No habrá desconexión de internet por las descargas. El Gobierno, las gestoras de derechos y las telecos negocian perseguir a las webs de P2P en lugar de a los usuarios. Los usuarios de P2P españoles tendrán algo más de suerte que otros europeos. El Europarlamento aprobó la semana pasada una nueva regulación, el paquete telecom, que da manos libres a los gobiernos para desconectar a los usuarios de P2P sin control judicial. Al mismo tiempo la Unión Europea pacta con Estados Unidos y otros países el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) para hacer responsables a los servidores de internet de las descargas, violando la neutralidad de la red y el secreto de las comunicaciones.
La defensa ultra de la propiedad intelectual gana. Los ciberciudadanos pierden. Los creadores se equivocan persiguiendo a sus mayores clientes y permitiendo que la industria cultural sostenga lo que algunos medios como el diario Financial Times llaman "un acto de fuerza" para denunciar los "monopolios artificiales de las obras culturales". Los dueños de ese monopolio no son los creadores, sino las grandes discográficas, las productoras de cine y televisión, y las editoriales, más preocupadas de blindar su negocio que de adaptarse al mercado digital y a los nuevos hábitos de consumo.
Los políticos obedecen con ceguera y desprecio de los derechos ciudadanos, clientes y grandes subvencionadores del entramado cultural. Mientras la Comisión Europea propone un mercado único de contenidos, defiende derechos del consumidor en los móviles y llega a una acuerdo con algunas compañías para la música digital, todavía no ha conseguido el favor de las editoriales para el mínimo objetivo de hacer accesibles las obras huérfanas –sin derechos de autor conocidos- ni siquiera en las bibliotecas públicas. Es lo que ya se conoce como el secuestro de lo común, la permanente apropiación que la industria cultural hace de bienes colectivos y de productos culturales sufragados, en todo o en parte, con dinero público.
Revisiones oficiales de los derechos de propiedad intelectual encargadas por la propia Comisión o los gobiernos para analizar las fórmulas de futuro y enriquecimiento –o empoderamiento- de la ciudadanía digital se descartan. Sus conclusiones: no prorrogar la duración de los derechos, potenciar las licencias de uso flexible no comerciales, las excepciones para el servicio público o la limitación de los derechos y patentes para la investigación o los países en desarrollo no interesan. A nadie. En España, en el gobierno y su partido se sostienen diferentes posturas y en la Fundación Ideas, el think tank socialista, no se puede encontrar ni una sola propuesta sobre la sociedad de la información. Gana el secuestro de lo común por lo privado con la etiqueta de cultura. Bienvenidos a la sociedad vigilada.
Columna en Público
