Propuestas para un gobierno abierto y una Administración pública más transparente en mi columna en Público
La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b) pero la Administración es opaca. Lejano está el gobierno abierto, que empieza a andar en Estados Unidos con la presidencia de Obama o en ciertos ayuntamientos con los presupuestos participativos. Internet y las nuevas tecnologías permiten una democracia más participativa, pero los políticos las adoptan más para la propaganda que para la gobernanza.
Los principales partidos reconocen que la sociedad de la información debe cambiar la política. María González Veracruz, secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE, defiende los logros del Plan Avanza y pone como ejemplo de ciberdemocracia la web del Plan E, donde Zapatero explica sus medidas económicas y el secretario de Hacienda ha celebrado un chat con ciudadanos. José Luis Ayllón, diputado del PP y responsable de campañas, reconoce el atraso en ciberdemocracia a pesar de que la Red "está cambiando la política, la vida de los partidos y de los políticos, que deben estar permanentemente conectados".
La ley garantiza la transparencia y participación con los ciudadanos. Pero los estudios de la Unión Europea sobre eGobierno revelan que la Administración es más eficiente para recaudar que para compartir. Zapatero puede seguir respondiendo preguntas en televisión, pero los ciudadanos aguardan su promesa de una ley de acceso a la información pública como la existente en otros países.
¿Qué principios debería respetar un gobierno abierto?
Comunicación. Usar las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, tanto en procedimientos administrativos como de otra índole, con canales de diálogo permanente.
Transparencia. Acceso con las menores restricciones legales a los datos, informes y decisiones de la Administración.
Participación. Hacer accesibles y reutilizables los datos públicos a través de portales y herramientas digitales fáciles de usar: un Google de la Administración, como defiende Obama, muy necesario en el Estado autonómico.
Dominio público. Devolver a los ciudadanos lo que es suyo. Liberar de derechos de propiedad la información pública y los contenidos de todo tipo pagados con fondos públicos.
Responsabilidad y servicio público. Los ciudadanos deben poder identificar a los funcionarios públicos y exigir su responsabilidad informativa.
Rendición de cuentas. Publicación y acceso a las cuentas públicas y cómo se gestionan.
Debate legislativo. Permitir el debate y voto consultivo de los ciudadanos a proyectos de ley antes de su tramitación parlamentaria.
Accesibilidad y neutralidad tecnológica. Eliminar las barreras para acceder y compartir la información pública.
Queda camino.
