El gobierno acota la capacidad de cerrar páginas de internet administrativamente, sin autorización judicial, a las "páginas web que ofrezcan servicios fraudulentos" (phishing o pharming, por ejemplo) pero también la publicidad engañosa, según El País.
Las explicaciones intentan acotar las amenazas de un borrador denunciado por muchos como abusivo y sin suficientes garantías legales.
