como de contenidos: las webs de radios y televisiones públicas, bibliotecas, centros de estudios e investigación, científicos, museos, archivos, etc.
Ese sería un auténtico servicio público digital más allá de la vieja función de la radiotelevisión pública. Y para su efectividad y motor de la sociedad de la información debería incluir el acceso a toda la población y eliminar la amenaza de una nueva brecha digital entre ciudadanos premium y los desconectados, una alerta de la propia CMT.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya ha prometido un servicio universal de telecomunicaciones de un mega para todos en 2011.
No es suficiente cuando la velocidad media de acceso es de seis megas, el estándar adoptado para la televisión de pago por internet.
En la sociedad de la información es necesaria una redefinición de lo público con acento en los procomunes para ampliar el acceso a la información y el conocimiento de los ciudadanos.
Televisiones, radios y bibliotecas, además de otros equipamientos culturales, no son suficientes. Es hora de que la digitalización alcance a todos los contenidos públicos.
Una conexión pública de un mega -o incluso de algo menos- no debería ser demasiado competitiva para las telefónicas, que juegan la carrera por ofrecer los nuevos servicios de la sociedad de la información.
Tampoco para los medios privados si los medios públicos definen adecuadamente la función de servicio público, una deficiencia de la nueva Ley Audiovisual y de la larga historia del uso de la televisión pública como arma de poder político.
Con esa nueva definición se podría compensar además el déficit en financiación del despliegue de nuevas redes de banda ancha, ahora que la Comisión Europea parece dispuesta a permitir más inversión pública.
A cambio de esa ayuda pública, el servicio universal de telecomunicaciones debería ampliarse para llegar a ser un servicio público real.
Por ahora la propuesta de la CMT es mucho más acotada, pero la espita para la redefinición de lo público en la sociedad conectada está abierta.
