Internet estará más vigilada a partir de ahora. El Parlamento Europeo y los países firmantes del
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), entre ellos los europeos han aprobado varias normas para fortalecer los derechos de propiedad intelectual en internet.
Los usuarios estarán más controlados por los gobiernos y los gestores de la propiedad intelectual. Con garantías de tutela judicial sólo a posteriori y con controles más duros sobre los contenidos, las telecomunicaciones y los aparatos electrónicos.
La teoría de la respuesta graduada o de los tres avisos antes de la desconexión de los internautas por descargas no autorizadas (la famosa ley Hadopi francesa), se contempla en la propuesta de acuerdo del ACTA, así como la responsabilidad de las operadoras de telecomunicaciones, con la amenaza consiguiente a la neutralidad de la Red y la privacidad de los datos.
En Europa ya hay acuerdo en el Parlamento Europeo sobre el controvertido paquete de telecomunicaciones. Un consenso de mínimos que rebaja las amenazas a los derechos de los ciudadanos anteriores pero permite la desconexión y el control de los usuarios por vía administrativa.
La enmienda 138 a las amenazas regulatorias no ha sido aprobada, pero se ha llegado a un pacto que avala la posibilidad de cortar el acceso a internet sin autorización judicial previa, aunque exhorta a respetar los derechos de los ciudadanos y no adopta los tres avisos como norma europea.
Cada país podrá adoptar su método de persecución de las descargas con revisión judicial después de la sanción. El mínimo derecho al recurso contra las medidas administrativas previsto en las legislaciones democráticas.
El Europarlamento y la Comisión Europea llaman pomposamente a este acuerdo la Nueva Disposición sobre la Libertad en Internet.
La regulación de los contenidos en internet queda en manos de cada país. En España una comisión interministerial trabaja con el objetivo de ofrecer a la industria de contenidos un plan de persecución de las descargas antes de navidad.
El objetivo es perseguir a las webs de p2p en lugar de desconectar a los usuarios, como ha pedido la Coalición de Creadores de Contenidos y ha reafirmado hoy mismo la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
En el Partido Socialista asume la tesis de la Comisión Europea y de tantos otros de que la mejor forma de solucionar los problemas de los derechos de autor es una mejora del mercado digital y más acceso a los contenidos.
Los defensores del intercambio de contenidos están preocupados y satisfechos sólo a medias. El eurodiputado del Partido Pirata, Christian Engström, se felicita de moderación de las amenazas. Una posición fuertemente protestada por sus seguidores en los propios comentarios de su blog.
La Quadrature du Net, la coalición contra las leyes represivas impulsadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, la preocupación es mayor. Sus responsables se quejan de la ambigüedad y la falta de claridad del acuerdo, forzado por el lobby de la propiedad intelectual, como ha reconocido el propio Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente de la Eurocámara.
El gobierno de Zapatero preside en breve la Unión Europea y para demostrar su compromiso con la sociedad de la información y una nueva economía sostenible tiene la oportunidad de impulsar la Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital propuesta por varias asociaciones y colectivos. Un documento para garantizar los derechos de los ciudadanos, su privacidad, la neutralidad de la Red, el derecho a usar nuevas aplicaciones y servicios en las redes de telecomunicaciones, la banda ancha como servicio universal, la relación a través de la eAdministración o el derecho a disfrutar de contenidos de dominio público cuando son pagados o subvencionados con dinero público.
La Unión Europea adopta una mínima definición de la neutralidad de la Red en el paquete de telecomunicaciones y están abiertas dos consultas sobre el mercado único de contenidos y el servicio universal de telecomunicaciones.
Toca a los gobiernos y eurodiputados reforzar los derechos ciudadanos en la sociedad en red y crear un mercado para fortalecer la era del acceso, donde una disposición de los contenidos en tiempo real, abierta, bajo condiciones económicas y de uso beneficiosas para el consumidor y con un aumento de los contenidos de dominio público son indispensables para una economía digital sostenible y una cultura más libre.
Una economía a la que también deben adaptarse autores, productores, distribuidores y comercializadores sin agrandar más la brecha con sus principales consumidores.
