El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) quiere convertir el "entorno simbólico", el pluralismo y la veracidad de la nueva ley audiovisual en consignas informativas sobre la reforma del estatuto de autonomía. La vuelta al control de la información por el poder político, autonómico en este caso, y a la censura previa.
Una pretensión que excede sus funciones, detalladas en el artículo 111 de la nueva ley audiovisual catalana (pdf) y las de cualquier regulador del mundo democrático.
El consejero Joan Botella ha anunciado que el organismo encargado de regular los medios audiovisuales hará recomendaciones sobre el tratamiento de la información y la opinión en la futura campaña de referéndum del proyecto de reforma del estatuto catalán.
No recuerdo a un organismo regulador y con capacidad sancionadora haciendo sugerencias sobre los contenidos informativos y de opinión desde la abolición de la censura previa y la supresión de la conexión de las emisoras de radio a las noticias de Radio Nacional el 25 de octubre de 1977.
Dicen que quieren evitar lo ocurrido en el referéndum de la Constitución Europea. ¿Qué ocurrió? ¿No le gustaron al CAC las opiniones de los medios?
La pretensión del organismo es una injerencia intolerable en la información y los contenidos de los medios, cuyo pluralismo garantiza el artículo 5 de la ley audiovisual catalana y todas las normas internacionales democráticas.
Dice Botella, en un juicio apriorístico e incompleto, que el estatuto "no se puede ventilar en un especial de 15 minutos o en una tertulia" y que los medios deben incluir la opinión de todos los partidos y de otras voces.
Pero es sólo su opinión y no es su función, ni siquiera respecto a los medios públicos catalanes.
Si los hechos son sagrados, las opiniones son libres, y nadie tiene el derecho de condicionarlas, y menos desde el gobierno, a no ser que se olvide el artículo 3 de la ley catalana, garante de la libertad de comunicación audiovisual, y el derecho a la libre elección de los ciudadanos, también en asuntos políticos, imprescindible en una democracia y garantizado por el artículo 4, "sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan sustituir sus decisiones", dice.
Los consejeros deben leer la ley antes de intentar aplicarla. Los ciudadanos y los medios no pueden admitir la vuelta al tiempo de las consignas. Con estos anuncios el CAC despierta los peores temores sobre el verdadero sentido de la nueva legislación audiovisual autonómica.
P21 | Menos denuncias y más sensatez
P21 | Someter la verdad y los medios a los símbolos
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Tranquilo Juan, que todo "está arreglado", que Zapatero ha pactado con Mas, "no crispes" desde MadriT. Por cierto, silencio en les Telenotícies sobre los insultos del "cómico". Silencio. Mientras puedan evitarlo, lo obviarán, como tantas otras noticias.
Libertad Digital: El CAC responde al caso Rubianes con una encuesta que sitúa a TV3 como "la más imparcial" http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276270632.html
Ese es el periodismo "profesional a la catalana", 25 años ya.
La referencia al referendum de ratificación de la Constitución Europea es muy válido. A tenor de los resultados de la votación los medios que comprenden al 60% de la audiencia no deberían haber optado por opción alguna, los que comprenden el 30% de la audiencia deberían haberse mostrado a favor y los que comprenden el 10% restante deberían haberse mostrado en contra.
ResponderSuprimirLo cierto es que para encontrar opciones contrarias a la Constitución Europea hubo que buecear en la internet pues no la había ni en radio, ni en prensa, ni en televisión.
Estamos ante un caso gravísimo, pues parece mentira que a estas alturas de la "democracia" todavía haya intentos de manipular la información de una forma tan descarada. Por otro lado, y como bien señalas, los medios de incomunicación en España, según la denominación de JPQ, responden a un patrón demasiado polarizado. Pero ¿qué fue antes el huevo o la gallina? ¿La polaridad se pasó de la política a los medios, o viceversa?
ResponderSuprimirPues yo creo que si un medio es reiterativo en no informar con veracidad, merece ser castigado de alguna manera. Son los ciudadanos los que tienen ese derecho y no los medios, que se consideran garantes de la libertad de expresión y a la vez están obligado por el artículo 20 de la constitución a informar con veracidad y además, respetar el derecho al honor, a la intimidad, etc. Muchos medios quieren ser juez y parte.
ResponderSuprimirOtra cosa es la diversidad de opiniones que enriquecen el debate democrático.
Punto crítico
ResponderSuprimirPublicado el Sábado 24 de diciembre de 2005 a las 00:05 horas en www.diariosigloxxi.com
Censura returns
por
Raúl Tristán
¡Cuánto nos gusta a todos hablar de libertad de expresión! ¡Hasta que nos toca a nosotros ser los criticados! ¿Verdad?.
La política de legislación en materia de medios de comunicación que se está llevando a cabo en la actualidad, parece querer corresponder fielmente a la que se ponía en práctica en los tiempos de la censura institucional alumbrada por el franquismo recalcitrante.
Gozamos de un saludable Estado democrático y de derecho en el que la mismísima Constitución se arroga el deber de garantizar para todos los españoles la libertad de expresión.
Sin embargo, precisamente ahora que es posible sintonizar un sinnúmero de cadenas televisivas públicas y privadas o de emisoras de radio; ahora que la lectura de diarios nacionales y locales está al alcance de cualquiera, gracias a la prensa escrita o digital, de pago o gratuita; y sobre todo, que todos esos medios responden a diferentes ideologías, identificables y no a una sola, es cuando, desde los órganos de poder de diferentes gobiernos: central y autonómicos, pretenden acallar las palabras surgidas de bocas disidentes, de dedos que teclean artículos críticos, de columnistas que lanzan al aire sus opiniones libres y válidas.
Primero ha sido el intento de ?ejecutar? a los periodistas con un Estatuto del idem, hecho a la medida del poder, y que la mayoría de los profesionales han rechazado. Por suerte para mi, no soy periodista...
Después han venido los ataques a la COPE. Cadena que peca de ser excesivamente permisiva con ciertos individuos que emplean su foro de opinión haciendo un uso poco profesional y ético del mismo, pero ese hecho no otorga a nadie el derecho a su ?acoso y asalto?.
Más tarde, ha aterrizado la Ley Audiovisual de Cataluña, repudiada por la FAPE y calificada de anticonstitucional, pues se atribuye poderes que no pueden, bajo ningún concepto, serles consentidos.
Y ahora, parece ser que el ministro Montilla pretende establecer un organismo de similares características pero de ámbito nacional (español): el CEMA (Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales)...
Señores, la libertad de expresión es un derecho al que no estamos dispuestos a renunciar, ni los profesionales ni los amateurs. Ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas alcanzarlo.
Para determinar la veracidad de la información, para controlar lo que se dice en los medios, ya están los propios medios, con sus redactores jefes, sus directores, etc... que son los que velan porque en los artículos de sus columnistas, o en sus noticias, se intente ser fiel a la realidad, se vigile el respeto al otro, se cuide la expresión del lenguaje. Son ellos y, en última instancia los jueces, quienes deben de llevar la batuta. La orquesta es suya, no del Gobierno de turno.
Pero què sabréis vosotros! He vivido sis años en esa nación y fueron unos de los más felices de mi vida. Gané unas oposiciones, trabajé y me vine a mi tierra porque (ya se sabe) la tierra tira mucho. Si tuviera que elegir un lugar para vivir sería Catalunya después de mi País Valencià.
ResponderSuprimirAmunt!