PSOE y PP han pactado la ley Sinde para su aprobación en el Senado tras su derrota en el Congreso. Habrá más control de las descargas y la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual investigará a las webs infractoras con autorización judicial. El pacto incluye la promesa de reformar el canon digital en tres meses después de la sentencia europea en contra de su cobro a empresas, administraciones y profesionales.
Tras más de un año de debates muy poco escuchados por los políticos, se firma un pacto de urgencia sin reparar en las propuestas de la Comisión Europea ni en el trabajo de la comisión de propiedad intelectual del propio Congreso. La reforma de las sociedades de gestión de derechos de autor y una discusión a fondo para adaptar la propiedad intelectual a los nuevos negocios y modos de consumo digital a través de streaming (sin descarga) y en todo tipo de equipos: de televisiones conectadas a internet, a móviles y tabletas, queda postergada.
El crecimiento de la oferta comercial competitiva tendrá que esperar. España seguirá siendo uno de los mercados europeos con menor oferta digital, más barreras para nuevos negocios y una gestión opaca y monopolística de la propiedad intelectual, como ha sido denunciada por la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Estado y la industria digital. Las subvenciones no lo remedian, caen en los bolsillos de siempre. Nuevas normas para simplificar la gestión y promover los modelos de negocio innovadores con tarifas y licencias más asequibles serían mucho más útiles. Para la industria de los contenidos y para reducir las descargas no autorizadas.
La ley Sinde fija un procedimiento confuso sobre qué webs se perseguirá por un potencial daño patrimonial. Establece un arbitraje para fijar pagos sustitutorios de las tarifas de las sociedades de gestión que debería ser reforzado para solucionar conflictos comerciales. Se obliga a servidores de internet y telefónicas a proporcionar los datos de los infractores. Un órgano administrativo con presidente y un miembro más del Ministerio de Cultura, otro de Industria, uno de Economía y un quinto de Presidencia decidirá el cierre de webs en un procedimiento rápido de 12 días con autorización judicial para identificar a los infractores y aprobar la desconexión.
La versión pactada de la ley Sinde, la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, reformará tres leyes para poner en marcha medidas que no satisfacen a nadie. A unos porque piden más mano dura contra las descargas y a otros porque aumenta la presión sobre internet sin solucionar el problema de los cambios en el consumo y la tecnología de los contenidos digitales.
En Gran Bretaña, tras la aprobación de mano dura contra las descargas, el primer ministro David Cameron anunció una reforma de la propiedad intelectual para aumentar las posibilidades de uso no comercial, pero también para simplificar el sistema de licencias y eliminar barreras económicos y monopolísticas para el surgimiento de nuevos medios y negocios digitales.
Michel Barnier, comisario europeo de mercado interno, acaba de reafirmar que la lucha contra las descargas debe ir acompañada de más oportunidades de negocio, una reforma de la gestión de los derechos de autor para no ahogar a los innovadores, la revisión de las licencias audiovisuales y un pacto para recuperar las obras huérfanas, las descatalogadas y de las que no se conocen los dueños de los derechos.
En la sociedad de la información la clave es aumentar el acceso de los ciudadanos a los contenidos y a la información como bien público en un sistema de distribución competitivo, descentralizado, multiplataforma y social. Asegurar la compensación y los ingresos de los autores para estimular la competencia y la creación de contenidos de calidad.
La industria de los contenidos digitales y la Comisión Europea proponen crear un mercado único de contenidos con licencias más asequibles y sencillas de gestionar, aumentar los derechos de los consumidores y devolver al dominio público la herencia cultural de todos. Demandas que topan con el inmovilismo de algunos sectores apremiados por los cambios tecnológicos y de negocio.
Pero el gobierno y los políticos las obvian. En la reforma de la propiedad intelectual en la era digital será imprescindible no perseguir los enlaces, desregular la copia cuando los contenidos son ubicuos y accesibles desde cualquier aparato, y crear nuevos modelos de gestión más transparentes y respetuosos con los derechos de todos.
Por ahora habrá que seguir esperando.
