¿Por qué a los políticos les preocupan tanto los derechos de unos pocos y tan poco los de muchos? Siguen empeñados en reducir el acceso a los contenidos digitales, una parte de ellos financiados con fondos públicos (impuestos) que los ciudadanos nunca recuperan.
El Congreso discute una nueva proposición no de ley presentada por el diputado socialista Rafael Simancas para “ordenar la circulación de contenidos en Internet, hacer frente a la piratería cultural, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industria cultural”. Otra apelación invocando los derechos ciudadanos para garantizar el negocio de una obsoleta industria cultural.
Europeana, la nueva gran biblioteca europea duró sólo un ratito. Al poco de estrenarse se suspendió su servicio por la afluencia de internautas en busca de los dos millones de contenidos digitales anunciados, señal indudable del interés por la cultura y su acceso en red en la sociedad de la información y de la falta de previsión de los responsables del proyecto europeo, que después de varios informes de especialistas en los programas i2010 y eContentPlus no ha conseguido mejorar la recuperación de las obras huérfanas (de las que se desconocen los titulares de los derechos de autor), ni de las obras descatalogadas, y mucho menos de las obras con derechos vigentes.
Ni siquiera los que están en poder o son gestionados por instituciones públicas.
La Comisión Europea quiere avanzar hacia la Europa 3.0, pero cada vez que loa la innovación y la participación de los ciudadanos refuerza de inmediato la preservación de los derechos de autor y propiedad intelectual con mayores períodos de vigencia y más restricciones.
Ni siquiera la financiación pública de las obras y de su digitalización revierte en derechos para los ciudadanos ni en una ampliación del dominio público. Y eso pese a las recomendaciones de la OCDE o la propia Comisión sobre el acceso abierto a la cultura y a los datos de las investigaciones financiadas por dinero público: la llamada ciencia abierta. Pero tampoco se cumplen las propias directivas europeas sobre acceso a la información de las administraciones públicas, que en muchos casos siguen sin ser de dominio público.
En 2006 las administraciones españolas gastaron 5.932 millones de euros en cultura, un 0,6% del PIB y más de 135 euros por habitante. La recaudación por derechos de autor fue de 476 millones de euros (511 en 2007). No estaría de más que al menos una parte de la inversión pública en cultura y ciencia revirtiera en un aumento del dominio público y la mejora del acceso a los contenidos de los ciudadanos con el uso de derechos flexibles y una reducción del tiempo y ámbito de explotación de todas las obras financiadas con fondos públicos.
Columna semanal en Público
Actualización: los socialistas enmiendan la proposición no de ley de Simancas. Pero seguimos pasos por detrás de una verdadera concepción social de los contenidos en internet y los procomunes.
