El proyecto de ley de estatuto del periodista profesional (pdf) acaba hoy su duodécima prórroga para la presentación de enmiendas en el Congreso sin que se hable mucho de un proyecto vergonzante que está pasando de puntillas por los medios y la discusión pública.
La mayoría de los grupos políticos están encantados con un proyecto intervencionista que ampliará su influencia en la profesión. Por eso nadie está muy predispuesto a defender a los críticos de la futura ley que creará un Consejo Estatal de la Información y sus réplicas autonómicas, dotadas de poder para regular el acceso a la profesión y para sancionar a periodistas y medios por violaciones del estatuto o del código deontológico que incluye.
La incongruencia llega al punto de que la comisión deontológica será reforzada con dos magistrados, confundiendo ética y ley o faltas profesionales y delitos.
Los periodistas están desmovilizados, entregados a la falacia de que un estatuto acabará con la pésima situación laboral de muchos profesionales. Mentira avivada por los sindicatos y contra la que otros exigen contratos marco y un compromiso entre empresarios, editores y profesionales.
Otros viven el sueño de que los comités de redacción (creados por ley) sustituirán ventajosamente a sus jefes en las redacciones y a los directores de los medios.
En un país donde el franquismo y la burocratización son todavía señas de identidad grabadas en el ADN público, a pocos parece preocupar que los políticos (no los profesionales a través de autorregulación, ni las leyes civiles, penales, etc.) controlen el ejercicio profesional y el derecho a ser periodista.
Es el periodismo vuelto del revés. La prensa abdica de su función de controlar al poder y es el poder el que controla a la prensa.
Democracia orgánica de nuevo. Repasemos los impulsores del proyecto de estatuto: sindicatos, colegios profesionales y grupos políticos estatalistas. ¿Les suena?
En la composición de los consejos de la información hay tercio sindical y el tercio familiar se sustituye por las "asociaciones de consumidores, radioyentes o telespectadores elegidos por mayoría de 2/3, dos por el Congreso y dos por el Senado". Todo convenientemente autonomizado.
Pero a pocos parece importar. El estatuto es una ley particular para un colectivo cada vez más heterogéneo y abierto. Es la defensa contra la invasión de la información por los ciudadanos, las fuentes, las empresas y otros actores (pdf).
Es también una reacción desproporcionada y sesgada contra el intrusismo profesional y los excesos de las empresas y el periodismo basura.
Pero el estatuto no arreglará esos problemas.
Los profesionales están ausentes del debate pese a los llamamiento de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE). Los políticos van del ansia saturniana de devorar a los periodistas al jesuitismo de otros que en su día apoyaron el proyecto y hoy hacen remilgos cuando se les pide apoyo para mejorarlo.
¿Y los editores? Primero protesta y desde entonces, silencio.
Los grupos políticos han solicitado varias comparecencias. En la lista destaca la presencia de todos los impulsores del estatuto: sindicatos, colegios profesionales y muchos catedráticos.
También representantes de los órganos de los países en cuya legislación se inspira el estatuto: Francia, Italia y Portugal. Curiosamente los países de legislación más intervencionista y donde la difusión de diarios y consumo de información es menor, con los índices de lectura más bajos de Europa.
Están convocados los directores de informativos de las televisiones nacionales en abierto, pero no los de los diarios o las radios. La razón puede estar en que algunos confunden los consejos audiovisuales con los consejos de la información.
Por supuesto figuran dos de los sabios del comité para la reforma de RTVE más afines a ciertos partidos políticos: Enrique Bustamante y Victoria Camps.
Está también el defensor del lector de El País, pero no el de La Vanguardia o la defensora de La Voz de Galicia.
También los directores de los máster de periodismo de los diarios nacionales, pero no los de otras escuelas ni facultades.
Por supuesto no hay editores.
El periodismo español ya anda suficientemente maleado y en breve le darán el estatuto.
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