El Boletín Oficial del Estado ya es digital. Adiós al papel para las leyes. Ahora están en internet. Lo mismo ocurre ya con las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, que sigue los pasos del Instituto Nacional de Estadística para permitir mayor acceso digital. Pero no es suficiente. Desde junio de 2007 la ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, pero el eGobierno de Estado y autonomías todavía no permite muchos servicios. España también lleva retraso en administración electrónica entre los países europeos. El problema está en la disponibilidad, pero también en la vieja cultura burocrática de restricciones al acceso a la información por los ciudadanos, una ley prometida por Zapatero para hacer más transparente la Administración, pero todavía sin tramitar. Y en la gran asignatura pendiente: el escaso uso por particulares y empresas de los servicios de eAdministración.
El último análisis europeo del proyecto i2010 subraya que España está por encima de la media europea en disposición de formularios y documentos administrativos en la web, pero sólo un 26% de los ciudadanos y un 58% de las empresas los usaron en 2007, por debajo de la media. El informe eEspaña 2008 de la Fundación Orange muestra que los mejores servicios digitales son los de recaudación -Hacienda es líder destacado- e información, pero la disponibilidad y eficacia disminuye en los registros, los permisos, licencias y subvenciones. Y lo mismo ocurre en las comunidades autónomas, lideradas por Asturias, Madrid y Andalucía.
La eAdministración funciona mejor cuando recauda que cuando tiene que prestar un servicio.
El Gobierno quiere mejorar esta situación y promete planes para reducir la burocracia y convertir a internet en una auténtica ventanilla única. Pero debe luchar no sólo con el lento desarrollo de la sociedad de la información, sino también con la pesadez y oscurantismo de las rutinas de los despachos oficiales.
Red.es está poniendo en marcha el Proyecto Aporta en aplicación de la ley de reutilización de la información del sector público para permitir su uso y el desarrollo de contenidos digitales por terceros. Junto a la ley de acceso electrónico a la información son el núcleo de las principales directivas europeas. El problema es que en España se aprobaron con cuatro años de retraso, un período larguísimo para la sociedad de la información. Las promesas y esfuerzos del Gobierno y las autonomías deben redoblarse si queremos estar realmente entre los países europeos más digitalizados. La solución son instrumentos, educación de la Administración y los ciudadanos y una mayor eficiencia de un Parlamento lento en la adopción de medidas para el desarrollo digital.
Columna para el diario Público
