Es hora de que el acceso a banda ancha sea un derecho para todos. Por primera vez el Gobierno recoge el guante y pregunta a las empresas tecnológicas su opinión para garantizar el acceso universal, desde cualquier parte del territorio, a una conexión decente a internet.
Suiza fue la primera en dar el paso. En 2006 revisó el obsoleto servicio universal de telecomunicaciones, anterior a las necesidades de la sociedad en red, para incluir entre los derechos de sus ciudadanos el acceso a internet de banda ancha. La velocidad de transmisión aún era escasa: 600kbit/s de descarga y 100 de subida con un precio máximo fijado por el gobierno.
Finlandia se sumará al pequeño club de países con derecho a banda ancha en julio del año próximo con un mega de conexión asegurada. Pero su objetivo es más ambicioso: en 2015 todos los finlandeses tendrán derecho a una conexión ultrarrápida de 100 megas, los que prometen las líneas de nueva generación que se están empezando a tender.
El Ministerio de Industria lleva retraso en España. Hace más de un año que la Comisión Europea consultó a los países miembros sobre la posibilidad de cambiar el servicio universal de telecomunicaciones. La Comisión planteó la necesidad de definir la velocidad de la banda ancha, si el servicio universal –los servicios mínimos que las telefónicas deben prestar en todo el territorio- es el mecanismo adecuado para garantizar la superación de la brecha digital, si se deben cambiar las tradicionales y obsoletas cabinas por puntos de acceso a todos los servicios de la sociedad de la información (como los hotspots wifi, por ejemplo) y otras garantías para la población rural y los colectivos desfavorecidos. Pero además preguntó a los estados sobre el coste del servicio universal, prestado en España por Telefónica hasta 2010.
Algunos países como Gran Bretaña no esperan a las conclusiones europeas y ya han lanzado un ambicioso plan para crear una red de alta velocidad en todo el país. Eso sí, no será gratis para los ciudadanos, molestos por el nuevo impuesto de seis libras anuales acordado para impulsar el tendido de las nuevas redes.
A Industria le está costando mucho definirse sobre el nuevo servicio universal. En el ministerio de Miguel Sebastián hay opiniones encontradas entre los que están hace tiempo a favor de la extensión de ese derecho a la banda ancha y quienes encuentran pegas. Entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y otros organismos como los encargados del Plan Avanza o Red.es se ha discutido este tema sin llegar a un acuerdo.
Por fin Industria da el paso de consultar al sector tecnológico para avanzar en su definición. La próxima presidencia española de la Unión Europea en 2010 podría ser el momento adecuado para pronunciarse y apoyar esa consideración de la banda ancha como servicio indispensable en la sociedad de la información.
El reclamo es amplio. Entre los partidos políticos sólo Izquierda Unida ha sido claro e incluyó la banda ancha de un mega en su programa electoral de las últimas elecciones generales. En marzo de este año la plataforma ADSL más barato se sumó al reclamo de un acceso más universal frente a la falta de definición de Industria.
Los últimos en ponerse a la cabeza de la demanda son los ayuntamientos. Los obstáculos para ofrecer wifi municipal y las dificultades de acceso a internet de muchos lugares se suman ahora a los problemas para instalar las nuevas líneas de fibra óptica capaces de ofrecer los cien megas prometidos a los finlandeses y hoy operativos en muy pocos lugares.
Los ayuntamientos y la Comisión del Mercado de las telecomunicaciones temen una nueva brecha digital si las operadoras frenan sus inversiones y el sector público no garantiza la cobertura mínima.
Es hora de consolidar un nuevo derecho adaptado a la realidad tecnológica de la sociedad de la información. Entre las recomendaciones de muchos expertos están garantizar ese acceso de banda ancha a las redes de telecomunicaciones y también el acceso móvil e inalámbrico. Habrá que ver la recomendación de las empresas al Gobierno y su voluntad de ampliar la reciente Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones con unas condiciones de acceso adecuadas al futuro digital y a la economía sostenible defendida por el presidente Zapatero.
Para Soitu.es
