RTVE sin anuncios y pagada por el resto de las televisiones, incluidas las de pago, y las telecomunicaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de financiación de RTVE con la oposición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y de las operadoras, pero también de los anunciantes. ¿Quién se beneficia?
Las cadenas privadas en abierto deberán aportar el 3% de su facturación bruta, las de pago (actuales y futuras, como la TDT de pago) un 1,5% y las operadoras de telecomunicaciones un 0,9% para sufragar más de 500 millones de euros que se suman a otros tantos de subvención pública, el coste de la radiotelevisión estatal.
Resultado: las cadenas privadas no recuperarán gran parte de la inversión publicitaria porque ya tienen un exceso de ocupación. Eso sí, los precios subirán. De eso se quejan los anunciantes, que perderán un 27% de los GRPs, la unidad de impacto de las campañas publicitarias, y espacios en algunas áreas o sectores mal cubiertos por la televisión privada. Coste: 300 millones de euros de impacto negativo, según la Asociación Española de Anunciantes, que además están preocupados por el nuevo oligopolio resultante de las fusiones entre cadenas que se avecinan.
Las operadoras de telecomunicaciones pagarán un nuevo impuesto por un negocio que no es el suyo, pero con esta medida el Gobierno oficializa la convergencia de audiovisual e internet y comienza a cobrar por el dividendo digital –los nuevos servicios que se pueden ofrecer gracias a las frecuencias del apagón analógico- antes de que se haya repartido. Serán 400 millones de euros anuales, la mitad de ellos de Telefónica, que como el resto de operadoras recibe el empujón final para adentrarse todavía más en el negocio de la televisión. Un camino apuntado por la CMT en un informe donde los servicios audiovisuales premium (de pago) vuelven a considerarse esenciales para la extensión de las redes de banda ancha de nueva generación.
Ese mercado creciente de la televisión de pago tendrá que aportar un 1,5% de sus ingresos, la mitad de las cadenas en abierto por el menor impacto de la publicidad en su negocio, según una recomendación del Consejo de Estado. Otra razón más para que las televisiones aumenten su apetito por el mercado de pago abierto con la TDT.
Las televisiones públicas autonómicas y locales quedan al margen del acuerdo de financiación, igual que la aprobación de la ley general audiovisual que permitiría garantizar la seguridad jurídica del sector al someter a todas las televisiones a una misma reglamentación y crear un organismo regulador independiente con un enfoque orientado a la convergencia del audiovisual, las redes y las telecomunicaciones, como defiende la CMT.
RTVE ha asistido a la discusión de su financiación sin ser invitada. Sus 1.100 millones de presupuesto de este año esperan mantenerse con las aportaciones de televisiones y telecos. Pero si la crisis sigue afectando a las televisiones o pierden ingresos, el futuro de la televisión estatal no está tan claro.
La nueva financiación se limita además a las obligaciones del servicio público y reduce a un diez por ciento del presupuesto su capacidad de inversión en contenidos de alto interés como los grandes eventos deportivos, con excepción de los Juegos Olímpicos. Una barrera de inversión en programación que puede reducir el atractivo de la tele pública y que preocupa a sus gestores y a los sindicatos de RTVE.
Pero la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha puesto gran empeño en un cambio de modelo que no garantiza ni ofrece respuestas sobre la televisión del futuro. El Gobierno lleva meses decidiendo a golpe de intereses y urgencias y desoyendo las voces que piden una visión de futuro que tenga más en cuenta la convergencia digital, el telestado autonómico, el desarrollo de la TDT como puerta a nuevos servicios audiovisuales y digitales, y responda a la saturación que ha llevado a que muchas frecuencias de televisión autonómica y local queden desiertas o sin competencia.
"Buscamos un modelo de calidad en el que los principales beneficiarios, sin duda, serán los ciudadanos", ha declarado la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros. A corto plazo los televidentes disfrutarán de una televisión estatal sin anuncios, pero el tiempo dirá si se consolida sin que los ciudadanos sepan cuánto les cuesta exactamente la televisión pública, cuál es el futuro de los canales autonómicos y si las cadenas privadas en abierto no reclaman satisfacer una mayor parte del servicio público y achicar más RTVE.
Análisis para Soitu.es
