El Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo publica un informe para fortalecer la defensa de la propiedad intelectual en Europa, pide un reforzamiento de las legislaciones nacionales para perseguir el P2P y fortalecer los derechos de autor como condición imprescindible para aumentar la oferta legal de contenidos digitales.
El informe, sin validez legal, respalda la estrategia de ley Sinde contra las descargas después de su reforma en el Congreso.
El documento se inclina hacia la legislación española de la propiedad intelectual y su defensa de la copia privada, pero condena al P2P como "un acto de piratería" pues los "consumidores que adquieren la grabación que están compartiendo no han adquirido su copyright".
El informe pide sin embargo un "equilibrio justo" entre los derechos de los autores y de los usuarios. Reclama a los gobiernos leyes que no perjudiquen los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.
Marielle Gallo, eurodiputada conservadora francesa y defensora del informe, ha puesto a la ley Sinde -la disposición final primera de la ley de economía sostenible- como ejemplo de la búsqueda de esa proporcionalidad y defensa de los derechos de los usuarios.
Al contrario que en España, los conservadores votaron a favor del informe y los socialistas, en contra.
El informe vuelve a pedir la armonización legal y un mercado único de contenidos, primer punto de la Agenda Digital para Europa de la Comisión Europea.
El memorando plantea un equilibrio entre las demandas de los ciudadanos y los propietarios de los derechos de autor. Pero el dictamen es inequívoco a favor de la industria.
Defiende la compensación adecuada a los autores para aumentar el mercado digital legal y competitivo sin fronteras con licencias multiterritoriales.
Propugna el DRM y otras medidas técnicas de control de los derechos para garantizar la propiedad intelectual aunque exige la interoperabilidad de los contenidos, lo que se echa en falta en muchos mercados como las descargas de música y cine, los ebooks y las aplicaciones para dispositivos móviles.
El informe analiza también las retransmisiones deportivas en directo y condena las webs de China y Rusia que permiten ver esos contenidos en internet. Defiende los derechos en mercados nacionales o regulados como la televisión de pago y diferencia estos derechos de emisión del mercado único de contenidos digitales.
Además refuerza la idea de que los proveedores de internet (ISPs) deben colaborar en la persecución de las infracciones, otro de los puntos conflictivos en legislaciones como la irlandesa, la francesa (ley Hadopi) y la británica, que instauran la desconexión después de tres avisos.
El informe del Comité Legal del Parlamento Europeo avanza poco en la redefinición de la propiedad intelectual y los derechos de los consumidores en la era digital. Una redefinición y una defensa de derechos imprescindibles cuando nuevos productos como los ebooks o las aplicaciones para móviles en plataformas propietarias (iPhone, iPad, etc.) conllevan restricciones de uso y propiedad a menudo inaceptables y que limitan los derechos de los consumidores frente a los productos físicos.
El presunto equilibrio y la proporcionalidad del informe está sesgados hacia la industria. Olvida las dudas sobre la legalidad del canon digital. Vuelve a olvidar la defensa de un conocimiento y una ciencia abiertas, es blando en la recuperación de las obras huérfanas y no defiende con la misma fuerza el dominio público. Va en la línea de la doctrina comunitaria de oponerse en el acuerdo ACTA a la desconexión de internautas y avanza en la demolición de los monopolios de la gestión de la propiedad intelectual, como ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia.
Memo Copyright Legal Affairs to Abril 2010
