Carrera en los ayuntamientos. Los municipios saben que la sociedad de la información se puede retrasar entre sus ciudadanos si no trabajan codo a codo con las telecos. Los municipios quieren evitar una nueva brecha digital y las operadoras quieren normas claras, comunes y simplificación de trámites.
El mayor coste del despliegue de las nuevas redes de fibra óptica es de pico y pala, más del 60% del total de la inversión si no se aprovechan y comparten las canalizaciones ya existentes. Las de Telefónica, pero también las de las compañías de electricidad y gas, por ejemplo.
¿Cuántas veces has mirado a todas esas nuevas urbanizaciones –ahora a menudo abandonadas- que rodean las ciudades y te has preguntado si hasta allí llega el cable o las nuevas redes?
Telecos y ayuntamientos también quieren evitar una nueva guerra de las antenas, como ya sucedió con los móviles y los fantasmas de sus males cancerígenos, ahora que el despliegue de 3G y su sucesor LTE es la apuesta de las operadoras mientras los ayuntamientos y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) estudian la posibilidad de ofrecer wifi municipal gratis para contenidos y servicios públicos.
En juego está la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información sin discriminaciones por el tamaño de su población o una nueva brecha digital entre ciudadanos premium, abonados a servicios de alta capacidad y velocidad, y el resto, con conexiones y servicios de menor calidad y con menor acceso a las ventajas de la tecnología digital.
Ayuntamientos y telefónicas discuten en el IV Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales las soluciones a la maraña de reglamentos y obstáculos para el tendido de las redes de nueva generación y el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, tanto móviles como fijas.
Pero además de los permisos para las zanjas y el cableado vuelve a estar en discusión el carácter del servicio universal de telecomunicaciones y las competencias en un nuevo servicio público de facto, comparable al agua o la energía, que los municipios no quieren que dependa sólo de las decisiones de inversión de compañías interesadas sobre todo en su cuenta de resultados y forzadas a un gran esfuerzo de inversión en época de crisis y con el crédito restringido por los bancos.
Muchos ayuntamientos temen una sociedad de la información lenta y de segunda cuando hasta la mayor ciudad de España tiene problemas de inversión. Los madrileños gastan 134 millones de euros mensuales en tecnologías de la información, pero cuesta que las operadoras inviertan en redes de nueva generación.
El delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, se quejó ayer de que las telecos no cumplen el compromiso de invertir 400 millones al año entre 2008 y 2016 para hacer de la capital una ciudad cableada con redes de gran capacidad. ¡Y eso que la inversión se puede recuperar en tres años!, según los estudios de la CMT.
¿Qué será del resto? La CMT estima que menos del 50% de los hogares tendrá banda ancha de alta velocidad en 2023. La brecha corre el peligro de acentuarse entre los habitantes de Madrid y Barcelona, donde al menos dos o tres operadoras competirían, y las zonas y ciudades menos pobladas (menos de 50.000 habitantes), donde la CMT confía en la inversión pública para garantizar el acceso a las nuevas redes.
El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, defendió un marco jurídico transparente y coordinación entre administraciones y empresas. Pere Navarro, presidente del consorcio de municipios catalanes Localret y alcalde de Terrasa, reivindicó el papel de los municipios en la sociedad de la información y para evitar la brecha digital.
¿Qué enfrenta a ayuntamientos y operadoras? Lo primero la tasa por ocupación del dominio público sobre un 1,5% de los ingresos anuales que los enfrenta en los tribunales. El Tribunal Supremo acaba de rebajar en una sentencia la cuantía de ese impuesto para limitarlo a los ingresos de los móviles. Pero también las ordenanzas municipales y los reglamentos autonómicos y estatales que conviven para el cableado de las calles y viviendas.
"Si cada ayuntamiento hace las cosas por su cuenta, nos podemos encontrar con 8.000 soluciones diferentes para afrontar una cuestión que debe ser tratada desde un punto de vista nacional", se quejó en las jornadas citadas el director de relaciones institucionales de Ono, José J. López-Tafall, al responder a la queja del alcalde de Terrasa sobre la falta de interés de las operadoras en su ciudad a pesar de haber creado una red de canalizaciones en el 75% de su municipio.
Además los ayuntamientos están decididos a ofrecer algunos servicios de telecomunicaciones como wifi público que son vistos como una amenaza a la competencia por las operadoras.
La CMT impulsa ahora esa prestación que podría llegar a convertirse en un nuevo servicio público digital en la era de la convergencia donde se uniera el acceso básico a internet –para respetar la competencia- garantizando la banda ancha universal con objeto de evitar la brecha digital, con una oferta amplia de todos los contenidos de dominio público y de aquellos subvencionados con fondos procedentes de los impuestos.
Un nuevo desarrollo digital del artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, información y creación más allá de las televisiones públicas. Pero también del artículo 19 y la libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional sin perder la conectividad. O del 21 y el 22 sobre los derechos de reunión y asociación que tienen su extensión en las redes sociales. Pero también del artículo 23, porque "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos" y ese derecho puede ser ejercido con mayor eficacia a través de las herramientas del gobierno abierto y la administración electrónica.
No es cuestión de zanjas. Es el futuro.
Para Soitu.es, continuación también de Estado de bienestar digital, en Público
