El Gobierno aprobó ayer indemnizar a las familias de los muertos en misiones de paz, ayuda humanitaria y tareas informativas en conflictos cuando estén registrados por la Administración. El Estado se hará cargo de unas reparaciones imposibles de obtener por otros medios porque las compañías aseguradoras se niegan a cubrir esos riesgos, justificó el ministro de Defensa, José Bono.
El acuerdo del Consejo de Ministros pone fin a las reclamaciones crematísticas de las familias de los militares muertos del Yak-42 y extiende la cobertura a las parejas de hecho de los fallecidos, no reconocidas por los seguros como beneficiarias de las pólizas.
Los familiares de los periodistas muertos en conflictos desde la reinstauración de la democracia (José Couso, Julio Anguita Parrado, Julio Fuentes, Ricardo Ortega, Jordi Pujol, Juanchu Rodríguez y Miguel Gil Moreno) también tendrán derecho a las indemnizaciones, y así hasta 108 españoles --91 militares, 7 policías y guardias civiles, 3 diplomáticos y 7 periodistas-- muertos en situaciones de conflicto desde la aprobación de la Constitución en 1978.
Las indemnizaciones serán como las concedidas a las víctimas del terrorismo: 140.000 euros. Si se suma una gran invalidez, la cuantía subirá a 390.000 euros.
Los militares, policías, guardias civiles, funcionarios, cooperantes, religiosos y periodistas tendrán la cobertura del Estado si son acreditados por la Administración.
Con la decisión se cubre una parte del abandono de los familiares de los fallecidos. La medida es inobjetable para todos aquellos que sirvieron en misiones gubernamentales y generosa, pero peligrosa, en el caso de quienes acuden a los conflictos como periodistas, cooperantes o en otras misiones no gubernamentales.
Esta medida hace dependientes del Gobierno a quienes acuden a zonas de conflicto, en las que la independencia y la ausencia de lazos con estados y gobiernos es parte fundamental de su seguridad.
La neutralidad está en crisis, como demuestra la guerra de Irak, en la que los terroristas han roto el salvoconducto de cooperantes y periodistas, pero reforzar los lazos con los gobiernos no es la solución ni aumentará la seguridad.
La medida tampoco debe eximir a las empresas de proteger a sus trabajadores. El Gobierno debe establecer las normas y reglamentos adecuados para que las aseguradoras que operen en territorio español cubran pólizas de riesgo y los editores y empresarios de la comunicación deben procurar la debida salvaguarda a sus empleados, sean de plantilla o colaboradores.
Las aseguradoras ponen muchos problemas y las pólizas son caras, pero existen. Organizaciones profesionales como Reporteros sin Fronteras o la fundación Rory Peck ofrecen y firman acuerdos con aseguradoras para proteger a los periodistas.
Las empresas son responsables de suscribir las pólizas necesarias.
La medida del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es generosa, pero cuando se refiere a personas independientes (periodistas, cooperantes, servicios médicos, organizaciones de ayuda internacionales, religiosos, etc.) no es la más adecuada.
Ampliar el manto protector del Estado es rebajar la independencia de los que se cobijan bajo su abrigo.
El Periódico | El Gobierno pagará a 108 familias de muertos en guerra
RSF | RSF offers the news media a charter to protect journalists working in dangerous conditions
Rory Peck Trust | Seguros para periodistas
