Mala regulación para mala prensa

Perro no come perro. El viejo lema de Fleet Street, la decaída calle de la prensa británica, no impidió que The Guardian revelara el escándalo de las escuchas del News of the World. Fue el periodismo, no el gobierno, los reguladores ni la justicia quienes airearon las miserias del imperio sensacionalista de Rupert Murdoch. El debate sobre la regulación se cierra con un acuerdo político para crear un regulador independiente que sustituya a la fracasada Press Complaint Commission, la autoridad de autocontrol de la prensa británica. Políticos y prensa siguen peligrosamente entrelazados con los ciudadanos al margen, pero cómplices en el consumo de información basura.

El acuerdo -no compartido por muchos diarios- es un fracaso para la prensa y la sociedad. Emerge una pasión regulatoria que empuja la propia Comisión Europea y que se discute hace años en países como España, con el nonato Consejo Audiovisual (CEMA) subsumido en el regulador único propuesto por el gobierno Rajoy.

La nueva regulación británica excluye a las televisiones y sus webs -sometidas a Ofcom, la autoridad de telecomunicaciones y audiovisual- a los blogs y medios digitales que no sean específicamente periodísticos. La opinión y la información digital seguirá limitada sólo por las leyes comunes. Cualquiera podrá tuitear o publicar cualquier injuria o calumnia, pero si lo hace un periodista se someterá a las sanciones del nuevo organismo.

El vigilante de la prensa nace con limitaciones para abarcar el ecosistema digital y atrapado por el pecado capital que tanto los políticos como el informe Leveson, origen de esta regulación, obvian en su acuerdo: el mal de la prensa está en la excesiva proximidad de políticos y medios unida a una ilegítima pasión por airear la privacidad de las personas en lugar de informar sobre lo que realmente afecta al interés público y se desarrolla en un espacio público.

El Gran Hermano de todos vigilando a todos nunca ha sido tan cotilla. No es nuevo, la historia de las dictaduras enseña que las miserias y las debilidades cotidianas son el blanco perfecto de los totalitarios y los censores.

El infinito ciclo de la información 24 horas alimenta al gran monstruo del comentario y la opinión permanente, la lucha por la primicia nimia y la frivolidad de las páginas vistas. La telerrealidad y la privacidad publicada en las redes sociales se enseñorean de la vida que compartimos y baten récords de audiencia.

Ningún organismo de control ha mejorado jamás las noticias, el derecho ciudadano a la información veraz ni a los medios de comunicación. Son la propia sociedad, la profesión periodística y el mercado quienes lo han hecho denunciando excesos, batallando con la propia competencia entre medios, aumentando los criterios de calidad y abandonando a las cabeceras que no representan el sentir y el pensar de su audiencia.

El gran fracaso de los reguladores, de Lehman Brothers a Bankia o Chipre, demuestra que solo funcionan cuando los regulados son transparentes y responsables. Cuando los reguladores no tienen intereses comunes con los vigilados. Cuando la sociedad participa activamente, vigila, reclama y demanda.

La furia por aumentar reguladores hace fruncir el ceño cuando día tras día, de los escándalos financieros a los políticos, los ciudadanos asisten al fracaso de las herramientas de control institucional teóricamente diseñadas para evitar los abusos y proteger a los ciudadanos, consumidores, ahorradores, deudores, etc.

No hay píldora para el déficit ético y democrático. Los organismos de control y regulación son a menudo un placebo para limpiar conciencias. Sin un periodismo crítico, responsable y transparente (escaso), sometido a leyes comunes aplicadas con diligencia (infrecuente), con principios claros (cada día más abandonados) y una separación nítida entre periodismo y política (un sueño), ninguna regulación funciona.

El manto deontológico del nuevo regulador británico esconde las cloacas del poder, compartidas por Murdoch y el resto de barones de la prensa con los políticos. Esa promiscuidad y el desbocado sensacionalismo de algunos medios destruyó al Press Council, antecesor de la Press Complaints Commission, moribunda por las mismas infecciones.

No somos ajenos. Las quejas sobre la credibilidad de la prensa y los medios crecen. La sospecha se extiende a las revelaciones y exclusivas que a menudo pasan de noticia a arma editorial de quienes defienden a unos partidos e intereses contra otros.

Las televisiones públicas languidecen con la amenaza de la privatización y el deterioro de su imagen como propagandistas del poder. Mediaset y Antena 3 han creado un duopolio televisivo sin parangón en los países desarrollados con la aquiesciencia de los gobiernos de Zapatero y Rajoy.

Con un gobierno encerrado en el silencio y la propaganda desbocada y una oposición cuyo partido principal tiene tantos problemas de comunicación internos como externos, el principal mal de la información son las ruedas de prensa sin preguntas y la manipulación burda y descarada de los hechos y el lenguaje.

Ni el nuevo regulador británico es tan malo ni nada hace suponer que mejorará el periodismo y el derecho a la información. Sólo la mayor transparencia de los propios medios a través de su conducta y de herramientas de interactividad con la audiencia previenen de los abusos. Las necesidades del periodismo y las demandas de la audiencia no caben en un órgano de control.

Análisis en ElDiario.es

Pluralismo único

Europa está preocupada por el pluralismo en los medios. El dominio de los monstruos de la globalización digital, de Google a Facebook; las dificultades de los medios informativos para mantener su independencia económica; la erosión de la radio y la televisión públicas; la confusión de información, opinión, entretenimiento y rumores en medios, redes sociales y blogs; la presión de los gobiernos y la estrecha relación entre políticos y medios; la concentración y el control en muy pocas manos, y la falta de transparencia editorial o de las plataformas digitales con los usuarios animan a la Comisión Europea a fijar criterios de únicos y controles a través de autoridades y consejos nacionales cuando en muchos países como España sus funciones se desvanecen.
¿Puede Bruselas erigirse en regulador del pluralismo informativo y de los medios? Conociendo el funcionamiento de las instituciones europeas y su voracidad reguladora y burocrática, la iniciativa de la vicepresidenta Neelie Kroes, responsable de la Agenda Digital Europea, eriza el vello de muchos.
Las metas de una futura regulación apuntan en un informe sobre pluralismo y libertad de medios recién publicado por un grupo presidido por la ex presidenta de Letonia Vaira Vīķe-Freiberga. El documento aboga por una sola legislación de prensa y medios en la Unión Europea para hacer efectivo el atrasado mercado único de contenidos, pero también unificar el apoyo al periodismo de calidad y el pluralismo. Exigir códigos de conducta transparentes a los medios, unificar la protección de datos y evitar la concentración del ecosistema digital en unas pocas manos.
Todo vigilado por autoridades de medios, no sólo audiovisuales. Nacionales pero coordinadas por un regulador central europeo. Entre las novedades: permitir a los ciudadanos renunciar a la personalización digital para evitar y garantizar la neutralidad de la red.
La burocracia da miedo, pero las recomendaciones de pluralismo, transparencia y más derechos ciudadanos en una sociedad de la información acelerada son un acicate para pensar una mejor democracia.

Columna en los diarios de Vocento

Credibilidad y transparencia: debilidades del informe Leveson

El informe Leveson sobre la prensa británica (resumen) está escrito por un juez y se concentra en la prensa. De eso derivan sus principales debilidades: exceso de legalismo y falta de visión integral de una sociedad de la información abierta, donde todo el mundo comunica y la privacidad se publica.
Las recomendaciones para formar un nuevo organismo regulador independiente de políticos y periodistas dejan a la propia sociedad y a los medios digitales al margen. Un escenario imposible cuando la digitalización multiplica la información y la propia vida se publica. Esos medios aportan también algunas herramientas para la autorregulación ética de todos.
El juez Leveson sufre la misma miopía digital de una gran parte de la prensa. Su declaración de la imposibilidad de regular internet (págs. 164 a 179, volumen 1), la diferencia cualitativa (periodística) y cuantitativa (audiencia) que establecer entre prensa y medios en internet, unida a la afirmación de que la red se mueve en un "vacío ético" son argumentos del siglo XX. Muy lejos del presente y el futuro de una sociedad digital.

El periodismo, sea cual sea su naturaleza y soporte, no necesita más regulación que las leyes comunes: penal, civil, mercantil, protección de datos, etc. La mejor ley es la menos intervencionista y la que más rápido y con eficiencia actúa cuando es necesario.
Ahí es donde está la debilidad de la justicia. A menudo contaminada por los poderes y su influencia y relación con algunos medios. Otras por la falta de adecuación a una sociedad moderna que requiere una justicia más rápida y eficiente. Y a veces por la diferencia de criterios entre jueces sin una jurisprudencia clara.
Ninguna reparación es posible cuando pasan cuatro o cinco años desde la denuncia de los hechos.

La principal responsabilidad del periodismo es social y democrática. Por eso requiere exigentes criterios éticos en la industria, la profesión, la práctica y un consenso directo y transparente con el público.
Nadie queda excluido de esa responsabilidad, papel, audiovisual, digital, etc. La ética no tiene soporte. La responsabilidad no está en un papel ni en una pantalla, sino en la relación entre quienes informan y opinan y quienes reciben, leen o ven sus mensajes.
La pérdida de la credibilidad del periodismo actual es sobre todo responsabilidad de medios y periodistas. Pero la falta de control social es palpable. Internet y los medios digitales actúan en dos direcciones: por una parte mejoran el control, la crítica y la corrección de errores, pero por otro aumentan el sensacionalismo, el rumor y la superficialidad de la información.
Corregirlo es una tarea de todos, social y democrática.

Independencia de los poderes y transparencia. La mayor crítica de Leveson y su investigación es a la excesiva cercanía e influencia entre políticos, polícía y prensa. Cierto. Pero hay muchos olvidos en las 2.000 páginas del informe. Entre otras la influencia de los poderes económicos -sobre todo los financieros y las grandes empresas- en una prensa acechada por la crisis y siempre pendiente de los beneficios económicos.
No es un problema de la prensa. La concentración y esclerotización del poder en ciertos núcleos e instituciones es un déficit democrático histórico. Afecta a todos y el periodismo no se libra. Cuando los medios actúan como poderes -el caso Murdoch- se comportan igual que el resto. Ese es el demonio interno de unos medios que muchas veces son más negocio que periodismo.
La cura es la misma que la de la propia democracia: transparencia, accountability, más pluralismo y una sociedad crítica que defienda la importancia y los valores de la información de calidad.

Todo es periodismo. Al menos nadie debería quedar excluido de comportarse como tal y por tanto con las obligaciones consiguientes. Ese es el terreno común de los medios, los blogs, las redes sociales, los ciudadanos, etc. Cuando se hace periodismo, es decir, se comunican información y opiniones sobre hechos y personas de interés público, todos los que ejerzan esa actividad -sea ocasional o permanente- están obligados por la ética de la información y por tanto sometidos a las mismas reglas y criterios sin división por soportes ni canales.
Sensacionalismo, opinión infundada, rumores, invasión de la privacidad sin interés público, manipulación, propaganda, etc. son iguales para todos los que comunican.
La sistematización de esa actividad a través de una entidad institucional o comercial sólo aumenta la exigencia de transparencia y responsabilidad. Pero no excluye a las personas privadas ni a otras entidades.

Herramientas para la transparencia y la responsabilidad, mejor que leyes y reguladores sectoriales. El juez Leveson repara en algo importante: "Rebuttals and denials of allegations can take place instantly, helping if not to kill a story at least to provide the subject of the story with a voice and make users aware that the veracity of the allegation or story may be in doubt".
Los medios digitales aumentan la interactividad, reaccionan en tiempo real y permiten sistemas de transparencia y control por el público y los propios periodistas más eficientes.
El gran desafío ético del periodismo es incorporar esas herramientas de transparencia y control social de la información en todas sus plataformas y soportes. Sin excluir la televisión, la radio ni el papel.
El control del rigor y los errores, pero también del respeto a la privacidad y el derecho a la réplica y la corrección de datos debe ser incorporado en todos los medios digitales -como muchos hacen ya, al menos en sus más básicas formas- pero también en el resto de medios, donde la incorporación de esas enmiendas y críticas de valor del público son esenciales.
Incluso en los formatos no digitales y donde la gestión del tiempo o el espacio complica estas prácticas se pueden usar direcciones (URL) cortas, códigos QR y otros símbolos y herramientas que marquen la información objetada y lleven a la audiencia fácilmente al soporte más adecuado para sostener esa labor de control social y democrático.

Una parte de los 4,8 millones de euros (3,9 mill. de libras), el tiempo y los expertos que se han empleado en el informe Leveson hubieran sido de mejor provecho si hubieran servido para que un grupo de expertos diseñara y propusiera varias herramientas de control, réplica y contraste de la información con el objetivo de ser consensuadas e implementadas por los medios.
Será más fácil lograr un consenso ético e instrumental de este tipo que cerrar la Press Complaints Commission y crear un nuevo órgano regulatorio.

Como en el propio periodismo, los medios y también en los poderes públicos, la demanda de más exigencia, responsabilidad y transparencia es ineludible. Como en la propia producción y edición de la información, no son necesarios más procesos complejos, órganos y burocracia.
Necesitamos criterios eficientes y herramientas adecuadas para garantizar la calidad y la transparencia.
Existen o tenemos la capacidad de crearlas. No compliquemos la vida, el periodismo y la democracia con más regulación: aumentemos el control y la participación social. Es la mejor forma que conocemos de aumentar los criterios y exigencia para todos y de minimizar los daños.
Menos leyes, más responsabilidad, apertura y participación.
Como decía Walter Lippmann y siempre repito: "La calidad de las noticias en la sociedad es un índice de su organización social".
Esa es una tarea de todos en la que a los periodistas, sea cual sea su medio de llegar al público, profesionales o aficionados, nos corresponde mayor responsabilidad y luchar para aumentar la comprensibilidad, utilidad, rigor y eficiencia de la información.
Apliquemos a los problemas de la sociedad de la información soluciones del siglo XXI.

Cookies de servicio público en Gran Bretaña

Las webs británicas se lanzan a conseguir el consentimiento de los usuarios para aceptar las cookies que se utilizan para la publicidad digital, para reconocer al usuario y sus datos o para medir el tráfico y la audiencia. El domingo se pone en marcha la trasposición de la directiva que obliga a que los usuarios acepten estos pequeños códigos que permiten hacer más eficiente el funcionamiento y el negocio de los medios digitales.
El planteamiento ha sido distinto según medios, sobre todo entre la BBC, consciente de sus obligaciones de servicio público y de transparencia, y los medios comerciales.

La BBC informa al público con un vistoso anuncio en todas sus portadas y ha puesto en marcha una página para manejar todas las cookies de sus webs. Los usuarios pueden elegir entre aceptar o no tres tipos de cookies: las que personalizan la oferta de la BBC como las de localización, las que mejoran la experiencia de usuario y las de la publicidad segmentada o por comportamiento.

Los medios privados han sido más discretos. The Guardian incluye un aviso indicando que si se sigue navegando se aceptan las cookies y remite a una página de explicación.

Una solución empleada por la práctica totalidad de los medios británicos que informan al usuario para seguir las reglas de la Information Commissioner´s Office.
La solución británica para la trasposición de la directiva europea opta por la autorregulación puesta en marcha en España y casi toda Europa para intentar evitar el opt-in, la necesidad de que los usuarios tengan que aceptar expresamente las cookies para proteger su privacidad, una demanda ya bastante atemperada de las agencias de protección de datos.
En España las cookies se pueden manejar desde los navegadores y también desde la página Your Online Choices, donde la industria identifica las cookies de cada navegador y ofrece su gestión a los usuarios.
Ayer mismo IAB Spain celebró una jornada sobre regulación digital donde la industria digital analizó el estado de la regulación de privacidad tras la publicación del decreto ley que adapta la regulación europea. Los datos pagan los servicios gratuitos de internet. IAB Spain calcula que por cada euro de publicidad el usuario recibe tres en servicios gratuitos.

La revuelta de los reguladores

Un plan para unirlos a todos. Un plan para dominarlos a todos. Con la mayoría del poder político en sus manos, el gobierno de Rajoy quiere todo el poder económico. Para lograrlo, nada mejor que controlar a los organismos reguladores y recuperar poderes para el ejecutivo con la coartada del ahorro de costes y la simplificación legal.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se revuelve contra una medida inédita: unir los siete reguladores actuales (telecomunicaciones, energía, competencia, postal, juego, aeropuertos, ferrocarril) y el abortado consejo audiovisual en una sola Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Objetivo: controlar el consejo del regulador único acaparando la mayoría de sus miembros, reducir la presencia de las minorías (como se está haciendo en el Congreso y otros organismos) y concentrar el poder económico a través de los reguladores.

Columna completa en Estrella Digital

Un regulador para todo

De ocho a uno. Es el plan del gobierno para garantizar la competencia y simplificar la regulación de mercados como telecomunicaciones, energía, juego, correos o aeropuertos, además del non nato consejo audiovisual.
Un solo regulador para ahorrar, argumenta la vicetodo Sáenz de Santamaría, pero también concentrar todo el poder y eliminar obstáculos a las políticas del PP. A veces los ahorros en vigilancia pública son caros para los ciudadanos.
Un solo regulador para todos los mercados concentrará mucho poder con menos capacidad de supervisión si su diseño no es transparente, independiente y profesionalizado.
Hay razones para la sospecha, los grandes partidos airean constantemente su apoyo a la pequeña y mediana empresa, pero son las grandes compañías las habituales beneficiadas de sus decisiones, precisamente las que más han sufrido la vigilancia de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Columna completa en Estrella Digital

Un telestado sin control y privatizado

El telestado de Rajoy comienza a sintonizarse. La vicetodo Santamaría ha anunciado que no habrá Consejo Audiovisual (CEMA) y que posiblemente se integrará con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El desmantelamiento de las televisiones autonómicas comienza con la posibilidad de externalizar y convertir en privados los informativos y otros contenidos hasta ahora de servicio público. Ahorro y eficiencia por un lado y no tan claro por el otro.
Soroya Sáenz de Santamaría citó la no creación del Consejo Audiovisual como fórmula para ahorrar siete millones de euros presupuestados para este año. Pero el CEMA hace más falta que nunca cuando la convergencia de televisión y banda ancha anuncia la era de la televisión conectada y el gobierno plantea la reforma del telestado con la reducción de la financiación de RTVE, la reforma de las autonómicas, el duopolio de Telecinco y Antena 3 en la televisión en abierto y el crecimiento de la televisión de pago con la mayoría de los derechos de los programas más demandados en unas pocas manos: el cine en Prisa y el fútbol en Mediapro. Una situación de oligopolio y atípica en Europa.
Repensar el telestado, reformar y hacer más eficaz y sostenible el servicio público (si es que sigue existiendo), crear las condiciones para aumentar la oferta multimedia de la convergencia y promover la industria de la producción y los contenidos, son trabajo bastante.
La CMT ya lo advirtió en su informe de 2009 sobre la Ley Audiovisual. Entonces se fijaba el ahorro en 34 millones de euros, más cercano a la realidad y a los costes de otros reguladores europeos. Ahorrar dinero y hacer un regulador para la convergencia son objetivos compatibles.
El plan de privatización de las televisiones autonómicas comienza eliminando los límites a la producción privada. Informativos de producción privada y fin de las limitaciones del servicio público a la programación externalizada. El objetivo fundamental es rebajar el coste de las plantillas de las públicas. Pero esa medida provocará más paro y pagar con dinero público los recortes de personal.
La mayoría de las televisiones públicas, de RTVE a las autonómicas, ya externalizan en grandes productoras como Vértice 360, Mediapro o Secuoya gran parte de sus operaciones informativas y muchos programas. La desaparición de las limitaciones debería ser compatible con la promoción y fortalecimiento de la industria de la producción, no concentrar en exceso los contratos y asegurar la calidad e independencia de los programas de servicio público.
Repensar los contenidos públicos con un nuevo servicio audiovisual, reorganizar las frecuencias de la burbuja de la TDT –como ha pedido Uteca- y mejorar la coordinación y colaboración entre las televisiones públicas, merecen una autoridad independiente.
Garantizar esos objetivos es tarea suficiente para un regulador profesional y no sujeto a intereses políticos ni económicos.

Columna en Estrella Digital

Control ciudadano para la prensa

Regular la prensa. Vuelve la amenaza con el escándalo de Rupert Murdoch y su sensacionalista The News of the World. Todos los controles han fallado: los legales, los políticos, los policiales. Las oscuras relaciones entre prensa y poder desatan un coro de indignados reclamando control sobre los medios. La libertad de prensa corre el peligro de ser víctima de los abusos de unos pocos cuando el único filtro que no ha fallado es el del propio periodismo y la obstinación de The Guardian en perseguir el caso de las escuchas ilegales. ¿Es posible regular los medios para tener mejor periodismo?

A menudo, lo que sobra es control político mientras falta pluralismo, pero también una prensa y una audiencia críticas y combativas que vigilen y rechacen las malas prácticas y los abusos. Para lo demás están las mismas leyes que todo ciudadano, institución o empresa deben respetar. El resto es censura.

¿Y qué regular? La prensa no tiene regulación desde el final de la ley Fraga de 1966. Televisiones y radios siguen sometidas a las licencias y a limitaciones de publicidad y de programación en horario infantil. Pero el universo digital acaba con el poder nacional de los estados y rompe las barreras entre medios. Blogs, vídeo y redes sociales superan cualquier tipificación y límite entre medios periodísticos y ciudadanos cuando muchas personas reclaman el mismo acceso de los periodistas a la información.

Los indignados del 15-M protestaron contra todos los poderes, también contra los medios. Los políticos persisten siempre en el control de las televisiones: la pieza más codiciada es RTVE, el resto de las públicas suelen vivir bajo control con muy pocas excepciones. Cuando la crisis aprieta y crece la desconfianza ciudadana, los políticos se han atrevido a imponer cuotas hasta en los telediarios de las cadenas privadas. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) sigue innato pese a su alumbramiento en la Ley Audiovisual. Los partidos pelean por sus sillones y las televisiones presionan por sus intereses.

La censura existe y aparece en cada cabello de la hidra del poder. Las ruedas de prensa sin preguntas son ya una mala costumbre contra la que al fin han empezado a rebelarse periodistas y ciudadanos con el grito #sinpreguntasnocobertura. La Casa Real tiene una larga historia de frenos al periodismo y las grandes empresas no se privan de ejercer su poder.

En España no hay prensa sensacionalista declarada. Es un déficit de mercado, no una virtud. Pero el sensacionalismo inunda medios pretendidamente de calidad, que no se privan de sectarismo, la explotación de los sentimientos y las emociones, la intrusión en la intimidad y la vida privada, y la manipulación de la realidad. La mayoría de las televisiones han convertido la telerrealidad en un género que impregna noticias y entretenimiento. Todos incumplen una de las mejores definiciones del periodismo sensacionalista, la de Hugh Cudlipp, director del Daily Mirror y fundador de The Sun: “Sensacionalismo no es distorsionar la verdad. Es la vívida y dramática presentación de los hechos para lograr un fuerte impacto en la mente del lector”.

Los políticos británicos piden más regulación cuando ha fallado la Press Complaint Comission, el órgano de autorregulación de la prensa. Pero la mejor defensa contra el mal periodismo es buen periodismo y una ciudadanía crítica y exigente.

En el escándalo Murdoch aparece otro factor que siempre ha constituido una amenaza: la concentración, y el escándalo ha evitado la ampliación del control de la televisión BSkyB. De ese mal no estamos libres. El mercado de la televisión está en manos de Mediaset después de la absorción de Cuatro y forma con Telefónica un duopolio que controla la televisión en abierto y la de pago.

La concentración multimedia siempre ha sido una amenaza regulada en países como Estados Unidos, pero nunca en España. Cuando todos los medios son digitales, la expansión multimedia parece la única forma de garantizar la independencia económica, clave para que medios y diarios no dependan del poder político, como ocurre con muchos, especialmente locales.

La solución puede ser una trampa. La sufren ya grupos con licencias de TDT de dudosa viabilidad económica y que multiplican también la concentración de la opinión.

Medios fuertes e independientes, con limitaciones a la concentración, periodismo sobre el propio periodismo y control ciudadano, ahora que las redes e internet facilitan el seguimiento y las reacciones, son indispensables. Libertad y ciudadanía crítica, como nos enseñaron pensadores como Walter Lippmann o Jurgen Habermas, son la mejor regulación.

Análisis en Estrella Digital

Condena contra Jiménez Losantos

ERC le gana la partida en los tribunales a Federico Jiménez Losantos. La Audiencia de Barcelona condena al locutor a pagar 60.000 euros a Esquerra por equiparar a los dirigentes del partido catalán con terroristas y vulnerar su derecho al honor.
Los peores enemigos del azote de la Cope consiguen ganarle batallas en los juzgados. Ahora Esquerra, aunque a FJL todavía le queda el recurso al Supremo; hace unos meses ABC, por competencia desleal por la campaña de descrédito contra el periódico lanzada por el locutor.
Son malas noticias para todos. Los periodistas debemos ser más responsables y la crítica no debería llegar nunca a la exageración, el insulto o las amenazas, como ha pasado otras veces.
La crispación exaspera a todos, deteriora el periodismo y la democracia. Cuando todo acaba en los tribunales el ámbito de libertad se estrecha. Las condenas contra el honor o por competencia desleal no son las mejores para fortalecer la responsabilidad de los informadores.
En el caso de los políticos, el delito contra el honor siempre está en el filo de la libertad de expresión y crítica contra personajes públicos.
Mejor la calumnia o la injuria, delitos bien tipificados menos sometidos a diferentes interpretaciones.
Mal asunto. Los excesos de unos y la reacción contra ellos los pagamos todos.

La APM crea un colegio de periodistas

La asamblea de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha aprobado la creación de un colegio de periodistas para mantener la representación de los profesionales madrileños en los nuevos consejos de la información nacionales y autonómicos.
El colegio no sustituirá a la Asociación. Será un modelo mixto de representación y prestación de servicios. Paradójicamente la APM, revitalizada en los últimos tiempos como órgano profesional, puede acabar de nuevo confinada la labor asistencial de años pasados.
La decisión es consecuencia de los pasos de colegios, sindicatos y fuerzas políticas por imponer una regulación de la profesión periodística bajo la que se amparan demandas profesionales, laborales y la ambición controladora de muchos partidos y políticos.
La afiliación al colegio no será obligatoria y un acuerdo de la dirección de la APM con la Comunidad de Madrid permitirá crearla en 2007.

En el wiki tenéis la explicación del presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, a los miembros de la Junta Directiva

Los periodistas de Madrid debaten la creación de un colegio

Sobre el proyecto de ley del colegio de periodistas de Madrid es el título del comunicado de la junta directiva recibido por todos los miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) donde se propone la creación de un órgano colegial como "instrumento complementario" y sin obligatoriedad de colegiarse, según la definición de la propuesta.
Fernando G. Urbaneja, presidente de la APM, teme perder la batalla de la regulación profesional al conocer los planes del gobierno de crear un consejo nacional de periodistas. Tras la iniciativa, según fuentes gubernamentales y periodísticas, está la presión del Col·legi de Periodistes de Catalunya y del Foro de Organizaciones Periodísticas, que intentan impulsar las aspiraciones principales del proyecto de estatuto del periodista profesional, estancado en el Congreso tras meses y meses de intentos infructuosos para consensuar una alternativa.
Urbaneja defiende la iniciativa para no perder representatividad. La considera un movimiento "táctico" y asegura que "luchar contra esa ley que, aparentemente, es inocente, me parece innecesario y estéril".
Ante la imposibilidad de frenar la creación del consejo de colegios arguye que "me ha parecido más inteligente asumir el ropaje jurídico de colegio, que otorga algunas ventajas legales y ningún inconveniente".
De lo contrario, dice el presidente de la APM, la mayor asociación de periodistas de España corre el peligro de quedar subrepresentada (explicación de Urbaneja a la junta directiva de la APM) a pesar de contar con la mitad de los periodistas españoles afiliados a organizaciones profesionales.
"Lo relevante -dice la carta dirigida a los asociados- es la fortaleza de la organización, más que su naturaleza jurídica".
El proyecto "no contemplará la desaparición de la APM ni su transformación en colegio", serán "estructuras paralelas y simultáneas" para repartir "las tareas de representación y de prestación de servicios, según proceda".
Una argumentación que devuelve a la APM a la condición de organización asistencial en la que ha vivido muchos años sin servir como órgano de representación profesional.
El colegio madrileño se crearía en 2007, para lo que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Esperanza Aguirre. De lo contrario habría que esperar al resultado de las próximas elecciones, con el riesgo de que entretanto se acuerden medidas como el estatuto de los periodistas sin representación de los informadores de Madrid.
Las primeras críticas no han tardado en surgir. Muchos asociados a la APM están confundidos con este cambio de postura tras años de lucha contra la excesiva regulación legal de la profesión y los peligros de politización derivados del proyecto de estatuto.
Otros rechazan que puedan ser miembros del colegio los periodistas no licenciados, como propone la carta y como ya ocurre en el colegio catalán. El gallego sólo admite a licenciados en periodismo, ciencias sociales o imagen y comunicación audiovisual, aunque también acoge a los periodistas no licenciados antes de la creación del colegio.
El debate sobre la regulación profesional del periodismo resurge y se abren nuevas vías más allá de la aprobación del estatuto profesional (wiki con toda la documentación).

P21 | La APM propone la creación de un colegio

La APM propone la creación de un colegio

La creación de un consejo nacional de colegios de periodistas parece inevitable. El gobierno estudia su creación presionado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya a través del PSC y sus aliados. No le cuesta mucho. En su última conferencia política, el PSOE ya anunció su intención de crear consejos audiovisuales estatales y en cada autonomía.
Pasión por el control político y asfixia periodística por la mala situación laboral y profesional se unen para imponer más barreras a los medios y a la información.
El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando G. Urbaneja, rectifica algunas de las posturas mantenidas y propone a los asociados la creación de un colegio, de adscripción no obligatoria, para no perder representatividad (carta explicativa) en el nuevo escenario.
Los colegios profesionales españoles: Cataluña y Galicia, serán tres dentro de nada con la creación de otro en Murcia. En Valencia el riesgo amenaza después de varios intentos legislativos.
Con ese crecimiento pretenden erigirse en la representación profesional de los periodistas españoles (la Federación de Asociaciones de la Prensa es hoy mayoritaria) junto a el Foro de Organizaciones de Periodistas (que también agrupa a los sindicatos).
Su principal objetivo es conseguir la aprobación del Estatuto del Periodista Profesional, una ley intervencionista que bajo el palio de luchar contra la precariedad laboral y el intrusismo coloca a los periodistas bajo la égida de políticos y sindicatos, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, con la creación de consejos de la información elegidos por los parlamentos la imposición de un carné que habilita para ejercer el oficio.
El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid anuncia un acuerdo con el gobierno autonómico madrileño para poder constituir en un tiempo récord de cuatro meses un colegio profesional siempre que la colegiación no sea obligatoria.
La fórmula Urbaneja intenta no claudicar las objeciones al estatuto de los periodistas que la APM ha hecho hasta el momento y propone la convivencia de asociación y colegio (al contrario de lo que ha pasado en Cataluña y es la situación hoy en Galicia) con diferentes objetivos.
"El Colegio no debe ir en demérito de la Asociación que puede (que debe) seguir operativa y actuante como hasta ahora, sin merma de ninguno de sus derechos y propósitos. Colegio y Asociación correrían simultáneos con la misma dirección y afiliación y con una especialización de tareas, la representativa al Colegio y la asistencial y de servicios a la Asociación".
Posibilismo frente a lo inevitable para seguir luchando por un estatuto o regulación de la profesión periodística que no la someta al control político y elimine los problemas del proyecto actual, según Fernando Urbaneja.
La realidad es que hoy los contrarios al estatuto son minoritarios en la profesión y el presidente de la APM y la FAPE confía en convencer desde dentro en lugar de mantener una lucha contra todos.

Propuesta de conversión de la Asociación de Periodistas de Madrid en Colegio Profesional, un documento para la reflexión junto a la documentación sobre el Estatuto del Periodista Profesional.

Los periodistas y su estatuto

La Asociación de Periodistas Europeos celebra mañana una jornada de debate sobre Los periodistas y su estatuto en la que estaré para defender algunas posiciones ya explicadas en este blog. La relación de documentación sobre el proyecto de estatuto, razones a favor y en contra, y otras experiencias está en el wiki que monté en octubre de 2005 y sigue a vuestra disposición.

Un pequeño avance de mis posiciones:
>> El acceso a la profesión periodística debe ser lo más libre posible. En el caso de España el modelo adoptado es de los estudios de periodismo con grado universitario propio combinado con la práctica profesional.
Me parece adecuado para la práctica profesional (no amateur ni ocasional) mientras no sea excluyente. Prefiero otros sistemas como el que ya se impone de másters o estudios de segundo ciclo específicos y otros de primer ciclo de cualquier otro ramo.
>> Sin estudios también se puede ser periodista. En un mundo más formado se han perdido los periodistas de raza y calle. Sobreviven pocos cuando los ciudadanos cada vez hacen más periodismo aficionado u ocasional con el Periodismo 3.0. Cuando todos los periodistas son universitarios se pierde cierta mirada sobre la parte de la sociedad que no lo es. La época de los cafés y los pasillos de las comisarías está muerta, o casi, pero el reportero sabueso de calle a menudo se echa de menos. Cada vez es más frecuente encontrarse con periodistas que por formación y origen social no son capaces de entender y relacionarse adecuadamente con algunas esferas (o infraesferas) de la sociedad.
>> Vivir del periodismo no es lo mismo que hacer periodismo de forma no profesional. Se puede hacer periodismo sin ser profesional con tan buenos resultados y garantías como estando licenciado. Informar es un acto, no un estado.
Todos, periodistas o no, deberíamos luchar por ampliar los derechos de acceso a la información, difusión, libre expresión y que estos derechos fundamentales sean adecuadamente protegidos y garantizados por las leyes y los jueces.
Se es periodista cuando se investiga, edita y difunde información. Otra cosa es la opinión, libre para todos los ciudadanos pero no necesariamente periodística.
>> La invasión de pseudoperiodistas (corazón, tertulianos, etc.) no se soluciona con un estatuto sino con autorregulación y separando la opinión de la información. Los comentaristas de los informadores, el espectáculo de la información. Distinguir entretenimiento, opinión y periodismo es fundamental.
>> Los periodistas no deben tener más derechos que los ciudadanos. De lo contrario se separan de ellos y se convertirán en una casta. Los derechos de acceso a la información y las garantías de uso y difusión deben extenderse a todos.
>> Fomentar la participación en las decisiones dentro de las empresas periodísticas debe ser un empeño y una voluntad, nunca una imposición.
La libertad del periodista se afirma también frente a la empresa. Uno de los problemas del periodismo es que no es un simple oficio sin llegar a ser una profesión liberal. Esta situación implica el deber de mantener una independencia que obliga a romper la relación laboral cuando las posturas de profesional y editor están separadas.
Otra cosa es el cambio de línea y principios editoriales. La cláusula de conciencia debe amparar entonces a los profesionales.
Los editores, de las nanopublicaciones a los grandes medios, también son libres. Como los periodistas, sólo deben estar limitados por las leyes generales y la justicia.
>> Un carné es un privilegio y una atadura. Cuando más lejos, mejor. Otra cosa es la acreditación voluntaria en organismos profesionales y la identificación del medio para el que se trabaja.
>> Y, por supuesto, los vigilantes no deben depender de los vigilados. Para cumplir su función de control del poder, el periodismo y los periodistas no pueden depender en ningún aspecto, ni de acreditación, ni deontológico, ni sancionador, de organismos bajo control político como los propuestos consejos estatales y autonómicos de la información.
Muchas más cosas se debatirán mañana con políticos, periodistas, sindicalistas, redactores del estatuto y representantes profesionales.
Sólo espero que el debate sea más constructivo de lo que ha sido hasta ahora. La tramitación parlamentaria está contaminada por las luchas entre políticos, clanes periodísticos y entre sindicatos, asociaciones y empresas.

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