La pasión de los políticos por la televisión y los medios de comunicación han convertido a España en uno de los países del mundo con mayor estructura de radiotelevisión pública, estatal y autonómica.
La propuesta de reforma del ente RTVE y su plan de viabilidad es la última batalla de una guerra que cada día carga más a los ciudadanos con el enorme peso de los medios públicos y somete a la ciudadanía y a los medios privados a un control y una competencia exagerados.
En un mundo que cada vez pone más en cuestión la oportunidad y la definición del servicio público de radiotelevisión nuestros dirigentes se lanzan al control de los medios por el poder, la lengua y el control territorial de la opinión pública.
El presidente catalán, Pasqual Maragall, propone la creación de un consorcio público para salvar Ràdio 4, una emisora con sólo 8.500 oyentes en un territorio de siete millones de personas pero que es la referencia histórica de la radiodifusión estatal en catalán desde antes de la creación de la radiotelevisión autonómica.
En otras comunidades autónomas también han surgido las protestas por el adelgazamiento de los centros territoriales y la reducción de su tiempo de emisión anunciado por la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, y el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles.
Pero la lógica económica es inapelable: el coste por hora de las desconexiones territoriales (16 centros en toda españa) es de 460.000 euros, nueve veces más caro que el coste medio de programación. Y mucho más si se compara con la hora de informativos, cifrada en 45.000 euros frente a los 50.000 de la hora de entretenimiento y los 100.000 de la producción de deportes.
Dice el conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), que "el Govern entiende que el Estado es plurilingüe y es su obligación que las emisoras públicas emitan en las lenguas oficiales de cada comunidad".
No sólo lo entiende la Generalitat, sino las leyes. La Constitución dice en el artículo 149 (competencias exclusivas del Estado) punto 27: "Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas".
Ese mandato está desarrollado en el artículo 13 del Estatuto de RTVE (1980) cuando dice que "RTVE, a través de su organización territorial, deberá elaborar una propuesta de programación específica de radio y televisión que será emitida en el ámbito territorial de la nacionalidad o región que corresponda, salvaguardando el porcentaje y distribución de las horas establecidas para la programación nacional que el Gobierno fijará anualmente a propuesta conjunta del Consejo de Administración y Director general de RTVE".
O sea, que la radiotelevisión pública estatal debe cubrir e informar sobre cada territorio, promoviendo además "la diversidad cultural y lingüística" (artículo 5). En un estado autonómico parece obvio, pero lo es todavía más que según la ley del tercer canal, o sea, de las televisiones autonómicas, el Estado puede conceder "un tercer canal de televisión de titularidad estatal y para otorgarlo, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma".
Lógica autonómica: los servicios públicos están garantizados por el Estado y las comunidades autónomas (que son Estado, según el artículo 137 de la Constitución) "gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". Y así se recoge en el Estatuto de Cataluña (artículo 16) y en el Real Decreto de 1984 por el que se concede la gestión del tercer canal a la Generalitat.
Y así se recoge en la misión y principios de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), la televisión y la radio autonómicas.
Cataluña tiene radio y televisión autonómicas, por supuesto en catalán, y también de diputaciones como la de Barcelona, también en catalán, y además televisiones autonómicas y locales privadas, unas concedidas y otras por conceder, y también en catalán. Lo mismo, aunque con menos medios, ocurre en la mayoría de las autonomías, especialmente en las que ya tienen radiotelevisión autonómica, todas las de lengua propia, y las demás que las están creando.
¿Dónde está entonces el problema?
RTVE propone mantener los centros territoriales, pero adelgazarlos y emitir menos horas de programación autonómica. Y dado el fracaso de gestión y audiencia no podría ser más lógico. Nadie propone la desaparición del servicio público que manda la ley y las reformas del presidente Zapatero impulsan y permiten la creación de las radiotelevisiones en las autonomías donde aún no existen.
¿Cuál es entonces el problema?
La respuesta es el poder. "El poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea", como bien dice Giovanni Sartori en Homo videns. Y nuestros políticos son fieles seguidores de la democracia televisiva que alimenta su poder.
Sobre los comentarios
El problema no es el servicio público. El servicio público de la radiotelevisión está garantizado por la España de las autonomías con las radios y televisiones autonómicas, según la ley del tercer canal. Y también por el mantenimiento de centros territoriales y que dependan directamente de Servicios Informativos. No parece la peor decisión y está en la línea de quienes pensáis (pensamos) que a la televisión pública le sobra comercialidad y le falta servicio. Y eso requiere un cambio de financiación mayor que el propuesto por los sabios.
Ràdio 4 tenía sentido cuando no existía la radiotelevisión pública en catalán. Ahora sólo tiene sentido si consigue audiencia suficiente para justificar una misión, y los datos lo ponen en duda en un mercado muy saturado de medios públicos, una de las principales razones de la caída de su audiencia.
El problema es, como casi siempre, la irresponsabilidad de políticos y directivos que han conducido a RTVE a esta situación.
P21 | La cuestión territorial carcome RTVE
