Consumir no nos hará libres. Tampoco el trabajo. Pero en la sociedad del consumo es imprescindible proteger derechos a menudo maltratados por empresas e instituciones.
La ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios aprobada ayer es un paso importante para acabar con abusos como la libertad de darse de baja de servicios (a veces una moderna esclavitud), la falta de información precisa sobre costes y condiciones, la injusticia del redondeo al alza de los precios y consumos (pagar por lo que no se compra), eliminar cláusulas contractuales abusivas, trabas a los cambios de hipotecas o aumentar de la seguridad de los productos.
La libertad de escoger y consumir es hoy algo más que una opción mercantil. Con nuestras compras construimos nuestra forma de vivir y parte de nuestra propia identidad.
Dime cómo consumes y te diré cómo vives y quién eres. El consumo nos identifica y une más que el trabajo. Los clientes han sustituido a las clases como estructura de la sociedad.
Por eso para una mayor libertad es imprescindible la protección y seguridad en la elección y el trato por parte de los proveedores de bienes y servicios.
Y una de las áreas más desprotegidas y abusivas es la del consumo de nuevas tecnologías, de internet al teléfono, que concentran la mayoría de las quejas de los consumidores por abusos en la facturación, la atención y sobre todo por la esclavitud del contrato, esa maldición de contestadores y cláusulas de letra pequeña que no te permite darte de baja de un servicio.
Hace sólo unos meses una encuesta sobre índice de satisfacción del consumidor (pdf) revelaba la insatisfacción con los servicios de la sociedad de la información:
El 22,5% de los españoles ha padecido problemas con los servicios de acceso a internet, muy por encima del segundo servicio más criticado, el transporte urbano, con un 18,2%. El 10% de los usuarios de móviles ha sufrido problemas y también el 12,7% de los clientes de telefonía fija.
El acceso a internet es el servicio peor calificado por los consumidores.
La ley de protección debe ser un instrumento para proteger la libertad de consumo y el acceso a los productos y servicios. Un adecuado control sobre los abusos comerciales, muchas veces más graves y con mayor efecto en las personas que los políticos o sociales.
P21 | La sociedad de la información funciona mal
