La nueva ley del libro que sustituirá a la de 1975 (derogados muchos de sus artículos, pdf) consolida el precio fijo, defendido por los libreros y editores para evitar las rebajas de grandes superficies y supermercados del ocio, anunció la ministra de Cultura, Carmen Calvo, al presentar el anteproyecto legislativo en el Consejo de Ministros.
Los descuentos se mantendrán sólo para el libro escolar (grandes superficies obligan pese a la pena de los libreros) y el gobierno se plantea "llegar a la gratuidad de los libros de texto y material escolar de los niños y niñas en el sistema educativo público".
En la nueva ley el libro ya no será de papel, sino que se define como "la obra científica, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria, editada en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura". Adaptación a las nuevas tecnologías y extensión de la regulación correspondiente a la edición digital.
La ministra anunció también que las bibliotecas acabarán pagando cada vez que un lector lea un libro en cumplimiento de la abusiva legislación europea, ahora recurrida ante la justicia.
Un recurso que se perderá y cuyo fallo será recibido con júbilo por autores y editores, defensores del pago por lectura.
Pero Carmen Calvo nos vuelve a dejar tranquilos: no pagarán los lectores en las bibliotecas, son pocos y muy sensibles, sino todos los contribuyentes.
Más financiación pública para el sector.
El anteproyecto apunta una inversión de 431 millones de euros hasta 2014 para la compra de libros por las bibliotecas. El objetivo es llegar a entre 1,5 y 2,5 libros por habitante, según las directrices IFLA-UNESCO. La media es hoy de 1,25 volúmenes por habitante.
El sector editorial estará contento. Los lectores, no sé si tanto.
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P21 | Precio por lectura
