El escándalo de los dos millones de euros pagados por la Xunta de Galicia a los medios para informar de las actividades de su presidente descubre una vez más uno de los peores males del periodismo español: el control e intervencionismo de los poderes públicos.
A Fraga le parece legítimo subvencionar a los medios para que "no muera la prensa gallega". No es cinismo, lo dice convencido por la rutina, así funciona desde hace tiempo una gran parte del negocio de los medios y de la política.
El presidente de la Xunta recordó a los periodistas: "Nosotros nos limitamos a pedirle que dé información completa de las cosas que se hacen y eso es todo. No hay nada nuevo. Ustedes lo saben también porque todos participan en esta práctica".
El viejo político escarba en la verdad: Las autonomías han creado poderes públicos con poca responsabilidad sobre el gasto y una enorme necesidad de publicidad. Muchos medios y empresas periodísticas basan gran parte de su financiación (a través de publicidad institucional y subvenciones) en los recursos públicos otorgados por los políticos.
Así se ha desarrollado en España un panorama plagado de medios públicos (radio y televisión) que sigue creciendo y una prensa local y regional muy dependiente del presupuesto de los poderes regionales. Sin esa inyección de dinero sería imposible mantener gran parte de los medios locales existentes: diarios, radios y televisiones.
Los poderes autonómicos no tienen sólo el dinero, sino la capacidad de conceder licencias de radio y televisión, con lo que la tenaza del poder sobre los medios se completa.
Poder político, poder económico y poder de regular el mercado de la radio y la televisión.
Existen más medios gracias a ese presupuesto y esos intereses políticos, pero es dudoso que la sociedad democrática tenga mejor información y pluralidad de opiniones. Y la amenaza sigue: el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional deja en manos de los políticos la elección de los miembros del Consejo Estatal de la Información y sus réplicas autonómicas.
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