De la ley Sinde a una mala ley Lassalle

El gobierno Rajoy aprueba la ley Lassalle, el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad intelectual que sustituye a la contestada y criticada ley Sinde. Mejora algunos aspectos y otros los empeora, pero sobre todo pierde una oportunidad para repensar la propiedad intelectual y los derechos de autor en la era digital y con más consenso de todos. La enorme contestación de casi todos los sectores augura una ley frágil y caduca antes de nacer porque no recoge algunos elementos clave para el negocio y el consumo digital.

Según el texto conocido hasta ahora, la propuesta empeora algunos derechos como la copia privada (ahora sólo temporal y más restrictiva) y sanciona un canon digital que pagan todos los ciudadanos, más injusto que el anterior.
Además reduce el derecho de cita en la educación al excluir a los libros de texto y obliga a las universidades a pagar un canon por los materiales de la enseñanza que amplía los actuales.

Entre las mejoras está el mayor control y supervisión de las sociedades de gestión de derechos de autor, obligadas a mayor transparencia en su actividad, para evitar escándalos como el de la SGAE.
La supervisión de las tarifas y licencias de derechos de autor trata de evitar el abuso actual de las gestoras, pero no plantea un mercado dinámico, abierto y transparente. La regulación de tarifas no garantiza una oferta más adecuada si no se hace por un organismo autónomo y con criterios de mercado y promoción de nuevos negocios. Una supervisión para la que sería necesario una autoridad de la competencia independiente, como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el fenecido Consejo Audiovisual (CEMA), no un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

La ley Lassalle mejora la persecución contra las webs de descargas no autorizadas y permite perseguir los enlaces aunque los contenidos estén alojados por otras páginas y servidores cuando hay elementos objetivos de que se dedican a difundir y comercializar contenidos protegidos y cuya difusión no está autorizada.
Entre las novedades destacan las herramientas para cortar el negocio de las descargas. La intención es perseguir el dinero, no a la gente, bloqueando la publicidad y los pagos. Para que esa medida sea efectiva debería adoptarse una interpretación liberal de la doctrina de first sale o primera venta (como la que acaba de efectuar el Tribunal Supremo de Estados Unidos).
De esa forma se diferenciarían las copias no autorizadas de las licencias de uso y permitirá cobrar una licencia universal para todas las copias. Un mercado secundario para las descargas no autorizadas que permita cobrar a quienes las distribuyan con el fin de recuperar ingresos para los autores y acercar el mercado irregular al comercial.
Mejor cobrar derechos de las descargas que seguir persiguiendo lo imparable y enredándose en procesos administrativos y judiciales que no impulsan la creación de un mercado legal más atractivo ni cambian los hábitos de muchos internautas.
La intención de bloquear la publicidad en las webs de descargas es bastante inútil tal como funciona el mercado de la publicidad digital, con muchos mayoristas, contratación indirecta y automatizada (el que más crece), sin relación directa entre anunciantes y soportes, como explica Julio Alonso.

Los buscadores, la cita y los enlaces privados o sin ánimo de distribución masiva o intencionada de descargas no autorizadas quedan fuera de la persecución de la Comisión de la Propiedad Intelectual. A pesar de las excepciones, el problema es de garantías.
La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual sustituye la garantía de los jueces por un procedimiento administrativo. Los integrantes de la comisión pertenecen a cuatro ministerios (Educación y Cultura, Economía, Industria y Presidencia), sin representantes de los consumidores ni del sector, pero sin constituirse como una autoridad independiente, como menciono arriba.
Las garantías, los derechos y la interpretación de una ley con muchas lagunas queda en manos del poder ejecutivo. Un nuevo error y una erosión de derechos cuando se puede recabar información de las operadoras de telecomunicaciones sobre las webs y páginas denunciadas, y cuando los procedimientos de sanción y defensa no son claros y garantistas.

La reforma de la propiedad intelectual aún tiene recorrido en el Congreso, pero no hay muchas esperanzas de mejora sustancial cuando se analizan las posiciones pasadas de los grupos políticos. Como en tantos otros temas, la realidad, la audiencia y la evolución del negocio va mucho más rápido que las leyes.

La guerra de la prensa contra la economía del enlace

Los diarios irlandeses avanzan en la batalla contra la economía del enlace con su pretensión de cobrar por enlazar sus contenidos. Un paso más en la lucha de la prensa por rentabilizar sus contenidos en internet. Los editores españoles intentan crear una SGAE para la información mientras Francia, Alemania o Brasil luchan por implantar una tasa Google para cobrar a buscadores y agregadores. En Bélgica hay acuerdo entre prensa y Google para que todo siga igual. Suena la alarma contra el derecho al enlace, la base de la web, como ha explicado su fundador Tim Berners-Lee. El problema es quién es el propietario de la información. Cómo se rentabiliza la obra periodística cuando sólo lo que se enlaza y comparte tiene auténtico valor informativo, democrático, social y económico. Es el impacto de la economía del enlace y del poder del usuario -de la demanda- en el mercado digital. Una economía y un negocio opuesto al control del acceso y de la publicación propia de los medios tradicionales. Una batalla en la que pierden los usuarios y la sociedad de la información.

A la denuncia de intentar destruir la naturaleza de la web por cobrar el enlace a sus contenidos (desde 300 euros en adelante), los diarios agrupados en National Newspapers of Ireland (NNI) responden que sólo reclaman remuneración por la utilización comercial de los enlaces. "Los miembros de NNI nunca se han opuesto a que el contenido de los diarios sea utilizado por otros para el uso personal", señalan. Los periódicos irlandeses "aceptan que el enlace para uso personal es parte de la comunicación online de los inviduos y no tenemos objeción".

La prensa da un paso más en la guerra de la propiedad del copyright e intenta no sólo cobrar por la copia o la cita, sino por el enlace a sus contenidos -la práctica conocida como deep linking: enlace directo. Un privilegio todavía no permitido en la legislación irlandesa ni en la europea. Incluido ya en las condiciones legales de algunos medios, pero no en las licencias de Newspaper Licensing Ireland Limited, la sociedad de gestión de derechos de los editores, similar a la que se quiere implantar en España.

En una reciente consulta legislativa para reformar la propiedad intelectual (pdf), la prensa irlandesa intentó abortar la práctica del uso justo (fair use) del copyright norteamericano que ampara el derecho de enlace. En España los editores reclaman una compensación por copia privada como la de la música, la televisión o el cine.

Los diarios irlandeses rechazan la neutralidad de los enlaces y se aferran a una sentencia británica que reconoce la propiedad de los contenidos periodísticos y a los titulares y sumarios de las noticias (los snippets de Google, por ejemplo) como obras con derechos de autor.

Muchos periodistas creen que los editores perdieron la batalla contra los buscadores y agregadores cuando dejaron enlazar sus contenidos y permitieron la aparición de sumarios. Esos resúmenes ofrecen cada vez más información al incorporar fotos, vídeos, microdatos, música, datos útiles, etc. Ya no sólo los utiliza Google, son habituales en las principales redes sociales como Facebook, Linkedin o Twitter, donde los editores pueden elegir cómo publicarlos.

Los medios se debaten entre la necesidad de ganar audiencia y relevancia con la optimización en buscadores (SEO) y el marketing viral en las redes sociales frente a la presión de hacer rentables los contenidos cuando una gran parte de los usuarios no pasan de esos títulos o extractos para llegar a la fuente de la información.

Es la maldición de la pirámide invertida: cuando lo más relevante de las noticias está en el título y en el primer párrafo, para muchos es suficiente en la era de la abundancia. El estilo que los periodistas crearon para hacer más comprensible y rápido el acceso a la información se vuelve en su contra en la era digital.

La lucha de la prensa contra el enlace y la cita amenaza el propio derecho a la información y a su titular: las personas. La posibilidad real de publicar, enlazar, compartir, comentar, editar, recomendar o republicar contenidos conseguido con internet es el triunfo de la democratización de la información nacido con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reconocido desde entonces por casi todas las legislaciones democráticas, como en el artículo 20 de la Constitución Española (1978).

El periodismo hace su negocio con una riqueza que no le pertenece: la información es del público y sólo el interés público legitima el ejercicio periodístico. Es un servicio que aporta valor añadido e inteligencia al relato de la realidad más que una creación. En eso se parece a los buscadores, agregadores y redes sociales que ofrecen a los usuarios espacio digital y capacidad de publicar, comentar, compartir, ordenar y distribuir contenidos propios o ajenos.

La Declaración de Derechos Humanos cierra la etapa de la propiedad de la información por los editores, como antes había sido de los reyes y de la Iglesia que permitían licencias para imprimir y publicar. Cuando los periodistas comenzaron a reivindicar con fuerza sus derechos de autor sobre la información les sobrepasó el asalto ciudadano a la información y los contenidos. Desde entonces los editores luchan para mantener el control de la propiedad de la información contra las propias redacciones y contra los derechos humanos.

No es difícil reconocer la propiedad y el derecho a la explotación comercial del artículo, el periódico, la revista o un telediario (obras derivadas de la información, en jerga jurídica) pero es más complejo marcar los límites del derecho de cita, enlace o comentario que hacen real ese derecho a la información.

Editores y periodistas tienen derechos sobre el producto, pero la información es de todos. En ese derecho se ampara la cita, la copia privada, la parodia o la reutilización de partes del contenido como reconoce la legislación europea y española. Los nuevos medios de internet han encontrado cómo aprovechar y ampliar ese derecho a la información. Unos añadiendo valor y funcionalidades para los usuarios, otros sólo copiando y esquilmando los contenidos ajenos.

El problema del negocio del periodismo no está en diseñar complejas barreras para cobrar a los aprovechados, sino en recuperar el valor de la información original y su reconocimiento por ese público que hoy se contenta con el esqueleto más breve de la noticia o con los enlaces y citas de quienes ofrecen más acceso a los contenidos sin aportar criterio, inteligencia o más información.

Artículo en ElDiario.es

Monopolios de autor

Todo baja con la crisis excepto dos cosas: la audiencia de los medios gratuitos y los derechos de autor y de imagen de los contenidos. Las radios se han puesto en pie contra las sociedades de gestión de derechos de autor porque quieren aumentar unilateralmente entre un 70 y un 200% el canon que se debe pagar por la música en la radio convencional o en internet. Junto a los costes crecientes de los derechos deportivos y el control de las grandes distribuidoras de Hollywood sobre el cine crecen las dificultades para hacer llegar contenido de calidad a la audiencia cuando la publicidad ha vuelto a caer casi un 17% en la primera mitad del año.
La audiencia tiene más medios para consumir, pero los contenidos más deseados siguen en manos de unos pocos. Los medios crecen exponencialmente con la explosión digital. Hay más gente que nunca dispuesta a pagar por la música, el cine y otros contenidos a través de más soportes y pantallas, pero los precios y el sistema de ventanas de exhibición (calendario) siguen siendo el cepo que atenaza a los consumidores y a los medios.
Con tanta fanfarria sobre la liberalización de mercados y el aumento de elección para el consumidor cuesta entender porqué continúa el monopolio de las entidades de gestión de derechos sin que se reforme un mercado opaco e injusto. Cómo gobiernos, autoridades de competencia y empresas son incapaces de conseguir mercados y sistemas de licencias más abiertos y flexibles para mejorar y abaratar la oferta.
Hace casi tres años que la Comisión de la Competencia denunció el monopolio de los derechos de autor y los abusos de las entidades de gestión. La Comisión Europea lleva años luchando por un mercado único de contenidos y el gobierno de Rajoy prometió reformar la propiedad intelectual para promover el mercado y licencias más adecuadas para los nuevos medios. Pero cada paso topa con el control de un mercado que sólo beneficia a unos pocos, eso sí muy poderosos y acomodados en el inmovilismo que premia a los grandes y perjudica al resto.

Columna en los diarios de Vocento

Lecciones de Megaupload

El FBI ha cerrado Megaupload, la mayor web de descargas directas del mundo. La discusión vuelve a internet y las redes sociales entre defensores y acusadores. Pero el cierre de la web de descargas, su modelo de negocio, los reclamos de la industria, el uso que hacían sus usuarios y la decisión de un gran jurado de Estados Unidos dejan muchas lecciones para superar las guerras del copyright. En resumen: lo importante es perseguir al dinero, proteger a los usuarios y a los creadores, y aceptar la innovación y los cambios en el mercado para crear una oferta competitiva.

Megaupload se lucraba con contenidos protegidos por copyright subidos por los usuarios, a los que se premiaba para subir más contenidos. Una estimación (siempre dudosa) de pérdidas de 500 millones de dólares para la industria de contenidos y 175 millones sólo en su persecución legal. Tenía 150 millones de usuarios registrados y 50 millones de usuarios diarios.

Megaupload no es una red P2P (peer to peer), funcionaba con sus propios servidores para alojar los archivos y cobraba por descargas rápidas o por streaming (contenidos sin descarga). Los pagos de los usuarios y la publicidad son sus ingresos. Un negocio importante al no pagar a los dueños de los contenidos. Además premiaba a los usuarios que subieran más archivos y los enlazasen y promocionasen en internet.

Pero el servicio también se utilizaba para alojar documentos y archivos legales o sin restricciones de derechos de autor. Un precursor de los servicios de alojamiento en la nube actuales. La nota del FBI y de Departamento de Justicia explica que desincentivaba a los usuarios de contenidos legales al borrar los archivos poco descargados.

El gobierno norteamericano y todos los que hayan usado Megaupload saben que la voluntad de lucro con material no autorizado era evidente y expresa. Pero muchos usuarios no distinguen entre los propósitos legítimos o no de las herramientas y las usan sin discriminación.

Por último, además de las pruebas sobre el conocimiento de las actividades ilegales, que habrá que demostrar en los tribunales, el FBI acusa a los responsables de la web de no retirar los contenidos denunciados por sus dueños legítimos (como en YouTube y tantos sitios), sino sólo cambiar los enlaces.

El cierre de Megaupload se produce tras la gran jornada de luto contra las leyes SOPA y PIPA que pretenden endurecer la lucha contra las descargas y dotan a los demandantes de poderes de control y censura de la propia arquitectura de internet. Anonymus respondió al cierre atacando las webs del gobierno norteamericano en una escalada ciberbélica preocupante.

Algunas lecciones:

El mercado de los contenidos debe adoptar la innovación tecnológica y de negocio digital.
Está obligado a cambiar aumentando la oferta digital, acortando las ventanas de exhibición actuales para ofrecer los contenidos cuando concentran el interés de los consumidores y en un mercado de acceso total a través de varias plataformas y aparatos, de la televisión a los móviles.
Un mercado donde la propiedad ya no importa, lo valorado es el acceso y el uso.

Los consumidores buscan precios más baratos y más ajustados a su consumo. Hasta el punto de resignarse a peor calidad, esfuerzos y limitaciones técnicos o simplemente poder pagar suscripciones (como en el streaming legal) en lugar de micropagos y al revés, elegir sólo canciones (la revolución de iTunes) en lugar de álbumes completos.
La industria debe repensar la saturación de contenidos actual y cómo los comercializa.

La obra es la primera copia digital, mejor comercializarla. Cuando una obra está digitalizada no se puede detener su distribución. Mejor aprovechar la doctrina de la primera venta (first sale) y reconocer que es ineficaz restringir la distribución de contenidos y es mejor aumentar sus métodos y canales de distribución. Más derecho de participación (droit de suite) y menos exclusividad de explotación, ineficaz contra la distribución no autorizada.

Del canon digital a una licencia universal para rentabilizar los contenidos digitales.
La compensación equitativa a los autores de nuestras leyes condena a los ciudadanos a pagar indiscriminadamente por soportes u obras, o crea un impuesto privado que las gestoras de contenidos cobran a todos los ciudadanos, como ahora cuando el canon digital se paga con los Presupuestos del Estado.
 Al desregular la copia y aceptar la imposibilidad de controlar la distribución es mejor aplicar una licencia universal sobre los contenidos a pagar por todos los comercializadores y distribuidores de las obras. Exigir ese pago debe ser la tarea de las autoridades, no amenazar con leyes sin suficientes garantías (ley Sinde, SOPA, etc.) que colisionan con los derechos fundamentales.
La penalización legal en ese escenario se aplicaría a quienes se lucren de mala fe sin someterse a un mercado abierto y sin más restricción que la debida compensación a cada eslabón de la cadena de valor.

Un pacto de honestidad entre autores, industria y consumidores.
Si se eliminan las barreras de distribución, se abre el acceso a todas las plataformas y dispositivos técnicamente preparados, se establece un sistema de licencias universal con precios competitivos -más competencia y arbitraje, más acceso a redes y contenidos, menos oligopolios y restricciones lo aseguran, como ha ocurrido en la telefonía móvil, por ejemplo- nadie debería violar esas condiciones de buena fe.
Por tanto los intereses de unos y otros coincidirían en un mercado abierto, sin posición de dominio excesiva de nadie. Los consumidores tendrían mejor información y más opciones para sus necesidades sin buscar atajos ni sumarse a una cultura de la irresponsabilidad que sólo conduce al abuso y la confusión.

Perseguir al dinero, no a la gente

Sam Spade y Philip Marlowe lo sabían. Sigue al dinero y tendrás la respuesta oculta tras un halcón maltés en un sueño eterno. Para pesadilla, la de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Los grandes de internet cerraron sus páginas con un fundido en negro para protestar contra dos proyectos de ley contra las descargas: la Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect Intellectual Property Act (PIPA). Si son aprobadas abrirán la puerta a una censura digital sin precedentes. Las autoridades norteamericanas podrían bloquear webs extranjeras con menos pruebas y más discrecionalidad que las empleadas dentro de Estados Unidos por la Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
La ley ataca a la misma arquitectura de la red bloqueando los dominios (el código que identifica cada sitio) de los denunciados, impidiendo su acceso a través de los proveedores de internet o eliminando sus páginas de los buscadores. Un gran agujero negro en internet o la gran muralla digital norteamericana.
Parece un conflicto de derechos, pero no lo es. Es una gran pelea por el negocio entre dos mundos, dos economías, dos culturas. Una es una industria cercada por sus propios pecados, sus abusos, un mercado saturado y donde las novedades pasan más rápido que lo que se tarda en degustarlas. La otra, disruptiva, innovadora, basada en una tecnología y una economía que ofrece el mayor acceso a los contenidos y la información de la historia al menor precio.
La máquina del hiperconsumo se ha hecho tan perfecta que amenaza sus propios fundamentos. Los internautas no pueden parar de consumir, incapaces de gestionar y renunciar a la abundancia. Los contenidos se hacen parte de su identidad compartida en las redes sociales, la identidad de dominio público. Enlazan y publican lo que les gusta y muchos descargan todo lo que no están seguros de querer pagar o lo que quieren tanto que no están dispuestos a esperar a las ventanas de exhibición y los tiempos de un mercado obsoleto y cuando la propiedad ya no importa en la era del acceso inmediato y ubicuo, a un toque de dedo en una pantalla.
Ante la falta de oferta competitiva y a precios de mercado, como bien recuerda el editor Tim O’Reilly, descargas. Las iniciativas legislativas como las norteamericanas o la ley Sinde sancionada por el gobierno Rajoy son los estertores de una industria y un mercado obligados a reinventarse.
Contra SOPA y PIPA ha aparecido una nueva iniciativa llamada Open Act que intenta poner el problema donde muchos pensamos que está: en el dinero, no en la gente. Open Act diseña un sistema con garantías a los derechos fundamentales para evitar que quienes quieren lucrarse con el comercio de obras no autorizadas por sus creadores y distribuidores puedan hacerlo.
Le falta la reforma de las licencias de contenidos para hacerlas más flexibles y baratas, como prometió el PP en su programa electoral y por ahora no cumple. Como suele explicar el dueño de Amazon, Jeff Bezos, la clave del mercado digital es ofrecer productos premium (de alto valor) a precios bajos. Sólo unos pocos como Apple pueden mantener la fascinación del consumidor por sus productos, a cambio de otra clave: un diseño, simplicidad y funcionalidades que convierten el consumo en una experiencia única. Un frenesí.
La clave para evitar el entuerto es perseguir el dinero: evitar el lucro de actividades comerciales ilegales manteniendo los derechos y con supervisión de autoridades independientes y no perseguir a los usuarios que sólo quieren compartir y recomendar su deseo y su placer. Y nada como el público para hacer el mejor marketing, como ya están demostrando las redes sociales.
Por cierto, perseguir el dinero es hacer pagar lo justo y equitativo a quienes se lucran de las obras de los demás. No vale esconderlo, como ha hecho el Ministerio de Cultura con el nuevo canon digital, que ha pasado de injusto por indiscriminado a universal y más injusto al ser pagado (aún no se sabe cómo) por todos –usuarios de descargas o no, internautas o no, honestos o arteros- vía Presupuestos del Estado. Perseguir el dinero, no esconderlo. O los derechos de autor acabarán como esas televisiones públicas que ahora tanto cuesta reformar.

Columna en Estrella Digital

Stop #SOPA y #PIPA

Este blog tiene actualmente 388 artículos bloqueados por la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Google los ha retirado para no sufrir el castigo de esa ley de defensa del copyright. Está en curso mi protesta y mi escrito de defensa para volver a publicar esos artículos sin castigo ni para su autor ni para el servicio que los aloja.
Pero la justicia es lenta y la ley norteamericana primero castiga y luego revisa, sin mucha defensa para el usuario.
Quienes soy lectores del blog sabéis de sobra que aquí no hay enlaces comerciales ni material que viole ningún derecho de autor o comercial. ¿Cuál es el pecado de esos 388 artículos? Enlazar sitios sospechosos, entendiendo por tales sólo los que pueda alojar la mente de un paranoico, reproducir algún vídeo de YouTube o citar marcas comerciales sin permiso.
De la libertad de información y opinión y el derecho de cita, ni las autoridades norteamericanas ni Google (de rodillas débiles ante el abuso) quieren saber nada. Los defiendo con argumentos y las leyes españolas y europeas que garantizan los derechos citados. Por ahora, sordo Google, sorda la justicia norteamericana.
 Es un ejemplo sencillo de todo lo que puede empeorar si las leyes Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect Intellectual Property Act (PIPA) son aprobadas.
Las dos permiten el bloqueo de sitios de internet sólo con la denuncia de los presuntos perjudicados y con una interpretación del copyright sonrojante. Ni una ni otra pararán la piratería -de existir, cosa no probada en el mundo digital- porque no hay muro que pueda con el poder del futuro.
Me alegra coincidir con el enfoque de Open Act, la propuesta legislativa alternativa a SOPA y PIPA. Su enfoque es seguir el dinero, como en el género policíaco: follow the money. Cambiar el enfoque de una guerra de derechos a un conflicto comercial y económico es un paso fundamental que ya defendí hace tiempo, resumido en Una propuesta para el canon y la ley Sinde.
Algunas ideas más de SOPA como el mecanismo de defensa ante las denuncias falsas o abusivas también las expusimos un grupo de personas que nos reunimos en si día con el Ministerio de Cultura en busca de garantías para los derechos y libertades.
Mañana continúo esas reflexiones en Internet de luto, el artículo que he escrito para los medios de Vocento.
Persigue al dinero, no a la gente. Penaliza siempre al lucro irregular, no a quienes comparten con honestidad.
Es más fácil de lo que a veces parece.

Para todos los interesados en estos temas, una recopilación de enlaces interesantes (personal y no exhaustiva) sobre Stop SOPA.
BBC | Qué son estas leyes
Motion Picture Association of America, impulsores de las leyes | Artículos en defensa de SOPA y su posición sobre el copyright
EFF | Cómo violan derechos fundamentales cómo la libertad de expresión y la innovación
Proteger la innovación | Carta de los grandes de internet norteamericanos a los legisladores
Google | Resumen anti SOPA y PIPA
Wikipedia | Por qué un boicot
Casa Blanca | Respuesta a la iniciativa popular en contra de estas leyes
Tim O'Reilly | Las falacias de la piratería y cómo no se solucionan
Comisión Europea | Principios para una internet abierta
OCDE | Defensa de una internet abierta
Jonathan Zittrain | Análisis jurídico de SOPA
Harvard Business Review | The Real SOPA Battle: Innovators vs. Goliath
ProPublica | Base de datos con las contribuciones de la industria de los contenidos e internet a los legisladores de SOPA y PIPA
Peter Gabriel y su petición contra las leyes

Open Act | La alternativa apoyada por las grandes empresas de internet
Wikipedia explica Open Act
EFF | Lo bueno y lo malo de esta alternativa
Ars Technica | Lo mejor de Open Act y cómo mejorarla

SGAE, la hora de la reforma

El gran inquisidor está bajo sospecha. Teddy Bautista, presidente de la SGAE a punto de ser reelegido tras un proceso electoral diseñado para sostener su poder, ha sido detenido con algunos de sus colaboradores más cercanos. Son responsables de un gran entramado de sociedades y negocios investigados por la Fiscalía Anticorrupción y alimentados durante mucho tiempo por abundantes subvenciones públicas y la ceguera del Ministerio de Cultura. Siempre del lado de Bautista y sus proyectos contra las protestas de empresas, instituciones o incluso otras sociedades de gestión colectiva de derechos a las que la SGAE ha ido dominando.
La SGAE no puede tener ánimo de lucro. Sus actividades deben ser en defensa de los derechos de autor y con la función social de proteger la propiedad intelectual y la cultura. Bajo ese mandato Bautista ha instaurado un régimen del terror poniendo bajo sospecha de piratería a todos los ciudadanos, exprimiendo a los pagadores de licencias y convirtiendo a esta sociedad de derechos de autor en un monopolio y en uno de los lobbies más poderosos. La Comisión Nacional de la Competencia, las televisiones y radios privadas -las mayores pagadoras de derechos-, ciudadanos, ayuntamientos e internautas se han cansado de reclamar transparencia y equidad sin éxito.
Si la investigación demuestra la veracidad de las sospechas de la Fiscalía, Bautista y sus colaboradores serán los mayores piratas. Quienes más se habrán beneficiado de los derechos de los autores, pero también de los altos precios que los ciudadanos pagamos por los productos culturales y de la implantación abusiva e indiscriminada de un canon digital injusto.
La investigación sobre el lado oculto de la SGAE y sus actividades empresariales a través de la Fundación Autor, Arteria, la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae) y la empresa Microgénesis debe aclarar los magnánimos salarios y fondos de la gestora y su entramado, como la jubilación de oro prevista para Bautista, de más de 300.000 euros al año.
Además de los cuantiosos fondos de SGAE, con una recaudación de 365 millones de euros el año pasado, la gestora nunca ha dejado de reclamar dinero público -para apoyar la cultura, dicen- para sus proyectos. Algunos deficitarios y otros que exceden sus atribuciones. Peor, compiten con empresas a las que fija unilateralmente y cobra con exigencia incontestable las licencias de las obras, repetidamente denunciadas como entre las más caras de Europa.
Esa posición de abuso ha retrasado la aparición de nuevos modelos de negocio de contenidos, especialmente audiovisuales y musicales. Junto a Cedro, la sociedad de gestión de autores y editores de libros, ha construido una muralla contra el crecimiento de la música y el cine en internet o los ebooks.
El gobierno vuelve a tener una oportunidad de acabar con la sospecha y el abuso, acelerar la reforma de las entidades de gestión de derechos de autor defendida por la Comisión Europea, gobiernos como el británico, la Comisión de la Competencia y los creadores de nuevos negocios de contenidos digitales.
La sospecha sobre la SGAE se extiende sobre el Ministerio de Cultura, encargado de la vigilancia y auditoría de las sociedades de gestión de derechos de autor. La ceguera y falta de celo en esa vigilancia de sus dos comisiones de propiedad intelectual supone una dejación de funciones en defensa de los autores, los ciudadanos y la creación.
Está pendiente la reforma del canon digital tras la sentencia europea contra su cobro a instituciones y empresas. La Comisión Europea y muchos expertos defienden una reforma de las sociedades de gestión para hacerlas más transparentes y limitar su monopolio por sectores, crear licencias europeas y para nuevos negocios digitales, recuperar las obras huérfanas para el dominio público, y simplificar la gestión para aumentar el mercado y no desanimar a los emprendedores.
Crear una agencia pública para la propiedad intelectual y el canon digital mejoraría y haría más transparente y ecuánime su reparto entre sociedades, autores y promoción cultural, además de arbitrar en conflictos y ser más ágil en la creación de nuevas licencias de contenidos. Es hora de dar un paso adelante, por la cultura y los derechos, tanto de los autores como del resto de ciudadanos.
Get on your knees, baby, and pray, pray, pray (Ponte de rodillas y ruega) no por tu amor, Teddy, como decía su canción más famosa en los años 60, sino por una justicia que, como tantas veces, los poderosos como el presidente de la SGAE no han respetado para las víctimas de sus abusos.

Análisis para Estrella Digital

Una propuesta para el canon y la ley Sinde

El tiempo para aceptar o rechazar la ley Sinde acaba. Ni los partidos ni los implicados se ponen de acuerdo. En el origen del desacuerdo está la obsesión por no reconocer la inevitabilidad del cambio en el acceso a los contenidos digitales; la necesidad de nuevos modelos de negocio y garantías legales para autores, distribuidores, comercializadores y consumidores; y un nuevo contrato entre todos con nuevos derechos y obligaciones que no invada ni pisotee los derechos y libertades fundamentales.

¿Hay solución? Es posible si una perspectiva comercial y de ampliación de derechos sustituye a la obsesión por imponer restricciones de acceso, consumo y negocio superadas por la tecnología, los hábitos y la oferta alternativa.

Los principios deberían ser garantizar el acceso a los contenidos como un bien público (ampliar el procomún), asegurar la compensación y los ingresos de los creadores por su trabajo, evitar abusos sobre los consumidores y no invadir las libertades.

Junto a ellos, dejar de perseguir el enlace, base de la arquitectura de internet y el acceso e intercambio de información, y desregular la copia para centrarse hacer útiles, accesibles y rentables los contenidos cuando están en la nube, en streaming o en servidores P2P.

Para lograrlo es necesario abordar el problema de las descargas y la distribución no autorizada de contenidos como un problema comercial, sin judicialización ni una estrategia punitiva amenazante e inservible, como se ha demostrado hasta ahora.

Una propuesta de solución para discutir puede pasar por:

• La ampliación de las excepciones (Directiva 2001/29/CE) y límites (LPI) de los derechos de autor para introducir un derecho o licencia de distribución digital que cubra las descargas y el P2P.
  
• La reforma del canon digital o compensación por copia privada para eliminarla y sustituirla por una licencia –solución comercial- o tasa –alternativa pública- sobre la distribución, intercambio y descarga de contenidos digitales.
  No sustituye a las licencias comerciales, pero garantiza el cobro por los contenidos subidos por usuarios y con comercialización irregular.
  
• Reformar las sociedades de gestión colectiva de derechos para hacerlas transparentes e implementar un sistema de reparto de los derechos recaudados por una agencia estatal en el caso de la solución pública o para la coordinación en la recaudación y reparto de las licencias en la alternativa comercial.
  
• Gravar con el canon sobre los contenidos digitales a los distribuidores y comercializadores, tanto servidores de internet (ISP) como proveedores de descargas y webs dedicadas principalmente a la redistribución con ánimo de lucro de esos contenidos en función de sus ingresos y del volumen de contenidos distribuidos.
  
• Sustituir el control de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual por la supervisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el futuro Consejo Audiovisual (CEMA) para ejercer una supervisión efectiva del negocio de los contenidos digitales en cualquiera de sus formatos y proveedores, al estilo de la Ofcom británica, sin distinción de audiovisual, internet, telefonía, etc. como tampoco distingue ya el consumo ni el negocio.
  Un control técnico y comercial de la distribución y comercialización de contenidos digitales con los principios de máxima libertad y mínima intervención -light touch- seguidos hasta ahora por los reguladores de telecomunicaciones e impulsados por la Unión Europea.
  

Para los interesados en ahondar en la discusión y propuestas recomiendo las ideas de William Fisher (explicadas aquí junto a las de Richard Stallman), las propuestas de Bennett Lincoff o las de Neil Netanel, en parte recogidas en la propuesta de licencia voluntaria para las descargas de la Electronic Frontier Foundation.

En Europa destacan la licencia global propuesta por la Alliance Public-Artistes en Francia -basada en un estudio de la Universidad de Nantes-, la idea de licencias colectivas extendidas del Centro para Internet y la Sociedad de la Politécnica de Turín, la contribución creativa francesa alternativa a la ley Hadopi e impulsada por Philippe Aigrain, o la iniciativa de Flattr intentado aprovechar las donaciones y los micropagos.

El objetivo es garantizar el acceso, disponibilidad y rentabilidad de los contenidos digitales en un sistema de distribución descentralizado, social y viral. La demanda por contenidos al instante invalida modelos de negocio anteriores como la explotación con diferencias temporales por ventanas audiovisuales o el sostenimiento de un negocio basado en la venta de copias. Los consumidores quieren los contenidos al instante, en cualquier dispositivo y soporte, y los buscan allá donde los encuentran.

La salvaguarda para la oferta comercial es mejorar la calidad, accesibilidad, funcionalidades y experiencia de usuario, y hacerlo a un precio atractivo y considerado justo por el mercado, tanto por los consumidores finales como por los intermediarios y comercializadores.

Sin persecuciones penales o civiles. Sólo control de quienes negocian con los contenidos para imponer una compensación económica adecuada, igual que se cobra el IVA. Los ciudadanos ampliarán su acceso a los contenidos, aumentará la oferta legal, con calidad y sin engorros de contenidos digitales, y la industria de los contenidos tendrá que abrirse a una transformación obligada e irrefrenable.

El reparto de la recaudación debería hacerse entre las obras protegidas por derechos de autor, y un fondo para la financiación de los contenidos digitales que podría sustituir bastantes de las subvenciones que ahora otorgan gobierno y autonomías. Además de una línea de promoción para las de dominio público.

Seguirá habiendo quien encuentre la forma de burlar al sistema, pero disminuye su atractivo y justificación frente a la oferta legal.

Descargas subvencionadas

25 euros de descargas de música gratis al año por internet para cada joven francés. La ocurrencia del presidente Sarkozy de un bono musical para jóvenes ha sido aprobada por la Comisión Europea. En España, el Ministerio de Cultura se aprieta el cinturón, pero aumentará hasta 2,2 millones de euros las ayudas a la oferta de contenidos de pago en internet en 2011. Usuarios y expertos sospechan del empeño por subvencionar a los grandes de la música. Cuatro multinacionales: Sony, EMI, Warner y Universal, acaparan el 90% del mercado musical español, con iTunes como tienda casi única.

¿Por qué subvencionar la venta en lugar de la música en directo o de dominio público? ¿Por qué beneficiar a las descargas de pago, como con elportaldelamusica.es -promovido por los productores de Promusicae- y no hacerlo con el streaming o la radio online, alternativas en auge a las descargas que no obligan a comprar la música, sólo a pagar los derechos de autor?

Con Apple y las multinacionales controlando uno de los grandes mercados del entretenimiento estas ayudas no evitarán ni las descargas P2P ni aseguran un futuro para la música. La respuesta de los gobiernos no debería ser financiar negocios obstinados en no adaptarse a las nuevas tecnologías ni a las demandas de sus clientes al tiempo que reducen sus derechos como consumidores. Industrias reacias a rebajar sus precios y beneficios pese a su crisis y que no invierten en su propio futuro.

Mejor sería promover alternativas como la música en la nube o como servicio: la posibilidad de escuchar los temas preferidos en cualquier dispositivo y momento a través del streaming (sin descarga). Adaptar la legislación para mejorar los derechos de autor de los creadores frente a las ganancias de discográficas y sociedades de gestión. Reducir los problemas de la música en vivo, sobre todo para tantos músicos que no viven de los grandes conciertos ni de los promovidos por ayuntamientos y autonomías. Y volverse a ganar el cariño de un público harto de ser saqueado.

Columna en los medios de Vocento

Obras huérfanas para las bibliotecas

Al fin se oye a algún responsable oficial español una apelación razonable al uso y disponibilidad de las obras huérfanas, sin derechos de autor conocidos. Milagros del Corral, directora de la Biblioteca Nacional, denunció ayer la "orgía jurídica contraria al sentido común" de los excesos de la propiedad intelectual.
Del Corral exigió la disponibilidad de esas obras, sin ningún tipo de licencia ni tasa, para las bibliotecas. Y yo añado: y para el resto de uso no comercial, también.

Editores y autores olvidan a los lectores

"La entrada del sector del libro en la edición digital se está produciendo en España con cautela, aunque las previsiones apuntan a una entrada decidida del sector editorial a lo largo de este año y el próximo". Es la conclusión del estudio El Libro Electrónico, del Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Cultura.
Las conclusiones defraudan. Autores y editores no se preocupan por el lector y sus derechos, permanentemente obviados por una visión economicista del libro que no hace hincapié en la lectura, sino en la comercialización del libro como objeto.
Se preocupan de su negocio a corto plazo y olvidan que es más importante seguir teniendo lectores. Fomentar una economía de la afectividad donde los lectores se reconozcan y aprecien en los libros, con autores y editores antes de que huyan a otros mercados y actividades.
La segunda preocupación que surge es el escaso conocimiento de muchos editores y agentes del sector del libro sobre los cambios tecnológicos, de hábitos de lectura y su propia posición en el futuro del libro.
Sólo el negocio del libro, los derechos de autor y propiedad intelectual de los distintos agentes (editores, traductores, etc.) preocupa a un sector que reacciona tarde a los cambios.
El peligro es que la realidad les pase por encima y los arrolle, como ha ocurrido en otros sectores.

Por eso las alarmas de la Federación de Gremios de Editores de España sorprenden cuando alegan que las descargas de libros digitales les hacen perder 150 millones de euros. A muchos conocedores del sector les parece una cifra exagerada, fundamentalmente debido a la escasísima disponibilidad de libros en formato digital (la mayoría en pdf todavía), aunque una mayoría de esos títulos compartidos sean libros de texto y académicos.
Aún de ser ciertas esas cifras, rondarían el 4% de las ventas de libros en España, cantidad baja que debería animar a aumentar la oferta y a desarrollar nuevos modelos como los propuestos por Anele (editores de libros de texto) en el propio informe del Observatorio.
Los autores españoles percibieron además 22 millones de derechos de autor por copia privada en 2009 (43 millones un año antes), según las cuentas de Cedro.
Quizá sólo entonces se podría aprovechar que la afectividad y el hábito de compra de los lectores en España los predispone mejor al pago que en otros países, aunque quienes se declaran dispuestos a comprar ebooks son sólo un 13%, según cifras de los editores.

Sólo un 6% de las editoriales tienen su catálogo digitalizado y algo más de la mitad (56%) tiene al menos un 5% digitalizado.
Pero a fines de 2009 menos de la mitad de las editoriales comercializaban un 5% de sus novedades, el déficit fundamental de la edición de ebooks junto al precio de los títulos.
Editores, autores y comercializadores no se han puesto de acuerdo ni con el reparto de los derechos, ni con el precio de los libros, ni con el calendario de publicación y tampoco con las plataformas de venta.
Algunas de esas deficiencias son las que espera resolver la iniciativa de Planeta junto a Santillana y Random House Mondadori para crear una plataforma común de editoriales para la distribución del libro digital fundamentalmente a través de librerías con negocio on line, entre las que está bien posicionada la Casa del Libro, líder en la venta de libros a través de internet.
Anuncian una oferta inicial de 6.000 títulos para la próxima Feria del Libro de Madrid. Pocos si se tiene en cuenta que en 2008 se editaron más de 95.000 títulos, 82.400 de ellos primeras ediciones.
Los datos muestran la lentitud de la industria en adaptarse. Un problema ya sufrido en otros sectores y que ha provocado la aparición de nuevas empresas y plataformas que han arrebatado a las editoriales gran parte de sus beneficios, además de imponer sus políticas de precio y comerciales.

En cuanto al formato, el pdf es mayoritario:80% de los ebooks. El estudio indica su permanencia por dos años más frente al ePub, empleado ahora por una cuarta parte de los editores, por encima de formatos como los de móvil (Mobipocket) y otros, propietarios o abiertos, más cómodos y enriquecidos.
Una situación que demuestra la falta de consenso sobre formatos, interfaz del libro, distribución y comercialización. Pero también un miope análisis de los soportes y su futuro.
Muchos lectores y compradores de libros esperan señales claras del sector para decidirse por los soportes digitales. El retraso de la industria sólo beneficia a las inciativas que vienen de fuera, como Kindle, iPad o la lectura en móviles.

Sin acuerdo sobre el precio. El precio continúa siendo una batalla. Tanto por el negocio de editores, autores, traductores o distribuidores como por la participación de cada uno en los beneficios.
La mitad de las editoriales están de acuerdo en rebajar el precio del ebook respecto a libro impreso. La mayoría apuntan a una rebaja del 30% y son pocos los que como Luarna ofrecen libros a menor precio, 3,99 euros de media, y con más derechos de autor para los escritores: un 40% frente 8 o 10% de los contratos de edición comunes.

Sólo en las propuestas de Anele, especialmente importantes porque vienen de la patronal del libro educativo, se encuentran algunas ideas interesantes: pago por lectura o curso (como he defendido varias veces, alguna ante la propia Anele), venta fragmentada por capítulos o contenidos o suscripción a contenidos, colecciones o autores.

Por supuesto, ni rastro en el estudio de la consideración del libro y la cultura como procomún más que en el capítulo sobre la edición electrónica y la gestión de la propiedad intelectual en publicaciones universitarias y el open access, el acceso abierto a los resultados y contenidos de investigación.
Y se olvida que una gran parte de esos contenidos son financiados directa o indirectamente con dinero público, por lo que deberían gestionarse sus derechos de forma pública con alternativas más abiertas y menos onerosas tanto para su conocimiento como para su uso por la ciudadanía que los paga.

Pero la lucha por el control de los contenidos y el reparto de los derechos paraliza al sector editorial.
Fuera de la pelea queda el lector, que ve cómo los libros dejan de ser suyos en la nube (cloud computing), se convierten en intangibles donde ya no tiene sentido hablar de copias, y se cercenan sus posibilidades de usarlos y compartirlos de manera justa y sin objetivos comerciales.
Lo primero deben ser los lectores. Sin ellos no existen los libros ni su negocio.
Algunos autores ya anuncian una segunda oralidad o el fin del paréntesis de Gutenberg. La disminución de la creación sujeta a la copia, a la textualidad y corporeidad del libro con todas sus limitaciones. Un cambio perceptible claramente en el escenario digital y en la cultura popular.
Mientras editores y autores discuten el negocio, los lectores siguen ávidos de obras y se sienten cada día más alejados de esa falsa promesa de que la obra sólo existe con ellos.

Actualización: Hacienda niega la rebaja del IVA al 4% al ebook a no ser que se comercialice en soporte físico. Contradicciones de las viejas leyes para los nuevos mercados y medios.

Música por suscripción y móvil

La música ya no se compra: se paga por oír, como en el pago por visión tradicional, y la suscripción se impone como modelo de negocio. El problema es cuántos oyentes pagarán y a qué precio.
El coste por usuario de un servicio de streaming como Spotify o Yes.fm está entre seis o siete euros, según datos reconocidos por fuentes del sector. Servicios como Napster corroboran esa cifra de alrededor de 75 euros anuales de coste entre derechos de autor, pago a las discográficas, conectividad, promoción y gestión.
El modelo de negocio es atraer usuarios con música gratis y convertirlos en suscriptores de pago, como reconocen varios expertos. La música como marketing para convertir canciones gratis en suscripciones de pago, ingresos por servicios, de las plataformas de acceso, merchandising, conciertos, e incluso ventas de CDs y descargas legales: Negocio 360º.

Los aficionados reducen las descargas cuando la música es accesible en cualquier plataforma y desde cualquier lugar, desde el ordenador, el móvil u otros equipos portátiles.
Pero no lo suficiente para contentar a la industria y sostener el negocio.
En España el uso del P2P ha caído del 45% de los usuarios en 2006 al 26,6% en 2009, según los últimos datos del EGM. En directa relación con el aumento del streaming de música (56,9% de los internautas) o de televisión y cine (41,8%).
Cifras que se repiten en otros países y en las que debe tenerse en cuenta también el aumento de las descargas directas.

El debate es si el acceso gratis y desde cualquier aparato hace crecer el negocio. Expertos como Russ Crupnick (NPD Group) señalan que el streaming hace descender un 13% la venta de música digital. Otros responsables de la industria musical en Europa niegan esa canibalización y señalan que se produce el mismo efecto que con el criterio P2P: se escucha para elegir en streaming o en descargas y se compra la música o se va a los conciertos de los preferidos.
Es la defensa del consumidor frente a la saturación del mercado de la abundancia y las estrategias comerciales de las discográficas, las grandes perjudicadas por la crisis del negocio.
Pero todos parecen coincidir que la radio online o los servicios de recomendación que no permiten elegir qué música se escucha son más rentables: para la industria porque canibalizan menos las ventas digitales o de CD y para los usuarios porque descubren nueva oferta en lugar de consumir su música preferida y sustituir sus compras.

El negocio de la música avanza con el streaming y los móviles, además del vídeo en internet en sitios como YouTube o Vevo. El streaming y el vídeo en internet sustituyen en gran medida a la radio y a los vídeos en televisión, que se mudan también a internet como plataforma principal, especialmente entre los más jóvenes.
Por eso las discográficas y las gestoras de derechos quieren sostener el precio de los derechos digitales y no reducirlos. Hoy por cada cien canciones -en streaming o en vídeo- se paga en total alrededor de euro y medio en derechos. Y a pesar del bajo precio de cada audición, mucho menor que la vieja copia e incluso de los derechos de copia privada, si el precio es demasiado bajo no es sostenible ni para los artistas, ni para las discográficas, y tampoco para el mantenimiento de los nuevos servicios de distribución.

El resultado por ahora es que los nuevos servicios necesitan convertir más del diez por ciento de sus usuarios en suscriptores de pago. Pero además necesitan limitar el número de canciones que escuchan los usuarios gratuitamente para no perder rentabilidad por el pago de derechos con poco retorno.
La publicidad se está animando, especialmente en servicios como Spotify en Europa, pero el vídeo echa de menos más anunciantes, uno de los grandes problemas de YouTube.

Y la viralidad se cercena, como ha ocurrido en el caso de Ok Go. Muchos vídeos en internet dejan de estar disponibles para incrustarlos porque los anunciantes parecen dispuestos a invertir en las plataformas de exhibición principales, donde pueden controlar quién, cómo y cuántas veces los ven, pero no en otras webs. La publicidad controlada frente a las posibilidades de la distribución viral y su mayor poder de distribución.

Muchos músicos se quejan de lo poco que ganan con el streaming y la radio online. El efecto Lady Gaga por el reparto de los ingresos que hacen las discográficas. Pero otros reconocen que aumenta su audiencia y es el mejor medio de promoción.
El diagnóstico es que la música ambiente y accesible, en la nube, en el ordenador y los móviles, es para los consumidores más intensivos, los que están dispuestos a pagar o siguen comprando música y asistiendo a conciertos. Pero todo el mundo está a la expectativa de cuál es el umbral de supervivencia de estas nuevas formas de acceso y negocio. La audiencia para seguir disfrutando de música sin límites y de nuevos servicios, y las discográficas y los músicos para compensar los ingresos de la venta de copias de sus obras y de la difusión audiovisual (radio y televisión), el corazón del negocio por ahora.

¿Es Spotify el futuro de la música?

Un análisis de la economía del streaming


Spotify es la esperanza de muchos. De los internautas, para seguir oyendo música sin tener que recurrir a las descargas. Y también, pero menos, de los artistas y discográficas, dispuestos a explorar nuevos negocios para la música, aunque recelosos de su rentabilidad.
¿Es el streaming el futuro del negocio de la música?
Daniel Ek, su fundador, repite que sí, aunque los números por ahora no están claros. Las discográficas han apostado por la iniciativa y algunas de las más grandes como EMI, Warner, Sony-BMG y Universal tienen entre un 15 y un 18% de su capital. No sólo están en la empresa, sino que la apoyan con una rebaja importante de los derechos que cobran a los servicios digitales por la música.
Tanta rebaja que algunos como Warner dudan de su viabilidad y anuncian que no licenciarán más música para servicios de streaming. El responsable de Warner, Edgar Bronfman Jr., acusa a la música en internet de reducir las compras en servicios como iTunes, mucho más rentables que las suscripciones.
El streaming supuso el 8,3% de los ingresos de la música digital en 2008, aunque se anuncia un gran crecimiento desde 2009. Pero es un crecimiento del que la patronal mundial de la música, la IFPI, desconfía.
La discográficas no ven claro el futuro del streaming por su menor rentabilidad frente al negocio tradicional. Otros se cansan de repetir que el negocio ha cambiado y que cobrar menos es mejor que el todo gratis en la Red.
Esa reducción de los derechos digitales ha producido el efecto Lady Gaga denunciado por varios músicos: 113 euros por un millón de canciones en streaming, una compensación bajísima por su música. Mucho menor que las tarifas reclamadas por las gestoras de derechos de autor, que en este caso alcanzarían los 970 euros en Gran Bretaña o hasta 4.500 euros en España, en función del coste de los derechos.
La clave está en saber cuánto llega al músico de lo pagado a gestoras y discográficas y si compensa económicamente o son más altos sus rendimientos de promoción entre el público.

En Spotify lo tienen claro: apuestan por la música de pago como negocio y su promoción con música gratuita. Un modelo de negocio freemium que reúne clientes por la atracción y el poder de consumo de la música en la web. La empresa cobra por la publicidad, como la radio convencional, pero además ofrece servicios premium: música sin anuncios y en el móvil por 9,99 euros al mes.
"El nuevo modelo de negocio de la música es una mezcla de publicidad, descargas, suscripciones, merchandising y entradas a conciertos donde el usuario llega y donde la clave para la rentabilización viene de la portabilidad y el paquete de derechos de acceso que se le ofrece" ha explicado a menudo su fundador.
Un negocio 360º para la música online. Igual que en el resto de iniciativas digitales, los responsables de Spotify saben que con el precio de los anuncios en internet muchos negocios no son sostenibles si no se amplían sus fuentes de financiación y se multiplican los ingresos por usuario.

A diferencia de otros proyectos como Last.fm, Spotify lanzó desde el principio un modelo de negocio freemium: contenidos gratuitos y de pago. Daniel Ek repite que su objetivo, como el de las discográficas, es "que la gente pague por la música".
Porque el modelo de la radio financiada sólo con publicidad no resiste en internet por el mayor coste de los derechos: del cinco por ciento en la facturación de las radios frente al diez por ciento en los servicios de streaming para las gestoras de derechos de autor colectivos y hasta el doble para las discográficas.
Por eso el precio en Spotify es mayor que en otros servicios. Last.fm cobra 3 euros mensuales por el acceso a su discografía en los países donde no tiene red comercial.
Por eso la gran esperanza de Spotify, como de otros servicios de streaming, es emular el éxito de iTunes. Convertir los móviles a través de las aplicaciones en el mayor canal directo de acceso y consumo de música.

En España, la SGAE cobra a una radio comercial el hasta el cinco por ciento de sus ingresos, igual que la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), mientras la cuota para el streaming es del diez por ciento (el 8% en 2009) o un equivalente de 0,50 euros por suscriptor y mes. En el caso de Agedi la cuota es superior, un 16% de la facturación y de un 0,01 a un 0,015 de euro por canción.
Rebajar el precio de los derechos de autor ha sido la lucha de Pandora, uno de los servicios pioneros de recomendación y streaming en Estados Unidos, donde sobrevive sin capacidad de expansión internacional, y del resto de proyectos comerciales de música online.
Pero a los derechos de autor de las sociedades de gestión además hay que sumar los derechos de las discográficas, similares y en algunos casos mayores a los 0,0045 euros que la SGAE cobra por reproducir cada canción. Para apoyar los nuevos negocios digitales, PRS, la gestora de derechos de la música británica, rebajó a 0,00097 euros los derechos por cada canción reproducida, aunque también cobra el 10,5% de los ingresos de los servicios de streaming, medio punto más que en España.
Las discográficas negocian con cada servicio, pero en casi ningún caso su precio es inferior al de las sociedades de gestión. Y en algunos casos es mucho mayor.

El coste de una canción en streaming estaría entre 0,010 y 0,015 euros. Dicho de otro modo cada cien canciones hay que pagar de un euro a un euro y medio en derechos.
Se estima que cada usuario escucha una media de 25 canciones diarias, así que el coste por usuario estaría entre por encima de los seis euros entre derechos, conectividad, gestión y comercialización.
Ese coste, mucho mayor de lo que se factura con la música gratis con publicidad, ha obligado a servicios como Yes.fm ha acabar con su vieja tarija de 3,95 euros al mes para ofrecer música por un euro al día o suscripciones mensuales de entre 7,90 y 9,90 euros, más caro si se accede en el móvil.
Gracias a esas tarifas, las discográficas consiguieron recaudar en España 17,1 millones de euros en 2009, el 60% del mercado digital.

Spotify y los nuevos distribuidores de música necesitan aumentar la rentabilidad de sus usuarios y ofrecer un negocio viable a los músicos y a los sellos. Por eso además de la publicidad se apoya en las suscripciones, la venta de música online y quiere expandirse a las entradas para conciertos y el merchandising.
Daniel Ek ha comentado en algunos foros profesionales que el streaming sería viable si consigue el equivalente al uno por ciento del mercado de la radio y la publicidad online: más de 12 millones de euros en el caso de España.

¿Es posible la rentabilidad en el streaming?
Spotify tiene 1,45 millones de usuarios en España, pero muy pocos son de pago. Si aplicamos la misma proporción que entre sus usuarios totales, de los 250.000 de pago logrados en los países donde está presente, 43.500 estarían en España. Unos ingresos de algo más de cinco millones de euros anuales.
En cuanto a la publicidad, Spotify podría conseguir ingresos medios de un 1,25 euros por usuario y año, una tasa similar a la de otros negocios en internet. En total, unos ingresos de menos de siete millones de euros anuales.
Por eso el objetivo repetido por los responsables de Spotify es convertir al diez por ciento de su público en usuarios de pago. Con esas cifras podría alcanzar en España más de 17 millones de euros anuales, el equivalente a lo facturado por música digital por las discográficas y más del uno por ciento de la suma de la publicidad en radio e internet, el objetivo repetido por Daniel Ek.
Para los fans de la música, Spotify es una joya. Falta saber si lo será para el futuro del negocio de la música.

Los escritores pierden un 41% de derechos de autor

Cedro recaudó en 2009 24,46 millones de euros por derechos de autor de los libros, un 41% menos que el año anterior.
La sociedad de gestión de derechos lo atribuye a la rebaja de las tarifas de copia privada. Por eso entre sus peticiones al gobierno está aumentar los derechos por copia privada y el canon a las bibliotecas.
Más de 17.600 autores españoles han percibido 18 millones de euros de derechos de autor de sus obras, un 33% menos que en 2008.
De lo recaudado por Cedro, 22 millones de euros proviene de la copia privada, las licencias de reproducción aportan 1,65 millones, los derechos del extranjero algo más de medio millón y el préstamo público, el canon de las bibliotecas, recauda casi 280 mil euros.

7.035 millones en derechos de autor

Los derechos de autor resistieron bien la crisis en 2008. A pesar de los primeros síntomas de freno en la economía y los problemas para su cobro, las sociedades de gestión recaudaron 7.035 millones de euros en 2008, sólo un 1,5% menos que en 2007, aunque en términos constantes el aumento sería del 0,9%, según los datos de Cisac, la organización que agrupa a 222 gestoras de todo el mundo, entre ellas las principales españolas.
El informe publicado en enero indica que la rebaja "lejos de constituir un descalabro, las recaudaciones se estabilizaron tras cuatro años consecutivos de crecimiento".
Cada habitante paga 1,34 euros por derechos de autor, que en el caso de España suben hasta los 6,88 euros, casi el doble que en Estados Unidos (3,78) y por debajo de Gran Bretaña (9,8) o Francia (14,9). Dinamarca es el país más rentable para los derechos de autor, con una recaudación de 23,88 euros por habitante.

La música continúa acaparando los derechos de autor, recauda 6.120 millones (87%) frente a los 915 (13%) del resto de las obras. En 2008 los derechos de la música descendieron un 3,1% mientras el resto aumentó un 11,3%.
Los derechos audiovisuales empujaron la recaudación con un aumento del 23% hasta los 415 millones, seguidos por las obras dramáticas (187,8 millones) y los libros, 95,5 mill.
El informe de Cisac se queja del cambio en la estructura de los derechos y afirma que "las ejecuciones públicas y lo medios digitales no son muy rentables para los creadores". En esa afirmación se resume gran parte de la lucha de las sociedades de gestión por aumentar el rendimiento del pago por los medios tradicionales (televisión, radio), que pagan el 56% de los derechos, frente a la música o las obras en directo o en internet, donde los derechos son más bajos.
Los derechos de la música en directo ascendieron al 11,8% y "han permanecido inalterables durante los últimos años, a pesar del aumento de los precios de las entradas".
Los derechos digitales, antes del despegue del streaming registrado en 2009, ascendieron al 1,4% de la recaudación.
En Europa, los discos recaudan el 30% de los derechos de la música frente a un 26,5% de la televisión -abierta y de pago- y un 8,8% de la radio. La música en directo llega al 11,2%. Los ingresos por copia privada, el canon digital, suponen el 4,7% de los derechos de autor.
En el mercado digital, por descargas se recaudan el 44,5% de los derechos de la música online. La telefonía móvil, los tonos, es un tercio del total y el streaming pasó de un 2,9% en 2008 a un 8,3% en 2008. Una cifra se que disparará en los datos de 2009, según anticipa la patronal mundial de la música.
La caída de las ventas de música grabada fueron del 3% en 2008 y Cisac afirma que "contrariamente a lo que pudiera pensarse, la crisis discográfica no ha beneficiado por ello a la música en vivo, cuya parte no aumentó en 2008".
Eric Baptiste, director general de la organización de las sociedades de gestión de derechos, reitera la posición de la industria: "Los creadores se ven atrapados en una posición difícil. Estos se muestran entusiasmados con los avances tecnológicos que permiten un mayor acceso a sus obras, pero tienen miedo de convertirse en víctimas de una economía digital que utiliza sus obras sin compartir los beneficios. Tanto la CISAC como sus miembros luchan para mantener este delicado equilibrio, buscando la forma de desarrollar un reparto digital, garantizando al mismo tiempo que parte de los beneficios vuelven a los creadores. La meta final es que todas las partes (los creadores, los usuarios comerciales y el público) salgan de esta difícil etapa con un sistema que saque pleno partido del inmenso potencial que tiene internet".

Las conclusiones de Cisac son claras: el objetivo para las sociedades de gestión de derechos de autor es mantener la rentabilidad de los derechos digitales en niveles más parecidos a los discográficos y sostener la facturación de los medios audiovisuales en la convergencia con internet.
Su objetivo es que el enorme aumento de oferta en el mercado no suponga una pérdida de rentabilidad.
¿Es posible? ¿Se puede aumentar el consumo y el acceso de los ciudadanos a los contenidos y no rebajar los precios?
Ese control del mercado frente a la demanda en el mercado de la abundancia es la lucha en la que están implicados creadores, sociedades de gestión, medios e incluso las telefónicas cuando se convierten en plataformas de servicios y contenidos.

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La prensa persigue a los agregadores

Evitar la copia de informaciones periodísticas por agregadores, buscadores, etc. Es la reclamación de Ignacio Benito, director general de Aede (Asociación de Editores de Diarios Españoles), la semana pasada ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso.
Los editores de prensa españoles endurecen su persecución de la cita y la copia de información por los nuevos medios digitales.
La intención última es cobrar por enlazar. Un nuevo canon o tasa a internet defendido cada vez con mayor ahínco por muchos medios y empresas de contenidos.
Una expansión del canon digital, que todavía divide al sector y tiene la oposición de la industria de internet y las telecomunicaciones.
La persecución de buscadores y agregadores es una constante de la pelea entre prensa e internet. Los editores españoles siempre han sido cautos y no han llegado a la belicosidad y enfrentamiento de sus colegas europeos. Pero la crisis aprieta. Los editores han firmado la Declaración de Hamburgo que reclama más protección y un acceso universal no gratuito a los contenidos informativos.
Los editores defienden un sistema de licencias para garantizar el acceso a sus contenidos con permiso y con la posibilidad de cobrar por los enlaces y citas a las webs y servicios de internet comerciales.

¿Es posible cobrar por enlazar noticias?
Los creadores de contenidos e información tienen derechos. Pero los agregadores, buscadores y, por supuesto, los usuarios y creadores de blogs y otros medios de internet, también.
La Ley de Propiedad Intelectual garantiza la reproducción y cita de los trabajos y artículos de actualidad (art. 33). Pero acota su uso al "derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa".
En ese derecho aparece la primera discusión, porque los periodistas reclaman sus derechos de autor a los editores y los expertos siguen enredados en determinar cómo repartir la propiedad intelectual del periodismo entre los titulares de la obra colectiva -los editores- y los derechos individuales de los periodistas.
Pero la ley reconoce también la propiedad intelectual de las colecciones y bases de datos, como ocurre por ejemplo con la Biblioteca Digital Hispánica, cuyos libros son de dominio público, pero no la propia biblioteca.
La ley reconoce los derechos de los propietarios de los contenidos y también de quienes los seleccionan, ordenan y ofrecen al público en una base de datos. Buscadores y agregadores entran en esa categoría.

Demasiados derechos sobre la información. La expansión irrefrenable de los derechos de propiedad intelectual y las limitaciones a su uso justo llevan al exceso.
Tanto que un miembro de la Cámara de los Lores británico, Lord Lucas, ha propuesto acabar con semejante sinsentido reconociendo el derecho de los buscadores a copiar todos los contenidos que indexen.
La lógica es clara: si los contenidos están en el espacio público de internet, quienes enlazan tienen derecho a copiar el contenido para que no desaparezca el servicio que ofrecen al público.
Todos los contenidos en la caché de Google, hablando en plata.
Es la aplicación a los contenidos de la accesibilidad de todo lo que reside y existe en el espacio público. Y eso es lo que es internet, como incluso reconocen algunos partidos políticos como el PP.
Y una forma de frenar la censura económica que se está abriendo paso en todo el mundo.

Estrechar el espacio público. El problema de esta batalla es el estrechamiento del espacio público y la restricción del acceso a la información por los ciudadanos. Justo después de unos años en los que los medios han ido perdiendo el control de la información, la desintermediación entre fuentes y público se ha expandido como nunca y ha crecido la audiencia de las noticias. A pesar de que esa expansión no garantice el negocio del periodismo.
Mejor reconstruir un consenso que la persecución y la rebaja de los derechos de todos.
Es imprescindible una reformulación del derecho de cita y uso de la información de calidad sin poner en peligro el acceso del público a la información. Pero también establecer un consenso con buscadores, agregadores y webs en general que permitan el uso justo de la información.
Quien no debe perder son los ciudadanos ni la función social del periodismo.

Los editores piden copias y bibliotecas más caras

Los editores y autores agrupados en Cedro quieren endurecer la Ley de Propiedad Intelectual para restringir y cobrar más por la copia privada. Pero además su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso reabre la batalla por el préstamo de pago en las bibliotecas.
Las reclamaciones de los editores vuelven a insistir en el cobro a las bibliotecas por prestar libros, fijado en 20 céntimos por volumen. Un canon del que sólo están eximidas las bibliotecas públicas en pueblos pequeños y las del sistema educativo.
Los editores y autores agrupados en Cedro también exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación.
Una batalla por encarecer la cultura en la que se echa en falta una discusión seria sobre nuevos modelos de negocio y comercialización. Imprescindible cuando los contenidos son más accesibles que nunca y el abaratamiento de los costes de producción y distribución digitales debería acarrear una rebaja en los precios de los libros.
Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.
Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.
Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.
A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.
Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros. Una cantidad importante pero mucho menor que los derechos audiovisuales y musicales cobrados por otras gestoras.
Autores y editores tienen derecho a cobrar por sus obras y su actividad, pero ¿tiene sentido seguir cobrando por las copias?
Cabe debatir si es útil y conveniente para empresas y público seguir cobrando por las copias o poner en marcha nuevos sistemas de licencia, distribución de obras -en fragmentos o completas- a través de nuevos soportes que mejoren el acceso de la ciudadanía, las empresas y la colectividad educativa a los libros. Sistemas que preserven y ajusten la cuantía de los derechos en función del valor y uso real de los contenidos.
En el préstamo, tanto privado como en las bibliotecas, la pregunta es si se pueden cobrar esos derechos mientras se mantiene el precio de los libros y se recibe financiación pública para la edición.
La pregunta reaviva la demanda de un sistema de ayudas y subvenciones que garantice el uso público y no comercial de las obras financiadas con dinero público: la cultura como procomún.
Pero también rescata el cambio de modelo de la venta de libros por un precio por lectura. Un pago por visión como el de las obras audiovisuales. Es la gran oportunidad de los ebooks, los libros digitales: cobrar por lectura y no por la posesión del volumen.
Eso permitiría que las bibliotecas, especialmente las públicas, pudiesen mantener sus fondos en depósito o usufructo y pagar sólo cuando esas obras sean leídas y consultadas por los lectores. Lo mismo puede hacerse con los libros digitales: un precio por la lectura en soportes digitales, posiblemente con limitaciones de tiempo y copia, y otro precio por una copia digital y permanente del libro.
Los libros como servicio y contenido, no como venta de una propiedad: la copia. Si editores, autores y políticos abren un debate serio sobre la sociedad de la información digital deberían ponerse todas las opciones sobre la mesa. También las que pueden garantizar un mayor acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura y la ciencia. No sólo las que convienen al mantenimiento de industrias y negocios que deben cambiar cuando la tecnología y el negocio cambian.
No es legítimo impulsar reformas legales en beneficio de unos pocos sin garantizar los derechos de todos.