La propuesta para hacer llegar la banda ancha a todo el territorio es cara y de baja velocidad.
La propuesta del Ministerio -abierta a consulta pública- iguala en precio las ofertas de las operadoras de telecomunicaciones, 25 euros mensuales, y permite una cuota de alta de 39 euros hoy gratuita en prácticamente todas las promociones.
La velocidad debe ser de al menos un mega, aunque se proponen dos megas como velocidad preferente, y de 256 Kpbs de subida.
Una propuesta poco ambiciosa para extender el acceso a la sociedad de la información y para convertir el servicio universal en un dinamizador del mercado.
Las operadoras ya ofrecen precios efectivos similares y más velocidad en el ADSL en las zonas donde están presentes. La cobertura de las áreas geográficas oscuras, donde muchos ayuntamientos y particulares se han lanzado a montar sus propias redes, debería ser parte de la compensación del uso del espacio radioeléctrico y del dividendo digital recibido por las empresas de telecomunicaciones.Vale la pena recordar sus enormes beneficios y las enormes presiones que ejercen sobre los gobiernos para, entre otras cosas, acabar con la neutralidad de la red o reclamar subvenciones para el tendido de nuevas redes.
En el despliegue de nuevas redes, España también está por detrás de los países europeos de referencia.
Industria debería ser más ambiciosa y luchar contra la crisis con una sociedad de la información más accesible y competitiva para ciudadanos y empresas.
El acceso a banda ancha es uno de los factores de desarrollo económico, cultural y social críticos, como apuntan todos los organismos internacionales, y es el deber de un gobierno dispuesto a tomar medidas duras con los ciudadanos, estimular al máximo la innovación y el desarrollo. Sobre todo cuando depende de grandes empresas con alto poder en el mercado y que cada vez acaparan mayor consumo de los ciudadanos.
En mi opinión es el momento además de dar un paso adelante en la convergencia, la reforma del servicio público audiovisual, el apoyo al dominio público y el impulso al conocimiento libre para crear -y proponer en Europa- un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales que defina un nuevo estado de bienestar sostenible y dinamizador de la sociedad, la economía y el conocimiento para la era digital.
