Foto: Carlos Barajas/El Mundo
Los extremos se alimentan unos a otros. La batalla política y mediática entre la Cope y otros medios opuestos a la reforma del estatuto de Cataluña y los defensores del mismo sigue con protestas de uno y otro lado.
El debate sobre el papel de determinados medios y el cansancio, sensibilidad o agotamiento de la paciencia de otros, de políticos e instituciones sustituyen al debate político real. Todo cuando el proyecto está en el Congreso para su discusión y reforma por todos los grupos.
Cinco miembros de las Juventudes de ERC acompañados de los diputados Joan Puig y Joan Tardá se manifiestan ante la sede de la cadena Cope en Madrid para reclamar el cierre de la emisora.
La acción de los independentistas se produce al día siguiente de la denuncia de nueve periodistas en el Parlamento Europeo contra una supuesta operación política para cerrar sus emisoras en Cataluña, una iniciativa que coincidió con el conocimiento de una sentencia del Supremo a favor de la restitución a la emisora de las licencias de emisión en Barcelona, Manresa y Tarragona, donde seguía emitiendo gracias a un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Si el ministro Montilla cometió un error al acusar a la Cope y aludir a las competencias del Consejo Audiovisual de Catalunya (entre ellas defender el pluralismo), cualquier decisión política en este momento sobre las licencias es inviable y sólo podría estar basada en la comisión de delitos. De lo contrario la sospecha de censura sería insoportable.
Unos deberían ser más responsables y los otros más transparentes y pacientes. Son las cosas de la democracia y deben respetarse aunque a veces no gusten. Por la libertad de todos.
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