Al final Izquierda Unida ha tenido que presentar en solitario en el registro del Congreso de los Diputados la propuesta de Estatuto del Periodista Profesional, un documento surgido del consenso de varias asociaciones, colegios y sindicatos profesionales que se presentó a los partidos políticos en mayo de 2002.
Primero, el PSOE lo hizo suyo cuando el PP se negaba a aprobarlo. Lo presentó en octubre de 2003 como proposición no de ley y luego se olvidó. Ya se sabe que cosas que corren prisa en la oposición no se ven igual desde el poder.
Ahora Izquierda Unida vuelve a presentarlo como proposición de ley sin haberlo consensuado con ningún grupo, según reconoce Joan Herrera, portavoz grupo parlamentario de IU-ICV.
El Estatuto, por lo tanto, lo tiene difícil.
Y eso a pesar de que el acuerdo es más amplio ahora, cuando las cuestiones de la ética profesional, la degradación de la situación laboral de los periodistas, los abusos de la telebasura y la proliferación de periodistillas han calado más a fondo.
El Estatuto es demasiado reglamentista, resucita el maldito carné, propone un tipo de relación interna de las redacciones que desplaza a los mandos naturales, impone comités de redacción no se sabe en razón de qué y los dota de funciones sorpresivas al tiempo que introduce obligaciones abusivas sobre quién es periodista o quién puede dirigir un medio de comunicación.
Pero también desarrolla algunos aspectos claves como el secreto profesional, la cláusula de conciencia y algunos deberes de los informadores.
Es un punto de partida que merece una reflexión, aunque no es el Congreso el lugar más adecuado.
Muchos periodistas, medios y asociaciones han expresado reiteradamente su rechazo. Otros están a favor, pero todavía no existe un consenso suficientemente amplio. Hace falta más debate y que no se politice más la profesión.
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