Otra vez el retraso. Este país lleva tiempo desoyendo las regulaciones internacionales sobre la televisión. Resultado: barra libre para las cadenas con frecuentes violaciones de las reglas sobre protección de menores, publicidad, servicio público o cumplimiento de horarios. El control político domina las televisiones públicas y los partidos tejen sus alianzas con los dueños de las cadenas. Ahora, cuando la nueva ley audiovisual propone un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, corremos el riesgo de volver a administrar el pasado con una propuesta ajena a internet, las telecomunicaciones y la preferencia de los ciudadanos por las ofertas de paquetes de banda ancha y móvil.
La televisión del futuro es la multiplicación de canales y la oferta por banda ancha, fija y móvil. Una regulación de la televisión ajena a la convergencia y sus efectos en las empresas y el público no es realista. No se puede regular la televisión de las ondas y las licencias gubernamentales, que pierde audiencia y mercado, y dejar a un lado el cable, la televisión bajo demanda, por internet y en el móvil.
Por eso muchos defienden una autoridad visual integrada con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y en coordinación real con los consejos autonómicos ya existentes (Cataluña, Navarra, Andalucía) y los que se crearán en el futuro, como en Alemania, por ejemplo.
Una autoridad audiovisual con miembros independientes elegidos por el Parlamento, la industria y las organizaciones sociales. Con autonomía económica garantizada con las tasas sobre las plataformas audiovisuales, sin dependencia de presupuestos gubernamentales.
La propuesta del Gobierno no garantiza la independencia ni fija con claridad las funciones, como exige Europa. La confusión es tal que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, responde al apoyo del PP de un consejo convergente afirmando que las competencias coinciden con las del ministerio y sus recursos serán transferidos. La herencia gubernamental condena a la nueva autoridad.
Columna en los medios de Vocento
