Gran parte de la profesión periodística y los medios responde a la nueva Ley Audiovisual de Cataluña: no se debe confundir la regulación administrativa con la legal, la veracidad de la información y sus excesos sólo deben ser juzgados por la justicia.
La libertad de expresión y el derecho a la información chocan a menudo con otros derechos, pero permitir cualquier atisbo de censura es maniatar la democracia. Son los jueces con la ley, los ciudadanos con su juicio y los periodistas con su responsabilidad los únicos facultados para juzgar la información.
Pero la preocupación por la libertad no es unánime y los excesos de unos y otros desvirtúan a menudo las razones. Mientras la prensa nacional reacciona a favor de la libertad de prensa, en Cataluña el famoso oasis vuelve a dejar a los políticos y la ley sin análisis ni crítica.
Otra vez ese manto de unanimidad sospechosa donde la tutela política de los ciudadanos se impone sobre las libertades y donde el "abanico de tradiciones" y el "entorno simbólico" que justifican la nueva norma audiovisual autonómica someten la libertad de información y opinión a la ideología de una forma de entender la nación catalana y su protección.
La diferencia va más allá de criterios y de oportunidad política. Una forma distinta de entender las funciones democráticas y cívicas tan divergente que abre un peligroso abismo, no sólo entre las instituciones y los poderes, sino entre los propios ciudadanos.
La Federación de Asociaciones de la Prensa de Madrid (FAPE) "anima al gobierno, a los partidos políticos y a los organismos con capacidad para ello, a presentar un recurso de inconstitucionalidad" porque considera que la ley catalana "supone una clara restricción en el ejercicio de dichas libertades, garantizadas por la Constitución, y significa un retroceso peligroso en los derechos de los ciudadanos".
Para la FAPE, "resucita una forma de censura que ya conocimos en el pasado, así como facultades administrativas que se entrometen en los contenidos de los medios y que conculcan el mandato constitucional".
Un contundente editorial de ABC recuerda que "la libertad de información es condición sine qua non para la existencia de la opinión pública y de una sociedad informada y capaz de controlar el ejercicio del poder político", para lo que "el imperio de la ley no conoce excepciones a su vigencia y es aplicado por tribunales independientes e imparciales". Rechaza cualquier ley especial de prensa, históricamente utilizadas para cercenar la información.
ABC acude a la Constitución, que "ya regula el ejercicio de la libertad de información con tres condiciones: la exigencia de la veracidad informativa, la interdicción de la censura previa y el derecho a la objeción de conciencia y el secreto profesional" al tiempo que fija su límite en la protección de los derechos fundamentales.
"Lo que no tiene justificación (...) es la irrupción intervencionista y restrictiva de las administraciones públicas, con pretensiones preventivas y, en su caso, coactivas sobre los medios de comunicación, convertidos en justiciables de una policía de prensa al albur de lo que, según convenga, haya de entenderse por información veraz".
El diario exhorta a periodistas y políticos a seguir "cumpliendo el papel que les asigna una sociedad democrática como la española" y alerta sobre las intenciones del Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) de seguir la senda intervencionista catalana.
El País critica los excesos de la Cope pero rechaza que un órgano emanado del Parlament "pueda ser el árbitro que juzgue y sancione a los medios en materia de información". Recuerda que los periodistas están sometidos a la ley y subraya que "el camino emprendido por el Parlamento catalán al dotar de tan amplias capacidades al CAC es extremadamente preocupante y peligroso".
El Mundo titula su editorial Una zafia marcha atrás en el túnel del tiempo (pago) para acusar al CAC de "espíritu inquisitorial y antidemocrático". El diario espera la intervención del Tribunal Constitucional.
¿Y en Barcelona?
El mundo es distinto desde el Principado. La prensa no analiza, ahonda, critica o discute la nueva ley audiovisual ni su inspiración, imposiciones o las competencias administrativas y políticas. Tampoco lo compara con la regulación audiovisual europea ni de nuestro entorno, de la que se separa claramente.
La pelea de gran parte de la opinión pública, los políticos y la prensa catalana contra medios como la Cope oculta y hace imposible una mirada con más altura y de mayor trascendencia, porque los desatinos de unos no pueden maniatar a todos.
La mayor prevención está en un editorial de El Periódico. Critica el comportamiento de Federico Jiménez Losantos y su emisora pero advierte que "no es tan evidente que sea un órgano de designación parlamentaria, influible por la política, quien deba arbitrar cuestiones de opinión".
Es la mayor crítica de la prensa catalana a la ley y las competencias del CAC.
En La Vanguardia Lluís Foix publica un artículo donde asegura que el informe del organismo contra la Cope "no es problema de libertades sino de verdades", pero sobre aquellas no hay mayor defensa ni análisis en ese diario.
En las organizaciones profesionales, la respuesta también es diferente. El Col·legi de Periodistes apoya el informe del Consell contra la emisora y, por ahora, no hay mayor comunicación sobre la norma audiovisual.
También el Sindicat de Periodistes de Catalunya anima a la creación de órganos de regulación de los medios en búsqueda de la veracidad.
Arcadi Espada protesta acompañado sólo por unos pocos (Josep M. Fàbregas).
España. Año 2005. Y con estas confusiones.
P21 | Someter la verdad y los medios a los símbolos
P21 | Una ley audiovisual deseada y temida
