"Esta ley se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, a su entorno simbólico". Cuando el preámbulo de una ley comienza acotando la orientación de los contenidos es difícil pensar que la obligación de veracidad de la información será neutral.
La sospecha sobre la nueva Ley de la Comunicación Audiovisual catalana es demasiado grande pese a las garantías del presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep María Carbonell.
El artículo 7 de la norma obliga a los medios audiovisuales a difundir información veraz, "la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna".
Pero la veracidad es independiente de las tradiciones y el entorno simbólico. ¿Hasta dónde llega el entorno simbólico? ¿Qué pasa cuando lo veraz está en contradicción con lo simbólico?
Cuando los hechos se mezclan con la tradición y los símbolos la realidad deja de ser objetiva para convertirse en cultural y política. Someter a los medios a esa obligación es cercernar el derecho de los ciudadanos a la información, a la libertad de expresión y a la crítica.
Andar a vueltas con la verdad en las leyes es peligroso y por eso la legislación sobre la información y los medios suele limitarse a la ley general para proteger los derechos de los ciudadanos con algunas cautelas reforzadas (los ejemplos van de Gran Bretaña a Francia). La Comisión Europea propone regular (pdf) sólo las prácticas contrarias a la "protección de los menores, la dignidad humana, la no discriminación y el refuerzo de las reglas sobre publicidad".
Walter Lippmann decía que "noticias y verdad no son la misma cosa y deben ser claramente distinguidas. La función de las noticias es resaltar un acontecimiento, la función de la verdad es traer a la luz los hechos ocultos", los que están a la sombra del abanico simbólico de unos y otros.
La moderna objetividad periodística insiste en la posibilidad de verificación de la información, como hace el artículo 7 de la ley catalana, pero el abanico simbólico es un grave factor de riesgo, como también que una autoridad reguladora independiente esté compuesta por nueve miembros elegidos por el Parlament y su presidente por la Generalitat.
Los medios están obligados a "hacer una separación clara entre informaciones y opiniones". La ley y quienes la aplican, también.
Cada medio tiene su verdad y la de su público, la de los hechos encuadrados en un contexto, en una representación de la realidad, y no tiene por qué coincidir con tradiciones y entornos simbólicos mayoritarios o impuestos por ley. ¿Qué sería sino del disenso, de la crítica independiente, de las minorías, de las opiniones al margen del sistema?
Jack Fuller, ex director del Chicago Tribune, decía que "el periodista es alguien que debe decir la verdad y difundir la información necesaria para el autogobierno del pueblo" y eso incluye el desmontaje de los simbolismos no adecuados a la realidad, simplemente reprobables o con los que no se está de acuerdo.
Los medios deben asegurar la posibilidad de la discusión democrática. Y el ciudadano, oye, ve, lee y elige. Una tutela excesiva es tan perniciosa como la falta de protección.
Veracidad, separación de información y opinión, principios necesarios, pero peligrosos cuando están sometidos a la autoridad política empeñada en mantener una realidad bajo un abanico y un entorno simbólicos.
P21 | Una ley audiovisual deseada y temida
