Un estatuto para los periodistas
El PSOE ha presentado una proposición no de ley para apoyar la promulgación de un Estatuto del Periodista que regularía los derechos laborales y establecería garantías para el ejercicio de la profesión, especialmente frente a los poderes públicos.
Los socialistas apoyan legislativamente la demanda realizada por el Foro de Organizaciones de Periodistas, donde están representadas asociaciones de la prensa, sindicatos y otros colectivos profesionales, que en mayo de 2000 aprobaron un proyecto de Estatuto del Periodista Profesional. El proyecto se presentó a los partidos políticos en mayo de 2002 y hasta ahora no había encontrado apoyo legislativo a pesar del respaldo al que se comprometieron entonces los partidos de izquierda.
La propuesta pretende fijar una serie de garantías para el ejercicio independiente y responsable del periodismo, fomentar el pluralismo externo (voces, medios y empresas informativas) y el interno ("que el pluralismo social se manifieste en el seno de las empresas informativas", dice en su preámbulo).
El estatuto propone abundar en la regulación constitucional de la cláusula de conciencia y el secreto profesional para incorporar las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la protección de la actividad periodística. Se remite también a los estatutos de la Federación Internacional de Periodistas, principal agrupación sindical internacional de la profesión, que definen al periodista como "una persona que dedica la mayor parte de su tiempo de trabajo a la profesión del periodismo y que obtiene de ella la mayor parte de sus ingresos, ya sea periodista empleado o periodista independiente".
El proyecto indica que el artículo 20 de la Constitución no contempla como sujeto específico a los informadores, ya que la libre expresión y el derecho a la información son universales. El estatuto no pretende un cambio en este sentido, sino el establecimiento de garantías profesionales que pasan por la deontología, el libre acceso a la información, la protección laboral y la creación de canales no jerárquicos de comunicación y participación en el medio: los comités de redacción.
Frente a este ímpetu garantista sorprenden los escasos deberes de los periodistas que propone. Y más aún que antes de delimitar bien los valores, acciones y responsabilidades, amenace ya con sanciones y multas.
El viejo y vicioso espíritu hispano del guardia con libretita se cuela por ahí.
La propuesta de estatuto está llena de buenas intenciones para la protección ética y laboral de la profesión, pero tiene puntos polémicos como la propia necesidad de una regulación semejante, la definición de quién es periodista, la "preferencia" de los periodistas sobre los ciudadanos en el ejercicio de ciertos derechos y el modo en el que entiende la relación de los periodistas con sus mandos profesionales y empresariales.
Para justificar la necesidad de un estatuto se citan regulaciones de nuestro entorno como la francesa de 1935, la italiana de 1963 o la portuguesa de 1999, la última y más parecida al proyecto del Foro de Organizaciones de Periodistas. Todas se encuadran en la tradición reglamentista. El proyecto no alude a otras fórmulas menos legalistas y rígidas como la provenientes del ámbito anglosajón, centradas en proteger el acceso a la información y las libertades pero más laxas respecto al funcionamiento interno de los medios y a la consideración de quién es periodista.
La profesión periodística en España, como en el resto del mundo desarrollado, está en cuestión desde varios frentes:
>>> la revolución digital | Cambia la relación de los ciudadanos con la información, el modo de procesarla y editarla. Permite la más fácil incorporación a la actividad informativa que nunca ha existido de agentes individuales o colectivos fuera del ámbito tradicional de los medios (bloggers, webs personales o colectivas, asociaciones, instituciones, empresas, etc.).
Cualquier regulación en el sentido de la propuesta es una amenaza para el periodismo participativo y digital.
>>> el nuevo entorno mediático | Definido por la saturación, la interactividad y la personalización.
>>> la presión política | Siempre amenazante pero más presente que nunca por la irrupción de los políticos en el escenario mediático para informar directamente a los ciudadanos, la presión sobre los editores a del control de algunas actividades empresariales (de comunicación o no) y el talante democrático (o su ausencia).
>>> la concentración y diversificación empresarial | Los grupos no son ajenos a intereses extrainformativos y su actividad está determinada en ocasiones por su presencia en negocios que pueden limitar o atentar contra su independencia y profesionalidad.
>>> los cambios en los modos y condiciones de trabajo | Desde la necesidad de plantearse la propia existencia y funcionamiento de las redacciones hasta la precarización laboral derivada de factores que van desde el exceso de periodistas titulados hasta la falta de consideración de muchas empresas con sus profesionales.
Estos factores y el surgimiento de hechos de intrusismo, rebaja de estándares informativos, cuestionamientos profesionales y de la enseñanza periodística, etc. generan un espacio para un debate que debe ir más allá de problemas coyunturales.
Existe un cierto consenso a favor de una mayor exigencia profesional, cualitativa y ética, pero no es interpretada siempre de la misma forma. La lucha por las condiciones laborales choca a veces con la propia supervivencia de los medios o con la irrupción de nuevos agentes informativos. Y asoma en el proyecto, pese a su negativa explícita en el preámbulo, un reglamentismo del acceso a la profesión muy discutible.
El estatuto no llega a la pretensión de los colegios profesionales de Cataluña y Galicia de permitir el acceso profesional sólo a los universitarios, pero las buenas intenciones suelen acabar torticeramente retorcidas cuando se trata de elementos de control.
A muchos les rebrotará la urticaria con la implantación de un carné profesional y el consecuente registro de periodistas, expedido según el proyecto por un "Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos", lo que crea una oportunidad para el intervencionismo, el abuso y la limitación de las libertades.
Muchos creen que al periodismo español le falta corporativismo para defenderse. Otros piensan que el corporativismo siempre sobra.
Al fondo de la discusión laten otras más viejas sobre si el periodismo es un oficio o una profesión, quién debe proteger a los periodistas, si el periodismo es un trabajo individual o colectivo y los valores que debe mantener, defender y que por tanto se deben garantizar.
Defender la transparencia de la vida pública para la mejor información de los ciudadanos es la razón de ser del periodismo. Para establecer altas cotas de calidad, imprescindibles en la función de informar, es necesario garantizar el ejercicio profesional, legal y laboralmente, y el cumplimiento de la labor de vigilancia del poder precisa de ciertas garantías para no ser aplastado arbitrariamente.
Pero la regulación de la actividad periodística, incluso cargada de buenas intenciones, necesita sosiego, altura y claridad de ideas.
¿Es el momento? ¿Es éste el estatuto necesario?
Proyecto del Estatuto del Periodista Profesional
Federación Internacional de Periodistas
National Union of Journalist | ¿Son los periodistas británicos los peor pagados?
Federación Europea de Periodistas | Globalización: desafíos para los periodistas y sus sindicatos
