La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b), pero las administraciones públicas y los gobiernos (tanto estatal como autonómicos y locales) son opacos y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información para garantizar el control y el poder. Una falta de transparencia que encubre la corrupción, los abusos y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad.
Pero el poder y la información son de los ciudadanos en un estado democrático. El acceso a la información es clave para garantizar los derechos individuales y públicos, controlar a los poderes y exigir su responsabilidad, vigilar el funcionamiento de las administraciones y avanzar hacia un gobierno abierto para mejorar la democracia y la participación de los ciudadanos en la vida pública.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública deberá servir primero para que los ciudadanos sepan qué información poseen las administraciones sobre ellos y sus actividades.
Segundo, para acceder a toda la información pública de forma gratuita y sin tener que justificar sus razones. Una solicitud que las administraciones deben tramitar obligatoriamente con prontitud.
Tercero, para hacer transparentes los actos de los poderes públicos, de manera que se evite un alto grado de opacidad y posibilidades de corrupción, cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes.
Cuarto, para hacer efectivo el poder soberano de los ciudadanos frente a los abusos de la administración y de esta forma aumentar la responsabilidad y transparencia públicas.
Pero la ley debe ir más allá y convertirse en la llave del gobierno abierto, la gran oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías e internet para aumentar la participación ciudadana, la responsabilidad democrática y la transparencia. El anteproyecto recoge esa intención al afirmar que "los poderes públicos facilitarán la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad". Un acceso realizado "preferentemente por medios electrónicos".
De esta forma se podrá seguir la senda de gobiernos como el de Obama en Estados Unidos y sus diferentes iniciativas para el acceso y el control público a los datos y presupuestos gubernamentales, la publicación de datos públicos en Gran Bretaña que ha permitido la creación de varias herramientas de acceso y control para los ciudadanos por instituciones y particulares, o la senda abierta por el gobierno de Patxi López en Euskadi.
Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política. Es la ecuación de la democracia 3.0 sólo posible con la transparencia y el acceso a los datos.
El acceso a los datos y a la información pública permitirá ejercer mejor los derechos ciudadanos y crear una serie de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público.
Las administraciones poseen una gran cantidad de datos, de los registros públicos a las contrataciones, que permiten etiquetar el entorno y enriquecerlo con la información para convertir la realidad aumentada en un auténtico servicio público.
Para el periodismo y los medios informativos, la aprobación de esta ley abre una gran oportunidad para hacer mejor información y mejor periodismo de investigación. Sobre todo de los asuntos cotidianos. Una oportunidad una obligación que periodistas y medios estarán obligados a cumplir para satisfacer una obligación de información y transparencia que aumenta la exigencia sobre el periodismo.
La apertura de la información pública permitirá a los ciudadanos investigar y publicar información más elaborada de la que hoy pueden ofrecer cuando no son profesionales y no cuentan con los recursos y tiempo necesarios. Más competencia para los periodistas y más oportunidades para la información ciudadana.
Habrá que estar atentos a las limitaciones de la ley que el Consejo de Ministros planea aprobar este viernes. Los primeros datos indican una ley restrictiva. Los nueve principios propuestos por la Coalición Pro Acceso no se cumplen en su totalidad y algunos organismos e instituciones importantes como el Congreso y el Senado -supongo que también los parlamentos autonómicos- quedan excluidos de una ley que debería afectar a todos.
Los plazos son más largos, en el texto conocido hay dudas sobre las obligaciones de las administraciones autonómicas y locales, así como en la justicia. No se conocen todavía las obligaciones de las administraciones de ayudar a los solicitantes, un cambio de cultura importante en los poderes y los servicios públicos. Y la lista de excepciones sobrepasa los límites recomendados por el Consejo de Europa (pdf, Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales, art. 3).
Entre las excepciones avanzadas por El País se cita la propiedad intelectual, los intereses públicos económicos o comerciales o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La primera hace temer una falta de reforma pública y transparente del actual sistema de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, con las restricciones, abusos y opacidad actuales. La definición de intereses económicos y comerciales deberá ser muy precisa para no limitar la transparencia de los concursos, contratos y gestión pública de los datos y la información. El secreto en los procesos de toma de decisión parece una enmienda a la totalidad de los principios de libertad de acceso, igualdad ante la ley y las administraciones y gobierno abierto. Habrá que esperar al articulado final y su tramitación en el Parlamento para evaluar las restricciones.
La discusión sobre la institución garante del derecho al acceso a la información entre el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (AEDP) se ha resuelto al final a favor de la institución dirigida por Artemi Rallo, un organismo con cada vez mayor poder e influencia.
Del Defensor del Pueblo se desconfiaba por la descentralización autonómica de sus funciones y por la propia actividad de este organismo en los últimos tiempos.
Respecto a la ejemplaridad de las leyes, es inquietante que la elaboración de la ley no siga un proceso transparente y abierto y que su primer borrador tenga que ser conocido por la filtración a un diario. Parece que tampoco habrá consulta pública. Ojalá la tramitación a partir de ahora sea más transparente y los largos años de retraso en la promesa de su impulso sirvan para redactar una ley mejor y más avanzada. Orientada a los desafíos de la ciberdemocracia y la política en la era de las redes sociales.
Pero al fin se da un paso adelante indispensable. Ojalá no volvamos a envidiar a los norteamericanos cuando oímos hablar de la Freedom of Information Act y esta nueva ley se convierta en la llave de la obligación del gobierno abierto y de la puerta a una mejor, más informada y responsable democracia.
Entre las excepciones avanzadas por El País se cita la propiedad intelectual, los intereses públicos económicos o comerciales o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La primera hace temer una falta de reforma pública y transparente del actual sistema de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, con las restricciones, abusos y opacidad actuales. La definición de intereses económicos y comerciales deberá ser muy precisa para no limitar la transparencia de los concursos, contratos y gestión pública de los datos y la información. El secreto en los procesos de toma de decisión parece una enmienda a la totalidad de los principios de libertad de acceso, igualdad ante la ley y las administraciones y gobierno abierto. Habrá que esperar al articulado final y su tramitación en el Parlamento para evaluar las restricciones.
La discusión sobre la institución garante del derecho al acceso a la información entre el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (AEDP) se ha resuelto al final a favor de la institución dirigida por Artemi Rallo, un organismo con cada vez mayor poder e influencia.
Del Defensor del Pueblo se desconfiaba por la descentralización autonómica de sus funciones y por la propia actividad de este organismo en los últimos tiempos.
Respecto a la ejemplaridad de las leyes, es inquietante que la elaboración de la ley no siga un proceso transparente y abierto y que su primer borrador tenga que ser conocido por la filtración a un diario. Parece que tampoco habrá consulta pública. Ojalá la tramitación a partir de ahora sea más transparente y los largos años de retraso en la promesa de su impulso sirvan para redactar una ley mejor y más avanzada. Orientada a los desafíos de la ciberdemocracia y la política en la era de las redes sociales.
Pero al fin se da un paso adelante indispensable. Ojalá no volvamos a envidiar a los norteamericanos cuando oímos hablar de la Freedom of Information Act y esta nueva ley se convierta en la llave de la obligación del gobierno abierto y de la puerta a una mejor, más informada y responsable democracia.
